Informe Regional de las Américas.
Monitoreo Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad.

La misión de la Red Internacional sobre Discapacidad es ayudar a las personas con discapacidad de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial. 

La misión del proyecto de Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es promover la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad y fomentar la aplicación del derecho internacional para garantizar que se respeten y cumplan sus derechos humanos.

Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Informe regional de las Américas 2004

Red Internacional sobre Discapacidad

Chicago 

Copyright (c) Julio 2004 Centro para la Rehabilitación Internacional. Todos los derechos reservados.  Publicado en 2004. Impreso en los EE.UU. 

International Disability Rights MonitorTM

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Red Internacional sobre Discapacidad/Centro para la Rehabilitación Internacional Washington, DC: 1900 L Street, NW Suite 500 WDC, 20036 Tel/TTY: 202.223.3559 Fax: 202.223.3581

Chicago 211 E. Ontario St.
Suite 300 PO Box 11011 Chicago, IL 60611-3004 Tel/TTY: 312.229-1359 Fax: 312 229-1370

El Salvador CERPROFA 6a 10a Calle Poniente y 31 Av. Sur, Nro. 1629, Col. Flor Blanca, San Salvador, El Salvador Tel/TTY: 503-222-0206 Fax: 503-259-0623

Nicaragua: Km. 5 1/2  carretera Sur Detrás del Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría CENAPRORTO Managua, Nicaragua Tel/TTY: 505-268-7988  

Bosnia: Donje BRDO 37 Tuzla,  Bosnia & Herz 75000 Tel/TTY: 387.35.273.154 Fax: 387-35-231-154

Diseño de la portada de Rachel Dow de Dao Design. Diseño de la tarjeta para calificar países de Jason Simmons de Gradient Labs. Imagen de la contratapa que muestra a Eleanor Roosevelt: cortesía de las Naciones Unidas; Foto Nro. UN 23783.

Prefacio

Información acerca del Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Esta es la segunda publicación y el primer informe regional del proyecto de Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (IDRM por su sigla en inglés).  El Monitoreo es un proyecto de colaboración permanente entre la Red Internacional sobre Discapacidad, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y muchos otros grupos nacionales e internacionales de personas con discapacidad.  Los objetivos del proyecto son promover la plena inclusión y participación de las personas con discapacidad en la sociedad y fomentar la aplicación del derecho humanitario internacional para garantizar que se respeten y cumplan sus derechos humanos.  

El proyecto surgió al constatarse que los responsables de formular políticas, la comunidad de derechos humanos, los organismos de supervisión de los tratados y los dirigentes en general tienen acceso a muy poca información sobre el alcance o la naturaleza de los desafíos que afrontan las personas con discapacidad. El proyecto IDRM aborda esta brecha documentando de una manera coordinada, sistemática y sostenida los problemas, los avances y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. 

En el año 2003, el IDRM publicó un compendio sobre los derechos de las personas con discapacidad que abarcó una amplia gama de temas.  En este compendio se incluyeron artículos que abordaron los problemas que afectan a la comunidad de personas con discapacidad, un análisis comparativo de la legislación relativa a la discapacidad de 52 países de todo el mundo y los resultados de las pruebas de campo de la metodología del IDRM en El Salvador y Nicaragua. Esta publicación inaugura una serie de informes regionales que documentan y evalúan la situación y el trato de las personas con discapacidad a nivel internacional.  Este informe regional de las Américas contiene informes de 24 naciones y una tarjeta regional para calificar países que resume el nivel de implementación de las protecciones básicas por medio de las cuales se tutelan los derechos de la población con discapacidad. El siguiente informe regional se centrará en la Región de Asia del Pacífico y se prevé que se publicará en diciembre de 2004. 

La red de investigación del IDRM a cargo de la elaboración de estos informes está integrada por investigadores locales y regionales que forman parte de la comunidad de personas con discapacidad. Los investigadores se reúnen para recibir capacitación en la metodología del IDRM sobre la recopilación de datos y llevan a cabo una vasta investigación en sus países de origen. Entrevistan a funcionarios públicos y a dirigentes de organizaciones de la sociedad civil a fin de preparar los informes. La investigación para este informe se realizó durante el segundo semestre de 2003 y cada investigador presentó un informe preliminar a principios de 2004. Los informes fueron editados en los meses de abril, mayo y junio, y enviados a los investigadores para su aprobación.

Si bien el IDRM procura ofrecer información lo más completa y precisa posible, la discapacidad es un tema complejo y presenta desafíos inherentes en la recopilación de los datos.  Por ello, el IDRM agradecerá todos los comentarios o sugerencias. Además, este proyecto de cooperación tiene por objeto crear los recursos que podrán utilizar todos los que deseen promover y proteger los derechos humanos de todas las personas con discapacidad. 

ix

Red de investigación del IDRM 2004- 2005

Equipo de coordinación internacional:

William Kennedy Smith, M.D. Fundador del proyecto 
María Verónica Reina Coordinadora internacional 
Katherine J. Dorsey, Ph.D. Directora de publicaciones 
Inés M. Basaen, Ph.D. Coordinadora regional para Asia del Pacífico

Investigadores: Américas

Elena Dal Bó, Argentina
Peter Anthony August, Belice
Demetrio Marca Marca, Bolivia
Ana Beatriz Silva Thé Praxedes, Brasil 
Rachael Ross, Canadá
Paulina Victoria Cavada Molina, Chile 
Hernán Perilla Prieto, Colombia
Luis Fernando Astorga Gatjens, Costa Rica 
Cristina A. Francisco Reyes, República Dominicana 
Ligia Pilar Samaniego Santillán, Ecuador 
Eileen Girón, El Salvador
Silvia Judith Quan Chan, Guatemala
Dayana Gisell Martínez Burke, Honduras 
Monica Nettie Bartley, Jamaica
Marco Antonio Hernández Hernández, México 
Freddy Trejos Jarquín, Nicaragua
Fanny Hermelinda Wong Chen, Panamá 
Zulma Myriam Ferreira Servin, Paraguay 
Jane Margarita Cosar Camacho, Perú 
Vincent Kok Sey Tjong, Surinam
Peter Blanck, Estados Unidos de Norteamérica 
Marta Susana Barera Rodríguez, Uruguay 
Victor Alexander Bauté Sánchez, Venezuela

Investigadores: Asia del Pacífico

Yi Veasna, Cambodia
Ritu Kumar, India
Miyamoto Taisuke, Japón 
Dominga Quejado, Filipinas 
Prayat Punong - ong, Tailandia
Duong Thi Van, Vietnam 

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Índice

Agradecimientos    xiii

Biografías de los investigadores    xiv

Prólogo       xix

Resumen ejecutivo     1

Informe regional de las Américas 19 

Argentina     20

Belice    59

Bolivia      67

Brasil      85

Canadá      99

Chile      119

Colombia     141

Costa Rica     158

República Dominicana    175

Ecuador     186

El Salvador     203

Guatemala     215

Guyana      229

Honduras     240

Jamaica     250

México    260

Nicaragua     290

Panamá     300

Paraguay     312

Perú      326

Surinam     341

Estados Unidos de Norteamérica    349

Uruguay     372

Venezuela     391

Apéndice A     408

Apéndice B     437

Apéndice C     444

Agradecimientos

En el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, al igual que en todos los movimientos, participa una amplia variedad de personas y organizaciones que trabajan juntas hacia una meta común.  Los que hicieron, y continúan haciendo, aportes importantes en la esfera de los derechos de las personas con discapacidad son muchísimos como para mencionarlos a todos.  Este informe inaugural del proyecto IDRM se centra en los derechos de las personas con discapacidad en las Américas; por ello, consideramos que cabe agradecer a algunas de las personas de la región que hicieron aportes muy importantes en el proyecto y en la esfera de los derechos de las personas con discapacidad en general.  En primer lugar, el equipo del IDRM desea expresar su agradecimiento al Senador Tom Harkin, autor de la ley de Personas con Discapacidad de los EE.UU. y un campeón de los derechos de las personas con discapacidad. Los aportes que ha realizado en esta esfera en general y en este proyecto en particular no tienen parangón.  También deseamos expresar nuestro agradecimiento al Senador Dick Durbin, al Secretario de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, y al Diputado Tom Lantos por su valiosa ayuda para hacer de este proyecto una realidad. 

En general, deseamos reconocer el liderazgo de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y agradecer, en particular, a su visionaria Presidente, Venus Ilagan, y a su Directora Ejecutiva, Moria Horgan-Jones. Son destacadas campeonas de los derechos de las personas con discapacidad y de este proyecto. Por último, deseamos agradecer a Mary Chamie, Don Lollar y Charles O'Byrne, que nos brindaron excelente orientación y apoyo para el proyecto en momentos críticos.  Estamos sumamente agradecidos.

Los informes del IDRM son el fruto de los esfuerzos realizados por los investigadores locales en cada país. Gracias a su intenso trabajo y a sus ricos aportes se logró producir esta publicación. Merecen destacarse su compromiso con el sector y su capacidad para obtener la información más precisa y oportuna sobre los derechos de las personas con discapacidad en sus países.  Dada la escasez de información sobre la discapacidad en general, para realizar esta tarea se necesitó una gran dosis de creatividad y perseverancia. La calidad de este informe es un testimonio de su dedicación y de sus habilidades. Deseamos agradecer en especial a Elena Dal Bó por su ayuda en la verificación de los datos.  También deseamos agradecer a todos aquellos que generosamente nos permitieron utilizar sus fotografías en esta publicación y en particular a Ana María Martínez por permitirnos usar la fotografía de su hija en la portada de este documento.

Por último, varios integrantes del IDRM trabajaron incansablemente para hacer realidad este informe. Agradecemos mucho a María Verónica Reina, Coordinadora Internacional y líder de proyecto, y a la Dra. Katherine Dorsey, Coordinadora de Investigación, por el sobresaliente trabajo que realizaron y por su buen humor.  Agradecemos también a Kelly Hamel y a Maggie Coleman por la ayuda que brindaron en las tareas de coordinación de la investigación y de publicación.  Agradecemos a Marta Isabel Trejo y equipo por sus excelentes traducciones, y a Katie Cleland, Sara Zweig y Andrew Shively por la valiosa ayuda que brindaron en la preparación de esta publicación.

xiii

Investigadores del IDRM 2004: Américas

Argentina, Elena Dal Bó
Elena Dal Bó es ingeniera agrónoma de Argentina.  Se graduó en la Universidad Nacional de La Plata y realizó estudios sobre las discapacidades educativas en la Facultad de Educación de la Universidad de Birmingham.  En la actualidad, se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y es representante de las personas con discapacidad en la Comisión de la Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales de dicha Universidad. Elena es Presidente de la subcomisión de Inclusión en la comunidad del Instituto Platense de Asistencia para Ciegos y Disminuidos Visuales.  

Belice, Peter A. August
Peter A. August se desempeña como oficial de finanzas y gerente de oficina del proyecto para la Mejora de la Educación y Capacitación Técnica y Profesional en Belice. Estudió contabilidad (nivel III) en la Asociación de Técnicos Contables de Londres, Inglaterra, y pertenece a la Asamblea Beliceña de y para Personas con Discapacidad (BAPD por su sigla en inglés).

Bolivia, Demetrio Marca Marca
Demetrio Marca Marca realizó estudios de sociología y antropología en la Universidad Santo Tomás de Aquino. Fue presidente de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad y en la actualidad, es miembro de la Red Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus Familias. Demetrio, que utiliza silla de ruedas, es traductor de Aymara.

Brasil, Ana Beatriz Silva Thé Praxedes 
Ana Beatriz Silva Thé Praxedes se graduó de psicóloga en la Universidad de Fortaleza de Brasil. Psicóloga en ejercicio, Ana representa a las personas con discapacidad en el Consejo de Salud del estado de Ceara, donde capacita a otras personas en temas vinculados con la salud y discapacidad. Es vicepresidente de ROOT, una institución para la integración y el desarrollo. Ana, que usa silla de ruedas, forma parte del Movimiento por la Vida que promueve los conceptos de vida independiente.

Canadá, Rachael Ross
Rachael Ross es consultora en investigación social con comprobada experiencia en temas vinculados con la discapacidad, tales como políticas sociales, movimientos nacionales por los derechos de las personas con discapacidad, tendencias del mercado laboral relacionadas con la población con discapacidad, derechos humanos y educación superior. Rachael vive en Victoria, Columbia Británica. Desde este lugar trabaja a nivel nacional e internacional. Entre algunos de los proyectos internacionales en los que está participando cabe mencionar el Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fase II, en calidad de investigadora canadiense, y la Cumbre Mundial que realizará en septiembre de 2004 la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, en calidad de copresidente. 

xiv

Investigadores del IDRM 2004: Américas

Chile, Paulina Cavada Molina
Paulina Cavada Molina es chilena, de profesión arquitecta especializada en la accesibilidad de la vivienda.  Forma parte de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y es asesora de varias universidades en temas vinculados con la accesibilidad para las personas con discapacidad. Paula, que usa silla de ruedas, se dedica a brindar capacitación en diseño universal. Asimismo, participa como panelista en seminarios sobre accesibilidad en Brasil, Chile y Uruguay. Fue asesora del Fondo Nacional de la Discapacidad de Chile.

Colombia, Hernán Perilla
Hernán Perilla es Licenciado en Matemática y Computación, y docente de educación media en la Institución Educativa Empresarial de Dosquebradas Risaralda, Colombia. Es representante oficial en el Consejo de Planeación de la Discapacidad de su ciudad.  Hernán, que tiene una discapacidad física, creó la primera empresa integrada por personas con discapacidad de Colombia. También es el fundador de la Asociación de Personas con Discapacidad de Risaralda, una entidad que trabaja para la rehabilitación y la protección de los derechos de las personas con discapacidad.  Vive en Risaralda con su esposa e hijos.

Costa Rica, Luis Fernando Astorga
Luis Fernando Astorga es periodista y defensor de los derechos humanos de Costa Rica. Preside el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS). Fue representante de las organizaciones de personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), ente rector en discapacidad en Costa Rica. Se desempeñó como representante latinoamericano de las ONG en el Grupo de Trabajo que preparó un proyecto de convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas y es el Director Ejecutivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad. Luis Fernando, que usa silla de ruedas, vive con su esposa y sus tres hijos en San José, Costa Rica. 

República Dominicana, Cristina A. Francisco Reyes
Cristina A. Francisco Reyes estudió administración de empresas y recursos humanos en la Universidad Iberoamericana. Es la cofundadora y la coordinadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad de la República Dominicana.  También fundó la Asociación Nacional de Discapacitados Físico-Motores y el Club Deportivo Dominicano sobre Sillas de Ruedas. Cristina, que tiene una discapacidad motora, ha participado en numerosas actividades internacionales deportivas y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en su país. 

Ecuador, Ligia Pilar Samaniego Santillán 
Ligia Pilar Samaniego Santillán es la Secretaria General de la Red Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias.  Nacida en Ecuador, es la secretaria ejecutiva de la organización Pro Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de las Personas con Discapacidad Mental de Ecuador. Pilar preside la Fundación AVILUZ para personas con discapacidad mental limítrofe, leve y moderada, y ha representado a su país en varias convenciones y congresos internacionales. Es una reconocida autora de libros sobre matemática, didáctica y discapacidad, y capacitadora. En la actualidad, es la responsable de los programas de estudio del Liceo Bilingüe Hontanar.

xv

Investigadores del IDRM 2004: Américas

El Salvador, Eileen Girón
Eileen Girón es socia fundadora y Directora Ejecutiva de ACOGIPRI, una organización de personas con discapacidad que se dedica a trabajar en temas vinculados con los derechos humanos, la vida independiente, la capacitación y el empleo en El Salvador. Eileen ha ocupado diversos cargos en la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, entre ellos oficial de desarrollo regional para América Central, miembro del consejo mundial y presidente del Comité de Mujeres Latinoamericanas.  También se desempeñó como consultora de las operaciones de la Red de Sobrevivientes de Minas Terrestres y como coordinadora nacional del Proyecto de Monitoreo Electoral de 2003.  En la actualidad, Eileen es la secretaria del Consejo Directivo del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y es la coordinadora de la Comisión Municipal de Ciudadanos con Discapacidad que trabaja en San Salvador. 

Guatemala, Silvia Quan
Silvia Quan de Guatemala es Licenciada en Química y realizó estudios en gestión social.  Actualmente, está cursando estudios sobre cuestiones de género en la UNAM/AECI. Participó como representante en numerosas actividades internacionales sobre discapacidad, en particular en las negociaciones de la Convención Interamericana de la OEA.  Asimismo, se desempeñó como asesora en el proceso de formulación de la Política Nacional en materia de Discapacidad de Guatemala y tiene una reconocida trayectoria como capacitadora en temas de discapacidad. Silvia, que es ciega, en la actualidad trabaja como consultora independiente en la Defensoría del Pueblo, conduciendo la defensa de las personas con discapacidad.

Honduras, Dayana Gisell Martínez Burke
Dayana Gisell Martínez Burke, nacida en Honduras, es Licenciada en Lenguas Extranjeras.  Es la fundadora y actual Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras. Dayana, que es ciega, es también la fundadora y presidente de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras. 

Jamaica, Mónica Bartley
Mónica Bartley, de Jamaica, es vicepresidente de la Asociación de Egresados de la Escuela Media, vicepresidente de la Coalición de Jamaica de Discapacidad, vicepresidente de la Asociación de Discapacidades Mixtas y miembro del Consejo Nacional Asesor de Discapacidad y la Asociación Caribeña de Investigación y Acción Feminista (CAFRA por su sigla en inglés). Mónica, que usa silla de ruedas, es directora de la división de estadística administrativa del Instituto de Estadística de Jamaica. Se graduó en la Universidad de West Indies y realizó cursos ofrecidos en el marco del Programa de Estadística Internacional de la Dirección de Censos de los EE.UU. y por el Centro de Estadística Económica. Posee el título de magister en economía y estadística otorgado por la Universidad George Washington de Washington D.C. 

xvi

Investigadores del IDRM 2004: Américas

Nicaragua, Freddy Trejos Jarquín
Freddy Trejos Jarquín es Bachiller en ciencias y letras, y posee un Diploma en diseño, monitoreo y evaluación de proyectos otorgado por la Universidad de Nacional de Ingeniería de Nicaragua. Freddy se desempeñó como asesor de proyecto en SOLIDEZ y fue director regional de un proyecto de investigación realizado por el Instituto de Educación Internacional de Estocolmo sobre las necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad. Es oficial de proyecto de la Asociación Danesa del Discapacitado, miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación y socio fundador y director del Colectivo 3 H Homo Hábitat Habilitación. Se desempeñó como asesor de gestión de proyectos en el Consejo Directivo del Centro para la Promoción de la Rehabilitación Integral (CEPRI) y, en la actualidad, preside este Centro.  

México, Marcos Antonio Hernández Hernández
Marcos Antonio Hernández Hernández es titular de una importante empresa de distribución de Corona y preside Libre Acceso, una de las más reconocidas asociaciones dedicada a promover la mayor toma de conciencia en el tema de la población con discapacidad de México. Es fundador y tesorero de Generación en Movimiento, es ingeniero industrial y forma parte del Consejo Nacional de Discapacidad de México. Marcos, que es cuadripléjico, fue un promotor clave del estadio nacional de México, es campeón internacional de tenis de mesa en silla de ruedas y ganó una medalla de oro en los Paraolímpicos de 1998.

Panamá, Fanny H. Wong Chen
Fanny H. Wong Chen está participando en la elaboración del Plan Nacional en materia de Discapacidad de Panamá. Fanny es la coordinadora continental de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, miembro de la Comisión Internacional de Tecnología y Accesibilidad de América latina, asesora de la Dirección Nacional de la Niñez, la Juventud, la Mujer y la Familia de Panamá, y miembro del Comité Técnico Municipal de Accesibilidad para los Discapacitados Físicos.  Fanny, que usa silla de ruedas, es contadora pública y se desempeña como gerente de administración de la agencia de viajes Continental S.A.

Perú, Jane Cosar
Jane Cosar es abogada y mediadora inscripta en el Ministerio de Justicia.  Preside la Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual y es asesora letrada de Inversiones ACH S.A.C, una empresa privada. Jane integra la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso Nacional de Perú y las comisiones Consultiva y Ejecutiva sobre derechos humanos de 2004 de la Facultad de Derecho de Lima. Jane, que es ciega, hizo una maestría en derecho civil y comercial, y en la actualidad está trabajando en su doctorado en derecho y ciencia política en la Universidad Nacional de San Marcos. Además, Jane está diplomada en derechos humanos y en derecho regional y municipal. Vive en Lima con su esposo y tres hijas.

xvii

Investigadores del IDRM 2004: Américas

Surinam, Vincent Kok Sey Tjong
Vincent Kok Sey Tjong es miembro de la Federación de Entidades Sociales Privadas de Surinam. Tiene a su cargo la coordinación de todos los contactos de implementación con el Ministerio de Asuntos Sociales y ha orientado a varios investigadores locales en la recopilación de datos y la descripción de los resultados obtenidos en relación con los grupos en estudio.

Estados Unidos de Norteamérica
Peter David Blanck, PhD/JD es Profesor de Derecho en la cátedra Charles M. & Marion Kierscht y de psicología y salud pública en la Universidad de Iowa. Se doctoró en psicología en la Universidad de Harvard y se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de Standford. Blanck es Director del Centro de Derecho, Política de la Salud y Discapacidad de la Facultad de Derecho de Iowa. Blanck publicó más de 100 artículos en revistas de derecho y académicas así como también libros sobre la Ley de Personas con Discapacidad de EE.UU. (ADA por su sigla en inglés) y leyes relacionadas; recibió becas para estudiar la legislación y las políticas en materia de discapacidad; patrocinó a clientes ante la Corte Suprema de EE.UU. en casos vinculados con la ADA y testificó ante el Congreso. Blanck integró la Comisión de Empleo de las Personas con Discapacidad de la Presidencia y fue becario senior del Programa Annenberg Washington. Fue miembro de la Comisión sobre derecho de la discapacidad mental y física del Colegio de Abogados de EE.UU., presidente de la Comisión sobre Normas de Investigación de la Asociación de Psicología Estadounidense y presidente de la División de Proceso Judicial y Defensa de los derechos de la Asociación Estadounidense de Retardo Mental. También fue becario en la facultad Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton y del programa Mary Switzer.

Uruguay, Marta Susana Barera Rodríguez
Marta Susana Barera Rodríguez se doctoró en derecho y ciencias sociales, y trabaja como abogada independiente en Uruguay. Marta es abogada de la Cooperativa de Trabajadores Hábiles e Inhábiles (COTAHIN) y presidente del capítulo uruguayo del GLARP-IIPO. Participó en varios paneles nacionales e internacionales en calidad de especialista en discapacidad y tiene una discapacidad motora.

Venezuela, Víctor Alexander Baute Sánchez
Víctor Alexander Baute Sánchez estudia contabilidad y administración en la Universidad Central de Venezuela. Víctor, que nació en Venezuela y es una persona sorda, preside la Federación de Sordos de Venezuela, es el secretario general de APROSIMIR (Asociación deportiva de personas sordas de Miranda) y brinda capacitación a jóvenes sordos en liderazgo. Actualmente, Víctor trabaja en el sector gastronómico. 

xviii

Prólogo

"Que nadie se sienta desanimado por la creencia de que no existe nada que un hombre o una mujer pueda hacer para combatir la infinidad de males en el mundo. Cada vez que un hombre defiende un ideal o actúa para mejorar la suerte de otros o lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Esas ondas se cruzan unas con otras desde un millón de centros de energía diferentes y se aventuran a crear una corriente que puede derribar los muros más poderosos de la opresión y la resistencia".

Robert F. Kennedy
Junio de 1966
Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Alguien dijo alguna vez que la civilización avanza cuando lo percibido como una desgracia es reconocido como una injusticia. El Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene sus raíces en las luchas por los derechos individuales, la igualdad y la libertad que durante los últimos siglos han despertado la imaginación y la pasión de muchas personas en todo el mundo. Los seres humanos se han esforzado por extender el goce de los derechos inherentes a su condición a las personas de color, a las mujeres y a los pueblos indígenas. Ahora, los integrantes de la comunidad con discapacidad salen en defensa de sus derechos. Una persona con discapacidad sumamente capaz lo expresó de esta manera: "No quiero ser un ciudadano mantenido, humillado y deprimido por los cuidados benefactores del Estado. Quiero correr los riesgos calculados, soñar y construir, fracasar y triunfar. Quiero gozar de los beneficios de mis creaciones y enfrentarme al mundo con valentía y decir: Esto es lo que hice". 

La injusticia de la discapacidad reside en el hecho de que, con demasiada frecuencia, las personas con discapacidad no son plenamente reconocidas como seres humanos. Son ignoradas y maltratadas en ámbitos como la vivienda, la educación y la atención de la salud. Durante mucho tiempo han sido el centro de atención de las políticas eugenésicas y las prácticas de esterilización implementadas en los Estados Unidos y en otros países. En la actualidad, hasta en el grupo de países más inclusivos, muchos de los lugares de votación son aún inaccesibles, por lo que se priva a miles de personas con discapacidad del ejercicio pleno y efectivo del derecho al sufragio. La lista de situaciones similares es interminable.

Los derechos humanos de 500 millones de personas con discapacidad de todo el mundo deben estar amparados por un abanico de principios universales como los emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, el Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (IDRM por su sigla en inglés) es el primer mecanismo mundial de su tipo creado por la sociedad civil con el objeto de monitorear y promover, de manera sistemática, los derechos humanos de las personas con discapacidad a la luz del derecho internacional y del derecho interno de cada país. El IDRM forma parte de una tendencia alentadora de los últimos años hacia la creación de normas y políticas internacionales que comprometen a los gobiernos a fomentar el acceso, garantizar la inclusión y proveer los servicios necesarios para la población con discapacidad. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en el proyecto de tratado, o Convención, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se está elaborando en el seno de las Naciones Unidas. Por primera vez en la historia de la ONU, las organizaciones no gubernamentales lograron participar junto a los Estados Partes en estas importantes negociaciones. Este logro constituye un nuevo hito a favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el marco del derecho internacional. Cabe señalar, sin embargo, que las negociaciones en el seno de la ONU no habrían sido posibles sin el protagonismo de dos naciones del hemisferio: México y Ecuador. El mérito debe atribuirse al Presidente de México, Vicente Fox, quien propuso que se elaborara una convención sobre discapacidad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2001, y al Embajador de México ante las Naciones Unidas, el señor Luis Alfonso De Alba, cuyo liderazgo visionario y sentido estratégico propiciaron, en gran medida, el inicio de las negociaciones. También cabe reconocer el aporte del Presidente de la República de Ecuador, Gustavo Noboa, ganador del Sexto Premio Anual Internacional de Discapacidad Franklin Delano Roosevelt. El Representante Permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, el Embajador Luis Gallegos, preside la Comisión Especial que actualmente está negociando la Convención propuesta, y lo hace con inteligencia, paciencia y habilidad extraordinarias. No obstante, a pesar de estos acontecimientos tan importantes y emocionantes en las Naciones Unidas, aún queda mucho por hacer.  

La triste realidad es que, tal como lo documenta este informe, pocos países muestran señales de estar pensando en las personas con discapacidad o planeando integrarlas al quehacer nacional. Las personas con discapacidad suelen ser invisibles. Son ignoradas por los responsables de formular políticas y los planificadores, son depositadas en instituciones, olvidadas, descuidadas y, a menudo, avasalladas. En las Américas, si usted es ciego, no encontrará una versión en Braille de la constitución en más del 60% de los países relevados. Sólo uno de cada tres países transmite los noticieros nacionales con subtítulos. Imagine cómo debe ser quedar casi totalmente al margen de la vida política de su país, no poder acceder ni siquiera a la información más básica sobre el gobierno y el mundo que lo rodea, no tener conocimiento de sus derechos y, menos aún, de sus protecciones. 

Sólo uno de cada cinco países comprendidos en este informe cuenta con una red de autobuses accesibles para usuarios de sillas de ruedas en la ciudad capital. Si no pueden acceder a un sistema de transporte público confiable, ¿cómo pueden las personas con discapacidad trasladarse hasta la escuela, el trabajo, los centros de votación, los centros recreativos o incluso los centros de atención médica fundamentales? Todos los elementos que constituyen una vida plena están lejos de su alcance y no se trata simplemente de la falta de recursos. La mayoría de las veces se trata de una cuestión de actitud y sensibilización. Esto queda claramente ilustrado por la siguiente anécdota de los Estados Unidos. El administrador de correos de una ciudad recibió órdenes de adaptar la oficina postal a fin de que fuera accesible para las personas con discapacidad. El edificio tenía 20 escalones altos y estrechos que conducían a una puerta giratoria en la única entrada. El administrador de correos cuestionó la necesidad de hacer esas modificaciones. Dijo: "Hace treinta y cinco años que trabajo aquí y en todo este tiempo nunca vi entrar a ningún cliente en silla de ruedas". Lamentablemente, tal como lo descubrirá en este informe, menos de la mitad de los países de la región tiene una oficina de correos accesible en la ciudad capital. Incluso a este nivel tan básico no existe conciencia sobre la población con discapacidad ni planificación que la tenga en cuenta.

En otros sectores sociales, el panorama no es mucho más alentador. De los empleadores más grandes en cada uno de los países incluidos en este informe, sólo el 29% -menos de uno de cada tres- tiene políticas que prohíben la discriminación de las personas con discapacidad. Sólo la mitad de los países analizados ofrece capacitación sobre la atención de personas con discapacidad a los profesionales médicos. Sólo el 60% de los países cuenta con programas de formación docente sobre la educación de niños con discapacidad. Por consiguiente, casi el 40% de los países signatarios de la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales no ha implementado ese tipo de capacitación a más de diez años de la firma de dicho instrumento. Si bien se ha comprobado que los grupos de autoayuda y de orientación entre pares son una manera eficaz de aumentar la integración y la inclusión de las personas con discapacidad, sólo un tercio de los países tienen Centros de Vida Independiente. 

xxi

Según el saber popular, basta un orificio para debilitar toda la trama de un tejido, por lo que pierde su resistencia, su textura y la fuerza de la diversidad. Las personas con discapacidad han quedado excluidas de la trama de los derechos humanos internacionales. Esta exclusión es un orificio que debilita todos nuestros derechos. Sólo cuando la población con discapacidad deje de ser excluida y relegada, se fortalecerá el marco de los derechos humanos universales. En última instancia, todos nos beneficiamos cuando las personas con discapacidad defienden sus ideales. De eso se trata la iniciativa IDRM y eso es exactamente lo que usted encontrará en este informe.  

Dr. William Kennedy Smith (Médico)
Fundador y Presidente del Consejo Directivo
Red Internacional sobre Discapacidad
Centro para la Rehabilitación Internacional
Julio de 2004

Resumen ejecutivo

Argentina 2003

Resumen ejecutivo
2

La función del derecho internacional en relación con los derechos de las personas con discapacidad 

Los derechos de las personas con discapacidad se presentan en el marco general de los principios universales de no discriminación consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante ello, en muchos países y regiones del mundo no se dictaron leyes que reflejen los principios y normas establecidos por estos y otros instrumentos. Paralelamente, las percepciones culturales y sociales también obstaculizan la formulación y la implementación de políticas, en especial cuando se trata de la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Si bien existen instrumentos específicos sobre discapacidad tales como la Declaración sobre los Derechos de los Impedidos y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, estos documentos no son más que directrices que carecen de fuerza legal. En los últimos años, se ha observado una tendencia alentadora en todos los niveles -internacional, regional y nacional- hacia la formulación de leyes y políticas sobre discapacidad que comprometen a los gobiernos a integrar a las personas con discapacidad a la sociedad y a garantizarles el acceso a los servicios necesarios. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de 1999 de la Organización de Estados Americanos constituye un acuerdo supranacional ejemplar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por su parte, la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos, sancionada en 1990, ofrece un modelo para las iniciativas nacionales y regionales, y ha servido de inspiración para los procesos de reforma, en particular en Europa. No obstante, la persistente falta de normas generales jurídicamente vinculantes continúa siendo un desafío por superar. 

En el mes de diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que dispuso la creación de un Comité Especial de estados miembros que tendría la responsabilidad de considerar una propuesta de tratado, o convención, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ese comité se reunió por primera vez en julio-agosto de 2002. La segunda reunión se llevó a cabo en junio de 2003 y la tercera, en mayo-junio de 2004. Para los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, la creación de una convención de las Naciones Unidas constituye un paso esencial para asegurar que los derechos humanos básicos se extiendan plenamente a la población con discapacidad. Si bien el proceso de adopción de una convención lleva años, existe la imperiosa necesidad de que los grupos defensores de la discapacidad, la salud y los derechos humanos en todo el mundo monitoreen y promuevan, de manera sistemática y conjunta, los derechos de las personas con discapacidad y el proceso que lleva a cabo el Comité Especial.

Generalidades del IDRM

El Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (IDRM por su sigla en inglés) documenta y evalúa la situación y el trato de las personas con discapacidad a nivel internacional. El proyecto tiene su origen en la escasez de datos sobre las condiciones reales y cotidianas en las que viven las personas con discapacidad en todo el mundo. La red de investigadores del IDRM ha sido diseñada para obtener, analizar y organizar información que nunca antes ha sido recabada a esta escala. El informe correspondiente a este año presenta una evaluación de base a partir de la cual se podrá hacer un seguimiento de los cambios que se vayan suscitando año tras año en las protecciones de los derechos humanos otorgadas a las personas con discapacidad en cada uno de los países. 

Éste es el primer proyecto de su tipo que aborda la problemática de la discapacidad tomando como modelo estructural el proyecto de Monitoreo de Minas Terrestres. Al igual que éste, el IDRM es una iniciativa de la sociedad civil que se basa en datos obtenidos a través de una red internacional de investigadores. El IDRM fue concebido como un sistema de información alternativa mediante el cual se elaboran informes paralelos que fomentan el cumplimiento de las normas de conducta consagradas en los instrumentos internacionales. Como ejemplos de este tipo de informes se pueden mencionar los elaborados por International Women's Rights Action Watch (Monitoreo y Acción Internacional sobre los Derechos de la Mujer) para monitorear la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979), o los informes alternativos del International Human Rights Law Group (Grupo Internacional de Abogados por los Derechos Humanos) relativos a la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 

A diferencia del Monitoreo de Minas Terrestres, que evalúa la implementación de una convención de las Naciones Unidas (la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y su destrucción suscripta en 1997) y otros mecanismos de información alternativa, el IDRM no evalúa la adhesión de los países miembros a los instrumentos de las Naciones Unidas ya existentes. 

Sin embargo, los estados miembros de las Naciones Unidas sí cuentan con un sistema de monitoreo en relación con las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad ("las Normas Uniformes"), que fueron aprobadas por la Asamblea General en 1993. Los estados miembros se monitorean a sí mismos para evaluar su propio cumplimiento de las Normas Uniformes con la guía de un Relator Especial, quien depende de la Comisión de Desarrollo Social. En el sistema de monitoreo existente, son los propios gobiernos los que generan los informes, mientras que en el Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los informes son elaborados por organizaciones e integrantes de la sociedad civil, donde los miembros de la comunidad con discapacidad brindan información sobre la situación en sus propios países. Por lo tanto, el IDRM es más que un complemento al sistema de monitoreo actual. En vista de los esfuerzos que se están desplegando para crear una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el IDRM se convertirá también en un instrumento útil para evaluar el cumplimiento de la convención cuando ésta se adopte. 

Metodología

La metodología empleada en la investigación del IDRM es, ante todo, de naturaleza exploratoria y se basa en la siguiente pregunta guía: ¿De qué derechos y condiciones gozan las personas con discapacidad en cada país? En la guía de investigación se incluyeron preguntas cerradas (que admiten sólo "sí" o "no" como respuesta) y preguntas abiertas (que solicitan una opinión o explicación). Esta metodología combina, en forma deliberada, un abordaje cuantitativo, mediante el cual se obtienen datos que pueden compararse entre los diversos países, y un abordaje cualitativo, a través del cual se obtienen respuestas más elaboradas que luego sirven de base para la redacción de una descripción narrativa de la situación en cada país. Los investigadores no se limitan a trabajar con las preguntas de la guía, sino que por el contrario se los alienta a que documenten las situaciones y circunstancias específicas del lugar en el que realizan la investigación.

Las preguntas incluidas en la guía de investigación se diseñaron, en su mayor parte, tomando en cuenta las recomendaciones de las Normas Uniformes. Luego, se hicieron consultas con los integrantes de la comunidad internacional de personas con discapacidad y especialistas en legislación sobre discapacidad de diversas jurisdicciones a fin de refinar las preguntas. Una vez operacionalizado el proyecto del IDRM, las preguntas fueron evaluadas nuevamente por expertos internacionales en el área de la discapacidad así como por los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, incluidos los investigadores locales del IDRM. Se realizó un control independiente de las traducciones del inglés al español y se volvió a traducir al idioma original un conjunto seleccionado de preguntas a fin de garantizar su precisión.

La guía de investigación (también denominada "cuestionario") consta de 101 preguntas diferentes. La sección principal de la guía incluye un total de 85 preguntas, mientras que otras 19 se incluyen en la sección correspondiente a los paneles de discusión. Tres de estas pregunta también se incorporaron a la sección principal del cuestionario. Las preguntas de la parte central de la guía están dividas en cuatro secciones diferentes que abordan distintos temas. Diez de ellas tienen por objeto identificar a la población con discapacidad en el país. Los investigadores recabaron datos estadísticos y entrevistaron a funcionarios del gobierno nacional, a fin de comprobar la precisión de los datos disponibles. 

La segunda sección de la guía de investigación, titulada "Derechos de las personas con discapacidad", consta de 24 preguntas. En varias de ellas los investigadores debían ahondar en determinadas respuestas formulando otras preguntas. Esta sección se refiere, principalmente, a la naturaleza de las leyes y políticas nacionales que protegen los derechos de la población con discapacidad, incluidas las leyes antidiscriminación y las protecciones de los derechos civiles, políticos y sociales. Asimismo, incluye preguntas sobre la institucionalización de las personas con discapacidad.  

La tercera sección de la guía trata los temas de inclusión y accesibilidad. Esta sección consta de un total de 43 preguntas y está dividida en los siguientes seis segmentos: comunicación, educación, empleo, servicios de salud, vivienda y accesibilidad al medio físico. La cuarta sección contiene 8 preguntas. En esta sección se abordan las actividades de las organizaciones de y para personas con discapacidad a nivel nacional y local, y también se incluyen preguntas relacionadas con las organizaciones gubernamentales y las no gubernamentales.

Para completar el cuestionario, los investigadores recabaron datos epidemiológicos y censales así como material relacionado con leyes y normas sobre discapacidad. Asimismo, entrevistaron a diversos funcionarios gubernamentales y dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad a fin de obtener información adicional y verificar la existencia y la aplicación de políticas. Los entrevistados fueron seleccionados según los cargos que ocupaban en los ministerios y organismos públicas, y por su reputación como personas conocedoras del tema. 

Además, los investigadores recabaron opiniones y reacciones individuales a través de grupos temáticos (focus groups) compuestos por dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad. La metodología aplicada en los paneles fue diferente de la utilizada para obtener respuestas y datos para las principales preguntas del cuestionario. Se llevaron a cabo cuatro paneles con expertos en el área de la discapacidad; es decir, personas relacionadas con la discapacidad a partir de una experiencia personal o tras haber trabajado durante mucho tiempo en esta área. Luego, los investigadores condujeron un debate abierto en torno a 17 preguntas. Por lo general, los datos que se obtienen a través de los paneles de discusión no son fáciles de analizar, ni desde un punto de vista estadístico ni de otra manera. Por el contrario, los paneles de discusión generan una gran cantidad de datos verbales que deben resumirse para poder extraer conclusiones justificables. Estos paneles tuvieron por objeto conocer y comprender más adecuadamente los problemas que afectan a las personas con discapacidad en los países que participaron en el estudio y no cuantificar la opinión de una población más amplia.

Se realizó una prueba de campo de la metodología de investigación del IDRM durante el año 2003 en dos países de las Américas: El Salvador y Nicaragua. Durante un período de seis semanas, los investigadores recopilaron datos sobre el régimen legal vigente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, los problemas de integración y las actividades de las organizaciones de y para personas con discapacidad en sus respectivos países. Los resultados de esta prueba se publicaron en el Compendio del Monitoreo Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2003. 

Una vez probada la metodología, se capacitó a los investigadores locales en el uso de técnicas estándar para la recolección de datos a través de sesiones presenciales, en línea y a distancia conducidas por personal del IDRM perteneciente a la Red Internacional sobre Discapacidad. Asimismo, los investigadores asistieron a dos talleres de capacitación que tuvieron por objetivo ayudarlos a desarrollar sus habilidades de investigación y defensa de los derechos. El primero de estos talleres fue una actividad regional focalizada que se llevó a cabo en paralelo con la consulta regional de las Américas del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad ("el Comité Especial") en Quito, Ecuador, en abril de 2003. El segundo taller, organizado en colaboración con la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, se efectuó en paralelo con la reunión del Comité Especial de junio de 2003 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Durante la segunda mitad de 2003, se recabaron los datos principales en cada país. Los informes presentados al IDRM fueron traducidos al inglés en los casos necesarios y editados por el personal del IDRM. Cabe destacar que si bien en la medida de lo posible los informes editados fueron traducidos nuevamente al idioma del investigador para su aprobación, es posible que durante el proceso de traducción y edición se hayan cometido errores involuntarios. 

Es necesario señalar que esta investigación enfrentó algunos desafíos y limitaciones importantes. El más importante de ellos es que aún no existe consenso a nivel internacional sobre la definición de discapacidad. Si bien la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud ha sido aceptada como norma internacional, todavía no se la emplea en todas partes del mundo y ni siquiera en toda la región. Dado que la recolección de datos demográficos independientes escapa el alcance del presente trabajo, los datos estadísticos presentados en los informes se basan en encuestas realizadas en cada país. No obstante, debido a que no existe una definición estándar, las cifras proporcionadas no son estrictamente comparables.  

El segundo desafío se relaciona con el hecho de que en la mayoría de los países suele asignarse una baja prioridad global a los temas relacionados con la discapacidad. En consecuencia, es común que no existan registros oficiales, o que si existen, sean muy escasos. Por lo tanto, el análisis previo a la investigación fue mínimo. Los investigadores del IDRM se vieron obligados a recopilar información de diversas fuentes y realizar una verificación cruzada de ella lo más minuciosa posible, aunque la falta de fuentes documentadas también presentó dificultades.  

Tarjeta para calificar países

La tarjeta para calificar países del IDRM incluida en esta publicación constituye una parte esencial del sistema de monitoreo del IDRM. La tarjeta permite ver rápidamente el nivel de aplicación de las protecciones de los derechos humanos fundamentales en cada país. Más aún, facilita la comparación directa entre países. La tarjeta para calificar países se basa en una serie de 11 preguntas cerradas sobre seis temas: apoyo a la convención, protecciones legales, educación y empleo, accesibilidad, servicios de salud y vivienda, y comunicación. Las preguntas utilizadas en la tarjeta se presentan en el Apéndice C de este informe. 

De acuerdo con las respuestas provistas a estas preguntas, cada país es clasificado dentro de una de tres categorías que indican el nivel global de inclusión de las personas con discapacidad: muy inclusivo, moderadamente inclusivo y menos inclusivo. Aquellos países que otorgan protecciones a los derechos humanos en todos o en prácticamente todos los sectores son clasificados como "naciones muy inclusivas". Aquellos que cuentan con algunas protecciones básicas en algunos sectores son identificados como "naciones moderadamente inclusivas". Por último, aquellos países que tienen pocas protecciones o ninguna en la mayoría de los sectores son considerados "naciones menos inclusivas". 

El nivel de inclusión se determinó sobre la base de la cantidad total de aspectos indagados respecto de los cuales se habían tomado acciones para ayudar a promover la integración de las personas con discapacidad. Sin embargo, dado que los recursos no se encuentran distribuidos de manera uniforme en la región, podría existir una relación directa entre la riqueza y el nivel de inclusión. Por consiguiente, al calcular el nivel de inclusión, se tuvieron en cuenta los recursos de cada país. En primer lugar, se estableció una correlación entre los aspectos indagados y el PBI per cápita a fin de identificar aquellos que aparecían con mayor frecuencia asociados con países que disponen de más recursos.1 A estos aspectos se les asignó un factor de ponderación adicional para el caso de países con un PBI per cápita inferior a la media regional.2 La lógica que fundamenta esta ponderación es la del compromiso con la inclusión. Cuando los países con pocos recursos emprenden proyectos que son costosos y que, en general, sólo se implementan en países más ricos, se considera que este accionar indica que los países están comprometidos con la promoción de los derechos y la integración social de las personas con discapacidad.

Dado que el objetivo es identificar sólo el nivel más básico de protecciones de los derechos en una variedad de áreas, la tarjeta para calificar países no establece un ranking de países. Puede suceder que algunos países provean protecciones que tienen un impacto importante en la integración de las personas con discapacidad pero que superan las evaluadas por la tarjeta. Además, pueden existir variaciones considerables dentro de un mismo país. Por estas razones, la tarjeta para calificar países sólo puede utilizarse para extraer conclusiones sobre la categoría básica del nivel de inclusión.

Terminología

En todo estudio sobre discapacidad, la elección de la terminología es un aspecto de suma importancia. Aún no existe consenso respecto de cómo referirse a las personas con discapacidad. Cada término indica una relación diferente. Algunos términos -"persona con discapacidad", por ejemplo- se centran en el individuo y reconocen a la discapacidad como una condición de vida que no es inherente a todas las personas. Otros -como "discapacitado"- destacan la pertenencia a una comunidad con discapacidad. En la era de la política de identidad, pertenecer a una minoría puede ser una pieza importante y determinante de la identidad propia que puede expresarse a través del lenguaje. Por último, algunos términos ponen el énfasis en la responsabilidad de las comunidades de apoyar a las personas con discapacidad.3 Dado que la terminología preferida varía según el idioma, el grupo y la persona, éste continúa siendo un tema ampliamente debatido.

Ante la inexistencia de una nomenclatura sobre discapacidad internacionalmente aceptada, los editores de este tipo de informes tienen dos opciones principales: actualizar toda la terminología adaptándola a una norma elegida o conservar la terminología local, aun cuando pueda considerarse problemática o discriminatoria. En general, el IDRM optó por adaptar la terminología excepto cuando ésta se usa en un contexto jurídico. Debido a que la codificación de la terminología discriminatoria en la legislación puede tener un efecto adverso sobre los derechos de las personas con discapacidad, es importante identificar y conservar esa terminología en el contexto.  

1. Se establecieron correlaciones con Estados Unidos y sin este país, dado que existía la preocupación de que ese país pudiera desviar las correlaciones a favor de sus acciones en el área de la discapacidad al tener el PBI per cápita más alto de la región. Si bien su inclusión incidió en la intensidad de la correlación en cierta medida, los puntos más asociados con el PBI per cápita se mantuvieron relativamente inalterables.  

2. Se consideró el PBI per cápita debido a que es la medida que utiliza el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.

3. Gary L. Albrecht, Katherine D. Seelman y Michael Bury, "Introduction: The Formation of Disability Studies" ("Introducción: la elaboración de estudios sobre discapacidad") en Handbook of Disability Studies (Guía para Estudios sobre Discapacidad) (Thousand Oaks: Sage Publications, 2001), 1-8. 

Respecto de los países en los que aún se utiliza un lenguaje controvertido, se incluyó un capítulo titulado "Terminología" al comienzo del informe que identifica los términos problemáticos. En la medida de lo posible, en el resto del presente documento se utiliza terminología que prioriza a la persona. A medida que la terminología preferida vaya cambiando, el IDRM actualizará su estilo a fin de respetar este importante aspecto. 

Resultados

Resultados de la tarjeta para calificar países

Sólo cinco países americanos obtuvieron la clasificación de "nación más inclusiva": Brasil, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Estados Unidos. Diez países fueron clasificados como "moderadamente inclusivos": Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Por último, nueve países fueron identificados como "menos inclusivos", lo cual indica que carecen de los elementos más básicos que se necesitan para posibilitar la integración social de las personas con discapacidad. Éstos son: Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Surinam.

Entre los patrones más reveladores identificados por la tarjeta para calificar países se destaca la falta de apoyo entre las naciones menos inclusivas a la creación de una convención de las Naciones Unidas sobre discapacidad. Sólo dos de esos países -Bolivia y El Salvador- manifestaron su apoyo a una convención. De los 15 países restantes, sólo Estados Unidos y Argentina no apoyan la creación de una convención.4

La tarjeta para calificar países también revela que, en general, existen protecciones legales en toda la región. Belice es el único país que no otorga protecciones legales específicas a las personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de dichas protecciones, la tarjeta muestra que la implementación de normas jurídicas en los diversos sectores no es uniforme y que, a menudo, no se exige que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.

Definiciones de discapacidad

La mayoría de los países de las Américas continúa empleando las definiciones más antiguas de discapacidad, al menos en algunas de sus leyes. La definición más común es la que se incluye en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-1) de 1980 de la Organización Mundial de la Salud, según la cual discapacidad es "toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano". Al menos la mitad de los países de la región continúan utilizando definiciones basadas en la CIDDM-1, a pesar de que la OMS publicó una clasificación más reciente denominada Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF).

4. La información presentada sobre las posiciones adoptadas por los gobiernos respecto de la convención de las Naciones Unidas se basa en las declaraciones disponibles a diciembre de 2003, cuando se finalizó la recolección de datos para la elaboración del presente informe. Es posible que algunos países hayan efectuado nuevas declaraciones en la reunión del Comité Especial de mayo-junio de 2004 modificando su posición. Todos los cambios en este sentido se darán a conocer en el informe del IDRM de 2005. 

Algunos países de la región se están inclinando a utilizar definiciones basadas en la CIF. Guatemala basa sus definiciones en una interpretación de esa clasificación mientras que Colombia comenzó a utilizar una definición actualizada en su política más reciente sobre discapacidad. En el caso de Canadá, si bien no se adoptó oficialmente la CIF, en determinados organismos públicos se usa esta clasificación en forma intermitente. Por su parte, Costa Rica y México la están revisando a fin de evaluar la posibilidad de utilizarla para actualizar sus definiciones.

A raíz de los cambios que fue sufriendo el concepto de discapacidad en el transcurso del tiempo, muchos países aún tienen definiciones conflictivas en su legislación interna. Algunos de los países que reconocieron tener múltiples definiciones de discapacidad son Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Panamá y Venezuela. Otros también confirmaron que tienen varias definiciones si bien una es la que predomina. En unos pocos casos, las definiciones que prevalecen promueven conceptos discriminatorios de discapacidad. Por ejemplo, uno de los programas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social define la discapacidad en términos del valor económico "perdido" de una deficiencia. En muchos otros casos, para la recolección de datos demográficos aún se siguen empleando las definiciones de discapacidad que se centran en las deficiencias. Dos países, Belice y Guyana, no tienen una definición oficial de discapacidad.

Población con discapacidad

Según los especialistas, en los países en desarrollo los datos demográficos son, a menudo, inapropiados y/o inexistentes.5 Esta situación se presenta, en gran medida, en la región de las Américas. Si bien todos los países, con la excepción de Colombia y Perú, han llevado a cabo encuestas en fecha reciente para cuantificar la población con discapacidad, la calidad de las estadísticas sobre discapacidad continúa siendo un problema. Son pocos los países que incluían la discapacidad en sus encuestas con anterioridad a 1990 y los frecuentes cambios metodológicos que se fueron sucediendo condujeron a una situación en la cual se torna imposible hacer un seguimiento de la cantidad de personas con discapacidad a lo largo del tiempo a través de los instrumentos censales nacionales. A esto se suma el hecho de que, a pesar de que el concepto de "limitaciones en la actividad" aparece con frecuencia en las definiciones de discapacidad incluidas en las leyes nacionales, los cuestionarios de las encuestas siguen empleando el término "deficiencia". En el Cuadro 1 se ofrece una compilación de los resultados de todos los estudios disponibles y se señala, donde resulta posible, si las preguntas se basaron en el concepto de "deficiencia" o de "limitaciones en la actividad".

5. Glenn T. Fujiura y Violet Rutkowski-Kmitta, "Counting Disability," (Cómo contar la población con discapacidad), en Handbook of Disability Studies (Guía para Estudios sobre Discapacidad) (Thousand Oaks: Sage Publications, 2001), 69-96.

Cuadro 1: Estadísticas de discapacidad en las Américas

Discapacidad como % de la población total

Definición de discapacidad

Argentina

Censo 2001 Sin resultados

Belice

Censo 1991 6,5% deficiencia

Censo 2000 5,7% limitaciones en la actividad

Bolivia

Encuesta de Demografía y Salud 1998 

1% deficiencia6

Censo 2001 0,9%-1,2% deficiencia 

Brasil

Censo 1991 1,41% deficiencia

Censo 2000 14,5% limitaciones en la actividad

Canadá

HALS 1991 14,7%

PALS 2000 12,4%

Chile

Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2000 

5,3% deficiencia

Calidad de Vida y Salud 2000 21,7% limitaciones en la actividad

Censo 2002 2,2% deficiencia

Colombia

Censo 1993 1,85% deficiencia

Costa Rica

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1998 

8% deficiencia

Censo 2000 5% deficiencia

República Dominicana

Censo 2002 Sin resultados

6.  Esta encuesta no incluyó la discapacidad mental entre los diferentes tipos de discapacidad enumerados en la pregunta respectiva.

Guatemala

Censo 1994 72%

Censo 2002 6,2%

Guyana

Censo 1991 9%

Censo 2003 Sin resultados

Honduras

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2002 

2,6%

Jamaica

Censo 1991 4,7%

Censo 2001 6,2%

México

Censo 2000 (básico) 1,84%

Censo 2000 (ampliado) 2,31%

Nicaragua

Censo 12,5%

Panamá

Censo 1990 1,33% deficiencia

Censo 2000 1,8% deficiencia

Paraguay

Censo 2002 Sin resultados

Perú

Censo 1993 1,3%

1993 Instituto Especializado de Rehabilitación 

13%

Surinam

Censo 1980 2,7%

Censo 2003 Sin resultados

Uruguay

Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2003-2004 

En curso

Estados Unidos

Censo 2000 19,3% limitaciones en la actividad

Venezuela

Censo 2001 4,4% deficiencia

La mayoría de los países informan tasas de discapacidad muy inferiores al 10%, pero estos porcentajes resultan sospechosos por una variedad de motivos. En primer lugar, llama la atención la falta de datos confiables disponibles en la región. En el caso de Chile, el porcentaje de población con discapacidad varía de 2,2% a 5,3% y a 21,7% según la encuesta de la que se trate y la metodología utilizada. En segundo lugar, el enfoque permanente de la discapacidad como una deficiencia también presenta problemas. En la inmensa mayoría de los casos, cuando las preguntas hacen referencia a las limitaciones en la actividad en lugar de referirse a las deficiencias, se identifica a la mayoría de las personas con discapacidad. En Bolivia, por ejemplo, se observa que cuando la pregunta se formula desde el punto de vista de la deficiencia, más de la mitad de las personas tienen una discapacidad grave o muy grave, lo cual sugiere que no se están registrando de manera adecuada las personas con discapacidad leve o moderada. En consecuencia, es muy probable que las cifras correspondientes a la población con discapacidad informadas en muchos países de la región sean inferiores a la real.  

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

En términos generales, puede decirse que las protecciones legales son buenas. Un factor significativo es la existencia de la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo proceso de ratificación obligó a los países, por lo menos, a dictar algunas leyes sobre discapacidad. Más aún, dado que ampara a las personas con discapacidad en virtud del derecho internacional, la convención es un instrumento regional importante para la protección de los derechos de estas personas. Todos los países incluidos en este informe suscribieron la convención excepto seis, a saber: Belice, Canadá, Guyana, Honduras, Surinam y Estados Unidos. 

Además del derecho internacional, las constituciones nacionales de la mitad de los países de la región identifican de manera específica a las personas con discapacidad como sujetos de derechos. Catorce países sancionaron leyes que abordan de manera exclusiva las protecciones de las personas con discapacidad y muchos otros incluyen los temas relacionados a la discapacidad en otros tipos de leyes. Es importante destacar que un grupo de países sancionó leyes que prohíben la discriminación de las personas con discapacidad. Estos países son: Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Uruguay y Estados Unidos.

A pesar de que se observan estas tendencias alentadoras, se suele pensar que las personas con discapacidad necesitan acciones de beneficencia más que derechos humanos plenos. Una gran parte de las leyes regionales sancionadas en los últimos años carece de disposiciones que exijan su cumplimiento. Por lo general, no se establecen sanciones por incumplimiento y en aquellos casos en los que sí se establecen, pocas veces se aplican. En resumen, puede afirmarse que en términos generales se llegó a un punto en el que la creación de protecciones legales supera la voluntad o la capacidad de las naciones de implementarlas y exigir su cumplimiento.

A modo de ejemplo, podemos citar el derecho al sufragio. Si bien éste es un derecho universalmente reconocido en toda la región, sólo un grupo reducido de países se esfuerza por garantizarles a las personas con discapacidad el ejercicio pleno y efectivo de este derecho. Por el contrario, a la hora de votar muchas personas con discapacidad se ven imposibilitadas de hacerlo debido a la inaccesibilidad de los centros de votación, la falta de información sobre el proceso político y, en ocasiones, el menosprecio por parte de las autoridades electorales. Más aún, algunos países tienen disposiciones que permiten declarar a una persona jurídicamente incapaz por el solo hecho de tener una discapacidad. En consecuencia, algunas personas con discapacidad se ven privadas de ejercer su derecho al voto y muchos otros derechos de esta manera. Con frecuencia, las personas que tienen discapacidades múltiples o "discapacidad mental" reciben este tipo de trato. En Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, las personas sordomudas son consideradas jurídicamente incapaces. En Brasil, El Salvador, Guyana, Jamaica y Perú, las personas con discapacidad mental pueden ser despojadas de sus derechos. Pueden recibir este mismo trato las personas con discapacidades sensoriales -las personas ciegas, por ejemplo- en El Salvador, Guatemala y Guyana. Por último, Canadá, según informa, no admite la inmigración de personas con discapacidad cuya salud represente una posible carga financiera para el Estado.

Comunicación

Los gobiernos de la región publican muy poca información en formatos alternativos para las personas que tienen deficiencias sensoriales. Sólo el 40% de los países tienen una versión en formato alternativo de su Constitución Política y sólo unos pocos de ellos convierten otros documentos de interés nacional a esos formatos.

Son pocos los países que cuentan con sistemas para que las personas con discapacidad puedan comunicarse con las autoridades en caso de emergencias complejas. Canadá y Estados Unidos ya cuentan con este tipo de servicio, y en otros países se está trabajando para adaptar los sistemas nacionales de comunicaciones de modo que sean más inclusivos. Tal es el caso de Chile, Costa Rica y Panamá. Según la información obtenida de Brasil, el 70% del país actualmente está cubierto por un sistema de telefonía accesible para las personas sordas. Algunas localidades también tienen en cuenta a la población con discapacidad en su planeamiento urbano. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, exige que se utilice señalética diseñada especialmente para las personas con discapacidad. 

La mayor parte de los recursos asignados a la traducción de materiales a formatos alternativos se destina a la producción de textos educativos. La traducción de otros materiales, e incluso de materiales didácticos en algunos países, suele contratarse en forma particular. En las bibliotecas, se puede acceder con mayor facilidad a libros parlantes que a textos en Braille, dado que son menos costosos de producir y se pueden actualizar con mayor frecuencia, lo cual permite contar con una gama más amplia de materiales. La biblioteca nacional de El Salvador, por ejemplo, adquirió libros en Braille por última vez en 1992.

Educación

Al igual que para la población total con discapacidad, existe muy poca información estadística confiable sobre la cantidad de niños con discapacidad que asisten a la escuela. No obstante, según los datos disponibles, puede aseverarse que los niños con discapacidad suele ser excluidos de los sistemas educativos. En Colombia, sólo el 0,32% de los alumnos tienen una discapacidad. Las cifras son similares en Argentina (0,69%) y en México (0,52%), mientras que en Uruguay y Nicaragua se informan porcentajes levemente superiores (2,76% y 3,5%, respectivamente). Al comparar la población infantil con discapacidad estimada con la cantidad de niños inscriptos en el sistema educativo, se observa que sólo entre el 20% y el 30% de los niños con discapacidad asisten a la escuela. Canadá y Costa Rica son los únicos países que informaron niveles significativamente más elevados de participación en el sistema educativo, mientras que algunos países informaron índices más bajos. En Bolivia, por ejemplo, se estima que entre el 74% y el 97% de los niños con discapacidad no reciben ningún tipo de educación. La amplitud de esta estimación refleja la incertidumbre que existe con respecto a la población infantil con discapacidad total en ese país. Cabe señalar, además, que si bien Costa Rica presenta niveles de escolaridad más altos, también informa una cantidad considerable de reclamos formales respecto de la educación que se imparte a las personas con discapacidad.

La exclusión del sistema escolar puede deberse a muchos motivos, entre ellos, las acciones de los docentes, los directores de las escuelas y los padres o bien a la inexistencia de edificios accesibles o la ausencia de servicios. Si bien la mayoría de los países ofrece algún tipo de capacitación en educación especial, ésta suele ser optativa para aquellos estudiantes que aspiran a convertirse en docentes de educación común y no todos los docentes están debidamente capacitados para educar a alumnos con discapacidad. Entre los países que exigen formación específica en educación especial se encuentran Belice -que en fecha reciente estableció la obligatoriedad de esta capacitación- y Bolivia. 

El acceso a la educación varía según el tipo y el grado de discapacidad. En particular, es común que las escuelas no acepten a niños con discapacidades severas. Más aún, la educación de la mayoría de los niños con diversos tipos de discapacidad suele limitarse al nivel primario. En la mayor parte de los países de la región hay pocas escuelas secundarias especiales y no es común la integración de los jóvenes con discapacidad al nivel secundario. En consecuencia, las personas con discapacidad que asisten a algún establecimiento educativo normalmente reciben menos educación que las personas sin discapacidad. En Chile, las primeras sólo alcanzan, en promedio, 6,4 años de escolaridad. En Brasil sólo el 10% termina el 8º grado. La cifra es similar en el nivel secundario en Ecuador, mientras que en El Salvador sólo el 5% termina la escuela secundaria. 

A pesar de que muchos países están trabajando para lograr una educación inclusiva, el avance hacia la consecución de esta meta presenta distintos matices. Algunos países, tales como Canadá y Costa Rica, ubican a la mayoría de los alumnos con discapacidad en ámbitos educativos inclusivos. Por otro lado, el 70% de los niños con discapacidad en México y el 90% en Surinam asisten a escuelas especiales. En Chile, sólo el 19% de los alumnos con discapacidad reciben educación inclusiva en el nivel primario a pesar de que el objetivo fijado es el de integrar a estos niños al sistema educativo convencional. 

Empleo

Uno de los principales problemas que enfrenta la población con discapacidad en la región es el desempleo y la marginación laboral. Según la información obtenida, en promedio, alrededor del 70% de las personas con discapacidad de la región están desempleadas o excluidas de la fuerza laboral. Las altas tasas de desempleo se deben a una variedad de factores, entre los cuales cabe mencionar la falta de capacitación, la inaccesibilidad de los lugares de trabajo, la falta de transporte accesible y los constantes problemas económicos que afectan la región. Incluso muchos de los que están "ocupados" (empleados) ganan muy poco o no reciben ningún tipo de remuneración. México informa que el 14% de las personas que trabajan no recibe sueldo y otro 22,6% gana menos de un salario mínimo. Una situación similar se observa en Brasil, donde el 30% de las personas con discapacidad gana menos de un salario mínimo. 

Otro claro ejemplo de la falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad es el tipo de trabajo al que pueden acceder. En Chile, sólo un tercio de las personas con discapacidad ocupadas tienen un trabajo de jornada completa. Muchas tienen empleos informales, trabajan por cuenta propia o están subempleadas. En Bolivia, casi el 40% son trabajadores independientes o informales, mientras que en Honduras, el 73% trabaja en forma independiente o en relación de dependencia pero sin recibir remuneración alguna. En Canadá, por ejemplo, se informa que un 36% de las personas con discapacidad que poseen un empleo son víctimas de acoso.

Frente al alto nivel de desempleo de la población con discapacidad, un grupo de países de la región sancionó leyes o formuló políticas dirigidas a integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral. Varios de ellos, como Argentina, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, establecieron cupos para la cantidad de personas con discapacidad que el gobierno o las empresas de determinado tamaño deben contratar. Si bien algunas compañías privadas cuentan con políticas de no discriminación, ya sea formales o informales, la mayoría carece de ellas.

En la mayoría de los países se brinda algún tipo de capacitación laboral; sin embargo, los bajos índices de colocación en empleos sugieren que son muy pocas las personas que, en última instancia, cosechan los frutos de esos programas. En este sentido, las iniciativas privadas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Argentina y Venezuela son más promisorias. 

Servicios de salud

En gran parte de la región, el acceso al seguro médico depende del estado ocupacional, de modo que las altas tasas de desempleo pueden privar de cobertura a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el 84% de las personas con discapacidad en Ecuador no tiene ningún tipo de cobertura médica. En Chile, sólo el 7% tiene un seguro médico privado, mientras que entre el 60% y el 80% recibe asistencia a través del sistema de salud público. Asimismo, es común que las compañías de cobertura médica rechacen a las personas con discapacidad. Este tipo de discriminación ha dado lugar a una gran cantidad de denuncias en Uruguay. Cuando las personas con discapacidad no pueden acceder a una cobertura médica, son los gobiernos los que deben asumir la responsabilidad de proveerles atención médica y rehabilitación. Lamentablemente, aunque los gobiernos acepten esta responsabilidad, en muchos países carecen de los recursos necesarios y, en consecuencia, los servicios que prestan son deficientes. Con frecuencia, los servicios importantes o las ayudas técnicas, tales como sillas de ruedas, no son considerados necesidades y, por ende, no se proveen. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel fundamental para intentar satisfacer estas necesidades. 

Tampoco abundan los profesionales médicos debidamente capacitados para asistir a las personas con discapacidad. Si bien muchos países ofrecen algún tipo de capacitación sobre la prestación de servicios de salud y rehabilitación para personas con discapacidad, la mayor parte de esos programas están dirigidos a formar especialistas en rehabilitación. Los médicos generalistas y los especialistas que se desempeñan en áreas no relacionadas con la discapacidad reciben poca capacitación sobre cómo atender a personas con discapacidad, por lo cual la calidad de la atención médica es baja. Esta situación se observa, sobre todo, en las ciudades pequeñas y las zonas rurales. Las grandes ciudades suelen tener una oferta considerable de especialistas idóneos, pero éstos rara vez prestan servicios fuera de las grandes urbes.

Vivienda

En toda la región, las personas con discapacidad suelen vivir con sus familias y no en forma independiente. La filosofía de Vida Independiente aún no está arraigada. Si se considera la totalidad de los países de la región, dos tercios no poseen un centro de Vida Independiente. Es más, a menudo ni siquiera cuentan con la infraestructura adecuada para la vida independiente. Sin embargo, existe una excepción positiva, que es un proyecto de "vivienda sustentable" para personas con discapacidad en El Salvador. 

En algunos casos, las personas con discapacidad pueden acceder a viviendas subsidiadas o a facilidades para la compra, adaptación o mejora de la vivienda. En varios países, se aplican criterios de admisión relacionados con la discapacidad para dar atención prioritaria a las personas con discapacidad en los programas de vivienda. En Uruguay, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen prioridad en los programas de viviendas subsidiadas debido a que son consideradas una población vulnerable. En Jamaica, el gobierno asigna un porcentaje de las viviendas sociales a las personas con discapacidad y las adapta para ellas. La mayoría de los países, sin embargo, no ofrece ningún tipo de subsidio. En el caso de Chile y El Salvador, aun cuando las personas con discapacidad cumplen con los requisitos para acceder a subsidios o programas públicos de vivienda, las unidades disponibles no son accesibles. 

En la actualidad, muchos países están destinando la mayor parte de su trabajo a resolver la situación habitacional de las personas con discapacidad. Los países que propusieron o aprobaron en fecha reciente iniciativas de vivienda son Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Guyana, Honduras y México. Sin embargo, aún se desconoce el impacto que tendrán estas iniciativas. En República Dominicana, por ejemplo, no se construyeron viviendas adaptadas a pesar de que ése era uno de los requisitos. De la misma manera, en Guatemala se acordó que se asignaría el 5% de las viviendas sociales a las personas con discapacidades sensoriales, pero sólo 18 personas resultaron beneficiadas. 

Institucionalización

Muchas personas con discapacidad son internadas en instituciones contra su voluntad en la mayoría de los países de la región, lo cual ha dado lugar a algunas de las violaciones más flagrantes y abusivas de los derechos humanos. Un informe del año 2003 de Argentina describió en detalle las terribles condiciones en las que vivían las personas con discapacidad institucionalizadas. El informe reveló que a algunas personas se las mantenía encerradas en contacto con sus propias heces mientras que a otras se las mantenía desnudas o se las obligaba a comer del piso. En el pasado, las instituciones canadienses y estadounidenses solían esterilizar a las personas con discapacidad y aun hoy las probabilidades de que las personas con discapacidad sean víctimas de abuso son mayores que las de las personas sin discapacidad. En Jamaica, investigaciones realizadas permitieron identificar a personas con discapacidad que permanecieron en prisión durante años e incluso décadas sin juicio previo ni sentencia de condena debido a que se las consideraba inimputables. 

Si bien en muchos países, en teoría, las personas con discapacidad pueden negarse a someterse a un tratamiento médico o psiquiátrico, rara vez se tiene en cuenta esa decisión en la práctica. En Bolivia, por ejemplo, a menudo las personas con discapacidad desconocen que tienen ese derecho y, por lo tanto, no lo ejercen. Para aquellas personas que han sido declaradas incapaces o que han sido abandonadas por sus familiares, el negarse a recibir un tratamiento es una situación particularmente problemática. La información obtenida indica que en muchos países el abandono es un factor común entre las personas que terminan internadas en instituciones. Algunos países, tales como Costa Rica y Canadá, informan que han emprendido iniciativas para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad. 

Accesibilidad

La mayoría de los países tiene leyes en virtud de las cuales los edificios deben ser accesibles para las personas con discapacidad. En muchos casos, estas normas sólo se aplican a edificios nuevos o remodelaciones de edificios ya existentes. Sin embargo, rara vez se exige el cumplimiento de estas normas. En Perú, por ejemplo, según la ley, todas las obras de adaptación deberían haber finalizado en junio de 2003, pero hasta la fecha de redacción de este informe, no se había aplicado ninguna sanción por el incumplimiento de ese plazo. Los informes también dan cuenta de que a menudo las adaptaciones que se realizan son parciales e inadecuadas. A título ilustrativo, se indica que se construyen rampas que son demasiado pronunciadas y sanitarios que no son accesibles. Belice, Honduras y Surinam son algunos de los países que no tienen leyes sobre accesibilidad.

Asimismo, la falta de condiciones de accesibilidad a menudo se extiende a los espacios públicos. Algunos de los obstáculos comunes son la ausencia de rampas en las aceras, el bloqueo de las rampas existentes y la falta de señales sonoras u otro tipo de señalización accesible en los cruces de calles. A esto se suman la irregularidad de las superficies y la presencia ubicua de vendedores ambulantes. 

En la región tampoco existen sistemas de transporte accesibles. Sólo Brasil, Canadá, Jamaica y Estados Unidos informan que tienen sistemas de autobuses accesibles en algunas ciudades. En muchos casos, como en el de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, el transporte es parcialmente accesible, con una cantidad reducida de unidades o estaciones de tren adaptadas. El sistema de transporte en general continúa siendo inaccesible desde el punto de vista funcional debido a que las adaptaciones no son uniformes. En la actualidad, en Costa Rica se está llevando adelante una iniciativa para adaptar el 8% de los autobuses. Para muchas personas con discapacidad, los medios de transporte privados o los taxis son las únicas opciones confiables, si bien los costos de ambos servicios son prohibitivos.  

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

La mayoría de los países de la región tiene un organismo responsable de formular y coordinar la política sobre discapacidad. En algunos, como Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, México y Panamá, estos organismos han ayudado a elaborar un plan de acción sobre discapacidad. Argentina, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay, por otro lado, informan que el organismo de coordinación aún no ha adoptado medidas concretas. Chile y Guyana, por su parte, elaboraron planes de acción sobre discapacidad a nivel nacional sin la intervención de un organismo coordinador. Más aún, en la mayoría de los casos, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en estas estructuras de coordinación son mínimas. Existen, sin embargo, excepciones, como en el caso de Ecuador, donde la población con discapacidad tuvo una gran influencia en las leyes y políticas promovidas por el Consejo Nacional de Discapacidades, y el de México, donde se fomenta la participación de las organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, entre otras entidades.

El foco de la actividad de las ONG varía a lo largo de la región. En algunos países, como en Canadá, el movimiento de y para las personas con discapacidad está bien desarrollado mientras que en otros, como Argentina y Costa Rica, las actividades de las organizaciones no gubernamentales están más limitadas a la provisión de servicios para la población con discapacidad. En esos países, estas organizaciones no pueden o no desean intervenir en acciones de incidencia y defensa de los derechos humanos. La investigación revela que en muchos países no existe coordinación entre los grupos de y para personas con discapacidad, a pesar de que se reconoce la necesidad de fomentar la cooperación para que el accionar de estos grupos sea eficaz. En cuanto a las estrategias más eficaces para promover los derechos de las personas con discapacidad, sus defensores en general recomiendan iniciar acciones judiciales, donde existen actualmente leyes, o crear un régimen jurídico donde no existen. Además, estos grupos señalan que es muy importante aumentar la cobertura de las cuestiones más importantes relacionadas con la discapacidad en los medios de comunicación.  En general, no existe suficiente conciencia e información sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad en el resto de la sociedad. Ante esta realidad, todos coinciden en que es necesario revertir la situación imperante para poder avanzar en forma sostenida. 

ARGENTINA

Factores clave: La situación de los derechos de las personas con discapacidad se inscribe en un marco de gran deterioro social y económico que hizo crisis en 2001. El cambio de administración de 2003 genera expectativas porque ofrece la posibilidad de cambios positivos.

Terminología

En general, las leyes vigentes utilizan terminología adecuada salvo contadas excepciones.  Las leyes referidas a jubilaciones y pensiones emplean los términos "minusvalía" y "minusválidos".  El Código Civil no se refiere a discapacidad, sino a "demencia," "demente" o "insano." También utiliza el término "sordomudos". Si bien esta terminología resulta ser obsoleta en el ámbito de la discapacidad, aún no se ha planteado formalmente la necesidad de una reforma al respecto.1  Además, en el ámbito de la educación no se usa el término "discapacidad", sino que se hace referencia a "necesidades educativas especiales".

Definición de discapacidad

La definición de discapacidad utilizada en la mayoría de los documentos oficiales y en la legislación es la que figura en la Ley Nº 22.431, denominada "Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas". De acuerdo con su art. 2º: ".... se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación con su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".2 

Se observan dos casos que se apartan de esta definición general. En primer lugar, las leyes que se refieren a pensiones y jubilaciones por discapacidad establecen que: "Considéranse minusválidos [a los efectos de esta ley], aquellas personas cuya invalidez física o intelectual, certificada por autoridad sanitaria oficial, produzca en la capacidad laborativa una disminución mayor del 33%".3 

En segundo lugar, el Acuerdo Marco para la Educación Especial, elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación para guiar a las provincias en el abordaje de los alumnos con discapacidad en el marco de la Ley Federal de Educación,4 dispone lo siguiente: "las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje establecidas en el Diseño Curricular".5

Salvo estas dos excepciones, las definiciones y terminología usadas oficialmente hacen referencia sistemática a la ley 22.432 y a la Clasificación CIDDM-1 de la Organización Mundial de la Salud.6  Todavía no se usa de manera oficial la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF).7 

Población con discapacidad

Hasta mediados del siglo XX, en Argentina se recopiló información sobre las personas con discapacidad. Sin embargo, a partir de 1960 se dejó de recopilar este tipo de información y, por ende, no se recabaron datos de manera sistemática durante cuatro décadas. En respuesta a las demandas de las personas interesadas en la discapacidad y a los requerimientos de Naciones Unidas, se volvió a incluir esta variable en el Censo 2001.8 Según datos obtenidos en este censo, la población total de la República Argentina es de 36.260.130 habitantes.9 

La cédula censal incluyó una pregunta destinada a identificar la existencia en el hogar de al menos una persona con discapacidad.10 La sección de preguntas del censo relativa a la discapacidad se diseñó sobre la base de los antecedentes disponibles en Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos, además de la información provista en las publicaciones de Naciones Unidas sobre el tema.11 

Se planificaron tres encuestas complementarias para ampliar la información del censo, dedicadas a población con discapacidad, población indígena y población de inmigrantes limítrofes.12 La encuesta de personas con discapacidad - la primera de las tres encuestas complementarias - se realizó entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. Los datos obtenidos en el censo sirvieron para diseñar el marco muestral de la encuesta. Los encuestadores recibieron entrenamiento específico para la encuesta sobre discapacidad.13 Los resultados de la encuesta serán publicados en el segundo semestre de 2004. Se anticipa que sería significativa la diferencia entre los datos obtenidos en el censo y los que surgieron de la encuesta.14

Los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad manifiestan su desconfianza respecto de la confiabilidad de los datos que arrojen el censo 2001 y la encuesta complementaria. Mencionan la dificultad para definir quién es discapacitado como uno de los principales factores que genera la falta de información y la poca confiabilidad de los datos existentes. 

Ha habido otros intentos de medir la población de personas con discapacidad luego del Censo de 1990. Algunas provincias iniciaron proyectos con este fin, que luego abandonaron por falta de presupuesto. Lamentablemente, la falta de coordinación sobre las metodologías usadas no permite comparar los datos obtenidos ni determinar su confiabilidad.15 

Por su parte, la Ley 25.504 ofrece otra alternativa para ponderar cuántas personas con discapacidad tiene el país. Esta ley, conocida como "Ley de Certificado Único de Discapacidad", establece que las personas con discapacidad deberán obtener un certificado expedido por el Ministerio de Salud de la Nación o reparticiones provinciales.16 El certificado sirve de documento de identidad para las prestaciones. Los datos provistos por el destinatario del certificado deben ingresarse a una base de datos nacional que podría ofrecer números confiables sobre esta población. Sin embargo, hasta el momento, sólo 14 provincias han aprobado esta ley y aún en ellas no se cuenta todavía con datos precisos debido a que no todas las personas con discapacidad solicitan el certificado.17 Si bien la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, no ha suscripto la ley 24.901, ha adoptado un sistema de registro similar.18

En la actualidad, los organismos oficiales y las organizaciones de la sociedad utilizan las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales alrededor del 10% de la población tiene alguna discapacidad. Siguiendo esta cifra, las personas con discapacidad en Argentina serían algo más de 3.000.000. Esta cifra es cuestionada por la mayoría de las personas consultadas para este informe. Los funcionarios en general opinan que las personas con discapacidad representarían entre el 7% y el 8% de la población total del país,19 mientras que los miembros de las organizaciones de la sociedad estiman que esta cifra se elevaría hasta el 15% de la población.20

Los funcionarios en general coinciden en que existen variaciones regionales en la población con discapacidad debidas a distintas causas. Por ejemplo, en el noreste argentino (NEA), principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, hay un foco de gran incidencia de mielomeningocele. Se considera que la enfermedad se asocia al uso de agroquímicos en los cultivos. Sin embargo, no hay estudios que permitan corroborar esta relación y no se conoce la causa.21 

En el noroeste argentino (NOA), la provincia de Salta se distingue por contar con muy buenos servicios de rehabilitación física para personas con discapacidad motora. Por lo tanto, muchos inmigrantes de países limítrofes, principalmente de Bolivia y Paraguay, vendrían a recibir tratamiento y elevarían el porcentaje de personas con discapacidad en esta zona.22

Debido a que no existen mediciones anteriores al censo 2001, no se puede decir si el número de personas con discapacidad se modificó en los últimos 5 años. Sin embargo, la impresión de muchos de los entrevistados para este informe es que ha aumentado. El Dr. Manuel Maza, de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), explicó que varias causas podrían incidir en un ascenso del número de personas con discapacidad.23 

Explicó que las razones son de dos tipos: positivas y negativas. Entre las positivas se menciona la longevidad creciente y los avances científicos y tecnológicos que permiten que sobrevivan personas que hace unos años hubieran muerto y que ahora, en muchos casos, quedan con discapacidades. La terapia intensiva pediátrica y la neonatología modernas, por ejemplo, salvan la vida del 8 % de bebés nacidos entre 20 y 22 semanas de gestación, los que pueden presentar secuelas neurológicas o desarrollar enfermedad pulmonar crónica que demanda oxígeno durante toda la vida. Análogamente, se observa un aumento de la población de niños con discapacidad visual como consecuencia del control inadecuado de la administración de oxígeno en algunas salas de terapia neonatal.24

Entre las razones negativas, se consideran dos factores fundamentales: en primer lugar, los accidentes, ya que si bien no hay datos oficiales, los funcionarios estiman que en Argentina muere 1 persona por hora y entre 4 y 8 personas quedan con discapacidades en el mismo período.25  En segundo lugar, cabe mencionar el empobrecimiento progresivo y sus consecuencias en la salud y demás condiciones básicas de vida de la población.26  Si bien Argentina gasta en salud el doble de la proporción del PBI de lo que gasta Chile y 5 veces lo que gasta Cuba, los sistemas de salud y educación son deficientes.

La indigencia afecta a un elevado porcentaje de niños en el país.27 Se sabe que existe una epidemia de anemia ferropénica severa, que produce cansancio, sueño y decaimiento en los niños y afecta el desarrollo neuronal. Se puede suponer que está en aumento la cantidad de niños que se verán afectados por discapacidades provocadas por falta de nutrientes adecuados en el período de mayor desarrollo neuronal.28

Por su parte, algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad sugieren que, en realidad, no ha aumentado la cantidad de personas con discapacidad sino que puede aumentar ya que se reconocen más discapacidades. Debido a que se llevaron a cabo campañas de difusión de ciertas condiciones, como el autismo, muchos padres reconocen los síntomas y hacen la consulta médica.29 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

La Constitución Nacional de la República Argentina se sancionó en el año 1853.30  Durante el siglo XX la historia del país estuvo marcada por la alternancia entre gobiernos democráticamente elegidos y gobiernos militares impuestos por un golpe de estado, que gobernaron al margen de la Constitución Nacional. El último de esos golpes fue el de 1976 y la democracia se instaló nuevamente en el año 1983. 

La Carta Magna fue modificada por última vez en 1994, con aportes que tienen mucha importancia para la defensa de los derechos humanos. En esa reforma, el art. 75 faculta al Congreso a ".... aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 

Protecciones internacionales

En materia de derechos humanos, la Argentina suscribió los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, la Constitución contempla la posibilidad de incorporar convenciones y tratados futuros. 

La Argentina ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad con la sanción de la Ley 25. 280 el 6 de julio de 2000. El instrumento de ratificación fue depositado el 10 de enero de 2001. En abril de 2002, por resolución Nº 192 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se creó una Comisión de Trabajo para elaborar un proyecto de reglamentación de la Ley 25.280. Participaron de la citada Comisión tanto instituciones gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, la CTA, la AMIA y el Arzobispado de Buenos Aires.  El día 3 de diciembre de 2002 concluyó la tarea de la Comisión de Trabajo. En esa oportunidad se presentó el proyecto de reglamentación.  Esta Comisión se constituyó en el Comité de Evaluación de Seguimiento de la Convención. 

Si bien la delegación Argentina ante Naciones Unidas no ha hecho una declaración formal respecto de una Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el ámbito de las reuniones del Comité especial realizadas en junio de 2003 en Nueva York, manifestó su apoyo a la iniciativa.31

El gobierno de Argentina no apoya la propuesta de complementar las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Si bien el gobierno de Argentina entiende que las citadas Normas Uniformes han servido como un aporte sustantivo para la formulación de políticas en aras a mejorar los derechos de las personas con discapacidad, la posibilidad de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad hace innecesario examinar un complemento de las Normas Uniformes teniendo en cuenta que esto se superpondría con el inicio de la negociación de la mencionada Convención internacional comprensiva e integral. Sin embargo, el gobierno considera que deben tenerse en cuenta las observaciones que pueda formular el Sr. Relator Especial en el proceso de negociación de la convención.32

En el último informe a ser presentado al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se ha incluido un acápite en relación con los derechos de las personas con discapacidad. 

Protecciones nacionales

A nivel nacional, la protección de las personas con discapacidad desde el punto de vista legal está contemplada por la Constitución Nacional, algunas constituciones provinciales y las leyes nacionales y provinciales. En general, la legislación en Argentina reconoce y protege formalmente la mayoría de los aspectos de los derechos de las personas con discapacidad.  Sin embargo, en razón de que la Argentina tiene una organización política federal, muchas leyes no fueron adoptadas por todas las provincias y, en consecuencia, la protección de los derechos de las personas con discapacidad no es uniforme. 

Más concretamente, cabe destacar que el inciso 23 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a "... legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad." 

En Argentina, se sancionaron las siguientes leyes nacionales sobre discapacidad: 

Accesibilidad
Ley 24.314. Modifica los arts. 20, 21 y 22 de la Ley 22.431, accesibilidad, supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la comunicación 
Ley 24.204. Telefonía pública para personas hipoacúsicas
Ley 24.421. Telefonía domiciliaria para personas hipoacúsicas
Ley 25.634. Modifica el tercer párrafo del inciso a) del artículo 22, Capítulo IV "Accesibilidad al medio físico" de la Ley N° 22.431. Frecuencias de colectivos
Ley 25.635. Modifica el tercer párrafo del inciso a) del artículo 22, Capítulo IV "Accesibilidad al medio físico" de la Ley 22.431. Pases libres en transporte público
	
Automotores
Ley 19.279. Régimen de franquicia para la adquisición de vehículos para personas con discapacidad
Ley 24.183. Modifica la ley 19.279. 
	
Discriminación
Ley 23.592. Actos Discriminatorios
Ley 25.280. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

Educación
Ley 24.195. Ley Federal de Educación
Ley 25.573. Ley de Educación Superior
	
Financiación 
Ley 24.452. Ley de Cheques
Ley 25.730. Sanciones a aplicarse a liberadores de cheques rechazados

Organismos gubernamentales
Ley 22.431. Sistema de Protección Integral para las Personas con Discapacidad
Ley 24.657. Consejo Federal de Discapacidad
Ley 25.346. Institución del Día Nacional de las Personas con Discapacidad

Pensiones y jubilaciones 
Ley 13.478 y sus modificatorias sobre régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
Ley 18.910. Pensiones a la vejez y a la invalidez
Ley 20.475. Otorgamiento del beneficio jubilatorio a los discapacitados
Ley 20.888. Otorgamiento del beneficio jubilatorio a ciegos
Ley 24.241. Sistema integrado de jubilaciones y pensiones
Ley 25.364. Régimen aplicable a beneficios por invalidez.
Ley 25.615. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

Salud
Ley 23.413. Detección temprana de fenilcetonuria
Ley 23.660. Obras Sociales
Ley 23.661. Sistema nacional de Seguros de Salud
Ley 23.874. Detección temprana de hipotiroidismo y fenilcetonuria
Ley 24.754. Medicina prepaga
Ley 24.901. Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral favor de las Personas con Discapacidad 
Ley 25.404. Adopción de Medidas de Protección para las personas que padecen epilepsia. 
Ley 25.415. Programa de detección temprana de la hipoacusia
Ley 25.421. Programa de asistencia primaria de salud mental 
Ley 25.504. Certificado único de discapacidad

Trabajo
Ley 23.462 Readaptación Profesional y el empleo de personas inválidas
Ley 24.013. Ley Nacional de Empleo
Ley 24.147. Talleres y grupos de trabajo protegidos 
Ley 24.308. Concesión para explotar pequeños negocios
Ley 24.714. Régimen de Asignaciones Familiares
Ley 24.716. Licencia por maternidad para madre trabajadora de un hijo con Síndrome de Down
Ley 25.212. Pacto Federal de Trabajo
Ley 25.689. Modificación de la Ley 22.431, en relación con el porcentaje de ocupación de personas con discapacidad por parte del Estado Nacional

De esta lista, la ya mencionada ley sobre el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad (Ley 22.431) representa un hito muy importante en la historia de las acciones emprendidas a favor de las personas con discapacidad en Argentina.33 

Esta ley fue sancionada en 1981 y reglamentada en 1983. La Federación Argentina de Entidades Pro-atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, FENDIM, miembro de Inclusion International, tuvo un importante papel en las gestiones.  La ley abarca la asistencia, prevención, salud, asistencia social, trabajo, educación, seguridad, transporte y arquitectura para personas con discapacidad. En el art. 27 establece que ".... el Poder Ejecutivo Nacional propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley." En efecto, muchas provincias fueron promulgando sus respectivas leyes.34

Si bien puede parecer que la legislación relacionada con la discapacidad en Argentina es amplia y de avanzada, se observan dos problemas principales. En primer término, existe una falta generalizada de conocimiento sobre el marco jurídico que protege los derechos de las personas con discapacidad.35 En segundo término, la mayoría de las leyes no contempla sanciones por incumplimiento y algunas de ellas no se cumplen.36 En un editorial del 10 de agosto de 2003, La Nación, un diario de la ciudad de Buenos Aires, señala: 
.....es un error suponer que en nuestro país falta una legislación que ayude a desterrar toda forma de discriminación y que contemple las necesidades de las personas afectadas por alguna discapacidad física. Esa legislación existe. Lo que falta en la Argentina es una clara conciencia moral acerca de la necesidad de defender en cada situación concreta el principio de la inclusión social y de adoptar ......el comportamiento adecuado para que ninguna persona quede marginada de la comunidad.37

El incumplimiento de las leyes por parte del estado, de las Obras Sociales y de muchos actores del sector privado quedó plasmado en dos informes producidos durante 2003 por organizaciones de la sociedad civil.38  Uno de ellos expresa:

"Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina y por la indiferencia que hubo por parte de muchos organismos del Estado e incluso por la propia sociedad civil, frente al incumplimiento de la legislación vigente, la ineficacia o inaplicabilidad de muchas políticas públicas y la comisión de actos discriminatorios".39  

En opinión de Jorge Mascheroni, presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS), las leyes sobre discapacidad no son producto de la toma de conciencia de la sociedad, por eso no se cumplen. Son más una declaración de principios que leyes.40 

Las leyes no prevén formas de control de su cumplimiento, por lo cual las infracciones deben abordarse ante la presentación del caso individual. La mayoría tampoco prevé sanciones específicas para los infractores, si bien en algunos casos se recurren a normas del Código Penal para llenar este vacío legal.41 En particular, la ley 13.944, en sus artículos 1 y 2, tipifica el delito de "incumplimiento de los deberes de asistencia familiar" y pena al padre o madre de un matrimonio divorciado que no provee alimentos, según lo dispuesto por un juez, a hijos menores de edad o de cualquier edad con impedimentos.  Por su parte, los artículos 148 al 153 permiten abordar los casos en que el incumplimiento de una ley es responsabilidad de un funcionario público que no controla o ejecuta lo que debería. En estos casos se pueden invocar estos artículos que tipifican el delito de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" en relación con una persona con discapacidad. En los artículos 106 a 108 del Código Penal se sanciona el delito de "abandono de persona" y se considera en especial a las personas incapaces de valerse, inválidas o incapacitadas. 

El incumplimiento de las leyes ha provocado la proliferación de recursos de amparo. Algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad afirman usarlos en la tutela de sus propios derechos y asesorar a otras personas para que los usen. La mayoría de los consultados considera que estos recursos o la presentación del caso particular en los medios de comunicación son las formas más eficaces de reclamar por las violaciones de derechos.42 

Otras estrategias de defensa de los derechos de las personas con discapacidad son las denuncias ante los organismos de control y los juicios, considerados ineficaces por su lentitud. Algunas ONG brindan asesoramiento sobre los pasos a seguir para denunciar violaciones de los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas: el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Colegios de Abogados, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social (REDI). Sin embargo, entre los profesionales del derecho no están muy difundidos los conocimientos sobre legislación y discapacidad, aunque en los últimos años se puede notar un leve aumento del interés en el tema.

Las violaciones a los derechos de las personas con discapacidad pueden denunciarse en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en las de las provincias y en las Defensorías del Pueblo municipales de las jurisdicciones donde están funcionando. También existe el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) creado por Ley Nº 24.515, cuya función es arbitrar los medios necesarios tanto para actuar frente a la discriminación como para prevenirla. En las provincias, las secretarías de derechos humanos pueden recibir denuncias como delegaciones de INADI.43 Entre enero 2002 y enero 2003, el 31% de las denuncias atendidas por el INADI se vinculó con cuestiones de discapacidad y salud. Los organismos de control, las defensorías del pueblo y las delegaciones del INADI no son conocidas por las personas con discapacidad en la mayoría de las ciudades del interior.44

Barreras legales
Las personas con discapacidad que son declaradas insanas son una excepción a las numerosas protecciones generales de derechos humanos. El Código Civil establece que: "Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes".45 También dispone que: "Los sordomudos serán habidos por incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que no puedan darse a entender por escrito". Las mismas normas del Código que regulan el procedimiento a seguir para la declaración de incapacidad se aplican a estos dos grupos de personas. 46
Una persona con discapacidad puede ser interdicta en virtud de la ley. Tal es el caso de la declaración judicial de insania. Asimismo, una persona puede ser inhabilitada de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil reformado hace unos años. Entre las personas que pueden inhabilitarse judicialmente cabe mencionar "los disminuidos en sus facultades cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar presumiblemente daño a su persona o patrimonio. Los inhabilitados podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso". 47 

El Código Civil define quién ejercerá la curatela o actuará como representante de la persona declarada insana. Se designa curador al mayor de edad "incapaz de administrar sus bienes". Están comprendidos en este supuesto "el demente, aunque tenga intervalos lúcidos, y el sordomudo que no sabe leer ni escribir". El art. 482 establece los criterios para la internación judicial de una persona. En efecto, dispone: "El demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá tampoco ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial. Las autoridades policiales podrán disponer la internación, dando inmediata cuenta al juez, de las personas que por padecer enfermedades mentales, o ser alcoholistas crónicos o toxicómanos pudieren dañar su salud o la de terceros o afectaren la tranquilidad pública. Dicha internación sólo podrá ordenarse, previo dictamen del médico oficial".48  En la provincia de Buenos Aires, la internación por "demencia" está regulada por la Ley 7.967. No existen protecciones semejantes en el ámbito nacional. Cabe señalar que en todos los demás casos, la internación en instituciones privadas sólo está regulada por los requerimientos de la obra social correspondiente para otorgar la prestación.

Pueden solicitar la declaración de incapacidad los parientes del presunto incapaz y el Ministerio de Menores.49  Durante el juicio de insania, el juez cumple una serie de pasos antes de designar al tutor o curador, que puede incluir la opinión de la persona con discapacidad. Una vez que una persona adulta es declarada insana, su curador es depositario de todos sus derechos. Cuando la persona es inhabilitada, puede ejercer todos sus derechos de ciudadano excepto el de comprar o vender propiedades o manejar más de una cantidad determinada de dinero. Esta forma, sin embargo, no está muy difundida. 

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad con respecto al derecho a votar, a postularse para cargos eleccionarios, a ocupar cargos públicos, a asociarse, a casarse o conservar la patria potestad de sus hijos.  

Con respecto al derecho a votar, los dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad expresaron que el obstáculo decisivo para votar es el camino a la urna: concretamente, el costo de la movilidad para llegar al centro de votación y la inevitable espera en la mesa de votación correspondiente mientras se dispone lo necesario para poder emitir el voto. 

Todos los centros de votación tienen la obligación de contar con un lugar accesible para personas con discapacidad. Sin embargo, la accesibilidad mencionada, cuando existe, sólo está concebida para personas con movilidad reducida.  En realidad, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad observaron que son muy pocos los centros de votación accesibles.  La mayoría de ellos están ubicados en escuelas que sólo son accesibles parcialmente. Las mesas para votar se encuentran en los pisos superiores de las escuelas que son inaccesibles y no hay urnas accesibles para ciegos, aunque pueden entrar al recinto acompañadas por el presidente de mesa o por un familiar. 

Los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad relataron numerosos ejemplos de las dificultades que deben enfrentar las personas con discapacidad que tratan de ejercer el derecho al voto. En un caso, el presidente de mesa se negó a acompañar a un joven con discapacidad múltiple al recinto. En otro caso, los ciudadanos que esperaban en la cola empezaron a gritar que el voto de una persona con discapacidad debía ser impugnado porque había entrado al recinto acompañada por su madre. En un tercer caso, tuvieron que bajar una urna a un cuarto accesible para una persona en silla de ruedas, provocando la protesta de los que esperaban. En realidad, las autoridades de mesa en cada centro de votación desempeñan un papel muy importante a la hora de que una persona con discapacidad pueda emitir su voto o no.50 

Inclusión

Comunicación

Las Leyes 24.204 y 24.421 establecen la obligación de las empresas telefónicas de suministrar un servicio de telefonía pública accesible para las personas sordas y con impedimentos del habla.51 Sin embargo, las personas sordas deben comprar un aparato especial para poder usar el servicio y el costo de este aparato es sumamente elevado para los ingresos medios de la Argentina.52 

Un examen de los programas de televisión revela que es muy limitado el uso de closed captions. Existe sólo un noticiero en el canal estatal con traducción simultánea en lengua de señas. A nivel nacional, se está gestando un proyecto de Ley de Subtitulado de Acceso Opcional, proyecto Nº CD 132/02, que ya ha sido sancionado en la Cámara de Diputados y se encuentra en análisis en la cámara de Senadores.53

En general, los planes de emergencias no contemplan las necesidades de las personas con discapacidad. No existe un plan de contingencias a nivel central para comunicarse con personas sordas en el caso de una emergencia compleja. Muchos edificios oficiales donde trabajan personas sordas tampoco tienen previsiones de emergencias para este sector de la población.54 En cambio, en el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que sufrió un gravísimo atentado en 1996, hay cuidadosas medidas de seguridad que incluyen un sistema para identificar la ubicación del personal, incluidas las personas con discapacidad, en el edificio.55  En general, la planificación de salidas de emergencia es relativamente superior. Por su parte, el Código de la Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establece que deben identificarse los medios exigidos de salida de emergencia mediante señales de dirección de gran tamaño y con contraste de color para servir de guía a la salida del edificio. Estas señales deben colocarse en lugares visibles de cada piso.56

En Argentina se publican textos en Braille. Existe una editorial denominada Editora Nacional Braille, que pertenece al gobierno nacional y produce material en Braille y en formato parlante. Ha editado una versión de la Constitución Nacional y traduce al formato alternativo todos los documentos que le hagan llegar los funcionarios del Estado. Envía materiales a la Biblioteca Nacional, a las Bibliotecas Braille del interior del país y al exterior.57 Asimismo, la Editora Nacional Braille produce dos revistas periódicas: Correo del Sur, de información general y Nosotras ahora, que es una revista dedicada a la mujer. Ambas se distribuyen a suscriptores de todo el país.  Las demás Bibliotecas Braille producen todo tipo de textos, pero por limitaciones económicas dan prioridad a los textos escolares. A pedido producen cassettes grabados de textos universitarios.  

Asimismo, se ofrecen libros en otros formatos alternativos. En la ciudad de Buenos Aires funciona la Biblioteca Argentina de Ciegos (BAC), una organización no gubernamental sin fines de lucro.  Esta Biblioteca tiene dos secciones: Braille y Libro Parlante. La Sección Braille debe afrontar costos muy elevados para actualizar los materiales, por lo que los disponibles son bastante limitados. La Sección Libro Parlante, en cambio, actualiza su catálogo con relativa frecuencia y la obras literarias en este formato se renuevan una vez por año considerando las sugerencias y comentarios provistos por los usuarios a través de encuestas.  Los textos para estudiantes se graban a pedido utilizando los textos impresos provistos por el usuario que solicita el servicio.58 La Asociación afirma que estos servicios se ofrecen a asociados que tengan las cuotas al día así como a cualquier persona ciega que los necesite. 

La BAC edita tres revistas en Braille que llega a más de 1.400 lectores en Argentina y el mundo. Los envíos al interior se realizan por correo certificado gratuito, gracias a un acuerdo con el Correo Argentino. Además, la BAC mantiene intercambios con editoriales Braille de otros países hispanoparlantes, por lo que entre las obras intercambiadas cabe mencionar Hacia la luz y La Rosa Blanca. Lamentablemente, la frecuencia de intercambio y publicación ha disminuido en el último período debido a la crisis económica.59 

En todo el país existen ocho Bibliotecas Braille que dependen de los gobiernos provinciales y en algunos casos, como el de la Biblioteca Braille de La Plata, se mantienen con donaciones y trabajo voluntario debido a que los recursos provistos por la provincia son insuficientes para sostener su funcionamiento.60 En Argentina, también existe una biblioteca digital para personas ciegas llamada Tiflolibros, que ofrece más de 6000 libros en formato digital para su uso gratuito.61 

El uso de tecnología informática e Internet no está extendido entre las personas ciegas de Argentina.  Una de las razones por las cuales existe esta situación es que la tecnología de telecomunicaciones accesibles es muy costosa y no es reconocida como de primera necesidad por las entidades que proveen fondos para ayudas técnicas.62 

En el caso de las personas con discapacidades múltiples, las dificultades de comunicación son aun mayores. Las obras sociales no reconocen las ayudas técnicas que estas personas necesitan, ni la necesidad de intérprete para comunicarse. Tampoco existe una experiencia extendida en el uso de formas alternativas de comunicación con este sector de la población y resulta difícil encontrar respaldo profesional.  Las personas que tienen dificultades importantes para comunicarse son marginadas en los procesos educativos y en cualquier forma de participación social.63    

Educación

En Argentina la educación está regulada por la Ley Federal de Educación, que establece la educación obligatoria durante diez años para los niños de entre los 5 y 15 años de edad. Sin embargo, esta obligación puede ser desestimada para alumnos con "necesidades educativas especiales". 

Si bien existen estadísticas en relación con la cantidad de niños con discapacidad escolarizados, no hay estadísticas sobre el total de niños con discapacidad en el país. Por esta razón, no se puede determinar qué cantidad de niños no recibe educación.  Si consideramos que el total de alumnos de la República Argentina es de 10.442.350, el porcentaje de alumnos de entre 6 y 16 años con algún tipo de discapacidad es de 0,69%.64 Esta cifra se encuentra muy por debajo de todas las estimaciones de la población con discapacidad de Argentina, incluso del 10% estimado por la Organización Mundial de la Salud, lo que sugiere que muchos niños con discapacidad están excluidos del sistema educativo.

La educación de las personas con discapacidad ofrece situaciones variadas según el tipo y grado de discapacidad, y el lugar de residencia: zona urbana o rural.  En general, la educación de los niños con discapacidad que están escolarizados se canaliza en dos tipos principales de entornos: las escuelas especiales y las escuelas comunes.  La calidad y severidad de la discapacidad que se acepta para integrar es una decisión de los maestros, directivos y administradores de educación en cada caso; sin embargo, los padres desempeñan un papel importante a la hora de determinar el lugar en el que se educarán sus hijos. Alrededor del 70% de los alumnos con algún tipo de discapacidad que están escolarizados asiste a escuelas especiales.65  El 30% restante está integrado en la escuela común, donde se cuenta con el apoyo de una maestra especial, llamada "integradora", de una escuela especial o de un centro especializado.66  El porcentaje de niños y jóvenes integrados en escuelas comunes de la Provincia de Buenos Aires es del 19%.67

En diciembre de 1998, el Consejo Federal de Cultura y Educación del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación dio a conocer un documento llamado "Acuerdo Marco para la Educación Especial"68, que ofrece una guía para la aplicación de la Ley Federal en las escuelas de las provincias.  En algunas provincias existen equipos interdisciplinarios itinerantes que brindan apoyo a los alumnos con discapacidad integrados a la escuela común. La eficacia de estos equipos está sujeta a la disponibilidad de recursos para los traslados, los que lamentablemente disminuyeron debido a la emergencia económica de 2001.69

Los funcionarios del Ministerio de Educación, en general, admiten que no existe la educación inclusiva actualmente en Argentina.70  No existen acciones tales como la capacitación de los docentes, la planificación adecuada y la provisión de los recursos necesarios.71 La falta de preparación de los maestros comunes en temas vinculados con la discapacidad se usa como pretexto para no integrar niños con discapacidad.72  Se observan algunas iniciativas aisladas de escuelas organizadas con criterios inclusivos en el ámbito privado, como la Escuela General San Martín de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Aun en este caso, el director de la escuela reconoce que sólo se integran niños con determinadas discapacidades. Se solicitó una lista de estas discapacidades pero hasta la fecha de redacción del presente informe, no se obtuvo respuesta.73 

Las escuelas especiales están distribuidas en todo el país, en la mayoría de las ciudades pequeñas y grandes. Las escuelas son de gestión oficial o de gestión privada. En cuanto a la educación especial, las escuelas de gestión privada pertenecen en su gran mayoría a entidades sin fines de lucro, fundadas por grupos de padres.  Las escuelas especiales públicas están preparadas para prestar servicios en un marco multidisciplinario, pero en muchos lugares no cuentan con los profesionales y los maestros especiales que necesitan. 

En general, no se cuenta con los recursos necesarios especializados en discapacidades sensoriales y múltiples. Por ello, muchos niños con discapacidades múltiples, discapacidad intelectual severa o trastornos emocionales severos no son aceptados en las escuelas especiales.74 Algunos niños que están matriculados en la escuela especial asisten un número de horas semanales mínimo de entre una y dos horas por semana.75  Los niños con discapacidad mental leve y discapacidades físicas acceden a un currículum semejante al común, mientras que los niños con discapacidades más complejas no reciben una educación estándar.76

La ley 24.901 establece que los niños, jóvenes o adultos con discapacidad severa y profunda concurrirán a Centros de Día en lugar de establecimientos escolares. La Resolución 428/99 del Ministerio de Salud y Acción Social, "Nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad", define este servicio como el "tratamiento ambulatorio que tiene un objetivo terapéutico de asistencia para lograr el máximo desarrollo de autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad" y señala que la población beneficiaria serán ".....niños, jóvenes y/o adultos con discapacidades severas y/o profundas imposibilitadas de acceder a la escolaridad, capacitación y/o ubicación laboral protegida".77  Si bien en el centro de día no se imparte educación formal, se ofrece un horario más extenso y flexible que la escuela, por lo que los padres lo prefieren. Algunos padres consideran que estos centros son una alternativa interesante que satisface las particulares necesidades de sus hijos, mientras que otros piensan que el centro de día es la única alternativa posible para sus hijos ya que, en su opinión, no pueden recibir educación.78

En los pueblos pequeños donde no hay alumnos y recursos suficientes para crear una escuela especial, algunas escuelas comunes tienen clases especiales para niños con discapacidad. Estas clases no responden a estrategias de integración; sin embargo, constituyen un punto de partida.79  

La cantidad de niños con discapacidad que reciben educación domiciliaria o en internados es muy baja. Argentina solía tener escuelas con internados para personas ciegas pero se cerraron. Aún existen escuelas con internados para personas sordas. También existen unos pocos internados que ofrecen educación. En el país también se cuenta con algunas maestras domiciliarias, que atienden a niños con enfermedades o con discapacidades asociadas a problemas de salud que les impiden asistir a la escuela en sus hogares o en el hospital.80 

El tipo de discapacidad que un alumno tiene es un factor importante que determina el entorno educativo en el que recibirá educación y el nivel de educación que obtendrá. La composición de la matrícula de niños en educación especial y común muestra un predominio de la discapacidad intelectual o cognitiva en educación primaria. Alrededor del 70% de los alumnos en la escuela primaria integrados a la educación común tiene discapacidad mental o intelectual de grado leve.  La población estudiantil con discapacidad en el sistema educativo cambia con el tiempo; sin embargo, sólo los alumnos con problemáticas físicas acceden a la escuela media.81 

Niños cantando en lengua de señas,
Sala Verde - Sección de la tarde. Jardín de infantes N° 501. San Fernando. Buenos Aires, Argentina

Los niños con discapacidades múltiples y dificultades severas para comunicarse suelen quedar sin escolaridad, o sólo asisten a la escuela durante los primeros años. En referencia a la educación de niños y adolescentes sordos, hay una marcada tendencia a la educación segregada y los métodos de comunicación suscitan controversia. Por ejemplo, para promover la integración, hay escuelas para sordos que aún prohíben la lengua de señas y hay padres de niños sordos que no quieren que sus hijos aprendan lengua de señas y ponen en cambio mucho empeño en el oralismo.82

Si bien no se dispone de estadísticas exactas, se considera que es muy bajo el porcentaje de jóvenes estudiantes con discapacidad que cursan carreras universitarias. Pese a que la ley 25.573 sobre Educación Superior dispone que deberá garantizarse "la accesibilidad al medio físico, servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes, para las personas con discapacidad", las universidades no ofrecen accesibilidad universal.83  
Algunas facultades son totalmente accesibles mientras que otras son totalmente inaccesibles. Por ejemplo, es común la inaccesibilidad de los baños. Las personas con discapacidad sensorial deben procurarse los elementos de ayuda por sí mismas84. Se puede afirmar que cada vez es mayor el número de personas con discapacidad que estudia en la Universidad debido a la mayor protección que gozan sus derechos, según lo expresa la ley 25.573.
En el ámbito de Educación no existe un programa específico de detección de discapacidades.85  El maestro es quien cumple de hecho con esta función aunque no recibe entrenamiento específico con este fin. Al detectar una discapacidad, busca ayuda para que el niño sea atendido y eventualmente derivado a una escuela especial. En ese caso, el alumno podrá seguir concurriendo a la escuela común integrado, es decir con el apoyo de una escuela especial, o ser transferido a una escuela especial. En la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de las escuelas comunes de Educación General Básica tienen un equipo de Psicología, que es el encargado de evaluar a los niños con discapacidad e indicar los pasos a seguir.86 

Si bien la falta de docentes especializados afecta la calidad de la educación de las personas con discapacidad, puede observarse que existe una amplia oferta de cursos de formación docente relacionados con la discapacidad en Argentina. Por su sistema federal de gobierno, cada provincia reglamenta la formación docente. Todas las provincias, salvo dos, tienen la carrera de profesorado en educación especial: Los docentes de las provincias que carecen de esta carrera pueden cursarla en una provincia cercana.87 Los estudiantes pueden elegir entre el profesorado en educación común o en educación especial con especialización en una discapacidad específica. Los estudiantes de la carrera de educación común tienen temas de educación especial como materias optativas dentro del currículum.88  Luego de terminar la carrera tienen una amplia oferta de cursos de capacitación continua, entre ellos de temas de educación especial. Sin embargo, la elección de los cursos es una decisión personal de cada docente.89  

Argentina cuenta con normas que promueven la accesibilidad de los establecimientos escolares. Todas las escuelas nuevas deben construirse según lo dispuesto en las normas de accesibilidad de la Ley 24.314 modificatoria de los arts. 20, 21 y 22 de la Ley 22.431, y los decretos 914/97 y 476/98, que reglamentan la construcción de edificios públicos. La Dirección de Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Educación ha redactado una normativa aprobada por el Consejo Federal de Educación.90  En general, se ha tenido en cuenta la accesibilidad para las construcciones nuevas o refaccionadas de escuelas especiales.  Con todo, no se han adaptado las escuelas comunes existentes. No existen estadísticas sobre el porcentaje de escuelas que cumple con las normativas de accesibilidad, aunque todos los entrevistados coincidieron en que dicho porcentaje se ubica entre 0% y 20%.

Empleo

En los últimos años, Argentina ha sufrido un empobrecimiento progresivo a causa de la crisis económica, que alcanzó su peor momento en 2001- 2002.  Según estimaciones, el 53% de la población argentina vive en la pobreza. La desocupación, que alcanzó su punto máximo del 22% en mayo de 2002, en mayo de 2003, era del 15,3%.91 Además, en el mercado laboral se asumieron ciertas figuras que caracterizan al trabajo precario, como el trabajo temporario, el trabajo en negro, trabajo desprotegido, horario flexible con tendencia a aumentar la carga horaria y trabajo que incluye actividades peligrosas o nocivas para la salud. 

Si bien el Ministerio de Trabajo registró un aumento en la cantidad de personas empleadas en el año 2003,92 el desempleo es alto entre las personas con discapacidad. El porcentaje estimado por las organizaciones sindicales es del 91%, aunque cabe destacar que esta cifra no se fundamenta en una recopilación de datos independiente93. Según un artículo del Dr. Pablo Rosales, la Organización Mundial de la Salud estima que el porcentaje de desocupación entre las personas con discapacidad es cuatro veces mayor que el que corresponde a las personas sin este tipo de dificultades.94 Si se aplica esta estimación, la tasa de desocupación de las personas con discapacidad en mayo de 2003 estaría en el orden del 61%. Aunque sin datos demográficos confiables, es imposible calcular con precisión el porcentaje de personas con discapacidad que puede y quiere trabajar, y no consigue trabajo, la tasa de desocupación en este sector poblacional es a todas luces inaceptable. 

Diversas normas protegen la igualdad de oportunidades de las personas con  discapacidad en relación con el empleo. Por ejemplo, la ley 22.431 establece que el Estado deberá emplear un 4% de personas con discapacidad.  Se estimula a las empresas privadas para que hagan lo mismo, a través de algunas medidas promocionales, que están explicadas en el sitio Web del Ministerio de Trabajo de la Nación.95  La Ley Nº 25.687 amplió la obligación de emplear no menos del 4% de personas con discapacidad y el cumplimiento del 4% que marca la ley está entre los objetivos de la Auditoría General de la Nación, a cargo de Leandro Despouy.96  El IDRM no pudo determinar el nivel de cumplimiento de estas normas.97

Un análisis del sector privado revela un panorama laboral bastante mixto. La empresa Siderar del Grupo Techint, una de las empresas privadas más importantes de Argentina, no tiene disposiciones a favor de la no discriminación en el empleo de las personas con discapacidad. Sin embargo, respetan las readaptaciones profesionales y reubicación de aquellos empleados que hubieran adquirido discapacidad.  Asimismo, esta empresa tiene un programa de Capacitación y Empleo para personas con discapacidad mediante el cual aproximadamente 10 personas con distintas discapacidades han accedido a empleos bajo la forma de contratos por tiempo indeterminado como el resto de los empleados que han entrado durante estos últimos años. Algunas de las personas empleadas por Techint de este modo tienen un tipo de discapacidad que no es frecuentemente admitida en puestos de trabajo competitivo.98 Este programa incluye un equipo de la empresa que brinda apoyo especializado a las personas con discapacidad, así como convenios con organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Par, que se dedican a la capacitación y empleo de personas con discapacidad.

Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) tratan de crear sus propios emprendimientos. Por ejemplo, la Fundación Sanisidrense creó la Cadena laboral, que cuenta con puestos de venta de comidas rápidas y ofrece trabajo a personas con discapacidad. Para otro emprendimiento, publicaron avisos en el diario solicitando empleados con discapacidad motriz para atender un locutorio.  La Fundación Milenium, de San Martín de los Andes, integrada por personas con discapacidad, se dedica a la fabricación y venta de chocolate artesanal, típico en la zona.99

El Ministerio de Trabajo tiene una Unidad de Discapacidad y Grupos Vulnerables, donde se centralizan todos los programas para discapacidad y se ofrece un Servicio de Empleo. Esta unidad constituye un centro de coordinación de los programas para discapacidad, tiene un registro de personas con discapacidad que buscan trabajo, recibe las solicitudes de las empresas que necesitan empleados y realiza un reconocimiento del lugar de trabajo en la empresa. Además, selecciona aspirantes para que sean entrevistados en las empresas, promueve la contratación de personas con discapacidad en el sector privado y asesora en la documentación y los trámites correspondientes.100 

Los Talleres de Formación Profesional representan una alternativa laboral para los jóvenes con discapacidad de más 18 años de edad. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires ofrece un sistema de apoyo de integración laboral en puestos reales de trabajo.101 Hay diversas organizaciones no gubernamentales que tienen emprendimientos similares. En algunos casos, ofrecen cursos de capacitación y asesoramiento sobre cómo mejorar el perfil del candidato y solicitar empleo. La Fundación Par, que fue fundada en 1988, "es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuya misión es la promoción laboral de trabajadores con discapacidad motora o sensorial, sin compromiso mental, para su integración a la esfera productiva de la sociedad, en forma competitiva."102 

Desde su creación, la Fundación Par ha ayudado a que más de 1500 trabajadores con discapacidad accedan a puestos de trabajo y junto con una empresa privada organizó cursos de capacitación para personas ciegas sobre cata de vinos y la prueba de perfumes, jabones, gelatinas y productos de limpieza, que requieren los sentidos gustativo, olfativo y táctil.103 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es uno de los organismos públicos que ofrece trabajo a las personas así capacitadas. 

La organización DISCAR, por su parte, sostiene un Programa de Integración Laboral de Personas con Discapacidad Mental y ofrece capacitación laboral. Desde 1994, ha logrado integrar 100 jóvenes en empresas de primera línea, distribuidas en todo el país.104   Adardicha, una organización no gubernamental de Entre Ríos con financiación de la Fundación Abilis de Finlandia, desarrolla un proyecto mediante el cual "detectan a las personas con discapacidad que viven en áreas rurales, ven la voluntad de los padres de darles una oportunidad laboral dentro del mismo predio rural y adaptan el trabajo o la producción al tipo de discapacidad de la persona."105  CONADIS está articulando redes entre talleres protegidos, talleres de formación laboral y empresas que demanden los productos que ellos producen.106  En el año 2001, la Ciudad de Buenos Aires adoptó normas que reglamentan la compra a Talleres Protegidos de insumos necesarios por parte del Gobierno de la Ciudad.107  A mayo de 2003, el Programa de Apoyo a Talleres Protegidos de Producción es el único vigente luego de la emergencia económica.  

En general, un problema que cuesta resolver es la inserción laboral luego de la capacitación, lo que se debe, en parte, a la crisis económica. Por ejemplo, la Fundación Once para América Latina (FOAL) y el Banco Mundial destinaron 1.800.000 dólares a un programa de capacitación laboral en Argentina; sin embargo, la colocación posterior no tuvo resultados satisfactorios. Asimismo, se hicieron cursos de informática que los participantes no pudieron aplicar por falta de acceso a máquinas.108  Además de la crisis económica, existen tres barreras principales al empleo de personas con discapacidad. Primero, los empleadores tienen miedo de que las personas con discapacidad falten más, que no rindan o que impliquen mayores riesgos desde el punto de vista legal o de la salud. Además, las empresas consideran como factores disuasivos las trabas burocráticas que existen para acceder a los beneficios fiscales previstos al efecto.109 

Segundo, algunos dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad opinan que las personas con discapacidad deben encontrar la forma de demostrar sus conocimientos e idoneidad. Debido a las barreras encontradas en el acceso a la educación, las personas con discapacidad suelen subestimarse a sí mismas. En este sentido, las mejores oportunidades de avance en el campo laboral exigirán un aprendizaje mutuo para que los empleadores y las personas con discapacidad puedan apreciar lo que son capaces. 

Tercero, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad consideran que el transporte suele ser un factor decisivo para acceder al trabajo. Sin transporte público adaptado, las personas que no pueden acceder a un medio de transporte privado no pueden aceptar una oferta laboral ya que no podrán trasladarse al lugar de trabajo. 

Servicios de salud

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, entre 1991 y 2001, el porcentaje de personas que no tenía cobertura médica aumentó de un 36,9% a un 49%. Este cambio se debió principalmente al elevado índice de desempleo.110  La rehabilitación y cuidados de la salud de las personas con discapacidad están a cargo del Ministerio de Salud y Acción Social, lo que se repite en las estructuras provinciales, según la organización federal del país.111  Existen tres tipos de cobertura de salud: las obras sociales para los que trabajan en relación de dependencia, la atención de salud estatal y los planes de medicina prepaga para aquellas personas que puedan afrontar el costo de las cuotas. La ley 24.901, en sus artículos 2 y 4, garantiza la cobertura total para todas las personas con discapacidad y hace responsable de cubrir las prestaciones a las obras sociales de aquellos que las tienen.112  Asimismo, la ley hace responsable al Estado, en el caso de aquellos ciudadanos que no tienen obra social. Los servicios son prestados por instituciones estatales o privadas acreditadas por el Ministerio de Salud y Acción Social. Hasta la fecha, sólo 14 de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires han adoptado la ley 24901. En el resto de las provincias, la cobertura no está garantizada por ley. 

En Argentina, las obras sociales ofrecen prestaciones de salud y rehabilitación a la población empleada. Muchas de las obras sociales pertenecen a los sindicatos mientras que otras, como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), son administradas junto con el Estado. El PAMI se creó a través de la ley 19.032 para dar respuesta a los problemas que afectaban a la tercera edad: la falta de atención médica y social por parte de sus obras sociales de origen. También son sus beneficiarios todos aquellos que reciben pensiones no contributivas a nivel nacional, así como algunas personas con discapacidad.113 

El Programa Federal de Salud (PROFE) del Ministerio de Desarrollo Social provee fondos públicos para las personas en mayor grado de pobreza. Este programa tiene a su cargo la atención médica de más de 430.000 beneficiarios de pensiones no contributivas a nivel provincial, incluidas personas con discapacidad, madres de más de 7 hijos y adultos mayores. Más del 85% de los afiliados tiene necesidades básicas insatisfechas. El programa cuenta con recursos genuinos provenientes de Rentas Generales de la Nación y el Ministerio de Acción Social o su equivalente en las provincias distribuye los fondos.114  Sólo se proporcionan los servicios considerados de extrema necesidad y se dejan de lado elementos importantes ya que se los califica de innecesarios.115 Según algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad, también sucede lo contrario ya que en algunos casos los médicos certifican mayor discapacidad que la real para que la persona acceda a más beneficios.  Las ayudas técnicas tienen el mismo régimen que las prestaciones antes mencionadas. Debido a que hay muy poca cobertura por fondos públicos, la mayor parte de las necesidades es cubierta por obras sociales. Las prestaciones para rehabilitación y apoyos técnicos son escasas y muy desparejas según la región del país de que se trate. Algunas reparticiones públicas de salud tienen talleres que fabrican las ayudas si el usuario aporta los materiales necesarios.116

Las ayudas técnicas para personas ciegas son costosas y, por ello, no suelen ser cubiertas por fondos estatales ni por obras sociales. Existe el recurso de las donaciones de organizaciones extranjeras, como la Hilton Perkins, la ONCE de España y la SHIA de Suecia y de empresas privadas, como Techpetrol del Grupo Techint, y otras empresas petroleras.117  En las provincias petroleras, las empresas apoyan el equipamiento de las escuelas especiales tanto en recursos técnicos e informáticos, como en recursos para capacitación docente y en infraestructura. Este aporte es menor en otras áreas del país. 

Muchas personas con discapacidad padecen convulsiones y necesitan medicación anticonvulsivante. Si bien la Ley Nº 25.404 de Epilepsia dispone que los medicamentos se otorguen gratis a las personas que los necesitan, la ley no se reglamentó dentro del plazo estipulado. Las obras sociales no la cumplen y las tramitaciones son muy complicadas. Por lo tanto, la ley no se traduce en beneficios significativos para las personas con discapacidad.

Disponibilidad y distribución de los servicios de rehabilitación y afines

Los servicios de rehabilitación se prestan en las grandes ciudades y pueden ser estatales o privados, aunque en la actualidad los médicos fisiatras (especialistas en rehabilitación) no son suficientes para satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad en Argentina.118  Los especialistas en fisiatría, neurología, neurortopedia y nutrición especialmente enfocados en la situación de las personas con discapacidad suelen estar disponibles en los grandes centros de salud de las grandes ciudades así como también está disponible la especialización en fisiatría para las enfermeras. Las carreras de Terapista Ocupacional y Kinesiólogo también se concentran en las principales ciudades.119  El Estado tiene pocos centros de rehabilitación para personas con discapacidad visual; hay sólo tres en la provincia de Buenos Aires y algunas provincias no tienen ninguno.120

Con relación a la estimulación temprana, existen servicios coordinados entre prestadores de salud y educación. La detección se realiza en los centros de salud primaria y en otros centros de salud. Una vez detectada una discapacidad o deficiencia, se deriva al niño a los Centros de estimulación temprana donde hay equipos adecuados para la atención de los bebés y niños de entre 0 y tres años. En la provincia de Buenos Aires, 8490 niños recibían estimulación temprana en abril 2003.121

Zonas rurales

Existe un muy buen nivel de atención para niños y adultos con discapacidad en los hospitales públicos de las grandes ciudades; en cambio, las personas con discapacidad y sus familias que viven fuera de las principales zonas metropolitanas deben enfrentar graves problemas que se derivan de la falta de profesionales de la salud capacitados. En estas zonas, la situación es particularmente dramática en las horas que siguen al diagnóstico o reconocimiento de que la persona tiene una discapacidad, ya que la persona y su familia no reciben orientación adecuada. Es también frecuente que los niños con discapacidades múltiples y otras necesidades complejas no puedan ser atendidos en la guardia de un hospital o establecimiento privado y que los médicos no sepan manejar los problemas de base, aunque el motivo de la consulta sea un resfrío o un golpe trivial.122 

Asimismo, es difícil conseguir médicos que puedan manejar situaciones de enfermedades comunes en personas que tienen epilepsia, por ejemplo. Por estas razones, las provincias suelen aportar para el traslado de las personas desde el interior a los centros de salud cuando son derivados por los centros de salud provinciales.

En respuesta a estos y otros problemas, la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) se ha implementado en los servicios de atención primaria de la salud de las provincias de Neuquén, La Rioja, Jujuy, Mendoza y un partido del conurbano bonaerense123. En Neuquén, la implementación se hizo hace cuatro años, si bien ha habido experiencias anteriores que no prosperaron.  Se realizó la primera evaluación en tres localidades de distinto perfil de la provincia y se observó que en las localidades rurales mejoró el acceso a la salud, mientras que en las urbanas, aumentó el trabajo en red entre los servicios disponibles. En todos los casos, los responsables de su aplicación consideran que la RBC fue de gran utilidad para la inserción de la discapacidad en la comunidad, así como para mejorar no sólo la situación de las personas con discapacidad sino también la de la comunidad en general.124 

Si se contrasta la información antes consignada con otros datos, pueden observarse indicios de que la RBC todavía no está consolidada. Un experimentado profesional de la salud le indicó al IDRM que las estrategias de RBC deben aplicarse eficazmente en Argentina. Atribuyó el fracaso de los intentos a la dificultad para lograr que los profesionales del segundo nivel capaciten a padres o personas de la comunidad en prácticas de rehabilitación. Algunos dirigentes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a discapacidad también indicaron que algunos médicos que trabajan en hospitales públicos de Neuquén no conocen el programa de RBC, mientras que los médicos del sistema de salud de la provincia consideran que la RBC no funciona en las ciudades porque los usuarios prefieren los servicios de salud tradicionales.

Ninguna Facultad de Medicina de universidad nacional pública tiene rehabilitación y/o discapacidad en su currículum. La carrera de medicina solo abarca la provisión de servicios de atención de personas con discapacidad en aquellas especialidades afines con la discapacidad. No hay entrenamientos disponibles para los médicos generalistas ni para los profesionales que se dedican a especialidades no relacionadas directamente con la discapacidad, como ginecología, clínica médica, etc. Una universidad pública, la Universidad de San Martín, comenzó en fecha reciente la carrera de licenciado en protesista y ortesista.125  A la fecha de redacción de este informe, existe un solo graduado y alrededor de 70 estudiantes de distintos países de Latinoamérica están cursando la carrera.  Se acaba de crear una carrera similar con dos modalidades: presencial y a distancia o semi-presencial, en la Universidad Abierta Interamericana.  La segunda modalidad, de dos años de duración, estará destinada a los técnicos en órtesis y prótesis con más de diez años de práctica profesional, que quieran obtener la licenciatura.126 Se espera crear un posgrado gestionado en conjunto por la Universidad de San Martín y el Servicio Nacional de Rehabilitación para egresados de cualquier carrera universitaria que deseen capacitarse en temas relacionados con la discapacidad.

La Sociedad Argentina de Pediatría ofrece desde 1990 un ateneo mensual sobre discapacidad que se desarrolla en la Ciudad de Buenos Aires. También lleva desde hace 10 años un Programa Nacional de Actualización a Distancia, que incluye un módulo dedicado a la discapacidad. En este Programa participaron 5000 pediatras de los 13.000 que existen en Argentina.127 En junio de 2001 esta Sociedad organizó el 1º Congreso Latinoamericano de Discapacidad en Pediatría en Buenos Aires, al cual asistieron 400 pediatras y otros profesionales de la salud y la educación. 

Vivienda

En Argentina, muy poca gente puede elegir dónde vivir. La página oficial sobre vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice lo siguiente:

la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente un déficit habitacional que afecta a 100.000 familias. La precariedad y el hacinamiento habitacional que lo caracterizan encuentra en villas, inquilinatos y hoteles su manifestación más crítica. Asimismo hay familias que además no cuentan con servicios públicos por falta de redes de infraestructura; situación presente en las 15 Villas y 2 Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT).128 

Si la posibilidad de elegir la vivienda y la forma de vivir está fuera del alcance del argentino común, las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad son aún mayores. La falta de recursos económicos es uno de los mayores obstáculos así como las limitaciones en términos de accesibilidad. 

Las personas con discapacidad viven en diversas condiciones: con sus familias, solas o en instituciones. Según la Ley Nº 24.901, las instituciones pueden ser: residencias, donde pueden vivir con relativa independencia; pequeños hogares, gestionados por adultos sin discapacidad; y hogares que son instituciones generalmente a cargo de organizaciones civiles sin fines de lucro o de la Iglesia Católica129. En la práctica, los hogares colectivos son el tipo de vivienda más común mientras que no se identificaron residencias en funcionamiento. 

Las personas que tienen discapacidad sensorial o motora tienen las mismas posibilidades de comprar una vivienda y de vivir en forma independiente que las personas sin discapacidades. Las personas con discapacidad intelectual, discapacidades múltiples o con discapacidades derivadas de enfermedades mentales tienen altas posibilidades de terminar, en algún momento de sus vidas, viviendo en instituciones. En las grandes ciudades, es muy frecuente la institucionalización en grandes hospitales o pequeños hogares. En cambio, en las ciudades chicas del interior del país, no hay hogares colectivos. Si una persona de estas zonas necesita vivienda, se la debe trasladar a Buenos Aires.

Las personas con discapacidad pueden ser derivadas a un alojamiento público integrado si son autoválidas. Sólo hay dos hogares que aceptan personas con dificultades físicas de edad avanzada.130 Resulta muy difícil obtener autorización para adaptar los alojamientos comunes integrados. Toda discapacidad que aparentemente influya de manera negativa en la conducta o afecte el autovalimiento de una persona provocará el alojamiento segregado en una institución. En la ciudad de Buenos Aires, las únicas instituciones para personas que no tienen autovalimiento son los geriátricos. Por ello, muchos jóvenes con discapacidad no tienen hogar. 

El Consejo Nacional de la Vivienda es el ente que coordina las políticas de viviendas de bajo costo en el ámbito nacional.  La construcción de viviendas de bajo costo con fines sociales se reanudó en 2003 después de haber estado detenida durante la crisis económica 2001-2002.  La nueva administración propuso que todas las nuevas viviendas con fines sociales sean accesibles para personas con movilidad reducida.  No se pudo determinar el porcentaje de viviendas que actualmente son accesibles para personas con discapacidad.131

Las provincias y los municipios establecen los criterios de adjudicación de viviendas públicas. En muchos lugares, existen disposiciones de los Consejos Deliberantes que otorgan a personas con discapacidad un cupo de viviendas que cumplen con las respectivas condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, en Alberti, provincia de Buenos Aires, ese cupo es del 5%.132

La filosofía de Vida Independiente no está difundida en Argentina. La Fundación Fuarpe invoca los principios de Vida Independiente, aunque por el momento sus programas sólo incluyen cursos sobre el manejo independiente de sillas de ruedas destinados a entrenar a las personas con mielomeningocele a sortear las barreas arquitectónicas.133 

En la actualidad, las obras sociales o los organismos de financiación del Estado no brinda apoyo a los programas de vida independiente.  En general, los servicios especiales de alojamiento se ofrecen a través de instituciones. Por ejemplo, el Estado o la Obra social puede pagar para que una persona con discapacidad viva en un hogar de internación, pero no para que lo haga en una vivienda común.  

Institucionalización

Existen en Argentina 275 establecimientos y 43 hospitales psiquiátricos. Es variable la cantidad de personas que se aloja en cada uno de ellos. Algunos son muy pequeños y atienden a menos de 10 personas, mientras que los grandes hospitales psiquiátricos del área metropolitana albergan entre 1000 y 1600 personas. Estas instituciones pueden pertenecer a organizaciones privadas sin fines de lucro, a empresas privadas o al Estado. En los dos primeros casos la internación es financiada por las obras sociales o, minoritariamente, por las familias y cuando se trata de personas que no tienen obra social, se requiere una decisión judicial para su internación en hospitales psiquiátricos.  La decisión de internar a la persona puede ser tomada por la familia, por un médico o por un juez. Por ley, en estas instituciones todas las prácticas deben contar con la aprobación de la persona o su curador. En caso de una crisis violenta las personas pueden ser atadas pero está prohibido el uso del chaleco de fuerza. Sólo están permitidas ciertas prácticas muy limitadas sin el consentimiento del interesado en caso de emergencias. 

Sin embargo, existen informes sobre las condiciones reales de internación en algunas instituciones que sugieren que estas normas no siempre se cumplen. Un informe del defensor del Pueblo de la Nación expresa que en el pabellón 6 de la Colonia Cabred ubicada en Open Door, Provincia de Buenos Aires, la suciedad de las habitaciones, cocina y baños es comparable a la de las peores cárceles y que la habitación de emergencias tiene dos camas con cintos para inmovilizar a los pacientes.134  

En el diario Clarín del 18 de octubre de 2002 se difundió la noticia del suicidio de una mujer de 38 años que estaba internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano de la Ciudad de Buenos Aires. Este fue el segundo caso registrado en cuatro días. Los trabajadores del hospital adujeron que el personal es escaso, por lo cual les resulta imposible controlar a la gran cantidad de pacientes.135

Por otro lado, se han producido hechos criminales que nunca han sido aclarados en algunos de estos establecimientos. Es muy recordado el caso de la desaparición de la Dra. Cecilia Giubileo en 1985 en la Colonia Montes de Oca, ubicada en Torres, provincia de Buenos Aires. La Dra. Giubileo desapareció mientras trabajaba en este neuropsiquiátrico que ocupa 250 hectáreas en la llanura pampeana y alberga a más de 1000 internos con distintas discapacidades.136  La policía nunca descubrió qué le sucedió ni quiénes fueron los culpables. Las versiones más difundidas sobre las causas de su desaparición tienen dos vertientes: una afirma que Giubileo estaba al tanto del tráfico ilegal de órganos que se desarrollaba desde la Colonia y había decidido denunciarlo. Otra versión señala que sus dos hermanos desaparecidos en tiempos de la dictadura habían estado secuestrados en la Colonia y que ella fue asesinada mientras investigaba el uso de la Colonia como campo de concentración durante la década del '70.137 

Informes de investigaciones periodísticas sobre la Colonia a lo largo de la última década ponen de manifiesto situaciones de crueldad y maltrato extremo. Existen datos que indican que se mantenía a los pacientes atados, desnudos, en contacto con sus heces, comiendo del suelo138. También se ha documentado el hallazgo de huesos humanos en bañados y desagües dentro del predio y se sospecha que son los restos de pacientes no identificados llevados a un cementerio cercano. Los jueces a cuyo cargo está la derivación de internos a ese hospital también comentaron la terrible realidad que encontraron con posterioridad139. Los abusos cometidos no pueden atribuirse a la falta de recursos. Los aportes económicos que hace el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) son más que suficientes para satisfacer adecuadamente las necesidades de los internos.140 

El Servicio Nacional de Rehabilitación es el responsable de la supervisión financiera y programática de los centros que atienden a personas con discapacidad en todo el país. El referido Servicio ha elaborado los criterios básicos que definen los recursos físicos y humanos con que debe contar cada tipo de establecimiento, criterios que están plasmados en el decreto que reglamenta la Ley Nº 24.901141.  Sin embargo, el cumplimiento de estos criterios se ve afectado debido a que las reparticiones públicas de salud y judiciales no tienen el personal necesario para hacer la auditorías y sólo actúan en caso de denuncias hechas por las familias, los tutores o curadores, personal del establecimiento o cualquier otra persona interesada. En vista de esta situación general en los lugares de internación, la seguridad y el bienestar de las personas internadas están librados, en gran medida, a la capacidad y disposición del curador para representarlas. 

Accesibilidad 

Las normas de accesibilidad suelen cumplirse sólo si se ejerce presión a través de las organizaciones no gubernamentales, de los medios, o de acciones judiciales o cuando los organismos públicos adoptan medidas en respuesta a las demandas de los interesados.142 En Argentina, la ley Nº 22.431 y su modificatoria, la ley N° 24314 de Accesibilidad para personas con movilidad reducida, regulan la accesibilidad en edificios públicos, vías y espacios libres públicos, estacionamientos, edificios de uso público de propiedad pública o privada, espacios comunes de los edificios de viviendas y en los transportes de todo tipo.143  

Las especificaciones técnicas en cada caso figuran en el Decreto Nº 914/97.  La ley N° 24.314 establece la obligatoriedad de cumplimiento para los edificios que se construyan desde su promulgación, así como también para las refacciones y ampliaciones que comprometan las zonas de los accesos. En virtud del sistema federal de gobierno, la implementación de estas medidas depende de la legislación de cada provincia. La provincia de Buenos Aires no se adhirió a la ley nacional pero sancionó su propia ley sobre accesibilidad, mientras que la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 962/2003, Código de Edificación, que es muy rigurosa en cuanto a las condiciones de accesibilidad que propone, y que en el presente está recibiendo cuestionamientos de algunos colegios profesionales y reparticiones públicas. 144 

Están obligadas a cumplir estas leyes todas las oficinas del gobierno y todas las entidades privadas que tengan acceso de público. En el caso de las viviendas colectivas, el consorcio de un edificio no se puede oponer a la solicitud de reforma que haga cualquiera de sus vecinos si no hay un acceso adecuado al edificio. 

Entrada del correo central, Buenos Aires.

Las leyes sobre accesibilidad no tienen previsto ningún mecanismo para exigir su cumplimiento, por lo que la vía judicial es la única alternativa al efecto. Además, estas leyes se cumplen cuando se construyen nuevos edificios públicos o edificios privados de uso público, como las estaciones de servicio.145 

Estas leyes se cumplen de manera parcial respecto de los edificios existentes, lo que significa que son muy pocos los edificios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accesibles en la actualidad.146  Algunos edificios, como los bancos o restaurantes, sólo fueron adaptados de manera parcial. Por ejemplo, el local de una hamburguesería puede ser accesible, pero los baños no. Un relevamiento informal de 40 restaurantes y confiterías en La Plata y Buenos Aires demostró que pocos locales cumplen con las leyes de accesibilidad. 

Entre las Universidades Nacionales más antiguas, como la de Buenos Aires o La Plata, la accesibilidad es parcial, pero existen facultades totalmente inaccesibles. El Teatro Colón es parcialmente accesible y existen oficinas públicas donde la accesibilidad parcial abarca sólo un pequeño sector, como el Ministerio de Educación de la Nación. 

Una entrada inaccesible del edificio del Ministerio de Educación

Los dirigentes de organizaciones de personas con discapacidad observaron que las rampas para cruzar las calles son muy escasas y es común que haya vehículos estacionados frente a ellas, lo que las hace inutilizables. Las veredas suelen estar rotas y las obras y sus productos derivados obstaculizan el desplazamiento. Prácticamente no existe la debida señalización para personas ciegas así como tampoco existen semáforos con señal auditiva. Estas condiciones imponen serios obstáculos al libre desplazamiento de las personas con discapacidad.

Todos los medios de transporte público presentan barreras de acceso. Las líneas de subterráneo recién construidas en la Ciudad de Buenos Aires tienen un número ínfimo de estaciones de tren accesibles, por lo que el sistema en su conjunto resulta ser de uso limitado para las personas con discapacidad.147 Los trenes son inaccesibles148 y si bien ha habido demandas judiciales individuales que han forzado a las empresas ferroviarias a hacer las estaciones accesibles, los trenes no se han adaptado todavía para los usuarios de sillas de ruedas.149

En cuanto al transporte de colectivos se ha iniciado la reconversión de unidades en la Ciudad de Buenos Aires y en algunas ciudades grandes del interior. Se considera que alrededor del 12 % de las unidades en la ciudad de Buenos Aires son de piso bajo o semibajo, si bien el proceso de reconversión es lento y no cumple los plazos establecidos en la Ley 24.301. Las organizaciones no gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando por el cumplimiento de los plazos, pero se atribuye el retraso a la Ley de Emergencia Económica de 2002 y todas las gestiones realizadas para impulsar el proceso no han tenido resultados positivos.150  Por su parte, la Auditoría General de la Nación realizó una investigación sobre "Accesibilidad en Transporte Público Automotor para Personas con Movilidad y/o Comunicación Reducida-Gestión" que reseñó la situación.151  A la falta de colectivos accesibles se suma el hecho de que las frecuencias no son previsibles, lo que limita aún más la utilidad de las unidades accesibles.152

La capacitación sobre accesibilidad concebida como diseño universal se realiza como actividad de grado y posgrado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En los estudios de grado de arquitectura, "diseño universal" fue una materia optativa hasta 2001 pero ahora es una materia obligatoria. Como curso de posgrado, se dicta un Curso de Actualización Profesional sobre Modificaciones al Código de la Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires153 y la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina tiene un centro de Diseño Universal, que dicta un curso de posgrado sobre "Arquitectura gerontológica, del hábitat para los adultos mayores al diseño universal", a cargo de los arquitectos Norma Sharovsky y Eduardo Frank.154 

Cultura, deportes y recreación

En Argentina, el gobierno nacional no se ocupa de promover la cultura, el deporte y la recreación de ningún segmento de la población. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades de las provincias hay actividades para personas con discapacidad a nivel municipal, coordinadas con organizaciones no gubernamentales. Estas actividades consisten en piletas y colonias de vacaciones en verano, bailes para jóvenes con discapacidad, talleres de artesanías, entre otras. A las personas con discapacidades múltiples les resulta muy difícil participar.155

En la ciudad de Buenos Aires hay más ofertas que en otras regiones, aunque muchas de ellas son espectáculos para disfrutar y no para participar. Además, existen actividades de organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad dedicadas al arte, entre ellas la Fundación Artistas Discapacitados, que desarrolla sus actividades en la Ciudad de Buenos Aires; el grupo Candilejitas; y el grupo de teatro integrado del Teatro  Argentino de La Plata.156  

Asimismo, existen Federaciones deportivas, como la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC), cuyo equipo de fútbol, "Los Murciélagos", salió campeón mundial de fútbol para ciegos 2003.

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

En 1987, según las pautas del programa de Acción Mundial para los Impedidos de Naciones Unidas de 1982, Argentina creó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS) por Decreto Nº 1101. La CONADIS, que depende del Consejo Nacional de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, está formada por un Presidente, un Directorio, un Comité Asesor y un Comité Técnico. El Comité Asesor está integrado por representantes de organizaciones de y para personas con distintas discapacidades.157 Las funciones de la CONADIS están establecidas en la Ley Nº 22431. El Decreto Nº 984/92 destaca su rol como organismo de coordinación entre las oficinas de los gobiernos nacional y provinciales y las organizaciones de y para personas con discapacidad.  Es competencia de la CONADIS definir políticas para el sector y proponer su aprobación por quienes corresponda.

Funcionarios de la CONADIS indicaron que la comisión no está desempeñando su rol de organismo de coordinación y articulación.  Es uno de los objetivos de la administración actual bajo la presidencia del Sr. Jorge Mascheroni, quien se hizo cargo en agosto de 2003, comenzar a articular las políticas de los diversos sectores.158 El Presidente de Argentina ha dado las directivas necesarias a los ministerios y oficinas del gobierno, a fin de facilitar esta tarea.159  

La ley Nº 24.657 creó el Consejo Federal de Discapacidad en el año 1996, fortaleciendo la articulación entre la CONADIS y las provincias. El Consejo "....estará integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad en la materia en el más alto nivel, en cada una de las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los representantes de las organizaciones no gubernamentales de o para personas con discapacidad ......elegidos por sus pares en cada una de las regiones del país."  El Consejo está presidido por el presidente de la CONADIS. El objetivo de este Consejo es "....preservar el rol preponderante de las provincias y de la municipalidad mencionada en la instrumentación de las políticas nacionales en prevención-rehabilitación integral y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, y en la planificación, coordinación y ejecución de los aspectos  que involucren la acción conjunta de los distintos ámbitos..." 160

En las provincias también deben constituirse los Consejos de Personas con discapacidad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial para Personas con Capacidades Diferentes fue creado por la Ley Provincial Nº 10.592. Está formado por personas que representan a las distintas discapacidades; sin embargo, no existen medios que garanticen una adecuada representación de los distintos tipos de discapacidad. El representante debe actuar en nombre de una organización de o para personas con discapacidad, pero no es, necesariamente, una persona con discapacidad o un familiar. Esta forma de representación es objetada por algunas organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Platense de Enseñanza de Lengua de Señas propuso un nuevo plan para elegir miembros de los Consejos de Discapacidad que fue aprobado por la Confederación Argentina de Sordos.161 

La falta de voluntad política es uno de los principales obstáculos a la implementación de programas en discapacidad. No existe una política nacional en discapacidad, si bien la administración actual ha expresado la intención de establecerla. Surgen otras barreras como consecuencia del tipo de implementación de las políticas en el sistema político argentino.162 Las políticas específicas en discapacidad guardan relación con cada administración y no forman parte de una política nacional. Debido a que no son políticas de Estado, éstas cambian con los gobiernos y también con los funcionarios163. Esta sucesión de políticas genera cambios de prioridades y una inestabilidad programática que interrumpe las acciones a favor de la discapacidad, por lo que los intentos de articulación entre los grupos de y para personas con discapacidad son más difíciles. Debido a los problemas económicos y al clientelismo político, se abandonan en gran medida los reclamos en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y se inhiben las posibilidades de unidad entre las organizaciones que trabajan en el área.164 

El mayor aporte para las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad proviene de las obras sociales. Las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la discapacidad han sido tradicionalmente asociaciones sin fines de lucro de padres de niños y jóvenes con discapacidad. Ofrecen una serie de prestaciones que el Estado no brinda, entre ellas, educación, rehabilitación, trabajo protegido, asistencia (centros de Día) y alojamiento para personas con discapacidad. Estos grupos reciben fondos de varias fuentes, pero el mayor aporte proviene de las obras sociales a las que pertenecen sus asistentes. Un médico prescribe los servicios autorizados y la organización no gubernamental cobra el servicio mensualmente.  La financiación de las organizaciones de y para personas con discapacidad también se basa en los ingresos provenientes del aporte de los socios y los apoyos o las donaciones de empresas o personas, organismos del Estado o de organizaciones civiles nacionales o extranjeras. Por ejemplo, las organizaciones de ciegos reciben fondos de la ONCE de España y la SHIA de Suecia aporta publicaciones y cassettes vírgenes.165

Debido a que gran parte de los recursos proviene de las obras sociales, la mayoría de los grupos de y para personas con discapacidad tiene una mayor inclinación a apoyar los reclamos sobre las prestaciones de salud o rehabilitación que defender los derechos de las personas con discapacidad en general. Además, el temor a perder los fondos impide que promuevan enérgicamente reclamos vinculados con los mencionados derechos. En cambio, es muy escasa la disponibilidad de orientación para las propias personas con discapacidad referida al ejercicio y defensa de sus derechos. Por otro lado, hay pocos abogados dedicados a la discapacidad y los que se dedican suelen hacerlo por una escasa compensación económica.166

En cuanto a los fondos del Estado, el primer presupuesto importante para discapacidad fue el que se originó de la aplicación de la primera Ley de Cheques, sancionada en 1995. Esta ley establecía que los fondos recaudados por el Banco Central de la República Argentina en concepto de multas por errores en la confección de los cheques debían transferirse al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, que lo dedicaría exclusivamente al financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad.167 

Estos fondos se usaron para solventar proyectos de talleres protegidos, de construcción de infraestructura física y compra de vehículos para personas con discapacidad. Durante la crisis de 2001, estos fondos dejaron de ser transferidos al sector de personas con discapacidad. El gobierno que asumió en mayo de 2003 restituyó los fondos y todos los recursos generados a partir del 15 de enero de 2004 irán al "Fondo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad".168 El Comité Coordinador de Programas para personas con Discapacidad recientemente creado fiscalizará su utilización.169  Algunas organizaciones del Estado y de la sociedad civil sugirieron que se transfiera también a este fondo lo recaudado por este concepto durante 2003.170

Además de las cuestiones vinculadas con los recursos financieros, el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad debe enfrentar otros desafíos provenientes del seno mismo de la comunidad. En algunos casos, cuando las personas con discapacidad comienzan a recibir más servicios integrados pierden el contacto o se alejan de las organizaciones para discapacidad, afectando sus posibilidades de promoción y defensa de sus derechos.171 Además, suele haber una falta de cooperación mutua o una competencia abierta entre las organizaciones para discapacidad.172 Por ejemplo, algunas organizaciones para personas sordas han tenido importantes desacuerdos que afectaron su capacidad para trabajar juntas. 

En Argentina existen pocas organizaciones que están integradas por más de un tipo de discapacidad, como la AMIA, REDI, el Foro Pro y ECIDIS. Las Comisiones gubernamentales y los consejos formados a nivel nacional, provincial y municipal también están integradas por personas con distintas discapacidades. Sin embargo, existe una falta general de coordinación y articulación. Esto puede deberse a los graves problemas económico-financieros del país, la falta de interés en los miembros de las organizaciones o las preocupaciones sobre la supervivencia de las organizaciones que prestan servicios.173 Esta falta de coordinación es más notable en las grandes ciudades. En las ciudades más pequeñas del interior del país, la colaboración es más común. El nivel municipal parece ser el más abierto a los reclamos y, por lo tanto, el nivel en que las acciones a favor de las personas con discapacidad pueden ser más eficaces

Los dirigentes de las organizaciones dan mucha importancia a la difusión de los derechos de las personas con discapacidad.  Las dos estrategias consideradas más eficaces son los recursos de amparo y la presentación del problema en los medios de comunicación. Lamentablemente, la cobertura que ofrecen los medios de comunicación de la problemática de la discapacidad es relativamente escasa, aunque en general positiva. El diario La Nación publicó suplementos sobre discapacidad en el año 2001 y a principios de 2004. En el interior, los diarios son receptivos de los artículos que se quieran publicar sobre discapacidad, si bien en general no tienen periodistas asignados que se dediquen específicamente a cubrir esta temática. 

Belice

Factores clave: En el año 2000, el gobierno de Belice comenzó un proceso que culminaría con el cierre de la División de Servicios para Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.1 Esta división tenía a su cargo el desarrollo y la supervisión de programas y servicios destinados a la población con discapacidad. Después de disolver la referida división en 2001, el gobierno traspasó la responsabilidad por la prestación de estos servicios a empresas privadas y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, muchas de estas organizaciones no cuentan con suficientes recursos técnicos o financieros como para implementar y sostener programas dirigidos a personas con discapacidad. 

Definición de discapacidad

En Belice, no existe una definición oficial, un documento gubernamental ni una política nacional que se refiera a la discapacidad.2

Población con discapacidad

Belice tiene una población aproximada de 248.916 habitantes, según datos del censo realizado en el año 2000 por la Dirección Central de Estadísticas.3 En los últimos dos censos llevados a cabo en 1991 y 2000, respectivamente, se incluyó una pregunta sobre discapacidad. Estos censos identificaron un total de 12.431 (6,5%) personas con discapacidad en 1991 y 13.774 (5,7%) personas con discapacidad en el año 2000. En el censo de 1991 la pregunta relativa a la discapacidad constaba de tres partes y fue formulada de la siguiente manera: 

¿. . . . . . . sufre alguna enfermedad, dolencia o discapacidad permanente? 
(sí/no)

¿Qué tipo de discapacidad o deficiencia tiene . . . . . .? (Visual/Auditiva/Habla/Miembro superior/Miembro inferior/Cuello y columna vertebral/Comprensión o aprendizaje lento/Retardo mental/Otra)

1. Gobierno de Belice, The Convention on the Rights of the Child: Periodic Report 2002 [La Convención de los derechos del niño: Informe periódico 2002], Belice, 2002.

2. Evan Dakers (Responsable de Planificación Social del Ministerio de Desarrollo Humano), entrevistado por el autor, Ciudad de Belice, julio-agosto de 2003. 

3. Dirección Central de Estadísticas, Abstract of Statistics [Resumen de estadísticas], 2001. En el censo se registró una población de 240.204 habitantes. Según una encuesta de seguimiento del censo de 1991, se estima que la subnumeración censal ronda el 3,5%.  Por lo tanto, la población indicada de 248.916 habitantes representa la cifra final corregida.

Belice

60

¿De qué manera las actividades de . . . . . . . . . . . . . . . están limitadas en comparación con la mayoría de las personas de su edad? (autocuidado/movilidad/comunicación/educación/empleo/otra/ninguna)4

En el año 2000, la pregunta del censo tuvo dos partes pero su enfoque fue más específico.5  

"¿Usted/. . . . . . . .  tiene problemas con alguna de las siguientes actividades?"
(dificultades para ver (incluso con anteojos, si los usa)/dificultades para oír (incluso con audífonos, si los usa)/dificultades para hablar/ dificultades de desplazamiento [o] movilidad (para caminar, subir escaleras, pararse)/dificultades de movimiento corporal (para alcanzar, acuclillarse, arrodillarse)/dificultades para sujetar (usar los dedos para sujetar o manejar objetos)/dificultades de aprendizaje (dificultades intelectuales, retardo)/problemas de conducta (problemas psicológicos o emocionales)/dificultades en su cuidado personal (para bañarse, vestirse, comer solo)/otras) 

"¿De qué manera sus actividades/las actividades de . . . . . . . están limitadas en comparación con la mayoría de las personas de su edad?" (autocuidado/movilidad/comunicación/educación/empleo/otra/ninguna)6

El cambio del texto de la pregunta y la posterior disminución de la cantidad de personas con discapacidad identificadas en la población sugieren que los datos no son confiables. Además, las encuestas realizadas por la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación determinaron que el porcentaje de niños y adolescentes (de entre 3 y 18 años de edad) con diagnóstico de algún tipo de discapacidad ronda el 15%.7 Es posible que las diferencias se deban a que los censos son efectuados por personas que no están preparadas para reconocer todos los tipos de discapacidad y sólo pueden identificar las discapacidades más importantes. 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Belice suscribió el Convenio Nro. 111 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la no discriminación en el empleo y lo ratificó el 22 de junio de 1999.8 Sin embargo, aún no suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos.  

4. Dirección Central de Estadísticas, Cuestionario censal, 1991, fotocopia provista por la Dirección Central de Estadísticas. 

5. El censo de 2000 identifica las deficiencias por tipo: 27,3% visión; 10,3% audición; 6,7% habla; 16,6% desplazamiento; 13,2% movimiento corporal; 6,6% sujeción; 5,8% aprendizaje lento; 3,9% conducta; 5,8% cuidado personal; 3,8% otras.  

6. Dirección Central de Estadísticas, 2000.

7. Sharon August (Directora de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación, Ex Directora de la Escuela para Discapacitados Stella Maris), entrevistada por el autor, Ciudad de Belice, 25 de junio de 2003. 

8. Organización Internacional del Trabajo, Convención sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación) (1958), http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm. 

61 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

El gobierno de Belice no ha hecho ninguna declaración respecto de la adopción de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas para la Igualdad de Oportunidades de las personas con discapacidad. Tampoco ha emitido declaración alguna que apoye la creación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

En la actualidad, Belice no tiene leyes nacionales específicas que tutelen los derechos de las personas con discapacidad.  La Constitución de Belice establece la igualdad de derechos de todos los beliceños. Reconoce "los principios de justicia social... que deben existir medios adecuados de vida para todos, ... y que debe garantizarse un sistema justo para brindar educación y salud sobre la base de la igualdad," pero no menciona de manera específica a las personas con discapacidad.9  

Si bien la Defensoría del Pueblo y la Organización de Derechos Humanos de Belice tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, no existe ningún organismo oficial dedicado a la protección de las personas con discapacidad.  

Participación ciudadana

En teoría, las personas con discapacidad tienen el derecho a votar, pero para su ejercicio efectivo algunas de ellas necesitan una ayuda especial.  No se usa el sistema Braille para facilitar el proceso eleccionario. Cuando se trata de un votante ciego, éste debe ingresar al recinto de votación con un acompañante, quien debe marcar la boleta siguiendo las instrucciones del votante. Además, los representantes de los partidos en contienda deben atestiguar el voto. El Departamento de Elecciones y Distritación señaló que está evaluando las condiciones en que se emite el voto y si éstas aseguran que sea secreto. Asimismo, indicó que desea mejorar las condiciones de votación para las personas con discapacidad.10

Las personas con discapacidad también tienen el derecho a ser elegidos y a ocupar cargos públicos. El Honorable Sr. Philip S. W. Goldson, fallecido en fecha reciente, era ciego y se desempeñó como Ministro de Desarrollo Humano hasta hace poco tiempo. Por su parte, el derecho a asociarse también goza de protección. Existen varias asociaciones que abordan los problemas que enfrentan las personas con discapacidad. Entre los grupos más activos cabe mencionar el Consejo para los Disminuidos Visuales de Belice y el Instituto de Sordos de Belice.  

9. Constitución de Belice, cap. 4b, http://www.belizelaw.org/lawadmin/index2.html.

10. Myrtle Palacio (Presidente del organismo electoral), (presentación realizada en un seminario organizado por el Departamento de Elecciones y Distritación, transmitida por radio FM Love, Ciudad de Belice, abril de 2004). 

Belice

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Inclusión

Comunicación

El gobierno de Belice no ofrece una versión en Braille de la Constitución. El Servicio de la Biblioteca Nacional de la ciudad de Belice cuenta con materiales en formatos alternativos, como por ejemplo, vídeos y cassettes de audio, para personas con discapacidad visual y auditiva. Los canales locales de televisión, que pertenecen a empresas privadas y son manejados exclusivamente por ellas, no incluyen subtítulos en sus programas.

No existe ninguna estrategia para que las autoridades se comuniquen con las personas con discapacidad ante una emergencia compleja. En ese caso, la mayoría de las personas con discapacidad depende de un familiar o de su cuidador. 

Educación

Según lo informado por la ex Directora de la Unidad de Educación Especial, hasta un 15% de los alumnos en edad escolar inscriptos en el sistema de educación pública tiene diagnosticada alguna discapacidad. Las estimaciones del Ministerio de Educación se refieren principalmente a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y no necesariamente a los que tienen una discapacidad física o de otro tipo.11  En la actualidad, no se dispone de otros datos sobre la cantidad de alumnos con discapacidad en Belice.

Todas las escuelas a nivel nacional tienen la obligación de matricular a estudiantes con discapacidad.  Sin embargo, en muchos casos las escuelas les solicitan a los padres u otros familiares que les brinden ayuda especial a estos alumnos debido a que las escuelas no están en condiciones de hacerlo. Las escuelas comunes suelen contar con un aula especial para alumnos que necesitan atención especial. De lo contrario, se los incluye en las aulas convencionales. En la mayoría de las zonas urbanas existen escuelas especiales con capacidad limitada para incorporar alumnos con discapacidad profunda.12

Del total de alumnos con discapacidad en edad de recibir educación general básica: el 50% recibe educación inclusiva de manera que todos los alumnos del mismo grado están en la misma aula; el 15% recibe educación en clases especiales; el 3% asiste a escuelas especiales de día; el 17% se educa en su hogar y el 15% no recibe ningún tipo de educación. Con respecto a la escuela secundaria: el 65% de los alumnos con discapacidad recibe educación inclusiva; el 5% estudia en su hogar; y el 30% no recibe ningún tipo de educación.13  

La Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación ha elaborado un documento de políticas, en el cual se obliga a los establecimientos escolares a suministrar instalaciones accesibles a los alumnos con discapacidad. Sin embargo, estas políticas no fueron ratificadas. Mientras tanto, los nuevos edificios escolares se construyen sin la infraestructura física adecuada.14

11. Sharon August.  

12. Ibídem.

13. Ibídem.

14. Ibídem.

63 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

En todos los programas nacionales de formación docente se incluyen cursos en educación especial. Hasta hace poco tiempo, estos cursos eran optativos. En cambio, ahora el plan de estudios de la carrera docente de grado incluye dos cursos obligatorios sobre el tema.15 En las escuelas urbanas, suele haber por lo menos un docente con cierta formación en educación especial, que brinda asistencia a los demás docentes rotándose entre ellos, según sea necesario. En algunos casos, los padres brindan asistencia a sus hijos en la escuela.

La División de Servicios para Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano elaboró un programa nacional para la detección temprana de discapacidades en niños.16 Sin embargo, en 2001 se cerró esta división y el gobierno manifestó su intención de transferir la actividad al sector privado. Según el plan de transición, el gobierno apoyaría la creación de una organización privada, la cual desarrollaría un programa nacional de detección. Al tal fin, se encomendó la tarea a la organización CARE Belice; sin embargo, hasta la fecha no ha desarrollado la capacidad para asumir todas las funciones que tenía la División disuelta. 17 Mientras tanto, los hospitales están llevado a cabo algunas actividades de evaluación para la detección temprana de discapacidades. No obstante, cabe destacar que la capacidad para evaluar las discapacidades se vio enormemente reducida como consecuencia del cierre de la referida División.18  

Con su escaso personal, la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación trata de llevar a cabo un programa nacional destinado a evaluar a los alumnos de las escuelas y determinar si presentan dificultades de aprendizaje. Se espera que todas las escuelas participen en el programa. Docentes itinerantes se ocupan de realizar la evaluación.

Empleo

No existe una política nacional que promueva el empleo de personas con discapacidad en el sector privado. Tampoco existe una política que obligue al gobierno nacional a contratar personas con discapacidad.19 La empresa Belize Sugar Industries, uno de los más grandes empleadores de Belice, informó que no tiene una política escrita sobre el empleo de personas con discapacidad. Es más, ninguna persona con discapacidad integra el plantel actual de empleados de la organización.20 Se espera que todos los empleadores cumplan con la Ordenanza Laboral y la Convención Nro. 111 de la OIT relativa a la no discriminación.21 No obstante ello, el empleo de personas con discapacidad en los sectores público y privado depende en gran medida de los conocimientos y las aptitudes que poseen los trabajadores con discapacidad y de la percepción del empleador sobre su posible rendimiento en relación con personas sin discapacidad.22  

15. Ibídem.

16. Ibídem.

17. Dolores Godfrey (Directora de CARE Belice), Joan Musa (Coordinadora), Joan Samuels (Responsable del Consejo para los Disminuidos Visuales de Belice) y Roxanne Jones (Secretaria), entrevistadas por el autor, Ciudad de Belice, 5 de agosto de 2003. 

18.The Convention on the Rights of the Child: Periodic Report 2000 [La Convención de los derechos del niño: Informe periódico 2002], Belice.

19.Godfrey Young (Comisionado Laboral en ejercicio), entrevistado por el autor, Belmopan, 6 de agosto de 2003.  

20.Narciso Avila (Gerente Administración general, Belize Sugar Industries Limited), respuesta enviada por correo electrónico, 23 de mayo de 2004.

21. Godfrey Young.

22. Ibídem.

Belice

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En Belice, son escasos los programas de capacitación y colocación laboral para personas con discapacidad.  La Escuela para Discapacitados Stella Maris ofrece capacitación práctica en áreas tales como economía doméstica y trabajo en madera para niños y adolescentes en edad escolar.23  Además, algunas escuelas comunes pusieron en marcha programas "inclusivos" en los que se les enseña a los alumnos con discapacidad mental leve o con otro tipo de discapacidad a desempeñarse en la vida cotidiana. Con el tiempo, estos alumnos pueden ser ubicados como aprendices e incluso como empleados en algunas organizaciones.24

Servicios de salud

En la actualidad, el Ministerio de Salud no cuenta con una partida presupuestaria específica para promover la atención médica o la rehabilitación de las personas con discapacidad. La ex División de Servicios para Personas con Discapacidad tenía a su cargo esta función. Hoy, UNICEF está brindando asistencia en la prestación de estos servicios y para ello, ofrece apoyo técnico-financiero a diversos organismos, incluidos algunos departamentos de los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Humano.25 

Si bien el Servicio Nacional de Salud no ha implementado una estrategia de Rehabilitación basada en la comunidad (RBC), el Ministerio de Desarrollo Humano y el Consejo para los Disminuidos Visuales de Belice están promoviendo actividades RBC en las zonas rurales en las que no se dispone de servicios profesionales.26

La ex División de Servicios para Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano solía ofrecer capacitación en rehabilitación y terapia física para padres de niños con discapacidad severa, profunda o múltiple.  En la actualidad, la capacitación para estos padres es muy escasa. Las asociaciones de padres y los grupos de apoyo estimulan a los padres a organizarse y brindarse apoyo mutuo. Estas iniciativas no han sido muy eficaces pero en muchas zonas rurales la RBC es considerada como la única opción disponible.

Las organizaciones privadas y las organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja y el Rotary Internacional, suministran algunas ayudas técnicas a las personas con discapacidad.27

Vivienda

Las personas con discapacidad pueden acceder a programas de vivienda que ofrece el gobierno, si sus ingresos reúnen los requisitos establecidos a tal efecto. No existen centros que brinden orientación a personas con discapacidad que necesitan vivienda y prácticamente no existen centros para personas con discapacidad. 

23. Sharon August.

24. Ibídem.

25. Dr. Michael Pitts (Consultor del Proyecto de Reforma en Salud y ex Director de Servicios de Salud, Unidad de Entomología, Ministerio de Salud), entrevistado por el autor, Belmopan, agosto de 2003. 

26. Ibídem.

 27. Ibídem.

65 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que alrededor del 85% de las personas con discapacidad vive con sus familias. Del resto, se considera que algunas viven en instituciones, mientras que otras no tienen vivienda.28

Institucionalización

Hasta la fecha, no se conocen casos de muerte en circunstancias dudosas en las instituciones de Belice; sin embargo, en el país no existe ninguna organización que lleve registros de casos de abuso o violencia contra las personas con discapacidad. El Departamento de Trabajo investiga los casos de abuso denunciados. Además, todas las instituciones son sometidas a inspecciones periódicas, las que son realizadas por representantes del Ministerio de Desarrollo Humano y la Organización de Derechos Humanos.  

La mayoría de las familias o padres vive con sus hijos con discapacidad y los cría. Para ello, no existen subsidios o apoyos o los que existen son escasos.  Son pocas las instituciones que ofrecen ayuda y dado que su capacidad es limitada sólo pueden atender a una cantidad reducida de personas. El Centro de Atención Infantil Dorothy Menzies a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano ofrece atención temporaria a una cantidad limitada de niños con discapacidad en casos especiales y siempre que haya lugar disponible. Hace unos años se fundó una institución análoga, la Casa de la Esperanza de Marla, en Belmopan. Este hogar puede alojar a 16 niños como máximo y recibe apoyo económico del gobierno y de la comunidad. Se suele institucionalizar a los ancianos cuando, en razón de su edad avanzada, no pueden cuidarse a sí mismos y no tienen ningún familiar que quiera o pueda ocuparse de ellos.29

Accesibilidad

En Belice, se estima que sólo el 25% de los edificios públicos son accesibles a personas con discapacidad motora.  La oficina de correos en la capital está ubicada en la planta baja; sin embargo, como el edificio está emplazado a unos 15 cm por sobre el nivel del suelo, los usuarios de sillas de ruedas tienen dificultades para ingresar sin ayuda. 

No existe ningún reglamento que establezca que los edificios e instalaciones privados deben ser accesibles a las personas con discapacidad. Recién ahora el Ministerio de Vivienda está elaborando normas para la industria de la construcción sobre los requisitos que deben cumplir los nuevos edificios en términos de accesibilidad y rampas.

Belice no cuenta con un sistema nacional de transporte que sea accesible a los usuarios de sillas de ruedas. La única institución que ofrece un sistema adaptado de transporte es la Escuela para Discapacitados Stella Maris. Por lo general, las personas con discapacidad motora deben viajar en taxi o en vehículos particulares con la ayuda de sus familiares.30

28. Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, conducido por el autor, Centro de Capacitación del Club de Leones, Ciudad de Belice, 30 de agosto de 2003. 

29.Ava Pennill (Directora de la División de Servicios para la Familia y ex titular de la División de Servicios para Personas con Discapacidad), entrevistada por el autor, Ciudad de Belice, 12 de agosto de 2003.

30. Ibídem.

Belice

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Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Belice no cuenta con una organización coordinadora nacional que elabore la política sobre discapacidad. Tampoco existe un plan nacional de acción sobre el tema de la discapacidad.  La burocracia, la falta de voluntad política y las limitaciones financieras constituyen importantes obstáculos que impiden actuar con mayor eficacia en el área de la discapacidad. 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad existentes suelen trabajar en forma aislada y no existen organizaciones que integren todas o varias discapacidad en Belice. En general, las organizaciones de y para personas con discapacidad cuentan con escasos recursos económicos y dependen del apoyo que les puedan brindar los organismos internacionales para financiar sus actividades. Según informan los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, el sector no está debidamente preparado para actuar como grupo de presión ante el gobierno u otros organismos en su reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad.32

31. Panel de discusión.

32. Ibídem.

Bolivia

Factores clave: Los derechos de las personas con discapacidad están consagrados en la Ley de la Persona con Discapacidad, sancionada en 1995. Debido a que los organismos encargados de controlar el cumplimiento de esta Ley aún están en proceso de creación, la legislación vigente carece de implementación. Sin embargo, varios ministerios, gobiernos departamentales y municipalidades están comenzando a desarrollar políticas y normativas, lo cual se espera mejorará la situación. 

Terminología

Antes de que las Naciones Unidas adoptara los instrumentos fundamentales sobre discapacidad, la legislación boliviana utilizaba una terminología estigmatizante y discriminatoria. Si bien este enfoque fue cambiando gradualmente, las modificaciones de las leyes y las leyes complementarias continuaron utilizando dicha terminología cuando la comunidad de personas con discapacidad ya no la aceptaba. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Bolivia, que fue reformada en febrero de 1995, hace referencia a las personas con discapacidad como "personas inutilizadas".174

El Código Penal utiliza el término "enajenada mental". 175  La Ley 1956 sobre previsión social utiliza "lesiones gravísimas" e "invalidez". Además, se utiliza la palabra "incapacidad" en lugar de la palabra "discapacidad".176 Esta terminología persiste en leyes posteriores, como la Ley de Pensiones, la Ley de Municipalidades y el Código Electoral de 2001.177 El término "impedimento" también se utiliza en algunos documentos legales.

En los últimos años, algunos ministerios han adoptado la terminología preferida por la comunidad de personas con discapacidad. El Ministerio de Salud adoptó la expresión "personas con discapacidad" en sus políticas nacionales de 1995.178 

Asimismo, el Ministerio de Educación utiliza en la actualidad el término "discapacidad" y la expresión "necesidades educativas especiales."179  

Definición de discapacidad

Las definiciones de discapacidad que se utilizan en la legislación boliviana son producto de las distintas formas de abordar el tema de la discapacidad a través del tiempo. Dado que los primeros conceptos de discapacidad estaban basados en las nociones de "impedimento" e "incapacidad," las definiciones, por lo general, estaban centradas en los impedimentos. De acuerdo con la ley sancionada el 22 de enero de 1957, que creó el Instituto Boliviano de la Ceguera, "es ciego aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo visual sea de 20 grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección".180

Con el desarrollo de nuevos marcos de referencia a nivel internacional, el concepto de discapacidad en Bolivia comenzó a reflejar el nuevo enfoque del tema de la discapacidad adoptado en otros lugares. Por ejemplo, la definición de discapacidad de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM) está plasmada en la Ley de la Persona con Discapacidad (Ley N° 1678). Según su texto, una discapacidad es "toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano".181  Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, adoptadas por las Naciones Unidas en 1993, también constituyeron lineamientos importantes para la redacción de leyes y documentos oficiales. 

Sin embargo, en Bolivia, los documentos de medición poblacional utilizan conceptos de discapacidad basados en las deficiencias individuales. Todas las preguntas del cuestionario sobre discapacidad presentan a los encuestados una breve lista de deficiencias que definen de manera implícita la discapacidad. Este enfoque centrado en las deficiencias, realizando preguntas que para los encuestadores son fáciles de efectuar y fáciles de comprender para los encuestados, es común entre la población general. Sin embargo, un concepto de discapacidad tan estrecho no concuerda con el marco legislativo actual y probablemente haya arrojado una estimación de las personas con discapacidad menor que la real.

Población con discapacidad 

En la última década, se ha intentado determinar el número de personas con discapacidad mediante tres encuestas nacionales. Existen dudas acerca de la exactitud de los datos obtenidos en ellas.182 

El primer intento por cuantificar el número de personas con discapacidad fue realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 1998. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) se incorporó una pregunta sobre discapacidad en los siguientes términos "¿tiene usted algún impedimento físico severo?" y las respuestas posibles fueron "sordomudo, retraso mental, sordo, mudo, ciego, paralítico, cojo, manco"183 De una muestra de 13.136 hogares, se detectaron 461 personas con "impedimentos físicos extremos". Se estimó que el porcentaje de personas con discapacidad era de aproximadamente el 1% de la población boliviana.184

Como consecuencia de los esfuerzos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad realizados por las organizaciones del sector, el INE incluyó una sección sobre discapacidad en el censo de 2001 y se preguntó "en este hogar, ¿cuántas personas son... ciegas?, sordomudas?, paralíticas y/o tienen amputado algún brazo o pierna?"185 El cuestionario no incluía ninguna pregunta destinada a identificar personas con discapacidad mental. Sobre un total de 1.977.665 hogares en todo el país, 61.145 hogares informaron tener personas con discapacidad. La población con discapacidad identificada por el censo osciló entre 0,9 a 1,2% del total de la población.186

Más recientemente, el INE realizó una encuesta en el marco del programa para el Mejoramiento de Condiciones de Vida (MECOVI 2001) en octubre y noviembre de 2001 sobre una muestra de 5.744 hogares. En la encuesta se preguntó "¿Presenta (...) algún tipo de discapacidad permanente?"187 De acuerdo con los resultados obtenidos, el número de personas con discapacidad proyectado en Bolivia es de 87.293.188 

Según Clarita Franco de Machado y Rodrigo De Urioste, las encuestas del INE subestimaron la proporción de personas con discapacidad moderada y leve. En las encuestas mencionadas, sólo el 11% de los encuestados con discapacidad manifestaron tener una discapacidad leve, mientras que algo más de la mitad mencionó un nivel de discapacidad grave o muy grave. Las tasas de discapacidades moderadas y leves son posiblemente mucho más altas que las detectadas hasta la fecha por el INE.189 Si bien en la última encuesta de hogares se dejó de lado el enfoque centrado en la discapacidad grave, el continuo hincapié en las discapacidades "permanentes" y el texto por demás vago de la pregunta sugieren serios problemas de validación de las cifras actuales. 

Sin una fuente precisa de datos nacionales sobre discapacidad, las estimaciones de población utilizadas en este informe han sido tomadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según esta organización, en promedio, el 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Considerando esta tasa y la población total de Bolivia de 8.274.325 personas, habría 827.432 personas con discapacidad en el país.190

Legislación y derechos de las personas con discapacidad 

Protecciones legales

El gobierno de Bolivia ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el 26 de abril de 2002 y realizó el depósito del instrumento respectivo en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 30 de mayo de 2003.191 Bolivia también firmó el Convenio Nº 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) de la Organización Internacional del Trabajo, el cual fue ratificado mediante la Ley 1658, sancionada el 2 de agosto de 1995.192 

Asimismo, el gobierno boliviano apoya la creación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores avaló la creación de un Comité Impulsor de la Convención Internacional en Bolivia. En una mesa de trabajo realizada el 12 de noviembre de 2003, un representante del ministerio anunció que el gobierno apoyó la posición y propuesta de una convención presentada por México.193

Con respecto a la legislación nacional, la protección de los derechos individuales en Bolivia se basa en la Constitución Política. Si bien la protección es implícita, la Constitución no hace mención específica de los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 6 establece que "todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra cualquiera."194  La única referencia expresa a las personas con discapacidad puede encontrarse en el artículo 158 del Título Segundo del Régimen Social que dispone que "el Estado asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas".195

Asimismo, Bolivia tiene una ley específica sobre discapacidad. La Ley 1678 identifica explícitamente a las personas con discapacidad como sujetos de los derechos establecidos en la Constitución Política. Los principales derechos y beneficios a favor de las personas con discapacidad descriptos por la ley son la educación, el empleo, la atención médica, la rehabilitación, la capacitación profesional y el acceso a los espacios públicos. Todos los organismos del sector público, privado y mixto pertinentes deben cumplir con la ley. Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo, esta legislación "debe ser acompañada por la voluntad política y de presupuesto, y el cambio de conducta social del colectivo de la sociedad en su conjunto".196 

Otras leyes contemplan de manera expresa a las personas con discapacidad. Los niños y jóvenes con "discapacidad física, mental, psíquica o sensorial" están cubiertos por el Código del Niño, Niña y Adolescente.197 Las personas ciegas o con discapacidad visual constituyen uno de los sectores más activos y sólidos, y con la mayor cultura organizacional de la comunidad de personas con discapacidad. A través de sus esfuerzos por defender sus derechos lograron la sanción de una ley que dispuso la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera y estableció sus objetivos y responsabilidades.198 

Hay artículos del Código Penal que establecen castigos por los delitos cometidos contra personas con discapacidad o por las lesiones que provocaran una discapacidad. Así, "las personas que cometen un delito contra una persona con discapacidad [como] estupro, etc., podrán ser sentenciadas ..... a un período mayor [de prisión] debido a las circunstancias agravantes".199 La Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica establece sanciones agravadas similares cuando "la víctima sea discapacitada, mayor de sesenta años o esté embarazada".200 

Este marco penal ofrece el principal mecanismo para exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 1678 no contiene disposiciones para casos de incumplimiento. Por lo tanto, se ha avanzado muy poco en el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política y en la Ley 1678.201 

La Defensoría del Pueblo es el organismo más activo que posee registros sobre la muerte, el abuso, la violencia o la discriminación contra personas con discapacidad.202 

Sin embargo, diversas oficinas trabajan para resolver violaciones específicas. El Defensor del Pueblo protege los derechos garantizados por la Constitución Política y otras leyes. El Responsable del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría tiene a su cargo el manejo de todos los casos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.203 El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) trabaja para hacer cumplir la Ley 1678. En su Directorio existe una Secretaría Nacional designada específicamente para defender los derechos de las personas con discapacidad, conforme al artículo 3 del Decreto Reglamentario 24807 de la Ley 1678.204

En algunos casos, el CONALPEDIS trata de aclarar supuestas violaciones de los derechos de las personas con discapacidad con quienes están involucrados en el caso. Cuando dicho procedimiento no alcanza para reparar un abuso, el CONALPEDIS puede recurrir al Defensor del Pueblo, el Ministerio de Trabajo u otras autoridades competentes.205 En un caso, el CONALPEDIS intervino cuando "una mujer con discapacidad fue violada ... [y] los delincuentes quisieron salir en libertad provisional".206 
En respuesta, el CONALPEDIS tomó las medidas necesarias para asegurar que se aplicaran las sanciones correspondientes. El CONALPEDIS también defendió a personas con discapacidad en los casos en que el curador o tutor trató de vulnerar sus derechos. 

El Director Ejecutivo del CONALPEDIS señala que, en general, el nivel de acatamiento de la normativa vigente es bajo. Esto se debe en parte a las limitaciones del CONALPEDIS.207 Si bien existen nueve comités departamentales además del comité nacional, sólo se han creado seis, de los cuales sólo cuatro cuentan con un presupuesto anual. En aquellos departamentos que no tienen comités, muchos "no cuentan con asesores jurídicos [o un] presupuesto para ayudar a las personas que necesitan el asesoramiento de un abogado".208 El CONALPEDIS tiene un presupuesto anual de 195.923 Bs (US$ 25.779) para personal y costos operativos.209 El monto total destinado a los comités departamentales asciende a 373.023 Bs (US$ 49.082).210

Barreras legales

Aún existen restricciones legales para algunas personas con discapacidad. El Código Civil establece que "son incapaces para testar los sordo-mudos y los mudos".211 Se los considera además "incapaces" para actuar como testigos, al igual que las personas sordas. Asimismo, algunas personas con discapacidad son rotuladas como personas con "incapacidad absoluta", entre las que se encuentran las personas con "enajenación mental" o los "ciegos y sordos".212 

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones generales y municipales. La Corte Electoral ha hecho los esfuerzos necesarios para que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones generales. En cada recinto electoral (ubicado en escuelas) se ha provisto una "cercha" para que puedan votar las personas con discapacidad visual.213 En el año 2002, la Corte Electoral dispuso el uso de las "cerchas" y capacitó a su personal en el uso de la boletas de sufragio. No existe información alternativa disponible para personas sordas.214

La única previsión inmediata para personas con otras discapacidades es la posibilidad de votar sin tener que formar fila.215 Según la Corte Electoral Nacional, los recintos de votación siempre están en el patio o en planta baja, con lo cual se estima que son accesibles en un 60% a 80%.216 Por otra parte, el CONALPEDIS señala que "los centros donde se emiten los votos están muchas veces, por no decir siempre, llenos de barreras que impiden que las personas con discapacidad física puedan llegar a las mesas de votación".217 

Inclusión

Comunicación

No existe en Bolivia una versión en Braille o en cassette de la Constitución Política, ni existen materiales en Braille en las Bibliotecas Nacionales. El Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) tiene un plan en marcha destinado a crear una biblioteca nacional en sistema Braille. En la actualidad, sólo existen textos en Braille en centros de educación especial dependientes del IBC.218 Las personas ciegas o con discapacidad visual deben recurrir a otras personas para que les lean los textos.

Los noticieros nacionales transmitidos por el canal oficial y los canales privados de televisión no están subtitulados para televidentes con deficiencia auditiva. El canal oficial, Televisión Boliviana, tiene un convenio con la Federación Boliviana de Sordos para implementar el proyecto de interpretación de lengua de señas en los informativos a partir del año 2004.219 

Este proyecto contará con el apoyo del Ministerio de Educación, que trabajará en la creación del alfabeto de la lengua de señas boliviana y el alfabeto en Braille.220

No existen métodos ni estrategias para que las personas con discapacidad puedan comunicarse con centros de emergencia en caso de desastre natural o ataque criminal.221

Educación

De acuerdo con las declaraciones del representante de Educación Especial del Ministerio de Educación, las estimaciones arrojadas por el INE sobre le número de niños con discapacidad en edad escolar no son válidas.222 En Bolivia, 130 escuelas primarias integran a 478 niños con necesidades educativas especiales.223  En el año 2002, otros 7.390 estudiantes se inscribieron en el sistema de educación especial.224 Según el INE, la población total de niños en edad escolar es de 2.983.768. Esta cifra incluye niños en edad de recibir educación primaria y secundaria.225 De dichos niños, 2.197.930, o aproximadamente el 74%, están matriculados en las escuelas.226 El número de niños con discapacidad en edad escolar podría oscilar entre 30.000 y 300.000. Tomando como válido el número más bajo, no más del 26% de los niños con discapacidad está matriculado en el sistema de educación pública. Por lo tanto, entre el 74 y el 97% de los niños con discapacidad está excluido de las escuelas bolivianas.

Teniendo en cuenta la cantidad reducida de alumnos con discapacidad matriculados, los programas de educación especial e integración escolar cuentan con la infraestructura y los recursos humanos adecuados en todas las capitales departamentales de todo el país. Además, cuatro departamentos cuentan con centros de educación especial en áreas rurales: Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni.227

El Reglamento Supremo 24807, que reglamenta la Ley de la Persona con Discapacidad, establece que las escuelas para personas con discapacidad deben ser físicamente accesibles y que deben ofrecer comunicación, capacitación docente y materiales didácticos.228 Estas disposiciones están complementadas por ordenanzas municipales vigentes en las principales ciudades del país. Esta legislación ha quedado sólo en los papeles. Son pocas las escuelas nuevas y muchas escuelas remodeladas siguen conservando las gradas u otras barreras que impiden el libre acceso. Se estima que el nivel de cumplimiento es inferior al 20%.229

El Ministerio de Educación, en cumplimiento de la Ley de la Reforma Educativa, ha trabajado con un centro de recursos pedagógicos para verificar que todos los materiales educativos sean transcriptos en Braille y que los módulos de la reforma educativa sean interpretados en la lengua de señas con iconografía para facilitar la lectura a los estudiantes sordos.230 

El plan nacional de estudios de la carrera docente incluye un curso de capacitación de seis meses sobre educación integrada que es obligatorio para graduarse en educación.231 Además, existe un programa de formación de educadores especiales a distancia a nivel licenciatura que incluye materiales desarrollados por la Universidad Nacional de España a Distancia (UNED). Este programa se propuso en el año 1998 y se aprobó en el año 2001. La Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Boliviana y el Ministerio de Educación actualmente administran el programa en forma conjunta a través de FEDIA. Si bien el programa estará abierto a todos los docentes. se dará prioridad a la especialización de docentes que estén actualmente trabajando sin contar con una capacitación formal. Se ofrece apoyo a las personas con discapacidad que desean ser docentes.232   

El Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Especial está implementando una "Escuela de Padres."  Los padres de niños con discapacidad se reúnen periódicamente en centros de educación especial. Un centro de atención para niños y jóvenes con discapacidad mental, el Instituto de Adaptación Infantil (IDAI) dependiente del gobierno prefectural de La Paz, exige que los padres que llevan a sus hijos a este centro tomen cursos especiales en los que aprenden a brindar mayor apoyo a sus hijos. El Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC) también ha realizado esfuerzos para que los padres y hermanos de niños ciegos se involucren en el proceso educativo aprendiendo a leer y escribir en Braille y apoyando a los niños que no concurren a escuelas especiales.233 

No existe en Bolivia un programa oficial y eficaz de detección de discapacidades. Si bien existen algunos programas, la mayoría de las discapacidades se detectan en una etapa tardía.234 

Existe un programa piloto de Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) implementado por el CONALPEDIS que es financiado por la Organización Panamericana de la Salud y la OMS.  En la actualidad, el programa está concentrado en tres ciudades: El Alto, Tarija, y Cochabamba.235 Como parte del programa, los comités departamentales ofrecen fichas de detección de discapacidad, que brindan información relativa a las discapacidades visuales, auditivas y mentales, y su evaluación en niños.236 

Entre otros programas del Ministerio de Salud cabe mencionar el destinado a evaluar los reflejos de niños menores de 4 años y el programa de la Carpa Blanca. En este último programa, se monta una carpa blanca en la plaza de un pueblo durante una semana y los trabajadores de la salud recopilan información sobre el nivel de nutrición general de la comunidad, que luego puede servir para la detección y prevención de discapacidades.237

Las oportunidades de educación y capacitación para adolescentes y jóvenes adultos son escasas.238 Sólo el 30% de los 90 centros de educación especial de todo el país ofrecen servicios de formación y ocupación laboral. Los departamentos de Pando y Beni no cuentan con estos servicios.239 El Ministerio de Educación tiene en sus planes establecer una oficina en el marco de la Educación Técnica y Tecnológica que abordará el tema de la capacitación profesional.240 

Entrada al Ministerio de Educación de Bolivia. 

Empleo

El mayor sector del mercado laboral (36,55%) es el informal, caracterizado por el trabajo autónomo y compuesto por micro-empresas, pequeñas empresas y granjas.241 La naturaleza de los trabajos dificulta la obtención de datos estadísticos o registros laborales de muchos trabajadores, incluidos los relativos al empleo de personas con discapacidad, por parte de la Cámara de la Industria y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la tasa de desempleo estimada por las organizaciones de y para personas con discapacidad oscila entre el 60% y el 85%.242 La principales barreras para el acceso a un empleo son la falta de fuentes de trabajo, la falta de capacitación técnica o profesional de las personas con discapacidad y la discriminación.243 

Si bien existen protecciones generales en materia de empleo para las personas con discapacidad, se puede afirmar que no se cumplen. El Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad están elaborando un anteproyecto de Ley Laboral para personas con discapacidad244 que está siendo analizado por las organizaciones de discapacidad, el gobierno y el sector privado. 

Ninguna de las principales industrias cuenta con políticas laborales explícitas que fomenten el empleo de personas con discapacidad y prohíban la discriminación. Algunas dependencias públicas han ofrecido una cantidad limitada de oportunidades laborales a personas con discapacidad. Esto se consiguió gracias a la acción desarrollada por los comités departamentales y organizaciones de personas con discapacidad, entre las cuales se encuentran la Confederación Boliviana para las Personas con Discapacidad (COBOPDI) y la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO). La inserción laboral de las personas con discapacidad se encuentra normada mediante ordenanzas municipales en los municipios más importantes del país y mediante Resoluciones Prefecturales. Por ejemplo, en la municipalidad de La Paz, el 1% de su personal administrativo está integrado por personas con discapacidad. En la ciudad de El Alto, el 3,5% de los cargos debe ser cubierto por personas con discapacidad, aunque el porcentaje real tal vez sea algo inferior. 245 

La Fundación INFOCAL, un proyecto que depende de la Asociación de Empresarios Privados de Bolivia, ofrece capacitación de mano de obra calificada en diversos tipos de especialización. Si bien la fundación no se dedica específicamente a personas con discapacidad, los cursos están abiertos a las personas con discapacidad que deseen participar . El programa funciona en las principales ciudades del país, con especial incidencia en Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, El Alto y La Paz. 

Los programas de capacitación incluyen cursos de computación, mecánica, cocina, electricidad, instalaciones de gas, costura, diseño de indumentaria deportiva, pintura sobre telas y contabilidad, entre otros. Un vez finalizado el curso, el INFOCAL trata de ubicar a los trabajadores en empresas privadas. Lamentablemente, muy pocas personas con discapacidad han asistido a los cursos del INFOCAL.246 

Servicios de salud

En Bolivia, el acceso a seguros médicos y la atención de la salud es restringido para las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud está trabajando en un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad que permitirá determinar el número de personas con discapacidad que necesitan un seguro médico e identificar las fuentes de financiamiento.247 

El Código de Seguridad Social protege a las personas con discapacidad que han adquirido una discapacidad en ocasión de su trabajo.248 Las personas con discapacidad visual están cubiertas por un seguro de corto plazo y por un sistema de atención médica del Instituto Boliviano de la Ceguera, que ofrece un seguro integral de corto plazo para personas ciegas. El financiamiento del Instituto proviene del Tesoro General de la Nación (TGN) y el 5% de los recursos se destina anualmente al seguro de corto plazo.249

Por lo general, el gobierno no destina recursos financieros para la prestación de servicios de salud a las personas con discapacidad.250 La Dirección de Rehabilitación del Ministerio de Salud se cerró en el año 1994, pero existen iniciativas en marcha para su reapertura.251 Las personas que cuentan con un seguro de salud y que han adquirido una discapacidad en un accidente, pueden acceder a ciertos beneficios a través del centro de Rehabilitación Nacional de la Paz de la Caja Nacional de Salud. Este centro ofrece servicios de medicina reconstructiva y de rehabilitación personal. El apoyo financiero está limitado a la rehabilitación física.252 Los servicios de rehabilitación financiados por organizaciones públicas y mixtas se prestan en las ciudades más importantes, como La Paz, El Alto, Santa Cruz , Sucre y Cochabamba.253

Las ayudas técnicas para fines de rehabilitación son financiadas con fondos públicos.254 Algunas organizaciones privadas suministran instrumentos ortopédicos a las personas con discapacidad. La Asociación para Rehabilitación de Ciegos y Ampliopes (APRECIA) de Santa Cruz proporciona importantes recursos tecnológicos a las personas ciegas. 

En La Paz, la entidad denominada Banco de Sillas de Ruedas (BANDESIR) facilita sillas de ruedas a personas de bajos ingresos en calidad de préstamo y RTP (Radio Televisión Popular) desarrolla campañas para recaudar fondos con el fin de ayudar a las personas carenciadas que necesitan sillas de ruedas, otros dispositivos ortopédicos o tratamientos especializados en rehabilitación.255 El Rotary Club, el Club de Leones y Caballeros de Malta también participan en estas campañas para brindar ayudas técnicas.256 Además, el CONALPEDIS y el Gabinete de la Primera Dama gestionan donaciones extranjeras de ayudas técnicas.257

Según el Ministerio de Salud, no se dictan cursos de capacitación para estudiantes de medicina sobre la atención de personas con discapacidad. Los profesionales en medicina adquieren los conocimientos básicos sobre la atención de personas con discapacidad en sus cursos generales o en cursos especiales de traumatología, oftalmología y otorrinolaringología.258 En las residencias médicas se ofrece cierta capacitación en algunas especialidades, en particular en terapia ocupacional, terapia física, fisiatría, órtesis y prótesis.259

Si bien todos los médicos pueden acceder a la capacitación especializada en la atención a las personas con discapacidad, la participación y el interés real son muy bajos. El Ministerio de Salud señala que sólo 2% de médicos de cuidados primarios, 4% de pediatras y 1% de asistentes médicos participan en los cursos de capacitación. En Bolivia, existen 12 especialistas en rehabilitación con título profesional. Además, existen aproximadamente 70 médicos que se han especializado en rehabilitación a través de la autoformación.260

El Ministerio de Salud no ha implementado aún una estrategia de Rehabilitación basada en la comunidad (RBC); sin embargo, tiene proyectado hacerlo en el año 2004.261 

En 1999 se puso en marcha un programa piloto, que incluyó las iniciativas de detección temprana de discapacidades. El trabajo se realizó fundamentalmente en el departamento de Cochabamba, en zonas marginales y municipalidades rurales de La Paz, y en el departamento de Tarija. Además, se dictaron cursos sobre rehabilitación basada en la comunidad a todos los directores ejecutivos de los Comités Departamentales a fin de facilitar la implementación del programa de RBC.262

Vivienda

Los dirigentes de las organizaciones de personas con discapacidad estiman que casi el 90% de las personas con discapacidad vive con sus familias, mientras que muchas otras viven en instituciones.263  

En Bolivia no existen centros de vida independiente.264

Las personas con discapacidad no califican para el alojamiento público y en la actualidad no se otorgan subsidios ni ayudas para la compra o construcción de viviendas.265 El Viceministerio de Vivienda está elaborando un reglamento de accesibilidad de las viviendas para personas con discapacidad. Este reglamento establece un puntaje preferencial para personas con discapacidad, de modo que toda persona con algún tipo de discapacidad tendrá prioridad para acceder a los programas de vivienda.266 Este trabajo está coordinado en forma conjunta por el CONALPEDIS, el IBC y el Viceministro de Vivienda. El Defensor del Pueblo ha tenido a su cargo el monitoreo del desarrollo de este programa.267

Institucionalización 

En Bolivia, existen varias instituciones que operan con la misión específica y exclusiva de suministrar alojamiento y cuidados a largo plazo a personas con discapacidad. En su conjunto, alojan a aproximadamente 400 personas. En el cuadro 1 se indican estas instituciones.268 

Cuadro 1: Instituciones que suministran alojamiento y cuidados a largo plazo a personas con discapacidad en Bolivia

Establecimiento
Nº de Internos
Población atendida
Localidad
Hogar Villa Victoria
30
Mujeres con discapacidad mental
La Paz
Instituto de Educación Especial Eric Boulter
27
Personas con discapacidad auditiva
La Paz
Instituto Departamental de Adaptación Infantil
70
Personas con discapacidad mental
La Paz
Instituto de Rehabilitación Infantil
25
Niños con discapacidades físicas
La Paz
Hogar de las Hermanas de Calcuta
60
Personas con discapacidad
El Alto
Escuela Luis Braille y Santa Cecilia 
30
Personas con discapacidad visual
La Paz
Wenceslao Alba
20
Personas con discapacidad visual
Potosí
Escuela Manuela Gandarillas 
20
Personas con discapacidad visual
Cochabamba
Maria Antonieta Suárez
20
Personas con discapacidad
Oruro
Aprecia Sucre
8
Personas con discapacidad
Sucre
Sociedad Boliviana de Psiquiatría
40
Personas con discapacidad psiquiátrica
Sucre
Hospital Gregorio Pacheco
40
Personas con discapacidad psiquiátrica
Sucre

Estos centros ofrecen orientación psicológica, orientación psiquiátrica, servicios de rehabilitación, servicios de cuidados intensivos y educación / capacitación.269

Las personas que viven en estas instituciones, por lo general, ignoran que tienen el derecho a rechazar ciertos tratamientos. El CONALPEDIS señala que "el tratamiento y la institucionalización de las personas con discapacidad [están dados] en gran parte en contra de sus voluntad". Con frecuencia, los niños son institucionalizados luego de haber sido abandonados o a pedido de sus familias. Si bien muchos de los hogares "son para cierta edad...[la mayoría de los] centros cubre una heterogeneidad de edades" dado que no hay otros hogares que reciban a personas adultas.270 

	Una excepción son los centros educativos que dependen del Instituto Boliviano de la Ceguera ya que ofrecen un panorama distinto al de las instituciones en general, en las que pueden observarse condiciones deficientes. Estos centros no aceptan internos en contra de su voluntad. Se dedican principalmente a la educación y a veces logran integrar a los alumnos en el sistema de educación regular.271

Accesibilidad 

El Decreto Reglamentario de la Ley 1678 y varias ordenanzas municipales establecen que los nuevos edificios e instalaciones deben ser accesibles para personas con discapacidad, y que se deben eliminar todas las barreras arquitectónicas.272 Los edificios e instalaciones existentes se deben remodelar de modo tal que resulten accesibles. El nivel general de cumplimiento de estas reglamentaciones es bajo. En La Paz, capital de Bolivia, las oficinas de correo no son accesibles para usuarios de sillas de ruedas.273 Sólo tres edificios de la capital tienen ascensores con números en Braille y ninguno cuenta con un sistema sonoro.274 Se estima que sólo el 1% de los edificios públicos de la ciudad es accesible para personas con discapacidad, aunque se observan algunas excepciones dignas de mención.275  Algunos edificios públicos, como por ejemplo, los supermercados, están siendo adaptados mediante el agregado de rampas. Existen rampas en las plazas y calles principales de todas las capitales departamentales. Sin embargo, estas medidas de accesibilidad no son integrales, debido a que las intersecciones de calles no disponen de la señalización adecuada.276 

En Bolivia, no existen cursos sobre diseño universal para arquitectos. El Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA) ofreció un curso sobre normalización y calidad en agosto de 2003. Fuentes del instituto informaron que la concurrencia fue baja y sólo cinco o seis arquitectos se inscribieron en el curso.277

En la actualidad, el Servicio de transporte en el área rural, urbana e interdepartamental no es accesible para usuarios de sillas de ruedas, ni existen medios de transporte adaptados o especiales. Las personas con discapacidad deben recurrir al uso de taxis, cuyo costo es elevado, o bien utilizar sus propios medios de transporte, si cuentan con los recursos económicos necesarios. 

El Viceministerio de Transporte Público está elaborando un Reglamento de Transporte Nacional. Algunas de las disposiciones están destinadas a garantizar que los vehículos de transporte interdepartamental de pasajeros tengan asientos especiales reservados para personas con discapacidad, espacios para la ubicación de los elementos que utilizan, señalización de orientación y vehículos con vías de acceso internas y externas accesibles.278

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

El Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), creado por la Ley 1678, es el organismo coordinador oficial de la política sobre discapacidad en Bolivia. Fue creado como una entidad independiente del ex Ministerio de Desarrollo Humano (actualmente Ministerio de Salud y Deportes). El objetivo principal de CONALPEDIS es coordinar, controlar y asesorar en materia de políticas y acciones a favor de la persona con discapacidad.279 Este comité está integrado por funcionarios de los ministerios gubernamentales y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. La mitad de sus miembros son personas con discapacidad.280

Las actividades que desarrolla actualmente el CONALPEDIS no cuentan con un plan nacional a largo plazo, sino que están basadas en Planes Operativos Anuales (POA). Las actividades de los comités departamentales se organizan de manera similar. Cada comité lleva a cabo sus actividades según lo establecido en el respectivo POA, sin ningún tipo de centralización o dirección general. En un intento por remediar esta falta de planes de acción a nivel nacional, el CONALPEDIS ha comenzado a coordinar reuniones nacionales congregando a varios entes que son responsables de verificar el cumplimiento de la Ley 1678.281 

En fecha reciente, se han establecido unidades especiales para la atención de personas con discapacidad en la Alcaldía de La Paz y en la ciudad de Caranavi, una ciudad intermedia en el Departamento de La Paz.282 

Los gobiernos departamentales de Cochabamba y Oruro tiene Unidades de Discapacidad dependientes de la Dirección de Gestión Social.283 

En Bolivia existe una organización que agrupa a todas las discapacidades, la Confederación Boliviana de la Persona con Discapacidad (COBOPDI), creada en el año 1989.284 Sus miembros afiliados son: La Federación Boliviana de la Ceguera (FEBOS), la Asociación Boliviana de Deporte Integrado (ASODEIN), la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidades Mentales (ABOPANE) y la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Bolivia (FCPEDB). Otra importante organización de personas con discapacidad es la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO), que fundó la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad.285 Cada dos años, estas organizaciones realizan congresos departamentales para ayudar a coordinar las actividades. Las organizaciones de personas con deficiencias visuales no participan en estas actividades de coordinación, si bien en algunos departamentos sus miembros participan en las actividades del COBOPDI.286

En términos generales, la financiación de las organizaciones de personas con discapacidad proviene en gran medida de actividades destinadas a recaudar fondos y de los aportes que realizan sus propios dirigentes. Los miembros de estas instituciones en muy pocos casos pueden efectuar aportes económicos.287 El gobierno brinda un reducido apoyo financiero a algunas organizaciones, como la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia y la Asociación Boliviana de Deporte Integrado, entre otras.288 En el pasado, la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad de Bolivia recibió el apoyo de organizaciones de cooperación internacional de la Iglesia Católica.289

En general, los cursos sobre políticas de discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad, la educación inclusiva y demás temas relacionados con la discapacidad no cuentan con el auspicio de universidades o instituciones de formación superior. Merecen destacarse dos programas piloto. En primer lugar, el curso de Diplomado en Discapacidad, auspiciado por la Asociación de Rehabilitación Integral en la Comunidad (RIC), a través de la Universidad de San Simón en Cochabamba y la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Se dictó en la ciudad de Oruro entre 1999 y 2001.290 En segundo lugar, el Curso de Formación Superior a Distancia, auspiciado por el CONALPEDIS y el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil (FOSC) en el año 2003.291 

La representante de la Defensoría del Pueblo señaló que "la discapacidad es aún un tema que todavía está cubierto por un velo" en Bolivia. Con respecto a las estrategias destinadas a mejorar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en la defensoría se sugirió que "es importante difundir información sobre temas de discapacidad y lograr que la sociedad tome conciencia de los principales obstáculos que encuentran las personas con discapacidad, como una estrategia para el cumplimiento gradual de la legislación...es importante lograr un cambio en la conducta social, sensibilizar a autoridades y la sociedad en su conjunto."292 

85 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

1 Alicia Bustos Fierro (Abogada, Asistente Social, Ex Directora de Asuntos Legales e Internacionales de la Comisión Nacional Asesora de la Presidencia para la Integración de Personas Discapacitadas, Ex vocal representante del Cono Sur del Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Políticas en Discapacidad, Ex Jefe de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Trabajo), entrevistada por la autora, Buenos Aires, 22 de septiembre de 2003; Daniel Sarmiento (Abogado, Prosecretario, Curaduría Oficial de Alienados, Distrito Federal La Plata), entrevistado por la autora, Provincia de Buenos Aires,19 de septiembre de 2003
2 Ley 22.431, 16 de marzo de 1981, www.cndisc.gov.ar. 
3 Federación Argentina de Entidades Pro-atención a las Personas con Discapacidad Intelectual, FENDIM, Legislación aplicable al Sector de las personas con discapacidad. Colección Siglo XXI, (Argentina 1999); Ley Nº 20.475, art. 1, 1973. 
4 Ley Federal de Educación, 1993, www.me.gov.ar/leyfederal.
5 Consejo Federal de Cultura y Educación, Ministerio de Cultura y Educación, Acuerdo Marco para la Educación Especial, Documentos para la Concertación, Serie A No. 19, (diciembre de 1998).
6 International Classification of Impairment, Disability and Handicap [Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías], http://www.who.int/icidh/
7 International Classification of Functioning, Disability and Health [Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud].
8 El censo 2000 se postergó hasta 2001 por dificultades económicas.
9 http://www.indec.mecon.ar
10 INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas Sociales y de Población, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2001, http://www.indec.mecon.ar/webcenso/ 
11 Naciones Unidas, Antecedentes de la Medición de la Discapacidad en Censos de Población, Discapacidad, Documento de Trabajo Nro. 1, mayo 1999 y Anexo de actualización, mayo 2001; Naciones Unidas,  Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, 1996.
12 INDEC, Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad. 
13 Gladys Massé (a cargo de la Dirección de Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censo ), entrevistada por la autora, Buenos Aires, 22 de septiembre de 2003; Carlota Callman (Conferencia ofrecida en el IV Congreso Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis, ISPO, Buenos Aires, 22 de octubre de 2003).
14 Jorge Mascheroni (Abogado, Presidente de la Comisión Nacional Asesora de la Presidencia para la Integración de Personas Discapacitadas), entrevistado por la autora, Buenos Aires, 7 de enero de 2004.
15 Gladys Massé. 
16 La ley 25.504 fue sancionada en 2001 en el marco de la Ley 24.901, Sistema de prestaciones básicas, habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad de 1997.
17 Jorge Badaracco (médico, Director de la Dirección Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad. Ministerio de Salud), entrevistado por la autora, Buenos Aires, 22 de septiembre de 2003.
18 Soledad Schilling (Conferencia ofrecida en el IV Congreso Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis, ISPO,  Buenos Aires, 22 de octubre de 2003).
19 J. Badaracco; Gladys Masse; Susana Sequeiros (médico, Miembro del Directorio de la Comisión Nacional Asesora de la Presidencia para la Integración de Personas Discapacitadas), entrevistada por la autora, Buenos Aires, 7 de agosto de 2003.
20 Nota al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirschner, Ref. Requerimiento Personas con Discapacidad, agosto de 2003, suscripta por Eduardo Joly (REDI), Víctor Abramovich (CELS) y Elizabeth Aimar (Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social); Liliana Díaz, "Discapacidad y pobreza" en La Discapacidad: una cuestión de derechos humanos, (C. Eroles y C. Ferreres, CTA - Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002), 158.
21 Manuel Maza (médico pediatra, Secretario del Comité de Discapacidad de la Asociación Latinoamericana de Pediatría (ALAPE), ex Secretario del Comité de Discapacidad de la Sociedad Argentina de Pediatría), entrevistado por la autora, Provincia de Buenos Aires, 16 de diciembre de 2003. 
22 Ibídem. 
23 Ibídem.
24 E. Alda, "Los neonatólogos entre dos epidemias", Archivos Argentinos de Pediatría, 101(4) : 24 (1 de agosto de 2003). Se registra un aumento en la cantidad de niños inscriptos en escuelas para ciegos y disminuidos visuales.
25 Jorge Badaracco.
26 Liliana Bastons (Abogada, Presidente de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados, Distrito Federal La Plata), entrevistada por la autora, 21 de agosto de 2003; Jorge Badaracco; Susana Sequeiros; Manuel Maza.
27 El INDEC define que hay pobreza cuando un hogar tiene ingresos mensuales que no superan el valor estimado de la canasta básica total, la que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación y salud, entre otros. Considera que hay indigencia cuando un hogar tiene ingresos mensuales que no superan el valor estimado de la canasta básica de alimentos necesarios para sobrevivir. http://www.indec.mecon.ar.
28 Manuel Maza.
29 Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad.
30 Constitución Nacional argentina, http://www.senado.gov.ar/principal.php
31 Soledad Figueroa (Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores), entrevistada por la autora, 20 de agosto de 2003.
32 Ibídem.
33 Liliana Bastons; Alicia Bustos Fierro.
34 FENDIM, Legislación aplicable al Sector de las personas con discapacidad. 
35 Panel de discusión.
36 A. Bustos Fierro; Soledad Figueroa, informó con aval de Alicia Olivera, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos; Alberto Rantucho (miembro representante de ONGs de personas con discapacidad visual en el Consejo Provincial para las Personas con Capacidades Diferentes, Miembro de la comisión Municipal de Discapacidad de Bahía Blanca), entrevistado por la autora, Provincia de Buenos Aires; Conferencia sobre Legislación y Discapacidad (Asociación Montessori, La Plata, 16 de octubre de 2003).
37 "Editorial II", La Nación, (Ciudad de Buenos Aires, 10 de agosto de 2003).
38 REDI, CELS y Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, agosto de 2003.
39 Comisión de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, Informe preliminar sobre la situación de las personas con discapacidad en la Argentina, septiembre de 2003.
40 Jorge Mascheroni.
41 Daniel Sarmiento.
42 Panel de discusión. 
43 Ley 24.515, http://infoleg.mecon.gov.ar
44 Panel de discusión.
45 Código Civil, Libro Primero, Sección Primera, Título X, art. 141.
46 Código Civil, Libro Primero, Sección Primera, Titulo XI, art. 153-154. 
47 Código Civil, Libro Primero, Sección Primera, Titulo XI, art. 152bis.  
48 Código Civil, Libro Primero, Sección Segunda, Titulo XIII, art. 468-469, 482.  
49 Código Civil, Libro Primero, Sección Segunda, Titulo XIII, art. 470.  
50 Panel de discusión.
51 http://www.infoleg.mecon.gov.ar.
52 Adrián Reynoso (Presidente del Instituto Platense de Enseñanza de Lengua de Señas), respuesta enviada por correo electrónico. 
53 Asociación Argentina de Sordos, www.aso.org.ar 
54 Susana Sequeiros; Cecilia Pazos (Abogada, Comisión Nacional Asesora de la Presidencia para la Integración de Personas Discapacitadas), entrevistada por la autora, Ciudad Buenos Aires, 7 de agosto de 2003. 
55 Abraham Felperin (Periodista, Director de la Dirección de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina - AMIA, ex Presidente de REDI y ex Presidente del Consejo Provincial de Discapacidad, Provincia de Buenos Aires), entrevistado por la autora, Ciudad de Buenos Aires, 21 de julio de 2003.
56 Nélida Galloni Balmaceda (Arquitecta, Investigadora CIBAUT, Profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UB. Integrante comisiones IRAM), entrevistada por la autora, Buenos Aires, 7 de agosto de 2003.
57 Secretaría, Editorial Nacional Braille y Libro Parlante, Comunicación telefónica, 29 de septiembre de 2003.
58 María Angélica y Graciela Urbano (Bibliotecarias de la Biblioteca Argentina de Ciegos), entrevistadas por la autora. 
59 Ibídem.
60 Marcelo Calvo (Técnico en bibliotecas, Director de la Biblioteca Braille del Instituto Provincial de Cultura de la Provincia de Buenos Aires), entrevistado por la autora, 25 de julio de 2003
61 Tiflolibros, http://tiflolibros.com.ar
62 Liliana Bastons; Marcelo Calvo.
63 Hebe Campaña (Bióloga, miembro del Consejo de Investigación Científica de la provincia de Buenos Aires, Coordinadora de ECLAMC (Estudio Colaborativo de Malformaciones Congénitas), Vicepresidente Asociación María Montessori, cofundadora del Comité de discapacidades intelectuales profundas y múltiples de FENDIM), entrevistada por la autora. 
64 Dirección de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Anuario 2000, http://diniece.me.gov.ar 
65 Dirección de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, Anuario 2000. 
66 Ibídem.
67 Alicia Di Meglio (Profesora de Educación Especial, Directora de Educación Especial de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires), entrevistada por la autora, La Plata, 20 de octubre de 2003.
68 Consejo Federal de Cultura y Educación, Ministerio de Cultura y Educación, Acuerdo Marco para la Educación Especial, Documentos para la Concertación, serie A, Nro. 19, (Diciembre de 1998). 
69 César Ambrogetti (Profesor de Educación, a cargo del equipo de Educación Especial en la Dirección de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación), entrevistado por la autora, Ciudad de Buenos Aires, 29 de septiembre de 2003.
70 Alicia Di Meglio; César Ambrogetti.
71 Entrevistas a padres y maestros de escuelas comunes y especiales de distintas partes del país. 
72 Panel de discusión
73 Raúl Ayude (Director de la Escuela General San Martín, Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires).
74 FENDIM, Legislación aplicable al Sector de las personas con discapacidad; Colectivo de ONGs de Infancia y Adolescencia, 2003, Informe de Organizaciones no gubernamentales argentinas sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, (2003), p. 49.
75 Informe de Organizaciones no gubernamentales argentinas sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
76 Ibídem.
77 Ley 24901, apartado 2.1.3, http://www.infoleg.mecon.gov.ar
78 Entrevista con padres y directores de escuelas y centros de día de La Plata.
79 César Ambrogetti.
80 César Ambrogetti; Alicia Di Meglio.
81 Dirección de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación, Anuario 2000, http://diniece.me.gov.ar 
82 Panel de discusión.
83 Ley 25573, art. 2, abril de 2002.
84 Esta información se basa en las reuniones y los talleres realizados por la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata antes de marzo 2003.
85 Jorge Badaracco.
86 Alicia Di Meglio.
87 César Ambrogetti.
88 Ibídem.
89 Ibídem.
90 Dirección de infraestructura, Ministerio de Educación, http://me.gov.ar 
91 INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, http://www.indec.mecon.ar
92 Ignacio Rizzi (empleado de la Unidad de Grupos Vulnerables), Ministerio de Trabajo.
93 Carlos Ferreres, "El rol de la CTA en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad" en La Discapacidad: una cuestión de derechos humanos (C. Eroles y C. Ferreres, CTA- Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002) 158.
94 Pablo Rosales, "La Discapacidad en el Sistema de Obras Sociales Nacionales: Los derechos de los beneficiarios con discapacidad", Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, (4 abril 2002). 
95 Ministerio de Trabajo, http://www.trabajo.gov.ar
96 Despouy fue relator de discapacidad en la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas.
97 Se solicitó información a la Auditoría General de La Nación y no se obtuvo respuesta.
98 Marían Diego (Profesora de Educación Especial, Gerencia de Recursos Humanos, Zona Sur, SIDERAR), entrevistada por la autora, Ensenada, Provincia de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2003.
99 Horacio Espinoza (miembro de Millenium), entrevistado por la autora, San Martín de los Andes, 30 de octubre de 2003.
100 Ignacio Rizzi.
101 Alicia Di Meglio
102 Fundación Par, http://www.fundacionpar.org.ar
103 Pedro Lipcovich, "Capacidades diferentes, Ciegos que se forman como catadores para lograr una inserción laboral", Diario Página 12, www.pagina12web.com.ar/diario/sociedad/3-20553-2003-05-25 
104 Fundación Discar,  http://www.fundaciondiscar.org.ar 
105 Enrique Sarfatti (Miembro de ENCIDIS), respuesta enviada por correo electrónico, noviembre de 2003.
106 Jorge Mascheroni.
107 Ana Sequeiro.
108 Marcelo Calvo.
109 Panel de discusión.
110 Cuadros del INDEC, http://www.indec.mecon.gov.ar
111 Ley 24901, Sistema de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. 
112 La competencia de las áreas de gobierno está establecida en la Ley Nº 22.431, arts. 4 a 7, y en el Decreto reglamentario Nº 498/83. 
113 Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, http://www.pami.org.ar 
114 Comunicado de Trabajadores de ATE - PROFE - CTA, 31 de julio de 2003.  
115 Liliana Bastons.
116 Jorge Badaracco.
117 Hilton Perkins, http://www.sordoceguera.org/Programas%20y%20Organizaciones/Argentina.htm; Marcelo Calvo; Experiencias de docentes y empleados de empresas de Comodoro Rivadavia, Chubut, compiladas en septiembre de 2003. 
118 Jorge Badaracco.
119 Guía del Estudiante 2004, Eudeba, Universidad de Buenos Aires, Octubre de 2003, Buenos Aires.  La carrera de Kinesiología se cursa en 20 universidades privadas y en cinco públicas. La carrera de Terapista Ocupacional se cursa en cuatro universidades privadas y seis públicas. La carrera de Fonoaudiología se cursa en cinco universidades e institutos privados y seis públicos. 
120 Marcelo Calvo.
121 Alicia Di Meglio
122 Entrevistas a padres de niños con discapacidad.
123 Dra. Cristina Basavilbaso (Médica Fisiatra, Servicio de Rehabilitación de la Provincia de Buenos Aires), Conferencia ofrecida en el IV Congreso Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis, ISPO, Buenos Aires, 22 de octubre de 2003.
Jorge Badaracco. 
124 Pablo Coronel (Médico Fisiatra del Programa de Rehabilitación de la Provincia de Neuquén), Conferencia ofrecida en el IV Congreso Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Prótesis y Órtesis, ISPO, Buenos Aires, 22 de octubre de 2003.
Jorge Badaracco.
125 Jorge Badaracco.
126 Universidad Abierta Interamericana, http://www.uai.edu.ar 
127 Manuel Maza. A la fecha de redacción del presente documento, estaba por publicarse una nueva versión del módulo 4.
128 Página Web oficial sobre vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/vivienda 
129 Aumentó un 47% la inversión del Ministerio de Salud para la atención de discapacitados. (Comunicado de prensa Ministerio de Salud, 15 de septiembre de 2003), http://www.msal.gov.ar/htm/site/noticias_a342.asp 
130 María Isabel Ferreira (Abogada, Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), respuesta enviada por correo electrónico, 9 de noviembre de 2003.
131 Jorge Mascheroni.
132 Honorable Consejo Deliberante de Alberti, 28 de abril de 2003.
133 Fundación Huarpe,  http://www.fuarpe.og.ar 
134 Eduardo Mondino, "Punishments and bad treatments of persons who are mentally ill should be abolished", Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, Buenos Aires, Argentina, http://www.defensor.gov.ar/articulos/art03-en.htm. 
135 Clarín, 18 de octubre de 2002, http://www.clarin.com/diario/2002/10/18/index_diario.html
136 http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1992/ms50.htm 
137 http://www.comite.bioetica.org/mesa4.htm http://www.revistaestrategas.com.ar/tel49.htm
138 Telenoche Investiga, 1996, http://www.telenoche.com.ar; 
Microsemanario (publicación), Universidad de Buenos Aires, año 2 Nro. 50, 18 al 24 de febrero de 1992. 
http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1992/ms50.htm
139 http://www.oscurosol.com.ar/MontesdeOca.htm.
140 Telenoche Investiga. 
141 Decreto 762/97. 
142 Defensoría del Pueblo de la Nación, Informes de Actuaciones, Resolución 73/03. Recomendación del Defensor del Pueblo a Telefónica de Argentina, Acceso para discapacitados en Telefónica de Lomas de Zamora, 2003, http://www.defensor.gov.ar/presentacion/quejas-sp.htm 
Panel de discusión
143 Ley 24314, http://www.trabajo.gov.ar/legislacion/ley/.  Sustituyó los artículos 20, 21 y 22 del Capítulo IV de la ley 22431.
144 Ley 962, Código de edificación urbano de la Ciudad de Buenos Aires, http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/; Información de empleados de la Secretaría de la Vivienda, 
Carta difundida por fundación Rumbos y REDI (a través de FENDIM) el 7 de agosto de 2003.   
145 Nélida Galloni Balmaceda (Arquitecta, Investigadora CIBAUT, Profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UB, Integrante comisiones IRAM), entrevistada por la autora, Buenos Aires, 7 de agosto de 2003.
146 Jorge Mascheroni.
147 "De Villa Ortúzar al centro en 25 minutos, con la Línea B del súbte", Diario Página 12, 12 de septiembre de 2003, http://www.pagina12web.com.a/diario/sociedad/3-2385/-2003-08-09.html 
148 Leandro Despouy (Presidente de la Auditoría General de la Nación), (discurso en el Senado de la Nación, sobre la base de un Informe de dicha Auditoría, en ocasión de la conmemoración del Día de la Discapacidad, Ciudad de Buenos Aires, 3 de diciembre de 2003).
149 Abraham Felperin.
150 Central de Trabajadores Argentinos, CTA. www.cta.org.ar; Comité de Evaluación del Seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, septiembre de 2003; REDI, CELS y Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, agosto de 2003. 
151 Leandro Despouy, www.agn.gov.ar. A la fecha de redacción del presente documento, todavía no se había publicado el informe sobre el transporte público automotor. 
152 "El Drama Diario de los Discapacitados que Viajan en Colectivo", Clarín, 7 de abril de 2003, http://old.clarin.com/diario/2003/04/07/s-02904.htm
153 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires,
 http://www.fadu.uba.ar/posgrados/oferta; Sociedad Central de Arquitectos, http://www.socearq.org 
154 Norma Sharovsky y Eduardo Frank, arquitectos, Centro de Estudio de Diseño Universal (CEDU); Sociedad Central de Arquitectos de la Argentina (CEM), entrevistados por la autora, Buenos Aires, 20 de agosto de 2003. Eduardo Frank, Vejez, arquitectura y sociedad , (Buenos Aires: Paradiso Ediciones, 1998). El Arq. Frank es autor de un libro sobre diseño universal que aborda las necesidades de las personas con movilidad reducida en relación con el medio físico.
155 Ibídem.
156 Fundación Artistas Discapacitados, http://www.fundacion.artistas.org.ar 
157 CONADIS, Responsabilidades y funciones, http://www.cndisc.gov.ar
158 Susana Sequeiros.
159 Jorge Mascheroni
160 CONADIS, http://www.cndisc.gov.ar 
161 Adrián Reynoso (Presidente IPLESA), respuesta enviada por correo electrónico, http://www.amc.com.ar/iplesa/ 
162 Jorge Mascheroni.
163 Alicia Bustos Fierro.
164 Jorge Mascheroni.
165 Marcelo Calvo.
166 Liliana Bastons
167 Ley 24452  http://www.infoleg.mecon.gov.ar 
168 Decreto Nº 1277/2003, Boletín Oficial, 26 de mayo de 2003.
169 El comité está formado por el presidente de la CONADIS, un miembro del Comité Asesor de la CONADIS, delegados de distintas oficinas del gobierno y un delegado del Consejo Federal. 
170 Jorge Mascheroni.
171 Marcelo Calvo.
172 Susana Sequeiros.
173 Hebe Campaña (Presidente de la Asociación María Montessori), entrevistada por la autora, La Plata, 25 de septiembre de 2003.
174 ConstituciÛn PolÌtica del Estado, (Editorial UPS, La Paz, 2002), 48.
175 ¡rea de Justicia y Asuntos Penales de la ComisiÛn Andina de Juristas, CÛdigo Penal y  CÛdigo Procesal Penal, 2003 
176 CÛdigo de Seguridad Social, La Tarjeta JurÌdica, (Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, La Paz, 2002).
177 Ley de Pensiones, La Tarjeta JurÌdica (Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, La Paz, 2002.); Ley de Municipalidades, La Tarjeta JurÌdica, (Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, La Paz, 2002.); CÛdigo Electoral, La Tarjeta JurÌdica, (Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, La Paz, 2002).
178 Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de Salud, DirecciÛn de OrganizaciÛn de Servicios de Salud, OrganizaciÛn Mundial de Salud, PolÌtica Nacional de PrevenciÛn de Discapacidades y RehabilitaciÛn en Salud, (Bolivia Nueva Sociedad, La Paz 1996).
179 Ministerio de EducaciÛn, PolÌticas de IntegraciÛn para los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales a la Modalidad Regular, (Documento de Trabajo, La Paz 2002), 13.
180 Ley del 22 de enero de 1957 (copia legalizada provista por Norberto Vargas (Director del Archivo General de la Presidencia de la Rep?blica)), La Paz, 1986.
181 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 2da. Ed. (CapÌtulo I, Definiciones, art. 1.B)., (D.P., La Paz, 2002), 5.
182 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, La Paz, 14 de noviembre de 2003; entrevista con el Jefe de la Unidad de Previsión Social, Área Discapacidad del Ministerio de Salud y Deportes, La Paz, 12 de septiembre de 2003.
183 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud, INE/ENDSA, La Paz, 1998, ApÈndice El Cuestionario de Hogar.
184 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Encuesta Nacional de DemografÌa y Salud, 216-217.
185 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Manual del Empadronador/a, INE, La Paz, 2001, 56. 
186 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Censo Nacional de PoblaciÛn y Vivienda de 2001, INE, La Paz, 2002, 94-95.   
187 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Encuesta de Hogares, programa de Mejoramiento de Condiciones de Vida MECOVI-2001, INE, La Paz, 2001.
188 IbÌdem.
189 Clarita Franco de Machado y Rodrigo De Urioste, Estudio sobre la IncorporaciÛn de Personas con Capacidades Diferentes al Sistema de FormaciÛn TÈcnica y TecnolÛgica (CorporaciÛn Calidad, La Paz, 2003), 94.
190 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Censo Nacional de PoblaciÛn y Vivienda de 2001.
191 Ley 2344 del 26 abril de 2002 (copia legalizada provista por Norberto Vargas).
192 Ley 1658, ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad, www.conalpedis.org.
193 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo. 
194 ConstituciÛn PolÌtica del Estado, 3-4.
195 IbÌdem, 48
196 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 22-38. 
197 CÛdigo del NiÒo, NiÒa y Adolescente, La Tarjeta JurÌdica, (La Paz: Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, 2003), www.conalpedis.org
198 Ley sancionada el 12 de enero de 1957 (Copia legalizada provista por Norberto Vargas).
199 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad, La Paz, 19 de septiembre de 2003; CÛdigo Penal, La Tarjeta JurÌdica (Servicios de ComunicaciÛn, La Paz, 2002).
200 Ley Contra la Violencia en la Familia o DomÈstica, La Tarjeta JurÌdica, (Provin Servicios de ComunicaciÛn CD, La Paz, 2002).
201 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 40.
202 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera, La Paz, 17 de noviembre de 2003; Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos  Humanos de Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo; Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
203 Ley del Defensor del Pueblo, La Tarjeta JurÌdica, (Servicios de ComunicaciÛn, La Paz, 2002).
204 IbÌdem.
205 Director del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
206 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
207 Defensor del Pueblo, VerificaciÛn Defensorial ComitÈs Departamentales Personas con Discapacidad (D.P., La Paz, 2002), 39-52.
208 IbÌdem.
209 Tipo de cambio aplicable a ese perÌodo 7,60 Bs. por cada dÛlar estadounidense.
210 Defensor del Pueblo, VerificaciÛn Defensorial ComitÈs Departamentales Personas con Discapacidad.
211 IbÌdem.
212 ¡rea de Justicia y Asuntos Penales de la ComisiÛn Andina de Juristas, CÛdigo Penal y  CÛdigo Procesal Penal, 2003.
213 Entrevista con Vocal de la Corte Nacional Electoral, La Paz, 17 de septiembre de 2003.  La cercha es un formulario que tiene las iniciales de los partidos en sistema Braille y de los nombres de los distritos uninominales. Es una copia exacta de la boleta de sufragio donde aparece una X al lado de una marca perforada para emitir el voto. Est· editada en material de cartulina.
214 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo.
215 Entrevista con Vocal de la Corte Nacional Electoral,  La Paz, el 17 de septiembre de 2003.
216 IbÌdem.
217 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
218 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
219 Entrevista con el Director de Programación del Canal 7 de Televisión Boliviana (canal oficial), La Paz, 25 de septiembre de 2003.
220 IbÌdem.
221 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial, La Paz, 24 de noviembre de 2003.
222 IbÌdem.
223 Entrevista con el Responsable del Equipo de Modalidades de EducaciÛn Especial e Intercultural Biling¸e, La Paz, 17 de septiembre 2003
224 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial.
225 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Censo Nacional de PoblaciÛn y Vivienda de 2001, 9.
226 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Anuario EstadÌstico 2002, (La Paz: INE-CD, 2003),2-3.
227 IbÌdem.
228 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 25.
229 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
230 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial.
231 Entrevista con el Responsable del Equipo de Modalidades de EducaciÛn Especial e Intercultural Biling¸e.
232 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial.
233 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
234 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo.
235 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
236 Entrevista con el Responsable del Equipo de Modalidades de EducaciÛn Especial e Intercultural Biling¸e.
237 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial.
238 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
239 Entrevista con el Coordinador Nacional de EducaciÛn Especial.
240Clarita Franco de Machado y Rodrigo De Urioste.
241 Instituto Nacional de EstadÌsticas, Anuario EstadÌstico 2002, 7-10.
242 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad y con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
243 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad; Panel de discusiÛn con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, facilitado por el autor, La Paz, 29 de septiembre de 2003.
244 Entrevista con la Directora General de Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo y Delegada del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad, La Paz, 23 de septiembre de 2003.
245 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
246 IbÌdem.
247 Entrevista con el Jefe de la Unidad de PrevisiÛn Social ¡rea Discapacidad del Ministerio de Salud, La Paz, 12 de septiembre de 2003.
248 Entrevista con el Director de PrevisiÛn Social del Ministerio de Salud y Deportes, La Paz, 28 de noviembre de 2003.
249 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
250 IbÌdem.
251 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
252 IbÌdem.
253 Mirjam Guevara, Ofertas Educativas para Personas con Necesidades Educativas Especiales en Bolivia, (UNESCO, UNICEF y AsociaciÛn Alemana para la EducaciÛn de Adultos, La Paz, 1997), 14-15.
254 Entrevista con el Director de PrevisiÛn Social del Ministerio de Salud y Deportes.
255 Panel de discusiÛn.
256 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
257 IbÌdem.
258 Entrevista con el Director de PrevisiÛn Social del Ministerio de Salud y Deportes.
259 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
260 Entrevista con el Director de PrevisiÛn Social del Ministerio de Salud y Deportes.
261 IbÌdem.
262 IbÌdem.
263 IbÌdem.
264 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
265 Entrevista con la Directora de PolÌticas de Vivienda ,Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, La Paz, 4 de noviembre de 2003.
266 IbÌdem.
267 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo.
268 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad y Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
269 IbÌdem.
270 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo. 
271 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
272 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 33.
273 IbÌdem.
274 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
275 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
276 Entrevista con la Directora de PolÌticas de Vivienda, Viceministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
277 Entrevista con TÈcnico Profesional en NormalizaciÛn del Instituto Boliviano de NormalizaciÛn y Calidad (IBNORCA), La Paz, 6 de noviembre de 2003. 
278 Director General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transportes, La Paz, 26 de septiembre de 2003.
279 Defensor del Pueblo, Ley de la Persona con Discapacidad, 11.
280 IbÌdem, 11-16.
281 Defensor del Pueblo, VerificaciÛn Defensorial ComitÈs Departamentales Personas con Discapacidad, 39-52.
282 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
283 Entrevista con el Responsable del Programa de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la DefensorÌa del Pueblo.
284 Prefectura del Departamento de La Paz, Testimonio Notariado. NotarÌa de Gobierno, La Paz, 1996.
285 Entrevista con el Director Ejecutivo del Instituto Boliviano de la Ceguera.
286 Prefectura del Departamento de La Paz, Testimonio Notariado. 
287 Panel de discusiÛn y entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
288 Entrevista con el Director Ejecutivo del ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad.
289 IbÌdem.
290 Entrevista con el Coordinador Nacional de la AsociaciÛn de RehabilitaciÛn Integral en la Comunidad, Cochabamba, 29 de agosto de 2003
291 ComitÈ Nacional de la Persona con Discapacidad, Cursos , La Paz, www.conalpedis.org.
292 IbÌdem.
1

Brasil

Factores clave:  Brasil es uno de los países más grandes de la región y, por ende, su población de personas con discapacidad es numerosa. El marco legal del país ofrece diversas protecciones de los derechos de las personas con discapacidad, incluida la ley Nro. 7853, que tipificó el delito de prejuicio basado en la discapacidad. 

Terminología

En el presente informe, el término en portugués “pessoas portadoras de deﬁciência” se tradujo como "personas con discapacidad", ya que esta expresión transmite más acabadamente el sentido de la expresión portuguesa en uso que la traducción literal “personas con deficiencia”.  El término “transtornos mentais” (trastornos mentales) se tradujo literalmente de documentos oficiales y se refiere a discapacidades "psico-sociales y/o psiquiátricas”. Asimismo, en documentos oficiales se utiliza la expresión “doença mental” (enfermedad mental) en lugar de discapacidad psiquiátrica. 

Definición de discapacidad

El artículo 3 del decreto Nro. 3298/99, el cual reglamenta la Ley Nro. 7853/89, ofrece la siguiente definición de discapacidad: "toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica que genere una incapacidad para el desempeño, dentro de un patrón considerado normal para el ser humano”.1

Población con discapacidad

Brasil realizó su último censo demográfico en el año 2000.  Sus resultados arrojaron que el 14,5% de la población brasileña, o aproximadamente 24.500.000 habitantes, tiene algún grado de limitación para la actividad/función.2 Esta cifra representa un aumento significativo del porcentaje de personas con discapacidad del 1,14% registrado en el censo de 1991.  El enfoque utilizado en el censo de 1991 sólo permitió identificar una cantidad reducida de personas con discapacidad.  Debido a que el porcentaje registrado se apartaba en gran medida de las estimaciones internacionales, se llevaron a cabo diversos estudios para entender las causas de las diferencias.3 

1. Decreto 3298, 20 de diciembre de 1999, http://www.mj.gov.br/sedh/dpdh/corde/dec3298.htm.

2. Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, http://www.ibge.gov.br/.

3. Izabel Madeira de Loureiro Maior (Coordinadora General de la Coordinadora Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CORDE)).  

4. Ana Maria de Resende Chagas Renato Baumgratz Viotti, Retrato da pessoa com deﬁciência no Brasil segundo o censo de 1991, [Retrato de las Personas con Discapacidad en Brasil, Censo de 1991] Brasilia, agosto de 2003, http://www.ipea.gov.br/pub/td/2003/td_0975.pdf.

Brasil

86

La cantidad reducida de personas con discapacidad registradas en dicho censo se debió a la metodología utilizada para verificar la información, el concepto de discapacidad y las categorías restrictivas empleadas en ese momento.4

En cambio, según lo informado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), el censo de 2000 fue compatible con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) publicada en el año 2001 por la Organización Mundial de la Salud. La nueva metodología permitió al IBGE identificar un número mayor de personas con discapacidad gracias a un enfoque más integral.5  Más concretamente puede señalarse que existían más probabilidades de identificar a las personas con discapacidad leve con el censo de 2000 que con el de 1991.6 En el censo de 2000 se preguntó lo siguiente: 

¿Tiene alguna discapacidad mental permanente que limite sus actividades diarias? (Como trabajar, ir a la escuela, brincar, etc.) 7   
(sí/no)

¿Cómo evalúa su capacidad para ver? (Si utiliza anteojos o lentes de contacto, haga su evaluación de la visión que logra al utilizarlos) (Incapaz/Gran dificultad permanente/Alguna dificultad permanente/Ninguna dificultad)

¿Cómo evalúa su capacidad para oír? (Si utiliza audífono, haga su evaluación de la audición que logra al utilizarlo) (Incapaz/Gran dificultad permanente/Alguna dificultad permanente/Ninguna dificultad)

¿Cómo evalúa su capacidad para caminar/subir escaleras? (Si utiliza prótesis, bastón o aparato auxiliar, haga su evaluación de la movilidad que logra al utilizarlo) (Incapaz/Gran dificultad permanente/Alguna dificultad permanente/Ninguna dificultad)

¿Tiene alguna de las siguientes deficiencias?: (Indique sólo una alternativa, priorizando la mayor) (Parálisis permanente total/Parálisis permanente de las piernas/Parálisis permanente de un/dos lados del cuerpo/Falta de pierna, brazo, mano, pie o dedo pulgar/Ninguna de las anteriores)8

5. IBGE, Comunicação Social [Comunicación Social], 8 de mayo de 2002, http://www.ibge.gov.br/.  

6. Centro de Políticas Sociales, Retratos da Deﬁciencia no Brazil [Retrato de la discapacidad en Brasil], Fundación Getulio Vargas, (2003), http://www.fgv.br/cps/deﬁciencia_br/PDF/PPD_Sumario_ Executivo.pdf.

7. Decreto Nro. 3298/99; según definición del referido decreto, en este contexto se entiende por "discapacidad mental": el "funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, con manifestación antes de los dieciocho años y limitaciones asociadas a dos o más áreas de habilidades adaptativas, tales como comunicación, cuidado personal, habilidades sociales, utilización de la comunidad, salud y seguridad, habilidades académicas, esparcimiento y trabajo".

8. Decreto 3298/99.

87 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Se determinó que el mayor porcentaje de personas con discapacidad se encontraba en el Nordeste (16,8% de la población total) y el menor, en el Sudeste (13,1%).9

En una serie de comunicados de prensa que el IBGE dio a conocer el 20 de diciembre de 2002 y el 27 de junio del 2003, describió algunas características de los resultados. El porcentaje de personas con discapacidad es mayor (16,3%) en los municipios pequeños de hasta 20 mil habitantes en comparación con el porcentaje registrado en los grandes municipios (13%). Se hallaron, además, diferencias étnicas en la composición de la población con discapacidad.  Así, las poblaciones indígena y negra presentan un porcentaje del 17,1% y 17,5%, respectivamente. Las poblaciones blanca y amarilla presentan porcentajes inferiores al 14%.10 En general, es importante destacar que el porcentaje de personas con discapacidad, según lo informado por el IGBE, aumenta con la edad, pasando de un 4,3% en los niños de hasta 14 años, a un 54% del total de las personas de más de 65 años de edad.

Entre las personas con discapacidad, prevalecen las deficiencias visuales.  Alrededor del 48,1% tenía deficiencias visuales, el 8,3% poseía deficiencias mentales, el 4,1% deficiencias físicas, el 22,9%, deficiencias motoras y el 16,7%, deficiencias auditivas. Los porcentajes de discapacidad mental, física y auditiva fueron mayores entre los hombres que los registrados entre las mujeres. Por su parte, entre las discapacidades investigadas, la dificultad permanente para ver así como el uso de anteojos fue referida por 16.600.000 personas, afectando más a las mujeres que a los hombres.11 El predominio de la discapacidad visual suscitó inquietudes respecto de la metodología y la precisión de los resultados. Un análisis de los resultados arrojados por el censo nacional de 2000 permite señalar que las cifras correspondientes a las discapacidades mental y física están muy por debajo de las reales.12 En el censo de 1991, sólo el 9% de personas con discapacidad manifestó tener deficiencias visuales mientras que alrededor del 40% manifestó tener una discapacidad mental.13

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Brasil ratificó la Convención Interamericana en materia de discapacidad de la OEA el 17 de julio de 2001 y depositó el respectivo instrumento el 15 de agosto de 2001. La misión diplomática brasileña, en consonancia con la orientación de su gobierno, ha apoyado el proceso para negociar una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de las Naciones Unidas. A pesar de que no formaba parte de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1997, una delegación gubernamental y de ONG trabajaron para la prórroga del mandato del Relator Especial.14 Brasil también incorporó los principios de las Normas Uniformes a su legislación nacional.15

9.  IBGE, Comunicação Social. 

10. Ibídem.

11. Ibídem.

12. Carlos Roberto Miranda, Oportunidades de Trabalho Para Portadores de Deﬁciencia [Oportunidades laborales para personas con discapacidad], http://www.saudeetrabalho.com.br/ download/oportunidades-miranda.doc.

 13. IBGE, Censo de Brasil, 1991.

14. Izabel Madeira de Loureiro Maior. 

Brasil

88

A nivel nacional, el principal documento que protege los derechos de las personas con discapacidad es la Constitución Federal de 1988.16 La Carta Magna de Brasil garantiza el apoyo económico, la integración social, la prevención de la discapacidad y la rehabilitación integral, incluida la atención médica, la atención educativa y la formación laboral de las personas con discapacidad.  Además, prohíbe la discriminación en el empleo y dispone que un determinado número de personas con discapacidad debe ser contratado por el gobierno. Por último, la Constitución dispone que deben dictarse normas relativas a la accesibilidad de edificios, instalaciones y medios de transporte públicos.17

La ley Nro. 7853, sancionada el 24 de octubre de 1989, protege de manera específica los derechos de las personas con discapacidad.18 Esta ley dispone sobre el apoyo a las personas con discapacidad, su integración social y sobre la Coordinadora Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CORDE). Entre otras protecciones cabe mencionar:

 Ley Nro. 10754, sancionada el 31 de octubre de 2003, que modifica la ley Nro. 8989 y dispone la exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) en la adquisición de automóviles para su utilización en el transporte de pasajeros con discapacidad y transportes escolares. 

 Ley Nro. 8213/91, que establece un cupo de puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad.19  Según esta ley, la empresa con 100 o más empleados está obligada a cubrir de un 2% a un 5% de sus puestos de trabajo con trabajadores rehabilitados o con discapacidad.20  

15. OEA, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas. org/documents/eng/documents.asp.

16. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

17. Constitución Federal de 1988, http://www.senado.gov.br/bdtextual/const88/Con1988br.pdf. 

18. Ley Nro. 7853, Presidência da República Subcheﬁa para Assuntos Jurídicos, 24 de octubre de 1989, http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L7853.htm.

19. Ley Nro. 8213, 24 de julio de 1991, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm. Las empresas que tienen entre 100 y 200 trabajadores deben contratar un 2% de trabajadores con discapacidad; aquéllas que tienen entre 201 y 500 empleados deben contratar un 3%; aquéllas que tienen entre 501 y 1000 trabajadores deben contratar un 4% de trabajadores con discapacidad; y las que tienen más de 1000 trabajadores deben contratar un 5% de trabajadores con discapacidad.

20. Informe del Ministerio Público de Trabajo sobre la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Ed. Nro.5.  (Brasil, Febrero de 2002), http://www.pgt.mpt.gov.br/ ascom/infespecial/indexInfEspec5anexo3.htm. 

89 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

 Ley Nro. 10048/2000, que da prioridad a la atención de las personas con discapacidad, entre otros grupos, en reparticiones públicas y empresas concesionadas por el Estado.21

 Ley Nro. 10436, sancionada el 24 de abril de 2002, que reconoce a la Lengua Brasileña de Señas como medio legal de comunicación y expresión.22

 Ley 10216, sancionada el 6 de abril de 2001, que dispone sobre la protección de los derechos de las personas con "trastornos mentales" y redirecciona el modelo asistencial en salud mental.23  

 Decreto Nro. 3298 del 20 de diciembre de 1999, que reglamenta la ley Nro. 7853y dispone sobre la Política Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad. 

 Decreto Nro. 4360 del 5 de septiembre de 2002, que modifica un decreto anterior que reglamenta el beneficio de prestación continua para las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad establecido por la Ley Nro. 8742 del 7 de diciembre de 1993.24  

 Decreto Nro. 4229 del 13 de mayo de 2002, que crea el Programa Nacional de Derechos Humanos. 25

 PNDH II, que contiene las recomendaciones de políticas del Programa Nacional de Derechos Humanos.26 

 Directrices del Ministerio de Justicia para la creación de los Consejos Estatales y Municipales de los Derechos de las Personas con Discapacidad.27 

21. Ley Nro. 10048, 9 de noviembre de 2000, http://www.pgj.ce.gov.br/centros/caogsdat/Lei10048.DOC. 

22. Ley 10436, 24 de abril de 2002, http://www.mj.gov.br/sedh/dpdh/corde/pl4857.htm#10436.

23. Ley 10216, 6 de abril de 2001, http://www.mj.gov.br/sedh/dpdh/corde/lei10216.htm.

24. Decreto 4360, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4360.htm. Los beneficios fueron creados por ley 8742 del 7 de diciembre de 1993 y reglamentados en el artículo 36 del decreto 1744 del 8 de diciembre de 1995. 

25. Programa Nacional de Derechos Humanos, http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/.

26. Programa Nacional de Derechos Humanos, PNDH II (2002), http://www.mj.gov.br/sedh/pndh/pndhII/ Texto%20Integral%20PNDH%20II.pdf. 

27. Conselho Nacional dos Direitos da Pessoas Portadora de Deﬁciência [Consejo Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad], (Brasilia: Ministério da Justiça, O Conselho, 2002) 21. 

Brasil

90

Existen sanciones por el incumplimiento de algunas de las leyes relativas a la discapacidad. El artículo 8 de la ley 7853/89 sanciona con la pena de multa y pérdida de la libertad de uno a cuatro años a quien violare los derechos de las personas con discapacidad.28 Sin embargo, el encuadramiento del prejuicio contra las personas con discapacidad como delito no es muy conocido ni aplicado.29 También existen sanciones por el incumplimiento de las leyes laborales.30  Las delegaciones regionales de trabajo con la fiscalización del Ministerio de Trabajo y Empleo están aplicando cada vez más el sistema de multas.  El Ministerio Público Laboral también está trabajando en la defensa de la reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.31  

Barreras legales

La ley brasileña establece que aquellos individuos que, por una discapacidad mental, estén imposibilitados de discernir a fin de realizar actos de la vida civil quedarán sujetos a curatela en virtud de sentencia judicial. El Código Civil regula este instituto.32 El artículo 1768 dispone que la interdicción puede ser promovida por cualquier familiar o por el Ministerio Público.33 En los casos en que la interdicción fuera promovida por un familiar, el Ministerio Público será el defensor del presunto incapaz y en los casos en que la interdicción fuera promovida por el Ministerio Público, el defensor será nombrado por el juez.34  

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen derecho al voto como todo ciudadano. No obstante, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad estiman que en promedio sólo un 20% de las urnas es accesible, lo que indica que existen barreras importantes para ejercer este derecho. En la elección de 2002, el Supremo Tribunal Electoral realizó una propaganda pública por televisión en la que se explicaron los procedimientos para votar con la Lengua Brasileña de Señas (LIBRAS).35  

En 2002, Brasil introdujo las urnas electrónicas. Como parte de las iniciativas destinadas a mejorar la situación de los electores con discapacidad a través de estas nuevas urnas, el Tribunal Supremo Electoral dispuso que, de ser posible, la justicia electoral debía realizar reformas de los lugares de votación a fin de asegurar su accesibilidad para las personas con discapacidad.36

28. Ley 7853/89, http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L7853.htm.

29. Izabel Madeira de Loureiro Maior. 

30. Ley Nro. 8213, 24 de julio de 1991, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8213cons.htm.

31. Ibídem.

32. Theotonio Negrão, Código Civil Comentado, http://www.tabelionatomanica.com.br/tutela.htm.

33. Ibídem.

34. Ibídem.

35. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

36. Resolución 20997, Distrito Federal de Brasilia, 26 de febrero de 2002.

91 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Aquellas jurisdicciones que no pudieran disponer de instalaciones adaptadas, deberían designar un sector especial para la votación. Paralelamente, se dispuso que, previa comunicación del interesado, se debía suministrar transporte a las personas con discapacidad que desearan trasladarse a votar a los locales especialmente acondicionados.37  El Tribunal informó, además, que dispondría de 10.000 urnas electrónicas para personas ciegas y en caso de que estas personas no tuvieran acceso a ellas, podrían firmar las boletas con Braille o el sistema alfabético.38 

Inclusión

Comunicación

La Constitución en Braille está disponible en la Biblioteca del Senado, en las bibliotecas de los centros especializados de educación para ciegos y en otras bibliotecas públicas. Sin embargo, el Gobierno no comunica con regularidad sus actividades en Braille.39 La biblioteca nacional ofrece textos en formatos alternativos, los que se actualizan en forma periódica. El material pedagógico en Braille es gratuito para la enseñanza de la escuela primaria, si bien sólo en las escuelas de educación especial se pueden obtener los títulos más buscados.40 Las escuelas solicitan al gobierno este material en Braille. 

El Programa de Gobierno Electrónico y la ley 10098/2000 establecen que los sitios Web deben ser accesibles.41  Por ejemplo, el sitio de la CORDE es accesible para personas ciegas y usuarios de software de comando de voz.42  Además, el sitio Web del IBGE permite a las personas con disminución visual y ceguera acceder a los resultados del censo 2000.43  En fecha reciente, la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) formó un grupo de trabajo para la elaboración de una norma técnica relativa a la accesibilidad de los contenidos de Internet para personas con discapacidad.

Existe una red electrónica para la difusión de información sobre discapacidad en el ámbito nacional llamada "Rede SACI".  Sus usuarios son personas con distintos tipos de discapacidad, según lo define la red en su sitio Web, además de familiares, profesionales especializados, miembros del Poder Público, formadores de opinión y centros de enseñanza e investigación. Sus ejes temáticos son Educación y Trabajo. Los productos y servicios de la Red SACI son gratuitos. Esta red funciona a través de su sitio Web (www.saci.org.br) y en los Centros de Información y Convivencia (CIC), que cuentan con computadoras, software adaptado y monitores especiales.44  

37. Tribunal Supremo Electoral, (Comunicado de prensa), Brasilia, 8 de marzo de 2002, http://www.tre-ms.gov. br/noticias/noticia26.html.

38. Resolución 20997.

39. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

40. “Conheça o acervo em braile da Biblioteca do Senado”, Rede SACI, 16 de junio de 2004, http://www. saci.org.br/. 

41. Ley Federal 10098/2000, Brasilia, 19 de diciembre de 2000, http://www.pgj.ce.gov.br/centros/caogsdat/Lei10048.DOC. 

42. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

43. IBGE, Comunicação Social.

44. Rede SACI, http://www.saci.org.br/index.php?modulo=akemi&parametro=1568.

Brasil

92

Por otra parte, hay un sistema de central telefónica con intermediación para personas sordas que cubre el 70% del territorio nacional.  La telefonía móvil celular también ofrece una alternativa de comunicación a través de los mensajes de texto (SMS).45  

Educación

La Constitución Federal consagra la igualdad en el acceso a la escuela como uno de los principios básicos de la educación.46  Sin embargo, las conclusiones del IBGE respecto del censo de 2000 revelan que aún existen algunas barreras importantes que afectan a las personas con discapacidad.  El nivel educativo logrado por este colectivo es inferior al de la población en general. La tasa de alfabetización de las personas de 15 años de edad o más rondó el 87,1%, mientras que entre las personas con discapacidad era sólo del 72,0%. Del total de personas de 15 años o más con tres años de estudio o menos, el 32,9% tenía alguna discapacidad. A nivel regional, se observaron tendencias semejantes. 

En Brasil, la frecuencia escolar (concurrencia a la escuela) de las personas de 7 a 14 años de edad estaba prácticamente universalizada (94,5%), pero para las personas con discapacidad, al menos en una de las discapacidades, el porcentaje era menor (88,6%) y caía a un 74,9% en el caso de las discapacidades severas.  La menor tasa de frecuencia escolar fue observada entre las personas que tenían alguna deficiencia física permanente (61,0%).47 Los datos existentes acerca de la educación general básica demuestran diferencias importantes: el porcentaje de personas con discapacidad que cursa los ocho grados y finaliza el ciclo de educación primaria obligatoria a nivel nacional sólo alcanza el 10%. 

La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (art.58 y siguientes) define la educación especial como aquélla que se presta a las personas con discapacidad.48  También dispone que, en lo posible, los niños con discapacidad deben integrarse en el marco de la escuela común.49  Si bien hay una política nacional en virtud de la cual las escuelas deben ser accesibles, las escuelas que cumplen son apenas el 20%. Las instalaciones del Ministerio de Educación son accesibles para los usuarios de sillas de ruedas.

La matrícula en las escuelas especiales son los únicos datos confiables acerca de la distribución de los alumnos con discapacidad.  Según estos datos, alrededor de la mitad de todos los alumnos con discapacidad estudia en escuelas especiales. La mayoría de los alumnos restantes estudia en clases integradas o en clases especiales en escuelas comunes. Una cantidad mucho menor estudia en su casa o en hogares-escuelas donde también reside. La educación primaria para personas con discapacidad y las escuelas especiales están disponibles en las ciudades principales y en la mayoría de las ciudades.50  En las zonas rurales, suele ser insuficiente la atención especializada que se ofrece en las clases comunes para las personas con discapacidad. Por ello, muchas personas con discapacidad deben trasladarse a las grandes ciudades.51

No hay datos disponibles respecto del porcentaje de alumnos con discapacidad en la educación media porque ésta no es obligatoria. 

45. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

46. Código Civil Comentado, Theotonio Negrão. 

47. IBGE, Comunicação Social, 27 de junio de 2003.

48. Ley 9394, 20 de diciembre de 1996, http://www.capes.gov.br/Documentos/Legislacao/Lei_9394_ Diretrizes_Bases_1996.doc.

49. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

50. Ibídem. 

93 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

En general, las personas con discapacidad tienen acceso a la escuela media y, en el caso de las discapacidades sensoriales, reciben educación en escuelas especializadas.52  

Con respecto a la educación continua, el gobierno del Estado de Sao Paulo creó un programa de inclusión digital. Entre las iniciativas que forman parte de este programa cabe mencionar la creación de un CD-ROM concebido para aumentar el vocabulario de la Lengua Brasileña de Señas (LIBRAS) de las personas con discapacidad auditiva.53

Existe un programa de detección de discapacidades sensoriales en la educación primaria y las escuelas que participan en este programa oscilan entre un 20% y un 40%.54  Los niños que presentan deficiencias sensoriales son derivados a centros de apoyo pedagógico para complementar la educación regular. El Ministerio de Salud tiene un Programa de intervención temprana para detectar fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito e hemoglobinopatías, incluyendo anemia falciforme y talasemia, así como dificultades auditivas en el recién nacido.55

Los maestros reciben formación durante su carrera para abordar la enseñanza de las personas con discapacidad y la educación especial es una especialización en la carrera. Los maestros que desean recibir capacitación de postgrado en educación especial pueden asistir a centros de formación docente públicos y privados. 

52. Ibídem..

53. Deﬁcientes auditivos ganham dicionário digital, Panorama Brasil, São Paulo-P, 27 de septiembre de 2002.

54. Ibídem..

55. Sheila Miranda da Silva (Coordinadora Nacional de Salud para las personas con discapacidad del Ministerio de Salud, responsable de las políticas de salud para las personas con discapacidad).

51. Ibídem.

Brasil

94

Empleo

Según datos del censo de 2002, de un total de 66.600.000 personas de 10 años de edad o más que componen la población ocupada del país, nueve millones son personas con discapacidad.56  El censo determinó que la tasa general de empleo de las personas con discapacidad es inferior a la registrada entre las personas sin discapacidad. La tasa de empleo de personas sin discapacidad ronda el 50% mientras que la tasa de empleo entre las personas con discapacidad es un 10% menor.  Las personas con discapacidad mental se asocian con la menor tasa de inserción laboral: solamente el 19,3%. Las tasas de inserción en el mercado laboral son relativamente mayores respecto de otras discapacidades: discapacidad física o motora (24,8%), discapacidad auditiva (34,0%) y discapacidad visual (40,8%). Del total de nueve millones de personas con discapacidad ocupadas al llevarse a cabo el censo, 5.600.000 eran hombres y 3.500.000 eran mujeres. Por lo tanto, casi el 52% de los hombres con discapacidad trabaja mientras que sólo el 27,3% de mujeres con discapacidad está ocupada. 

Las personas con discapacidad no sólo representan el sector poblacional con menor inserción laboral sino que también son las que más se asocian con ingresos inferiores al salario mínimo en comparación con los ingresos de la población general.  Si bien el 29,5% de las personas con discapacidad informó que ganaba menos de un salario mínimo, este porcentaje caía al 22,4% para las personas sin discapacidad.57 Según el censo de 2002, la tasa de empleo es un 10% menor entre las personas con discapacidad; sin embargo, según el censo de 1991, la tasa de empleo de las personas con discapacidad fue un poco más del 20% menor que la de la población en general.58 Según estimaciones de otros departamentos del gobierno, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces mayor que la de la población general.59 

Algunos empleadores cumplen con la ley 8213/91. Por ejemplo, Carrefour, el mayor empleador privado de Brasil, tiene una política expresa de no discriminación de las personas con discapacidad e implementó un sistema prioritario de solicitud de empleo. 60 El gobierno también está obligado a cumplir con el cupo de puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad.61  Como medida ejemplar, la Secretaría especial de derechos humanos estableció que el 5% de los cargos de alto nivel deben ser cubiertos por personas con discapacidad. Según la CORDE, la Secretaría está cumpliendo con esta medida.62 No obstante, en general, los principales obstáculos para la inclusión laboral son el desconocimiento, la falta de transporte accesible, el bajo nivel de escolaridad y la negativa de los empleadores a adoptar medidas de adaptación razonables según las necesidades de las personas con discapacidad.63

56. Esta cifra abarca a las personas que realizan un trabajo remunerado y a aquéllas que desarrollan actividades económicas periódicas sin remuneración.

57. IBGE, Comunicação Social. 

58. IBGE, Censo de Brasil, 1991.

59. Ibídem.

60. Carrefour, http://www.carrefour.com.br/carrefour/carreiras.asp. 

61. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

62. Ibídem.

95 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Servicios de salud

El Sistema Único de Salud abarca los servicios de atención médica y rehabilitación de las personas con discapacidad. El Ministerio de Salud financia programas de rehabilitación para personas con discapacidad auditiva, visual, motora y mental, y entrega órtesis y prótesis. En 2003 y 2004, se dio prioridad a la región Amazónica. El gobierno en sus distintos niveles también suministra gratuitamente ayudas técnicas. En las capitales y los municipios se desarrollan programas de rehabilitación y de suministro de órtesis y prótesis. En general, el 90% de los servicios de rehabilitación son públicos.64  

La Agencia de Salud Suplementaria (ANS) tiene a su cargo la reglamentación de los servicios de atención médica privada y otros similares, debiendo garantizar la afiliación de las personas con discapacidad y evitar su discriminación. El Consejo Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADE) adoptó medidas con este último fin. 

Existen experiencias aisladas de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) en Brasil. El gobierno actual propuso la implementación de un programa RBC junto con el Programa de Salud de la Familia.66

Los profesionales que tienen acceso a capacitación en la atención de personas con discapacidad son médicos generales, pediatras y enfermeras. Los médicos pueden recibir esta capacitación específica antes y después de la graduación. Algunos de estos programas de capacitación son incipientes67 y menos de 20 escuelas médicas del país, de las 96 existentes, ofrecen entrenamiento en Medicina Física y Rehabilitación. Hay alrededor de 30 vacantes por año en los cursos de posgrado, residencias médicas y especializaciones. El país tiene 850 médicos fisiatras.68

Vivienda

Existen programas pilotos de Vida Independiente, que cuentan con el apoyo de diversas fuentes de financiamiento, en las áreas de Río de Janeiro, Paraná y Goias.  No existen subsidios para la compra de vivienda por parte de las personas con discapacidad.69

Institucionalización

Las personas con discapacidad, en especial aquéllas con discapacidad motora severa, pueden ser internadas sin su consentimiento cuando son abandonadas por sus familias.

63. Ibídem..

64. Sheila Miranda da Silva e Izabel Madeira de Loureiro Maior.

65. Ibídem..

66. Ibídem.

67. Ibídem.

68. Sheila Miranda da Silva.

69. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

Brasil

96

No existe un mecanismo para informar los casos de abuso en las instituciones. Sin embargo, existe un mecanismo para informar la muerte de personas con discapacidad. Una vez verificada la muerte, el Sector de Epidemiología y Estadísticas en Salud del Ministerio de Salud debe efectuar un seguimiento de cada caso.71

Accesibilidad

La ley nacional 10098 establece que los edificios públicos deben ser accesibles y consagra criterios generales para la promoción de la accesibilidad. .72  En este orden de ideas, la ley define la "accesibilidad" como la posibilidad y condición para la utilización, con seguridad y autonomía, de los espacios, mobiliarios y equipamientos urbanos, de las edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación.  La Asociación Brasileña de Normas Técnicas y el Instituto Brasileño de Turismo (EMBRATUR) publicaron manuales al respecto. 73  No obstante, un estudio informal llevado a cabo por el equipo de investigación del IDRM reveló que sólo un 10% de los edificios públicos es accesible.

En 2002, la CORDE y el Consejo Federal de Ingeniería y Arquitectura capacitaron unos 800 profesionales en arquitectura e ingeniería respecto de los principios de diseño universal y accesibilidad para personas con discapacidad.75  

Algunas de las principales ciudades y polos, como Porto Alegre, Curitiba, San Pablo y Goiania, cuentan con sistemas de transporte públicos accesibles y servicios paralelos puerta a puerta.76 La ley 8899/94 concede el pase libre a las personas con discapacidad en el transporte interestatal.77

Cultura, Deportes y Recreación

El Ministerio de Deportes brinda apoyo a las organizaciones que promueven la participación de las personas con discapacidad en actividades deportivas. Según informó el mencionado ministerio, este apoyo ha permitido lograr una mejora cualitativa y cuantitativa respecto de los deportistas con discapacidad de Brasil. 

70. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

71. Sheila Miranda da Silva.

72. Ley 10098, 19 de diciembre de 2000, http://www.saci.org.br/?modulo=akemi&parametro=17. 

73. Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 9050: 1994, Acessibilidade de pessoas portadoras de deﬁciência a ediﬁcações, espaço mobiliário e equipamento urbano / Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT [Accesibilidad de Edificios y Espacios, Mobiliarios y Equipamiento urbanos para personas con discapacidad / Asociación Brasileña de Normas Técnicas – ABNT], (Río de Janeiro, 1997).

74. Instituto Brasileño de Turismo, Manual de Recepção e Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deﬁciência a Empreendimentos e Equipamentos Turísiticos, (Embratur, 1999), www.embratur. gov.br.

75. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

76. Ibídem.

77.Ley 8899, 29 de junio de 1994, http://www.pgj.ce.gov.br/centros/caogsdat/Library/Lei8899-94.doc.

97 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Existen dos organizaciones dedicadas al tema de la discapacidad: la Coordinadora Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CORDE) y el Consejo Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADE). Estos dos organismos dependen de la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. 

La CORDE es responsable de la promoción del ejercicio de la ciudadanía de las personas con discapacidad. Según recomendaciones de este organismo, en Brasil se ha implementado un plan nacional de acción cuya finalidad es la inclusión de las personas con discapacidad. El equipo de la CORDE está compuesto por 15 técnicos, de los cuales tres son usuarios de sillas de ruedas, una persona tiene movilidad reducida y una persona es sorda. El presupuesto anual del organismo es de aproximadamente US$ 2.000.000.78  La CORDE tiene dos objetivos principales, a saber: uno normativo y regulador de acciones en el ámbito federal y otro, coordinador de las políticas públicas existentes a distintos niveles gubernamentales (nacional y otros). 

El CONADE está compuesto por representantes de los distintos ministerios y de la sociedad civil (federaciones y agrupaciones de distintos tipos de discapacidades y transversales). Este Consejo tiene la misión de evaluar el desenvolvimiento de la Política Nacional para la Integración de las personas con discapacidad y de las políticas sectoriales en educación, salud, trabajo, asistencia social, transporte, cultura, turismo, deporte, esparcimiento y política urbana, dirigidas a este grupo social.79

Para defender con más eficacia los derechos de las personas con discapacidad, es preciso que exista mayor cooperación entre la Procuración, el Poder Ejecutivo y las organizaciones de y para personas con discapacidad.80  En la actualidad, existen alrededor de 1000 instituciones gubernamentales y no gubernamentales que promueven los derechos de las personas con discapacidad. Están financiadas por la red del servicio de acción continua del Ministerio de Asistencia Social.81

Defensora de los derechos de las personas con discapacidad distribuyendo folletos en el Día Nacional de la Lucha de las Personas con Discapacidad en Río de Janeiro, Brasil.

78. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

79. CONADE, http://www.mj.gov.br/sedh/ct/CONADE/index.asp. 

80. Izabel Madeira de Loureiro Maior.

81. Ibídem.

Canadá

Factores clave: Canadá posee una historia de victimización de las personas con discapacidad, entre cuyas manifestaciones se encuentra la esterilización forzada. Como reacción a este pasado, Canadá cuenta hoy con garantías constitucionales y legales que tutelan los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad. Gracias al desarrollo de los movimientos por los derechos humanos, han surgido iniciativas de desinstitucionalización, de asignación de recursos según las necesidades de cada persona y de mayor visibilidad de los problemas que ha debido afrontar la población con discapacidad en su historia reciente. 

Terminología

En la actualidad, Canadá recomienda oficialmente el uso de terminología centrada en la persona en los debates sobre discapacidad. En una publicación reciente para productores de medios de comunicación sobre la terminología adecuada que debe utilizarse con respecto a las personas con discapacidad se señaló que “la palabra “discapacitado” es un adjetivo, no un sustantivo. Las personas no son condiciones".1 Sin embargo, en documentos anteriores a veces se utilizaban términos que ahora se consideran problemáticos. Por ejemplo, un documento importante de principios de la década de 1980 utiliza el término “minusválidos”. Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de los documentos, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

En Canadá y en los numerosos grupos de la comunidad de personas con discapacidad, la definición de discapacidad es objeto de constante debate. Por consiguiente, no existe una definición general compartida por todos. 

1. A Way with Words And Images: Guidelines for the portrayal of persons with disabilities [Un Camino con Palabras e Imágenes: Pautas para la descripción de las personas con discapacidad], 2002, http://www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/hip/odi/documents/wayWithWords/00_toc. shtml&hs=pyp.

En cambio, gran parte de la legislación del país o bien no define específicamente la palabra “discapacidad” o bien sólo lo hace con referencia a una ley en particular. Debido al poco consenso que existe en este aspecto, los gobiernos y las organizaciones han adoptado definiciones y clasificaciones operativas de discapacidad. 

Las definiciones operativas de discapacidad surgieron de la necesidad de establecer los criterios de admisión a servicios, programas, instituciones, derechos y recursos, y el análisis de las cuestiones relacionadas con la salud. Por ello, las definiciones varían según el servicio de que se trate. Este trabajo de investigación se centra en las definiciones que figuran en la legislación, documentos oficiales y programas públicos. La Ley de Planes de Pensión, por ejemplo, define cuándo se considera que una persona es discapacitada y cuándo deja de serlo. Al efecto, establece que "se considerará que una persona es discapacitada sólo si se determina de la manera prescripta que tiene una discapacidad severa y prolongada ya sea mental o física".2 Agrega que "en ningún caso se considerará que una persona es discapacitada si al solicitar el beneficio no han transcurrido 15 meses, como mínimo, desde que adquirió la discapacidad".3 En este ejemplo, tanto la gravedad como la duración de la enfermedad prescripta son de carácter subjetivo. 

En sus intentos de identificar la población con discapacidad, el Instituto de Estadística de Canadá utilizó las definiciones internacionales de discapacidad propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las encuestas realizadas en los años ’80 y ’90 siguieron la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (CIDDM) de la OMS de 1980, que define la discapacidad como "... toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano".4  La encuesta más reciente sobre discapacidad adoptó una definición que, en líneas generales, se basa en el nuevo marco de la CIF de la OMS. En el informe de la encuesta se define la discapacidad como "una limitación en una actividad o una restricción en la participación asociadas con un problema de salud o una enfermedad mental o física".5  Sin embargo, el gobierno canadiense no ha adoptado oficialmente la definición de la CIF y se continúa definiendo el término “discapacidad” de manera poco sistemática. Por ejemplo, en una publicación reciente del gobierno se definió la discapacidad con una terminología muy similar a la que utiliza la CIDDM, considerándola como “una limitación o restricción funcional en la capacidad de un individuo para realizar una actividad".6 

Población con discapacidad

Al año 2003, la población de Canadá superaba los 32.000.000 de habitantes.7 Según la última Encuesta de Participación y Limitación en la Actividad (PALS por su sigla en inglés) realizada en 2001, un total de 3.600.000 canadienses, es decir el 12,4% de la población, informó tener algún tipo de discapacidad.8 

2. Defining Disability: A Complex Issue [Definición de Discapacidad: Un Tema Complejo] (Su Majestad la Reina de Canadá por su Derecho, Gatineau. 2003), 29-30.
3. Defining Disability: A Complex Issue [Definición de Discapacidad: Un Tema Complejo].
4. Organización Mundial de la Salud, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) [Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM)], http://www3.who.int/icf/icftemplate.cfm.
5. Ministerio de Recursos Humanos de Canadá, Disability in Canada: A 2001 Profile [La Discapacidad en Canadá: Perfil 2001], 2003, http:// www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/hip/odi/documents/PALS/PALS000.shtml&hs=pyp.
6. A Way with Words And Images [Un Camino con Palabras e Imágenes].
7. CIA The World Factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html. 
8. Lucie Cosette y Edith Duclos, Participation and Activity Limitation Survey (PALS) [Encuesta de Participación y Limitación en la Actividad].

Esta cifra es menor que la estimación anterior del 14,7% registrada en la Encuesta de Limitación en la Actividad y Salud (HALS por su sigla en inglés) de 1991.9  Los numerosos cambios metodológicos realizados por el Instituto de Estadística de Canadá desde 1991 dan cuenta de la diferencia señalada. Las definiciones operativas de discapacidad, los planes de muestreo, los cuestionarios y las poblaciones encuestadas cambiaron mucho entre los estudios PALS y HALS, por lo que resulta difícil comparar las tasas de población. Las dos encuestas utilizaron preguntas filtro que se incluyeron en el formulario largo del Censo de Canadá como base para el muestreo. Sin embargo, debido a que las encuestas son instrumentos imperfectos, algunas personas con discapacidad no son identificadas con las preguntas filtro. La encuesta HALS incluyó encuestados que no habían manifestado una limitación en la actividad en el censo, a fin de detectar estos “negativos falsos”. En el año 2001, las preguntas filtro se modificaron para que fueran más neutras y permitieran detectar más adecuadamente a las personas con discapacidades leves. La nueva redacción parece haber reducido la cantidad de negativos falsos pero no los ha eliminado por completo.10 Por ello, es probable que los porcentajes de personas con discapacidad sean mayores que los estimados en el informe de la PALS. 

El uso de los datos del censo como marco para el muestreo presenta otros problemas. Los datos del censo 2001 excluyen a las personas que viven en Yukón, Territorios del Noroeste, Nunuvut, en instituciones y en las reservas aborígenes, en las que habita una gran cantidad de nativos.11 En Canadá, el 30% de las personas con ancestros aborígenes presenta una discapacidad, lo que sugiere que existe una cantidad de personas con discapacidad mayor que la que se informa.12 

Si bien la cantidad de personas con discapacidad no ha cambiado en forma significativa durante los últimos diez años, la población del país está envejeciendo. En los próximos 20 años, una parte significativa de la población superará los 65 años de edad, lo que implica que las personas con discapacidad representarán un segmento mayor de la población. Aproximadamente el 40,5% de la población perteneciente a este grupo etario tiene alguna discapacidad.13 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Canadá no ha suscripto la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, el derecho internacional ejerce una gran influencia en la legislación y la política canadienses. En primer lugar, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.  En segundo lugar, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos de los Impedidos en 1975. 

9. Esta cifra es menor que la estimación anterior del 14,7% registrada en la Encuesta de Limitación en la Actividad y Salud (HALS) de 1991.  Los numerosos cambios metodológicos realizados dan cuenta de la diferencia señalada.
10. Behnaz Behnia, A New Approach to Disability Data: Changes between the 1991 Health and Activity Limitation Survey (HALS) and the 2001 Participation and Activity Limitation Survey (PALS) [Nuevo Enfoque de los Datos sobre Discapacidad: Cambios entre la Encuesta de Limitación en la Actividad y Salud (HALS) de 1991 y la Encuesta de Participación y Limitación en la Actividad (HALS) de 2001], Instituto de Estadística de Canadá, 2001.
11. Ibídem.
12. Edward Ng. "Disability among Canada's Aboriginal Peoples in 1991" [La Discapacidad en los Pueblos Aborígenes de Canadá en 1991], Informes de Salud 8, No. 1 (1996): 25-32.
13. Lucie Cosette y Edith Duclos.

En tercer lugar, la ONU anunció en 1981 la celebración del Año Internacional de las Personas Discapacitadas y designó el período 1983-1993 como el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. En respuesta a esta iniciativa, Canadá creó la Comisión Especial del Discapacitado y del Minusválido.13 En 1981, esta comisión dio a conocer un informe titulado “Obstáculos”, que marcó el rumbo de la política nacional en materia de discapacidad.14 

Luego de un período de crecimiento de la atención institucional, que tuvo sus orígenes en la década de 1920, los movimientos por los derechos humanos comenzaron a desarrollarse en Norteamérica durante las décadas de 1960 y 1970. Estos movimientos catalizaron gran parte de la protección relativa a la antidiscriminación y a la discapacidad, que Canadá implementó en los años ‘80. Antes prácticamente no existían protecciones legales para las personas con discapacidad. 

En 1982, Canadá sancionó una ley que reformó y repatrió la Constitución e incorporó la Declaración de Derechos y Libertades. El artículo 15 de la declaración garantiza que “Todos los habitantes son iguales en la ley y ante la ley, y tienen derecho a gozar de la protección y los beneficios de la ley en un pie de igualdad con los demás sin discriminación alguna, en particular, sin discriminación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, color, religión, sexo, edad o discapacidad mental o física".15 

Esta reforma entró en vigencia en 1985.16 Además, el art. 15 establece que estas normas “no obstan a la aplicación de leyes, programas o actividades cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de los individuos o grupos en situación de desventaja, en particular aquéllos que se encuentran en esa situación por motivos de raza, nacionalidad, origen étnico, color, religión, sexo, edad, o discapacidad mental o física".17 Esta referencia a los programas de acción positiva destaca la necesidad de adoptar medidas proactivas, a fin de corregir las situaciones de desventaja.18 

Asimismo, Canadá sancionó una serie de leyes que protegen y mencionan de manera específica los derechos de las personas con discapacidad. Todos los códigos de Canadá sobre los derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de discapacidad. En 1977, se sancionó la Ley de Derechos Humanos, que garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación a todos los canadienses.19 La referida ley posee jerarquía casi constitucional ya que en caso de ambigüedad, prevalece sobre la legislación común. Entre otras leyes que prohíben la discriminación cabe mencionar la Ley de Igualdad en el Empleo, la Ley de Protección al Inmigrante y al Refugiado, la Ley de Radiodifusión, la Ley Nacional de Transporte, la Ley relativa a Testigos y al Sistema de Pruebas en el proceso judicial y la Ley Electoral de Canadá. 

No existen sanciones penales para los casos de discriminación contra las personas con discapacidad en Canadá. Sólo las violaciones severas, en los casos de abuso o muerte, que exceden el marco de la ley de no discriminación, son sancionadas penalmente. El abuso de las personas con discapacidad, en particular de mujeres y niñas con discapacidad y de las personas con discapacidad intelectual, sigue siendo un problema de derechos humanos que debe resolverse en Canadá. 

13. Roeher Institute, Disability Community and Society: Exploring the Links [La Comunidad de Personas con Discapacidad y Sociedad: Explorando los lazos], (The Roeher Institute, North York, 1996), 9. 
14. Comisión Especial del Discapacitado y del Minusválido, Obstáculos, 1era. sesión, 32º Parlamento, 1981; Jerome E. Bickenbach, Physical Disability and Social Policy [Discapacidad Física y Política Social], (University of Toronto Press, Toronto, 1993). 
15. The Constitution Act [Ley de la Constitución], 1982, http://laws.justice.gc.ca/en/const.
16. Roer Institute, Disability Community and Society: Exploring the Links [Comunidad de Personas con Discapacidad y Sociedad: Explorando los lazos].
17. The Constitution Act [Ley de la Constitución].
18. Informe del Gobierno de Canadá, Defining Disability: A Complex Issue [Definir la Discapacidad: Un Tema Complejo], (Gatineau: Su Majestad la Reina de Canadá por su Derecho, 2003), 1, 13-20 http://canada.justice.gc.ca/en/index.html.
19.Ley de Derechos Humanos de Canadá, http://laws.justice.gc.ca/en/h-6/31077.html.

Los resarcimientos civiles en los casos de discriminación suelen ser de naturaleza pecuniaria y basarse en las acciones correspondientes.20 Existe poca información sobre el tema y la cantidad de casos denunciados parece ser menor que la estimada debido a problemas con la recolección de datos, la divulgación y la naturaleza de los cuidados, y la educación y comunicación de las personas con discapacidad.21 No obstante, las demandas judiciales representan un método eficaz de acción social contra la discriminación hacia las personas con discapacidad. Casos públicos importantes de discriminación de personas con discapacidad han sentado precedente en Canadá para que la ley se respete y para reconocer y resarcir las violaciones a los derechos humanos sufridas por varias personas con discapacidad en el pasado. 

En Canadá, existen varias organizaciones y entidades que se ocupan de monitorear y llevar registros de casos de violación a los derechos humanos y de discriminación de las personas con discapacidad. Entre las diversas organizaciones cabe mencionar: la Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Canadiense para el Desarrollo Social, la Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad, la Comisión de Derecho de Canadá, el Centro Nacional de Información sobre Violencia Familiar (Ministerio de Salud de Canadá), el Instituto G. Allan Roeher, la Red de Mujeres con Discapacidad de Canadá, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, el Consejo de Personas Canadienses con Discapacidad, la Organización Mundial de Personas con Discapacidad y la Asociación Canadiense de Centros de Vida Independientes. Éstas son algunas de las organizaciones de Canadá que se dedican a luchar por una mayor toma de conciencia y por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 

Si bien Canadá posee varias leyes que prohíben la discriminación, siguen existiendo barreras sistemáticas que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos. Son varias las razones por las cuales las personas con discapacidad no tratan de recurrir a algún lugar cuando son discriminadas en áreas en las que las leyes contra la discriminación les ofrecen protección. El desconocimiento de sus derechos, la falta de apoyo para su ejercicio, el temor a consecuencias negativas, el aislamiento, la lentitud de los procesos judiciales, la pobreza y las barreras para acceder al medio físico o escrito son algunos de los obstáculos que aún enfrentan las personas con discapacidad. 

Barreras legales

Hasta 2001, año en el que Canadá sancionó la Ley del Inmigrante y del Refugiado, las discapacidades y los impedimentos en la salud constituían criterios de inadmisibilidad para ingresar al país.22 

En lugar de eliminar todos los elementos discriminatorios de la ley de inmigración anterior, la ley de 2001 reemplazó las "discapacidades" por "razones de salud" entre los criterios de inadmisibilidad.  Más concretamente, el artículo 38 dispone que no se admitirá el ingreso de un ciudadano extranjero por razones de salud si “pudiera esperarse razonablemente que su enfermedad impondrá una demanda excesiva en los servicios sociales o de salud".23 Esta nueva categoría elimina el concepto de “discapacidad” pero la nueva norma que consagra “razones de salud” puede ser causa de discriminación. 

20. Entrevista con el abogado y miembro del Consejo de Personas Canadienses con Discapacidad, Comisión de Desarrollo Internacional, enero de 2004.
21. Entrevistas con profesores universitarios realizadas en Columbia Británica y Manitoba, noviembre de 2003- enero de 2004.
22. Ley del Inmigrante y del Refugiado, http://laws.justice.gc.ca/en/1-2.5/64155.html.
23. Ibídem.

Históricamente, las personas con discapacidad vieron cercenado su derecho a tomar decisiones mediante la designación de curadores. En los últimos años, ha cobrado particular importancia la necesidad de evaluar el papel del tutor o curador en Canadá debido a importantes casos judiciales. Entre ellos se encuentra el asesinato de una niña con discapacidad, hija de Robert Latimer.24 El homicidio y el filicidio (muerte dada por un padre o una madre a su hijo) reciben especial atención en Canadá. En los últimos diez años, estos delitos contra las personas con discapacidad han ido en aumento, si bien han disminuido las tasas de homicidios entre la población en general. Otros casos relativos a violaciones de derechos se han dirimido en el ámbito de la justicia civil. Por ejemplo, en 1986, la Corte Suprema de Canadá resolvió que ninguna persona puede ser legalmente esterilizada sin su consentimiento. Esta decisión fue tomada con relación a una mujer, Eve, cuya madre pidió permiso para que fuera esterilizada sin estar informada de ello y sin su consentimiento. En el caso de Stephen Dawson, sus padres querían negarle el tratamiento médico necesario debido a su discapacidad. Los padres perdieron la patria potestad de  su hijo y Stephen recibió el tratamiento adecuado. Por último, Justin Clark fue autorizado a dejar una institución en la que había sido internado contra su voluntad. Estos casos demuestran la persistente necesidad de introducir reformas en las normas que regulan la representación de las personas con discapacidad así como el instituto de la curatela.25

Las leyes canadienses y los sistemas de apoyo para las personas con discapacidad están comenzando a considerar alternativas que reemplacen a la figura del curador. Las nuevas ideas alientan la “autonomía con apoyo” más que la anulación de los derechos de ciertas personas con discapacidad. Las redes familiares, los grupos de defensa de derechos y los profesionales del servicio médico pueden crear una red para abordar en forma segura las cuestiones relacionadas con el tratamiento médico de ciertas personas con discapacidad y así permitir que la persona que necesita cuidados mantenga un cierto nivel de autonomía. La inhabilitación judicial también constituye una opción que permite que la persona con discapacidad conserve cierta autoridad en la toma de decisiones. 

Participación ciudadana

En Canadá, todos los ciudadanos canadienses mayores de 18 años de edad tienen derecho al voto.26 Las personas con discapacidad también tienen derecho a ser elegidas para ocupar cargos públicos, si bien rara vez ejercen este derecho en la práctica. 

El organismo Electoral de Canadá es el responsable de llevar a cabo las elecciones nacionales de carácter general o especial y los referendos. Ofrece servicios de información y educación para las personas con discapacidad, los ancianos, las personas con aptitudes de lecto-escritura limitadas y las personas que atraviesan situaciones transitorias, como las que no tienen vivienda o las que viven en hogares para víctimas de abuso. 

24. En octubre de 1993, Robert Latimer confesó haber matado a su hija con discapacidad de 12 años de edad al conectar una manguera con el caño de escape de su camioneta e introducirla a la cabina en donde colocó a su hija para que muriera. Un resonado y complejo caso en la historia de Canadá, que generó sentimientos encontrados en el público ya que algunos lo consideraron un “homicidio por compasión”.
25. Roeher Institute, Disability Community and Society [Comunidad de Personas con Discapacidad y Sociedad].
26. Ley Electoral de Canadá, http://www.elections.ca/content.asp?section=gen&dir=bkg&document =ec92610&lang=e&textonly=false.
27. Ibídem.

La Ley Electoral de Canadá garantiza la disponibilidad del material electoral en formatos alternativos y la accesibilidad de los lugares de votación.27 En la práctica, esto significa que, cuando un lugar de votación no es accesible o no se adapta a las necesidades de acceso específicas de una persona con discapacidad, debe ofrecerse una urna móvil o deben buscarse otras alternativas. Por lo tanto, entre el 80% y el 100% de los lugares de votación son accesibles para las personas con discapacidad considerando la disponibilidad de los servicios que ofrece el organismo Electoral.26 

En el área de acceso a la información, el organismo Electoral de Canadá ofrece formularios especiales de empadronamiento a través de Internet, documentos específicamente diseñados para personas con discapacidad, videos con subtitulado abierto y cerrado para las personas sordas o con problemas auditivos, un formulario modelo de votación para las personas con discapacidad visual, una línea de llamada gratuita que suministra información a personas sordas o con dificultades auditivas, y una boleta especial que permite votar con antelación por correo, personalmente en la oficina de la autoridad electoral correspondiente, o en el hogar en el caso de que el elector no pueda dirigirse a la mencionada oficina a causa de una discapacidad física.27 

Con el fin de asegurar la accesibilidad de los lugares de votación, el organismo Electoral de Canadá ofrece urnas móviles para ciertas instituciones en las que residen personas mayores o con discapacidad, oficinas de elecciones y de escrutinio con un nivel de acceso garantizado, lugares de votación con un nivel de acceso total, debiéndose indicar el nivel en la tarjeta de información del elector, pases que les permitan a los electores con discapacidad física votar en lugares accesibles si, en casos excepcionales, los lugares de votación que les corresponderían no tienen el adecuado nivel de acceso, asistencia disponible a solicitud del elector para que alguien marque la boleta por él, y traslado de la urna de una habitación a otra, a fin de facilitar la votación en hospitales y en ciertas instituciones residenciales.28 El organismo Electoral de Canadá también ofrece a sus empleados y a los funcionarios electorales capacitación especializada en temas relativos a la accesibilidad para personas con discapacidad. 

El acceso al voto es un derecho democrático en Canadá y, por ende, se procura brindar condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Sin embargo, si bien los derechos existen, con frecuencia es cuestionable si siempre se ejercen. 

Inclusión 

Comunicación 

Existen barreras que obstaculizan el acceso a la comunicación en igualdad de condiciones, si bien Canadá está trabajando para sancionar leyes tendientes a asegurar la igualdad respaldando e implementando una serie de medidas de adaptación que tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. En la actualidad, la legislación se centra en las medidas de adaptación para las personas sordas y ciegas. Sin embargo, la política de comunicaciones está reconociendo cada vez más las discapacidades físicas y educativas.
Para apoyar esta meta, la Biblioteca Nacional de Canadá promueve la distribución de materiales en formatos alternativos y respalda a las bibliotecas canadienses en los servicios que ofrecen a las usuarios con discapacidad. 

26. Ibídem.
27. Ibídem.
28. Frank Smith (Coordinador Nacional de la Asociación Nacional Educativa de Estudiantes con Discapacidad), entrevistado por la autora, Carleton University, Ottowa, enero de 2004.

La mayoría de los documentos emanados de autoridades nacionales y provinciales está disponible sin cargo en formatos alternativos, incluida una versión de la Constitución en Braille. La empresa T-Base Communications realiza la conversión de los documentos oficiales a formatos alternativos. Por disposición del gobierno canadiense, la Biblioteca Nacional de Canadá debe promover el acceso igualitario a los recursos de información y de la biblioteca. En el año 2001, por recomendación del Grupo de Estudio de Acceso a la Información para Personas con Deficiencias Visuales, la Biblioteca Nacional creó el Consejo de Acceso a la Información para Personas con Deficiencias Visuales. La misión del consejo es ofrecer asesoramiento, identificar necesidades de financiación, monitorear el progreso y efectuar recomendaciones para que los ciudadanos con deficiencias visuales puedan gozar de un mejor acceso a la información. Actualmente, el consejo está trabajando en un proyecto piloto cuyo objetivo es desarrollar un centro de información para que los editores canadienses puedan ofrecer sus obras a los productores de formatos alternativos.29 

La Comisión de Telecomunicaciones, Radio y Televisión de Canadá (CRTC por su sigla en inglés), que regula el sistema nacional de radiodifusión, es responsable de la implementación de la Ley de Radiodifusión de 1991. Esta ley contiene disposiciones sobre la comunicación en formatos accesibles para las personas con discapacidad. El artículo 3 de la mencionada ley dispone que "en el sistema canadiense de radiodifusión se deberá suministrar una programación accesible a las personas con discapacidad a medida que se disponga de los recursos a tal efecto".30 Los servicios para las personas con discapacidad exigidos por la CRTC son el sistema de subtitulado cerrado de al menos el 90% de la programación y el 100% de los noticieros locales de los principales canales. La CRTC también exige la incorporación del servicio de lectura de información y noticias durante las 24 horas, Voice Print Canada, en los principales servicios satelitales y de cable.31 Voice Print Canada pone al aire noticias e información de las principales publicaciones de Canadá, entre ellas más de 100 diarios y revistas.32 

En Canadá, existen diversos servicios para que puedan comunicarse las personas con deficiencias auditivas o sordas en caso de desastre natural, emergencia civil o ataque criminal. Se ofrecen servicios de interpretación en hospitales o cuando interviene un médico. También se ofrecen los servicios de intérpretes certificados en el ámbito judicial. Además, los servicios de emergencia accesibles son obligatorios a nivel nacional y varios servicios telefónicos de emergencias cuentan con tecnología TTY. A las personas sordas o con deficiencias auditivas se les aconseja llamar al 9-11 y dejar el teléfono descolgado en señal de que necesitan ayuda. Los intérpretes, en casos de emergencia, se presentan siempre dentro de los 20 minutos. Estos servicios se encuentran disponibles en todo Canadá o se están por implementar. Respecto de los gobiernos provinciales, se están creando más servicios de interpretación debido a que los jueces en varios casos han reconocido el derecho a un intérprete.33 Los intérpretes para personas sordociegas son más difíciles de encontrar. En consecuencia, muchas personas que tienen más de 19 años de edad y un alto nivel de autonomía no reciben servicios de interpretación o reciben muy pocos. 

29. Consejo de Acceso a la Información para Personas con Deficiencias Visuales, Biblioteca Nacional de Canadá y Archivos Nacionales de Canadá, http://www.nlc-bnc.ca/6/36/s36-120-e.html.
30. Ley de Radiodifusión de Canadá de 1991, http://laws.justice.gc.ca/en/index/157848_2813.html.
31. Defining Disability: A Complex Issue [Definir la Discapacidad: Una Cuestión Compleja].
32. Abilities Magazine, segundo trimestre de 2004, http://www.enablelink.org/abilities.html, 44.
33. Scott Wilson (Coordinador del Servicio de Interpretación de The Island Deaf and Hard of Hearing Centre), entrevista telefónica realizada por la autora. 

La Ley relativa a Testigos y al Sistema de Pruebas en el proceso judicial de Canadá fue reformada con el fin de eliminar las barreras en la comunicación que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad en el sistema judicial. El artículo 6 dispone que debe brindarse asistencia a las personas con necesidades especiales de comunicación y establece que “si un testigo tiene dificultades para comunicarse en razón de una discapacidad física, el Juez podrá autorizarlo a dar testimonio por cualquier medio que permita comprender su declaración".34 

El artículo 6.1 consagra la admisibilidad de los métodos auditivos y táctiles a los fines de la identificación de los acusados.35 Por su parte, se introdujeron varias modificaciones en el Código Penal con el fin de incrementar la participación de las personas con discapacidad. Según estas modificaciones, las personas con discapacidad mental o física pueden dar testimonio a través de vídeos y pueden ser miembros de un jurado. Además, las modificaciones aumentaron la protección de las personas con discapacidad contra la violencia física y sexual. El Departamento de Justicia ofrece diversos servicios para las personas con discapacidad, entre ellos los de intérpretes de lengua de señas en entrevistas o audiencias, y acceso a las oficinas y centros de recursos. 

Educación 

No existen datos precisos sobre la cantidad de niños con discapacidad en edad escolar en Canadá. Según la encuesta PALS, el 1,6% de los niños de entre 0 y 4 años y el 4,3% de los niños de entre 5 y 14 años tienen una discapacidad.36 En cambio, la Encuesta Nacional Longitudinal de Niños y Jóvenes en Canadá, y el Consejo Canadiense de Desarrollo Social llegaron a la conclusión de que el 13% de la totalidad de niños de 11 años o menos tenía una enfermedad crónica o una limitación en las actividades, sin incluir las alergias, los trastornos emocionales y las discapacidades educativas.37 

En Canadá, la educación es obligatoria para todos los niños de entre 6 y 16 años de edad. Según lo informado por el Instituto de Estadística de Canadá, el 95% de los 5.500.000 millones de estudiantes primarios y secundarios está inscripto en el sistema de educación pública. Aproximadamente el 5,4% de los estudiantes asiste a un establecimiento educativo privado. Además, el 4% de los niños en edad escolar ha sido autorizado por los consejos escolares locales para recibir educación en su hogar. Alrededor de 1600 estudiantes de Canadá asisten a escuelas especiales para estudiantes con deficiencias visuales o auditivas.38 

En virtud de medidas legislativas y como consecuencia de fallos judiciales, en líneas generales, Canadá fue cambiando su enfoque de la educación hacia un sistema inclusivo para los estudiantes con necesidades especiales. En un fallo relacionado con la Declaración de Derechos y Libertades, la Corte Suprema sostuvo que los estudiantes con discapacidad deben recibir educación en escuelas comunes y que se deben realizar adaptaciones razonables, aunque no excesivas, a fin de promover la igualdad de oportunidades en el aula. Además, las leyes provinciales sobre educación disponen que los consejos escolares están obligados a garantizar el acceso a la educación de todas las personas en edad escolar en un distrito.39 

34. Ley relativa a Testigos y al Sistema de Pruebas en el proceso judicial de Canadá, http://laws.justice.gc.ca/en/c-5/.
35. Ibídem.
36. Lucie Cosette y Edith Duclos.
37. Si se incluyen los niños con alergias, el porcentaje asciende al 23% y si se suman los niños con trastornos emocionales, la cantidad de niños con discapacidad supera el 30%. 
38. Lucie Cosette y Edith Duclos.
39. Ley de Educación, http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/S/96412_00.htm.

Esta norma no se cumple de manera uniforme en todo el país debido a que los distritos escolares pueden interpretar la legislación provincial y la nacional según lo consideren apropiado para su respectiva jurisdicción. Además, no todas las instituciones y autoridades educativas comparten la misma noción de discapacidad o de inclusión. 

Dado que la educación inclusiva es obligatoria por ley, las escuelas deben contar con algún medio para identificar a aquellos estudiantes que no están totalmente en condiciones de adaptarse a una clase común como consecuencia de una discapacidad. Por ello, los estudiantes con discapacidad completan un proceso de evaluación e identificación con el fin de acceder a la asistencia en la enseñanza y se elabora un Plan de Educación Individualizada adaptado. En algunos casos, cuando no existe un asistente o maestro especializado en educación especial (por ejemplo, en zonas rurales más aisladas) la escuela o el consejo escolar puede autorizar y brindar capacitación para el personal docente a través de un taller específico sobre necesidades educativas especiales. 

En algunas universidades e institutos de formación docente se ofrece capacitación en educación especial. Sin embargo, no existe un plan de estudios para todo el país. A nivel universitario, cada institución que ofrece capacitación docente es libre de fijar su propio programa de estudios.40

El proceso para detectar una discapacidad depende de cada provincia o territorio. En los casos en los que se identifica a los niños con discapacidad antes de inscribirlos en la escuela, las evaluaciones realizadas y demás información relevante sirven para acelerar la evaluación e implementación de un Plan de Educación Individualizada. En caso contrario, los docentes solicitan que se evalúe a los alumnos que se cree pueden tener una discapacidad. En muchos casos, un equipo de profesionales de la propia escuela responde a la solicitud e inicia el proceso de evaluación. En estas evaluaciones se abordan las discapacidades auditiva, visual, motora, mental, educativa, del habla y del desarrollo, y las enfermedades o discapacidades crónicas.41 

Al igual que la educación básica, el acceso a la educación superior es un derecho. Sin embargo, las personas con discapacidad que desean continuar su educación e ingresar en una carrera se enfrentan con un proceso costoso y con numerosos obstáculos, entre los cuales cabe mencionar las barreras físicas, las barreras que limitan el acceso al material académico, las barreras actitudinales y las barreras que limitan la asistencia económica. El acceso a la educación superior se ha convertido en un problema sumamente político para muchos canadienses con discapacidad; las limitaciones impuestas por los programas de asistencia económica, la gran necesidad de salir de la pobreza, el derecho a elegir, los costos cada vez mayores de la educación superior y todo lo atinente al “deber de tomar medidas de adaptación razonables” son todas cuestiones muy importantes para los estudiantes con discapacidad. En cierta medida existe infraestructura para brindar apoyo a los estudiantes con discapacidad, como por ejemplo, los grupos de la ciudad universitaria, el personal de apoyo del centro de recursos para personas con discapacidad en la universidad, becas o asistencia financiera, programas de préstamos o bancos de ayudas técnicas y programas de rehabilitación profesional nacionales, provinciales o territoriales. 

La Asociación Canadiense de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad en la Educación Superior es un grupo nacional de profesionales que asiste a los estudiantes universitarios con discapacidad.42  Su misión es trabajar por la eliminación de las barreras institucionales, tanto físicas como actitudinales, y asegurar que se realicen las modificaciones académicas necesarias o las de cualquier otra índole para que los estudiantes puedan seguir sus estudios en condiciones de igualdad. 

40. Ministerio de Educación de Canadá, Orden Ministerial, http://www.cmec.ca/index.en.html. 
41 Ministerio de Educación del Gobierno de Columbia Británica, http://www.bced.gov.bc.ca/ specialed/ppandg/iep_1.htm. 
42 Asociación Canadiense de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad en la Educación Superior (CADSPPE), http://www.cacuss.ca/en/11-cadsppe/details.lasso?id=319.

La Asociación Nacional de Educación de Estudiantes con Discapacidad (NEADS por su sigla en inglés) es una organización de consumidores que promueve la mejor accesibilidad en todos los niveles a fin de que los estudiantes con discapacidad puedan acceder a la educación superior en un pie de igualdad. La asociación brinda información acerca de los recursos disponibles para los estudiantes con discapacidad de todo el país. 

Los proveedores de tecnología, tales como Special Education Technology British Columbia (SET-BC), ofrecen diversos servicios, incluidos los de capacitación, préstamos y productos que les permiten a los estudiantes acceder a los materiales académicos en una variedad de formatos alternativos.  Asimismo, los estudiantes con discapacidad pueden obtener asistencia financiera a través del Programa de Préstamos para Estudiantes de Canadá y de las Becas de Estudios de Canadá. 

Otra iniciativa importante es el Marco Multilateral de Acuerdos para la Inserción en el Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad, que antes se conocía como Asistencia para la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad (EAPD por su sigla en inglés). Esta iniciativa brinda apoyo a una amplia gama de programas y servicios que responden a las necesidades de empleo y educación de las personas con discapacidad en áreas tales como educación superior, planeamiento profesional, desarrollo de aptitudes y ayudas técnicas. Los programas están disponibles solamente para los canadienses con discapacidad que reúnen los requisitos necesarios a tal efecto y que tienen planes de educación claros. Los criterios para acceder a estos programas son variables y puede ser necesario realizar numerosas pruebas para determinar si un estudiante reúne los requisitos establecidos. Lamentablemente, debido a los recortes presupuestarios, una cantidad reducida de estudiantes recibe apoyo en el marco de estos programas y se han orientado muchos de los recursos a programas de corto plazo centrados en la empleabilidad.43 

La discapacidad como campo de estudio está en expansión en las instituciones universitarias, si bien se observa cierta resistencia debido al costo de las ayudas técnicas necesarias.44 Una vez incorporada como objeto de estudio, la discapacidad se aborda a nivel interdisciplinario e interdepartamental. La Universidad de Manitoba ofreció el Primer Programa de Estudios sobre Discapacidad. Se trata de una maestría interdisciplinaria que vincula los departamentos de Educación, Trabajo Social y Arquitectura, con una sólida orientación en teoría de la discapacidad. La Universidad de York también ofrece una maestría con orientación en Teoría Crítica de la Discapacidad. Las universidades de Winnipeg y Ryerson también ofrecen programas de estudios sobre discapacidad.45 

Existen pocas alternativas formales de educación superior para personas con discapacidad intelectual. Según la región del país de que se trate, pueden existir programas de capacitación técnica, oportunidades de voluntariado y pasantías. Algunas organizaciones, como STEPS Forward de Columbia Británica, están trabajando con gran dedicación para facilitar la educación inclusiva en los institutos de educación superior y las universidades. 

Empleo

En Canadá, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad asciende al 26%, siendo más de cinco veces mayor que la tasa de desempleo (5%) de las personas sin discapacidad. 

43. Multilateral Framework for Labour Market Agreements for Persons with Disabilities [Marco Multilateral de Acuerdos para la Inserción en el Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad], http:// www.sdc.gc.ca/en/hip/odi/08_multilateralFramework.shtml.
44. Ibídem.
45. Kerstin Roger (Centro Canadiense de Estudios sobre Discapacidad), entrevista telefónica realizada por la autora. 

El 56% de los adultos con discapacidad en edad de trabajar están desempleados o no pertenecen a la fuerza de trabajo, en comparación con el 24% de los adultos sin discapacidad en edad de trabajar.46 Por ende, en Canadá, más de un millón de adultos con discapacidad están desempleados o excluidos del mercado laboral. Las mujeres y los aborígenes con discapacidad suelen enfrentar más barreras en el empleo, y en consecuencia, es muy probable que estén desempleados. Además, una vez empleadas, las personas con discapacidad siguen siendo objeto de discriminación. Según la Encuesta de Empleados del Servicio Público dada a conocer en el año 2002, casi el 36% de los empleados con discapacidad de la administración pública nacional ha sufrido algún tipo de acoso durante los últimos dos años y el 37% ha sido objeto de discriminación al menos una vez.47 

Canadá posee tres normas principales que prohíben la discriminación de las personas con discapacidad en el trabajo. La Declaración Canadiense de Derechos y Libertades establece que deben suministrarse intérpretes e incentivos que fomenten la contratación de las personas con discapacidad. Por su parte, la Ley de Igualdad en el Empleo de 1995 garantiza a las personas con discapacidad el acceso pleno al empleo y a las oportunidades laborales en condiciones de igualdad, y dispone que "a ninguna persona se le negarán oportunidades o beneficios laborales por razones que no estén relacionadas con la aptitud, y para cumplir con este objetivo, se deben corregir las situaciones de desventaja laboral que experimentan las mujeres, los aborígenes, las personas con discapacidad y los miembros de minorías visibles".48 Esta ley exige que se tenga en cuenta la diversidad. Por ultimo, una modificación realizada en 1998 a la Ley de Derechos Humanos establece el deber de tomar medidas de adaptación.49 Por medidas de adaptación se entiende una gama de modificaciones que deben realizarse en un determinado lugar o puesto de trabajo, a fin de promover el empleo de las personas con discapacidad. Las modificaciones pueden centrarse en las barreras físicas, actitudinales o de procedimiento que impiden a las personas con discapacidad encontrar y conservar un empleo. 

A pesar de que existen estas leyes, las auditorías permanentes exigidas por la Ley de Igualdad en el Empleo han determinado que las personas con discapacidad están muy mal representadas en el sector privado regulado a nivel nacional. En el informe del año 2003 se señala que "desde que entró en vigencia la primera Ley de Igualdad en el Empleo, de los cuatro grupos designados, las personas con discapacidad fueron las menos beneficiadas. Su representación en el año 2002 fue del 2,3%, porcentaje que se mantuvo casi invariable desde 1997".50 Además, demuestran que la mayoría de los empleadores deben suscribir actas compromiso y someterse a una auditoría de seguimiento para cumplir con la ley.51

En Canadá, existen algunos programas destinados a ofrecer capacitación laboral y colocación de empleo a las personas con discapacidad. Hasta fines de la década de 1990 existía un solo programa principal relativo a las cuestiones laborales de las personas con discapacidad. El Programa de Rehabilitación Profesional de Personas con Discapacidad (VRPD por su sigla en inglés) fue una iniciativa financiada en forma conjunta por los gobiernos nacional, provinciales y territoriales. En 1997, el gobierno puso en marcha una iniciativa para incrementar el nivel de empleabilidad y trató de mejorar el programa VRPD. 

46. Instituto de Estadística de Canadá, Participation and Activity Limitation Survey (PALS) [Encuesta de Participación y Limitación en la Actividad]. 
47.Comisión Canadiense de Derechos Humanos, 2002 Annual Report: Human Rights Challenge [Informe Anual: Desafíos en Materia de Derechos Humanos], (2002), http://www.chrc.ccdp.ca/publications/2002_Annual_Report/page2-en.asp.
48. Ley de Igualdad en el Empleo, 1995, http://laws.justice.gc.ca/en/E-5.401/49886.html. 
49. Ley de Derechos Humanos de Canadá. 
50. Comisión Canadiense de Derechos Humanos, 2003 Annual Report [Informe anual 2003], http://www.chrc-ccdp.ca/publications/annual_report_2003_rapport_annuel/ar_2003_ra-en.asp.
51. “The Compliance Audit Update” [Actualización de la auditoría de cumplimiento], Valuing Diversity: Employment Equity in Canada’s Changing Workforce [Apreciando la diversidad: Igualdad en la cambiante fuerza laboral de Canadá] 9, Nro. 12 (1999), http://www.chrc-ccdp.ca/publications/compliance_audit-en.asp.

El Fondo de Oportunidades Laborales del Programa del Seguro de Empleo también ofrece recursos económicos. Sin embargo, todavía existen barreras en el mercado de trabajo y es necesario un mayor conocimiento de las necesidades de adaptación tanto por parte de los empleadores como de las propias personas con discapacidad que se insertan laboralmente. Por lo tanto, a pesar de que en Canadá existen programas y leyes antidiscriminación que se vinculan con el empleo de las personas con discapacidad, las tasas de desempleo de este segmento poblacional siguen siendo elevadas. 

Servicios de salud

En Canadá, los servicios de salud cuentan con un alto nivel de subsidios, las primas de los seguros son bajas y accesibles, y ciertos empleos, incluidos los de la administración pública, ofrecen beneficios de atención médica básicos y ampliados en forma gratuita para los empleados y sus familiares directos. Los canadienses considerados como de bajos ingresos no pagan ningún tipo de prima y gozan del mismo nivel de atención médica. 

La ley de Salud de Canadá, que regula los seguros de salud a nivel nacional, contempla medidas que impiden la discriminación en la cobertura del seguro de salud de las personas con discapacidad. En la cláusula relativa a la universalidad del artículo 10 de la ley, se establece “todos los residentes asegurados de una provincia o un territorio tienen derecho a acceder a los servicios médicos cubiertos que ofrezca el plan de seguros provincial o territorial según cláusulas y condiciones uniformes".52 En virtud del plan de Transferencias para programas sociales y de salud, las provincias y los territorios reciben un aporte monetario del gobierno nacional, a fin de cumplir con las condiciones establecidas por la ley. En Canadá, nunca ha existido una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. 

En Canadá, se asignan muy pocos recursos financieros para promover la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad que reciben ayuda financiera o que son derivadas por un médico, la cobertura del seguro médico incluye el costo subsidiado de los insumos médicos, los medicamentos y las ayudas técnicas, como por ejemplo, las sillas de ruedas. También se ofrece terapia ocupacional con el fin de determinar cuáles son las ayudas técnicas y las modificaciones ambientales que una persona necesita. Además, la Junta de Indemnización por Accidentes de Trabajo es la encargada de pagar la rehabilitación de un empleado que se accidenta en su trabajo.53 

En general, los servicios especializados, como la rehabilitación y la prevención, se ofrecen en las grandes ciudades.  Existen diferencias notables entre los servicios disponibles en las grandes ciudades en comparación con los que se ofrecen en las ciudades pequeñas y en los pueblos. Según el concepto que se tenga de rehabilitación, los servicios también pueden variar. El acceso a la rehabilitación y a los servicios médicos está previsto fundamentalmente para las personas que padecen enfermedades agudas más que para las personas con discapacidad crónica. Una persona con discapacidad podrá acceder a los servicios si su tipo de discapacidad y la rehabilitación se encuentran comprendidos en el ámbito de competencias de un centro especializado, como por ejemplo el Centro de Tratamiento de la Artritis.54 En el caso de los servicios de rehabilitación provistos en el sector privado, el interesado es el que paga el servicio. 

52. Ley de Salud de Canadá, http://www.hc-sc.gc.ca/medicare/chaover.htm.
53. "Vocational Rehabilitation Services” [Servicios de Rehabilitación Profesional], http://www.worksafebc.com/for_employers/vocational_ rehabilitation_services/default.asp.
54. Ley de Salud de Canadá, http://www.hc-sc.gc.ca/medicare/chaover.htm.

En las instituciones de estudios superiores de Canadá se ofrece capacitación en las áreas de terapia física, terapia ocupacional, fisiatría para enfermeras, prótesis y órtesis, terapia del lenguaje y entrenamiento especializado de médicos, especialistas, fisioterapeutas y terapistas ocupacionales. Aparte de los especialistas médicos que tratan principalmente a los pacientes con discapacidad, hay pocos cursos para los profesionales de la salud que aborden las necesidades específicas de las personas con discapacidad. La capacitación que se ofrece está a cargo de otros profesionales de la salud que utilizan un modelo médico de la discapacidad. No obstante, se está intentando actualizar los distintos paradigmas de discapacidad existentes en el sistema de atención médica y en materia de rehabilitación se está empezando a considerar a las personas con discapacidad en un sentido más holístico. 

Vivienda

El acceso a una vivienda económica, segura y accesible por parte de las personas con discapacidad ha recibido especial atención en los últimos veinte a treinta años como respuesta a la desinstitucionalización. El apoyo se canaliza a través de viviendas subsidiadas, viviendas subsidiadas con servicios de apoyo, el Programa de Asistencia en la Rehabilitación Residencial para Personas con Discapacidad, la Sociedad Canadiense Hipotecaria y de la Vivienda, y las organizaciones nacionales sin fines de lucro. En todos los casos, los programas varían según la región del país.

Las iniciativas de viviendas subsidiadas están a cargo de las autoridades provinciales, las que trabajan junto con las autoridades sanitarias locales, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro. Este tipo de vivienda se ofrece a las personas con discapacidad que pueden vivir en forma independiente y que cumplen con los requisitos para recibir las pensiones por discapacidad o que no pueden trabajar debido a una discapacidad. El costo de una vivienda subsidiada no supera el 30% de los ingresos brutos mensuales de una familia.54 Existen tres tipos de viviendas sociales: las viviendas públicas o administradas en forma directa, las viviendas sin fines de lucro y las viviendas cooperativas, respecto de las cuales las personas que viven en ellas son sus propietarias y las administran en forma conjunta. 

La vivienda subsidiada con el componente de servicios de apoyo es una alternativa intermedia entre el hogar y la residencia. Las alternativas para vivir en la comunidad, como los hogares colectivos para personas con discapacidad intelectual, los programas de viviendas con apoyo y las Unidades de Vida Independiente son ejemplos de servicios de vivienda con apoyo para las personas con discapacidad en Canadá. 

El Programa de Asistencia en la Rehabilitación Residencial para Personas con Discapacidad, un programa de la Sociedad Canadiense Hipotecaria y de la Vivienda, ofrece asistencia financiera a los propietarios y locadores que desean realizar modificaciones que aseguren la accesibilidad de las viviendas destinadas a personas con discapacidad de bajos recursos o habitadas por ellas.55 

54. Instituto de la Vivienda de Columbia Británica, http://www.bchousing.org.
55. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) [Sociedad Canadiense Hipotecaria y de la Vivienda, http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/prfias/rerepr/ readaspr_005.cfm.

Los propietarios pueden calificar para los préstamos no reembolsables si sus viviendas están valuadas por debajo de una cierta suma de dinero y si los ingresos de la familia están por debajo de los límites establecidos según la cantidad de miembros de la familia y el área. Los locadores pueden calificar para los préstamos no reembolsables si el alquiler de la vivienda es menor que los niveles establecidos y si los locatarios tienen ingresos equivalentes a los límites establecidos o menores que ellos. 

En Canadá, existen numerosos servicios de orientación de personas con discapacidad por otras pertenecientes a este colectivo en relación con todos los tipos de necesidades y servicios. La mayoría de ellos están conectados a una red nacional, en la que la información se comparte a nivel local, provincial y nacional. La Asociación Canadiense de Vivienda y Renovación, la Asociación Canadiense de Centros de Vida Independiente, la Asociación Canadiense de Vida en la Comunidad, la Fundación Canadiense Abilities, la Alianza de Vida Activa para las Personas con Discapacidad y el Consejo de Personas Canadienses con Discapacidad son algunas de las organizaciones sin fines de lucro del país que integran varias discapacidades y se dedican a brindar orientación, defender los derechos de las personas con discapacidad y realizar trabajos de investigación en esta materia. 

Institucionalización 

En 2002, alrededor de 20.000 ciudadanos canadienses con discapacidad vivían en centros de cuidados a largo plazo, hogares de atención personal y geriátricos.56 

Más de 12.000 personas con discapacidad intelectual vivían en instituciones específicamente concebidas para este segmento poblacional.57 

Hace 20 años que se viene desarrollando un proceso de desinstitucionalización en las provincias de todo el país. Según lo dispuesto por la Ley de Salud, los programas especializados permiten que los niños con discapacidad sean criados por sus familias en sus hogares, eliminando la dependencia de la institución. En Canadá, existen hogares, centros de estadía breve o transitoria y centros de atención de pacientes con enfermedades terminales. También, se brindan recursos financieros según las necesidades de la persona y servicios ambulatorios, como fisioterapia y terapia ocupacional. Sin embargo, muchas familias deben afrontar diversos obstáculos para acceder a estos servicios, en particular la heterogeneidad de criterios de admisión que existe a nivel intraprovincial e interprovincial. Además, no todas las familias saben cuáles son los servicios a los que pueden acceder. Si bien en los años noventa las provincias asumieron el compromiso de abandonar el enfoque institucional y adoptar uno centrado en la vida en la comunidad, los obstáculos políticos, sociales y económicos dejan poco margen de elección.58 

Asimismo, en las instituciones se han registrado situaciones extremas de victimización y abuso de las personas con discapacidad, entre cuyas manifestaciones cabe mencionar la esterilización forzada, el abuso sexual, el abandono, la victimización económica, la violencia verbal, el abuso emocional y el abuso físico. Estudios recientes demostraron que existen 3,7 veces más probabilidades de que los niños con discapacidad intelectual sufran abandono; 3,8 veces más probabilidades de que sufran abuso físico y emocional; y 4 veces más probabilidades de que sufran abuso sexual. 

56. "Proposed National Plan on Deinstitutionalization” [Propuesta de Plan Nacional de Desinstitucionalización], (documento de trabajo presentado en la Asociación Canadiense de Vida en la Comunidad, 2003).
57. Ibídem. 
58. Ibídem.

Además, se demostró que existen más probabilidades de que sufran malos tratos los niños con discapacidades múltiples (por ejemplo, discapacidad intelectual y trastornos de conducta). Análogamente, las cifras son altas en el caso de adultos con discapacidad intelectual. 59 

Existen mecanismos para informar los casos de abuso en las instituciones, como por ejemplo, el Informe de Incidente Crítico. Sin embargo, estos mecanismos se limitan a procesos de revisión interna que pueden resultar muy problemáticos en términos de anonimato.60 Estos informes se vinculan con otros problemas como la desigualdad en las relaciones de poder, la comunicación, la seguridad y el relato preciso del abuso al informarlo. En consecuencia, por naturaleza, el abuso en todas sus formas se denuncia en muy pocos casos, incluidos aquellos vinculados con personas con discapacidad. 

En Canadá, existe varias organizaciones y entidades que llevan registros de casos de abuso y violencia contra las personas con discapacidad. Entre ellas cabe citar la Comisión de Derecho de Canadá, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, las Defensorías Provinciales de la Salud (o instituciones provinciales similares), el Centro Nacional de Información sobre Violencia Familiar (Ministerio de Salud de Canadá), el Instituto G. Allan Roeher y la Red de Mujeres con Discapacidad de Canadá. 

Accesibilidad

Actualmente, los códigos de edificación provinciales reproducen la normativa nacional y disponen que los edificios públicos deben ser accesibles para las personas con discapacidad.61 

En este momento, el código nacional de edificación es objeto de revisión y se están debatiendo las formas de abordar los problemas de accesibilidad. El Consejo Canadiense de Discapacidad recomienda que se utilice una terminología menos subjetiva al tratar el tema de las adaptaciones. Sugiere que se reemplace la expresión “medidas de adaptación razonables” por "deber de adaptar”. Algunas organizaciones no gubernamentales proponen que se dote de mayor uniformidad y cohesión a las normas de los códigos provinciales mientras que a otras organizaciones les preocupa que el hacerlo pueda debilitar los códigos de edificación de algunas provincias.62 

Los códigos de edificación entraron en vigencia en 1998. Abarcan los edificios públicos e incluyen las instalaciones edificadas con fondos públicos o para el público. Las casas y edificaciones pequeñas quedan exceptuadas de cumplir con esta normativa.63 Se desconoce el porcentaje de edificios públicos accesibles a las personas con discapacidad motora. La mayoría de los edificios construidos antes de 1998 y muchos de los construidos con posterioridad todavía presentan barreras parciales o totales de acceso, incluso problemas de seguridad, para las personas con discapacidad. 

59. Ley de Salud de Canadá.
60. Ministerio de Salud de Canadá, Family Violence and People with Intellectual Disabilities [Violencia Familiar y Personas con Discapacidad Intelectual], (Publicación del Centro de Información sobre Violencia Familiar), http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/familyviolence/html/fvintellectu_e.html.
61. Instituto Nacional de Investigación de Canadá, http://www.nationalcodes.ca/nbc/questions5_e.shtml.
62. Consejo Canandiense de Discapacidad, "Input Needed to National Building Code” [Información necesaria para un Código Nacional de Edificación] Equality Matters  [La igualdad Importa], 13 de diciembre de 2002, http:// www.ccdonline.ca/publications/equality-matters/1200.htm. 
63. Código de Edificación de Columbia Británica, Art. 3.8, 1998, http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/reg/L/ LocalGovernment/295_98.htm; entrevista telefónica con un empleado de BC Building Corporation, Victoria, BC. 

Las barreras, que les resultan insignificantes a la mayoría de las personas sin discapacidad, con frecuencia pasan inadvertidas y no se eliminan. Un pequeño escalón en la entrada de un restaurante o comercio es muy común, pero para una persona con discapacidad motora es un obstáculo y el edificio le resulta completamente inaccesible.63 Las entradas accesibles a veces son peligrosas o están mal señalizadas. 

En Canadá, los conceptos de diseño universal son un componente de la carrera de Arquitectura. Se imparten cursos para graduados en universidades e institutos de formación privados de todo el país, así como a través de editores y diseñadores independientes.63 Sin embargo, el diseño universal no está contemplado totalmente en la mayoría de los planes de estudio y no forma parte del plan de estudios de la carrera de Ingeniería. 

El Organismo de Transporte de Canadá es el encargado de implementar y hacer cumplir la Ley de Transporte de Canadá de 1996, la que aborda temas relacionados con la accesibilidad y los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el sistema de transporte canadiense. La ley establece que debe existir en Canadá "una red segura, económica, eficiente y adecuada de servicios de transporte viables y eficaces que sean accesibles a las personas con discapacidad”.65 Las normas reglamentarias recomiendan el diseño, la construcción y la modificación de un sistema de señalización accesible, la capacitación del personal, un tratamiento especial del costo del transporte para las personas con discapacidad, y la comunicación de la información en formatos accesibles. El referido organismo aborda las infracciones a las normas relativas a la accesibilidad en los casos individuales y las barreras sistémicas del sistema de transporte canadiense.66 

Todas las principales ciudades de Canadá cuentan con un sistema de transporte de colectivos accesible, incluida la capital, Ottawa. En Toronto, la ciudad más grande de Canadá, existen cuatro recorridos de colectivos GO que son accesibles y varios colectivos de piso bajo que utilizan un mecanismo hidráulico que hace bajar una rampa para que puedan subir las personas con movilidad reducida. Además, treinta y seis de las 53 estaciones de trenes GO son totalmente accesibles a las personas con movilidad reducida.67 En Ottawa, OC Transpo, el sistema de transporte público de la ciudad, cuenta con tres categorías de transporte público accesible: ParaTranspo, que ofrece servicios de transporte puerta a puerta para personas con discapacidad, colectivos de piso bajo completamente accesibles con recorridos predeterminados, y colectivos con recorridos adicionales, que ofrecen servicios relativamente accesibles.68 

63. Otros ejemplos son los toilettes ubicados en subsuelo de un edificio, o los compartimentos muy pequeños en los que no se puede ingresar, las puertas dobles o pesadas, ausencia de señalización en Braille, falta de ascensores en un edificio de dos pisos, botones de ascensores que no se pueden alcanzar o no se leen claramente, falta de iluminación en una biblioteca, por lo que las personas con deficiencias visuales no puedan ver, información o instrucciones para casos de emergencia sólo en audio, pendientes de rampas demasiado pronunciadas, falta de rampas en las veredas, mostradores demasiado altos para alcanzarlos o ver a la persona que atiende, terminales de autoservicio bancario que no están en Braille y teclas que no se pueden alcanzar desde una silla de ruedas.
64. Información brindada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Victoria y la Universidad de Columbia Británica. 
65. Ley de Transporte de Canadá, http://laws.justice.gc.ca/en/C-10.4/24543.html.
66. Organismo de Transporte de Canadá, Transporte Accesible, http://www.cta-otc.gc.ca/access/index_e.html.
67. Sitio Web de GO Transit, Accessible GO Transit Services in Greater Toronto Area [Servicios de transporte accesibles GO en el área del Gran Toronto], http://www. gotransit.com/public/aboutgo/accessibility.htm.
67. Transporte Público de Ontario, Accessibility Services for persons with disabilities [Servicios de Accesibilidad para Personas con Discapacidad], http:// www.octranspo.com/acc_menue.htm.

La ciudad de Victoria, capital de la provincia de Columbia Británica, constituye un ejemplo de la amplia gama de opciones de transporte terrestre que existen para las personas con discapacidad. Ofrece colectivos de uso público de piso bajo, el Programa de Capacitación en Transporte para la Comunidad, que es un servicio gratuito que capacita a las personas mayores y a las personas con discapacidad física o cognitiva que desean utilizar el servicio de transporte convencional, el HandyDART, un servicio de transporte puerta a puerta compartido y personalizado, y un Programa de Ahorro en el Taxi, que bonifica el 50% del costo del viaje en taxi.68 

Muchas ciudades de Canadá ofrecen una combinación de servicios similares, como en Victoria, Ottawa y Toronto. Sin embargo, el acceso al transporte para las personas con discapacidad no siempre es fácil. Las barreras del propio sistema de transporte accesible son tiempos de espera prolongados para acceder al transporte puerta a puerta y la indispensable reserva de lugar en forma anticipada, la poca cantidad de taxis accesibles, y la tarifa fija de los taxis, que es elevada. Además, los servicios muchas veces están completos y no puede saberse con certeza el horario de salida en el momento de reservar el viaje. No todas las estaciones de trenes son accesibles y puede suceder que haya pocos asientos disponibles en el sector accesible. Sin embargo, en líneas generales, Canadá cuenta con una gran variedad de medios de transporte accesibles y, con frecuencia, económicos. 

El transporte aéreo cuenta con servicios de preembarque, ayuda al subir y bajar del avión y asientos especiales que se adaptan a las necesidades de los pasajeros con discapacidad. Algunas aerolíneas ofrecen tarifas "preferenciales" a la mitad del precio de las comunes. Sin embargo, debe solicitarse expresamente que se tenga cuidado con la silla de ruedas, para asegurarse de que no se rompa o dañe durante el viaje. Las personas con discapacidad que viajan en avión deben reclamar estos derechos a las aerolíneas ya que no es frecuente que se los respete espontáneamente. 

68. Sistema de Transporte Regional de Victoria, Guide to Accessible Transit Service [Guía para un Servicio de Transporte Accesible], http://www.busonline.ca/regions/vic/accessible/family_of_services.cfm. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

A nivel nacional, la Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad (ODI por su sigla en inglés) es el organismo coordinador que se ocupa de formular la política sobre discapacidad. Con la guía de la Agenda de Discapacidad del gobierno canadiense, la misión de la ODI es fomentar la coherencia entre los programas y las políticas, desarrollar la capacidad del voluntariado y promover una mayor toma de conciencia. El Ministerio de Recursos Humanos y Capacitación Laboral de Canadá mantiene sus programas. En la ODI existen cuatro divisiones.70 

La primera, la División de Desarrollo de Programas y Redes, administra tres programas de apoyo para personas con discapacidad. El Programa de Alianzas para el Desarrollo Social – Componente Discapacidad fue creado en 1998 y otorga subsidios a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el desarrollo social. El Fondo de Oportunidades para la Personas con Discapacidad maneja un presupuesto de $30 millones que ayuda a las personas con discapacidad que cumplen los requisitos respectivos a entrenarse laboralmente y a obtener y mantener un empleo o una actividad independiente. El tercer programa es el ya mencionado Marco Multilateral de Acuerdos para la Inserción en el Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad (antes denominado EAPD). La segunda división, la División de Gestión del Conocimiento y Coordinación de Políticas, comprende dos unidades: la Unidad de Desarrollo del Conocimiento y la Unidad de Coordinación de Políticas. Estas unidades son responsables de ampliar los conocimientos y llevar a cabo trabajos de investigación en temas relacionados con la discapacidad. La División de Planeamiento Estratégico y Servicios Corporativos brinda respaldo corporativo global, como en el área de planeamiento comercial, temas relacionados con el personal, presupuestación, etc.71 Por último, la División de Política sobre Discapacidad tiene a su cargo el análisis y el desarrollo de opciones y directivas.71 

Entre las áreas prioritarias del Plan Estratégico 2004-2007 elaborado por la Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad cabe mencionar las siguientes: vivienda, ayudas técnicas, desarrollo inclusivo infantil, acceso a la formación y educación superior, transporte accesible, servicios personales, comunidades inclusivas, información accesible, necesidades y actitudes de los empleadores, incentivos en el ámbito laboral y medidas de adaptación en el trabajo y transición entre la escuela y el trabajo. El Plan Estratégico de la ODI se implementa a través de una serie de alianzas.73 

Además de las iniciativas del gobierno en el área de la acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad, Canadá posee un movimiento impulsado por organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que trabaja con ahínco. Estas organizaciones están distribuidas en todo el país y comprenden desde grupos de interés de base comunitaria hasta organizaciones nacionales que integran varios tipos de discapacidades y administran presupuestos millonarios. Estas organizaciones representan diferentes tipos de discapacidades y distintas cuestiones en la comunidad con posturas políticas y apolíticas variadas. 

70. Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad, http://www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/hip/odi/01_about. shtml&hs=pyp.
71. Ibídem.
72. Ibídem.
73. Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad, Office for Disability Issues (ODI) Strategic Plan 2002-2007 [Plan Estratégico 2004-2007 de la Dirección para la Atención de Personas con Discapacidad], (Su Majestad la Reina de Canadá por su Derecho, Gatineau, 2002).

La mayoría de estas organizaciones se sostiene mediante actividades de recaudación de fondos, el trabajo de voluntarios, el financiamiento para proyectos especiales y el apoyo de la comunidad. Estas organizaciones conforman una red nacional de investigación e información, que ofrece publicaciones formales y revistas electrónicas, recursos y apoyo, realiza eventos, participa en consultas con el gobierno y promueve la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Chile

Chile

Factores clave: Durante muchos años, el tema de la discapacidad en Chile fue abordado desde un punto de vista asistencial.1 Con la salida del régimen militar y el retorno de la democracia en 1990, las cuestiones sociales pasaron a formar parte integral de la agenda política. Los recursos gubernamentales se redireccionaron hacia el desarrollo de programas tendientes a mejorar la educación, la atención médica, la vivienda y la calidad de vida para la mayoría de las personas carenciadas, incluidas las personas con discapacidad. En 1994, como parte de este cambio en el paisaje político, se promulgó la Ley Nº 19.284 sobre la Integración Social de las Personas con Discapacidad.2 Diez años más tarde, sin embargo, la integración de las personas con discapacidad a los diversos sectores sociales continúa avanzando a un ritmo lento.

Terminología

Las primeras leyes relacionadas con la población con discapacidad se concentraban principalmente en establecer protecciones más que en defender los derechos. En dichas leyes se utilizaban los términos "lisiado" e "inválido". Asimismo, la expresión "incapaz" se utilizaba para hacer referencia a personas con retardo mental. Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de los documentos se conservó la terminología original. 

1.Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, 24 de septiembre de 2003. "Durante el gobierno de Augusto Pinochet no existió una política social global ni integradora que se preocupara de los discapacitados, sólo comienza este proceso en 1994 con la promulgación de la Ley N° 19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad. En Chile, hasta la década del setenta, no existía una legislación especial referida a las personas con discapacidad. La mayoría de las normas referidas a este sector de la población era posible encontrarlas en la legislación de carácter general, en la cual, las más de las veces, se regulaban medidas de protección —interdicciones— y determinadas prohibiciones basadas en la efectiva o presunta dificultad e imposibilidad de celebrar o participar en la celebración de ciertos actos jurídicos —otorgamiento de testamentos, procedimientos de adopción, medios probatorios, celebración de matrimonio, y otros. Dentro de la escasa legislación de carácter especial referida a este sector de la población, es posible citar las normas sobre Importación de Vehículos para Personas Lisiadas y la que establece un Régimen de Pensiones Asistenciales para Personas Inválidas y Deficientes Mentales". 

2.  Ley Nº 19.284, Integración Social de las Personas con Discapacidad, (Santiago, Chile, enero de 1994), www.fonadis.cl. 

Chile

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Definición de discapacidad

Según la definición del Ministerio de Salud, una persona tiene discapacidad cuando no posee "la plena capacidad para satisfacer las exigencias del medio respecto de un sujeto sin discapacidad de igual edad, sexo, capacitación, condición social, familiar y de igual localidad geográfica que el sujeto a evaluar".3 La definición del Ministerio de "deficiencias" y "discapacidad" coincide con aquellas de la Organización Mundial de la Salud. Las deficiencias incluyen "deficiencias intelectuales/mentales", "deficiencias sensoriales" y "deficiencias físicas". Las discapacidades se clasifican en discapacidades de aprendizaje, laborales o de integración social.

El artículo 3 de la Ley Nº 19.284 define como persona con discapacidad “a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social".4  El Decreto Ley Nº 869 sobre Pensiones Asistenciales define como carentes de recursos a personas inválidas mayores de 18 y menores de 65 años de edad cuando cumplan con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 19.284 y no tengan ingresos propios o de tenerlos sean inferiores al ingreso mínimo mensual establecido por la ley.5 

Población con discapacidad

Las estadísticas sobre discapacidad disponibles en Chile no son confiables.6 De acuerdo con el último censo llevado a cabo en 2002, Chile tiene una población total de 15.401.000 habitantes de los cuales 334.377 (2,2%) tienen algún tipo de discapacidad.7 Otras encuestas nacionales realizadas a personas con discapacidad arrojaron cifras considerablemente distintas. 

3. Mauricio Zepeda Sanchez (Subdirector de Estudios y Planificación) y Eladio Recabarren Hernández (Subdirección FONADIS), respuesta vía e-mail, 9 de septiembre de 2003.

4. Ley Nº 19.284, www.fonadis.cl. Propuesta de modificación a la Ley Nº 19.284 sobre el concepto de persona con discapacidad, que establece: "...toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, síquicas o sensoriales, presente dificultades objetivas para su integración social, desarrollo personal o autonomía", Leonor Cifuentes (Jefa del Departamento Jurídico del FONADIS), entrevistada por la autora, Santiago, 12 de agosto de 2003. 

5. Decreto Ley Nº 869, (1975), http://www.bcn.cl/publicadores/pub_leyes_mas_soli/admin/listado_ leyes_mas_soli.php.

6. Georgina Trincado (Centro de Documentación del Instituto Nacional de Estadísticas), entrevistada por la autora, Chile, 7 de octubre de 2003. 

7. Ibídem.

La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) reveló que existen 788.509 (5,3%) personas con discapacidad; es decir, más del doble de la cantidad identificada por el censo.8 Existe una discrepancia aún mayor en los resultados de la encuesta de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) llevada a cabo por MINSAL en el año 2000, que indicó que el 21,7% de la población tiene al menos una discapacidad.9 La variación en estas cifras puede deberse a la falta de capacitación de los encuestadores, a diferencias entre los métodos de sondeo y al hecho de que las personas de mayor edad no declaraban sus discapacidades.10  

En el Cuadro 1 se muestra la variación en el tamaño de la población con discapacidad a partir de las diferentes definiciones y abordajes metodológicos. Según la encuesta CASEN, las personas de 60 años de edad o mayores conforman el segmento más grande de la población afectada por algún tipo de discapacidad, representando el 37,5% de la población total con discapacidad.11 En consecuencia, todo error en la cuantificación de este segmento poblacional podría tener un impacto significativo sobre los resultados finales.  

Cuadro 1: Cantidad de personas con discapacidad por encuesta

Pregunta % cantidad de personas

CENSO 2002 (INE)12

CASEN 2000 (MIDEPLAN)13

ENCAVI 2000 (MINSAL–NE)14

Deficiencias (moderadas y severas)

Dificultades (leves y severas)

5,3% 788.509

Deficiencias (“Total”) 2,2% 334.377

21,7%  3.292.296

8. Ministerio de Planificación y Cooperación, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Chile, 2000, http://www.mideplan.cl/sitio/ Sitio/estudiosdiscapacidad2000.pdf. Los datos obtenidos por la encuesta CASEN de 1996 revelan que las personas con discapacidad representan el 4,3% de la población del país.

9. Ministerio de Salud de Chile (MINSAL), Departamento de Epidemiología, Departamento de Promoción de la Salud, MINSAL/OPS/OMS.

10. Mónica Vial (mujer adulta mayor del Centro del Adulto Mayor de Providencia), entrevistada por la autora. Al ser consultada sobre la razón por la que no le había informado al encuestador del CENSO que tenía muy baja visión respondió: "No me preguntó nada así, y total, debe ser por mi edad". Respuesta similar de otro adulto mayor cuya capacidad auditiva está muy por debajo de lo normal: "Los encuestadores sólo preguntaban si tenía alguna discapacidad y yo no tengo ninguna". 

11. Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Según esta encuesta, más de la mitad de las personas con discapacidad en Chile tienen o pueden tener dificultades para ver y oír. Un total de 283.842 personas indicaron que tienen deficiencias visuales y otras 224.874 declararon tener deficiencias auditivas. A éstas les siguen las personas con discapacidad física (130.363), discapacidad mental (71.259), dificultades del lenguaje (45.725) y discapacidad psiquiátrica (32.446). El 40,4% de este segmento de la población vive en la Región Metropolitana, seguido de un 12,8% en la Región del Bío-Bío y un 10% en la Región de Valparaíso. La mayor cantidad de personas con discapacidad vive en áreas rurales. 

12. Instituto Nacional de Estadísticas (INE), CENSO, Centro de Documentación, Chile.

13.Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

14. Instituto Nacional de Estadísticas y Ministerio de Salud, Encuesta sobre Calidad de Vida, Chile, 2002, http:// www.minsal.cl.

Chile

122

A diferencia del censo y de las encuestas CASEN, el proyecto ENCAVI es una encuesta sobre salud cuya planificación se basó en modelos de salud y discapacidad más actuales. Estos nuevos marcos conceptuales, que definen la discapacidad en términos sociales más que estrictamente como un estado de salud, permiten explicar, al menos en forma parcial, el aumento del porcentaje de personas con discapacidad.15  

Dada la disparidad de los datos de las encuestas antes mencionadas, los Consejos de Discapacidad de varias comunas están impulsando iniciativas para obtener datos más exactos sobre la población de personas con discapacidad. Este trabajo reviste suma importancia ya que las condiciones en las que viven las personas con discapacidad varían ampliamente en todo el país, y los datos actuales no representan una base suficiente para extraer conclusiones que reflejen de manera adecuada la realidad local.16 Paralelamente, el Fondo Nacional de Discapacidad (FONADIS) está preparando una encuesta nacional para recabar datos sobre discapacidad en el año 2004. Su directora, Andrea Zondek, señaló en relación con las iniciativas de las organizaciones de base: “Yo les sugeriría a la comunas que tengan un poco de paciencia y que no gasten recursos que podrían ocupar en medidas directas de integración. En 2004 vamos a hacer una medición con un instrumento que tiene el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y que ya ha sido aplicado en otros países”.17 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 sentó las bases para la inclusión de todos los chilenos en la agenda pública, las políticas de gobierno y los planes sociales. Desde entonces, Chile firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros acuerdos internacionales.19 Asimismo, Chile suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el 6 de agosto de 1999, la ratificó el 12 de abril de 2001 e hizo el depósito del documento pertinente el 26 de febrero de 2002.18 Con respecto a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas, Chile respondió el cuestionario según lo solicitado por el Relator Especial sobre Discapacidad, Bengt Lindqvist, y el informe correspondiente fue presentado a la delegación permanente de las Naciones Unidas el 8 de abril de 1996.20

15. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003.

16. Mauricio Zepeda Sánchez. 

17. MERCADIS, Noticias: Al Detalle, (Santiago, 10 de julio de 2003), http://www. emol.cl.

18. Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, www.oas.org.

19. Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención sobre los Derechos del Niño, 10 de enero de 2003, http://www.un.org.

20. Bengt Lindqvist visitó Chile en noviembre de 1996 y en enero de 1998.  

Chile ha expresado su apoyo a la elaboración de una Convención Internacional Amplia e Integral para Proteger los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el FONADIS informaron que "Chile adhiere a la concepción que postula la existencia de una relación estrecha entre derechos humanos y la discapacidad, la que se inscribe en la problemática más amplia de la lucha contra la discriminación. Desde este ámbito se identifica así claramente el desafío para Chile, como parte de la Organización de Naciones Unidas, de contribuir y proyectar el alcance del Derecho Internacional Público, que se evidencia como un derecho en pleno desarrollo, con un papel cada vez más protagónico en la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad".21  

En lo que concierne a la legislación nacional, la Constitución Política establece los derechos para todos los chilenos.22 Sin embargo, las garantías constitucionales no incluyen protecciones específicas para la población con discapacidad. 

Tomando las Normas Uniformes de las Naciones Unidas como guía, el 5 de enero de 1994 se promulgó la Ley Nº 19.284 de Integración Social de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es "establecer la forma y condiciones que permitan obtener la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad y velar por el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las personas".23 La ley obliga al Estado a desarrollar programas en el área de la prevención y la rehabilitación de la discapacidad así como a brindar acceso a la cultura, la información, la comunicación, el medio ambiente físico, la educación, la capacitación, la inserción laboral y las exenciones aduaneras para facilitar la importación de ayudas técnicas. Más aún, la ley creó el Registro Nacional de la Discapacidad en el ámbito del Servicio de Registro Civil e Identificación y el FONADIS.   

La Ley Nº 19.284 también establece que toda persona que "por causa de acto u omisión arbitraria o ilegal sufra discriminación o amenaza en el ejercicio de los derechos y beneficios consagrados en esta ley podrá concurrir por sí o por cualquiera a su nombre al Juez de Policía Local correspondiente a su domicilio, el que deberá adoptar de inmediato las providencias para asegurar y restablecer su derecho afectado".24 Las sanciones incluyen multas y la posible exclusión del Registro Nacional de la Discapacidad. Tanto las personas físicas como las jurídicas están sujetas a esta disposición.

21. Dirección de Política Multilateral, Ministerio de Relaciones Exteriores y FONADIS, Chile, 24 de septiembre de 2003. 

22. La Constitución Política del Gobierno de Chile promulgada el 8 de agosto de 1980 establece en su artículo 1: "Las personas nacen libre e iguales en dignidad y derechos". 

(...) El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Es deber del estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional". Por otra parte, el artículo 19 garantiza a todas las personas "La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, (…) la libertad de trabajo y su protección (…) se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos".  

23. Ley Nº 19.284.

24. Ibídem.

Chile

124

Además de las disposiciones de la Ley Nº 19.284, existen algunas leyes que establecen sanciones por la violación de los derechos de las personas con discapacidad, entre las que se incluyen el Código Penal y la Ley de Menores.25 El Servicio Nacional de Menores (SENAME) asiste a los niños con y sin discapacidad menores de 18 años que hayan sido sometidos a cualquier tipo de abuso. No obstante, no existen procedimientos específicos para denunciar los abusos contra la mayoría de las personas con discapacidad. 

Los gobiernos municipales, que son independientes de la administración central, implementan las políticas emitidas por el gobierno central. Dentro de la Región Metropolitana de Santiago existen 12 oficinas municipales que brindan servicios sociales y asistencia para acceder a ayudas técnicas y becas a través del FONADIS.26 

Barreras legales

El Código Civil considera " incapaces" a todas aquellas personas sordomudas que no pueden comunicarse por escrito. Una vez declaradas incapaces, estas personas no pueden contraer matrimonio ni administrar sus bienes. En la actualidad, se están reviendo estas normas. Se propusieron modificaciones para eliminar dichas restricciones junto con otras que prohíben a algunas personas con deficiencias sensoriales desempeñarse como jueces o notarios públicos o prestar declaración como testigos.27 

De la misma manera, la ley dispone que "todo adulto que se halla en un estado habitual de demencia deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos".28 El artículo 16 de la Ley Nº 18.825 establece que “el derecho a sufragio se suspende en caso de que la persona sea declarada en interdicción en caso de demencia".29 La ley prevé la asignación de curadores para el caso de personas sordas y con discapacidades mentales severas con el fin, en teoría, de proteger sus intereses.    

Participación ciudadana

En Chile, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos a menos que estén eximidos por una razón calificada. Puede eximirse de tal obligación a aquellos que no puedan acceder al lugar de votación, tales como enfermos postrados u hospitalizados, a personas mayores de 70 años y a personas con discapacidad que no puedan emitir su voto debido a que no tengan quién las acompañe, siempre que se deje constancia en la comisaría más cercana. Esta constancia puede tramitarla cualquier familiar o persona que presente el documento de identidad del votante.  

25. Código Penal Chileno, art. 363, www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/ chile/codpench.htm. El artículo 363 del Código Penal Chileno establece sanciones específicas para el caso de violación de una persona joven con discapacidad mental. 

26. FONADIS, Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa, Directorio Metropolitano de la Discapacidad, (2002); Emma Lohaus (asistente social a cargo de Promoción Comunitaria en la Municipalidad de La Pintana), entrevistada por la autora, 2000 y 2001. No hay coordinación ni lineamientos comunes entre estas oficinas. 

27. Leonor Cifuentes (Jefa del Departamento Jurídico del FONADIS), respuesta vía e-mail, Chile, 12 de agosto de 2003. 

28.Código Civil, art. 456.

29. Ley Nº 18.825, http://www.bcn.cl.

125 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

Los dirigentes de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad estiman que aproximadamente la mitad de los centros de votación son accesibles durante los comicios. A menudo se instalan rampas temporarias y se asigna personal militar o de Defensa Civil para asistir a las personas con movilidad reducida. Los ciudadanos con discapacidad pueden concurrir a las urnas acompañados por una persona de su confianza.30 Asimismo, existen urnas especiales para las personas ciegas.31  

Dado que más de la mitad de los centros de votación aún no son accesibles para las personas con discapacidad, cumplir con la obligación de votar continúa siendo muy difícil para muchos. Un informe señala que "la realidad de los sufragantes que tienen algún tipo de discapacidad entrega al arbitrio de quienes aplican dicha legislación determinar cuáles deben ser las facilidades otorgables a este colectivo. En la práctica, esta situación ha llevado a abusos e incluso a violaciones flagrantes de derechos de estos votantes por parte de los diversos agentes en los procesos electorales, lo cual ha contribuido a una actitud de “apatía política” superior a la verificada en el ciudadano medio de nuestro país".32 A las barreras arquitectónicas que enfrentan las personas con discapacidad que desean votar se suma la falta de acceso a información sobre los diversos candidatos o sus plataformas políticas, dado que este tipo de información suele no estar disponible en formatos alternativos. 

Inclusión

Comunicación

El artículo 20 de la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad establece que "las bibliotecas de acceso público deberán contar gradualmente con material y facilidades destinados a no videntes". La Biblioteca Nacional de Chile, que se encuentra ubicada en la capital de Santiago, no posee una versión en Braille de la Constitución Política, aunque sí cuenta con otras publicaciones para personas ciegas.33 El Centro de Grabación, la Biblioteca Nacional de Ciegos y las Escuelas Especiales para Ciegos tienen versiones de la Constitución en formatos alternativos.34 

La Biblioteca Central para Ciegos publica la primera revista en Braille para niños y jóvenes con discapacidad visual.35 Esta publicación nació como respuesta a la falta de recursos educativos e informativos en otros formatos.

Si bien la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad establece que los canales de televisión aplicarán "mecanismos de comunicación audiovisuales que proporcionen información a la población con discapacidad auditiva en los informativos", históricamente éstos se mostraron reticentes a hacerlo.36 Tanto la Televisión Nacional de Chile como el canal de televisión asociado con la Universidad Católica de Chile transmiten un noticiero diario con traducción simultánea en lengua de señas.36 

30. Panel de discusión con dirigentes de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad facilitado por la autora, Santiago, Providencia, 30 de agosto de 2003.

31. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003.

32. Maria Soledad Cisternas Reyes (Investigadora asociada al Centro de Investigaciones Jurídicas y Directora del Programa Jurídico, "La discapacidad frente a la necesidad de profundización democrática en los procesos electorales" (Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, Chile, noviembre de 2001, http: //www.electionaccess.org/publications/BP_TOC.htm.

33. Entrevista con un funcionario de la Biblioteca Nacional, Santiago, 30 de junio de 2003. 

34. La Biblioteca Nacional de Ciegos y las Escuelas Especiales para Ciegos están subvencionadas por el gobierno.

35. FONADIS, http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=37.

36. Este sistema se implementó por primera vez en Chile en la década de los ochenta. Sin embargo, más tarde los canales de televisión lo eliminaron. Fue reestablecido en el año 2002 gracias a las gestiones del Club de Sordos de Chile, que hizo lobby ante los ejecutivos de esos canales.

Chile

126

En el año 2003, la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) llegó a un acuerdo con las organizaciones de personas sordas mediante el cual se comprometía a proveer traducción en lengua de señas en sus noticieros del mediodía. Así, cada una de las cinco cadenas transmite sus programas de noticias con traducción en lengua de señas durante un período de tres meses. Este sistema de turnos alternados posibilita una amplia participación de todas las cadenas afiliadas a ANATEL y permite a las personas sordas acceder a noticieros con diferentes enfoques.37  Los esfuerzos realizados por las organizaciones de sordos en defensa de sus derechos tuvieron un papel fundamental en esta iniciativa.

El FONADIS tiene un sitio Web que es accesible para las personas ciegas o con discapacidad visual.39 Sin embargo, el Plan de Emergencias Nacionales no cuenta con ningún método o estrategia para que las personas con discapacidad puedan comunicarse con las autoridades en caso de emergencias o desastres naturales.40

La Resolución Nº 316 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones ordena a las empresas de telecomunicaciones que instalen teléfonos públicos accesibles. Entre las adaptaciones necesarias se incluyen el control de volumen para personas con discapacidad auditiva moderada y teclas de gran tamaño e instrucciones en Braille para personas ciegas o con discapacidad visual. También establece las alturas máxima y mínima a la cual deben instalarse.41 A nivel nacional, la adaptación del servicio telefónico en Chile apenas está comenzando. Un ejemplo positivo para destacar es el de un teléfono para sordos que se encuentra disponible en la sede de la empresa de electricidad Chilectra, en Maipú, Santiago.

Educación

La Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad consagra la igualdad de oportunidades educativas para personas con discapacidad y establece que éstas sólo deberán ser derivadas a escuelas especiales en circunstancias excepcionales. El Ministerio de Educación emitió un decreto reglamentario dirigido a garantizar la implementación de la ley. Asimismo, este Ministerio tiene a su cargo la supervisión del financiamiento y la evaluación de los programas educativos. Las escuelas que integran a alumnos con discapacidad pueden solicitar subsidios especiales para adquirir recursos humanos y materiales adicionales.42  

Al igual que en el caso de la población con discapacidad en general, Chile carece de datos confiables sobre la cantidad de niños en edad escolar con discapacidad. En el Cuadro 1 se muestra la cantidad de niños según el censo y según las encuestas CASEN. No se cuenta con información exacta sobre la población de entre 6 y 16 años de edad.43 

37. FONADIS, www.fonadis.cl/indexphp?seccion=17&articulo=693#centro. TVN y Canal 13 se turnan para transmitir las noticias con traducción en lengua de señas.

38. Ley Nº 19.284, art. 9.

39. FONADIS, http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=37.

40. FONADIS, http://www.minterior.cl. 

41. http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=15&articulo=413. 

42. Ministerio de Educación, Reglamento, Capítulo II, Título IV de la Ley Nº 19.284, que establece Normas para la Integración Social de Personas con Discapacidad, http://www.inclusioneducativa.cl/ documentos/ley19284reglamento.pdf.

43. Centro de Documentación del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo de Población Año 2002

Cuadro 2: Población de niños con discapacidad por grupo etario 44

Encuesta Grupo etario Cant. de personas

Censo 5-9 10.538

10-14 15.304

15-19 14.815

Total 40.701

CASEN 0-5 26.021

6-18 121.430

Total 147.451
Cifras aproximadas según los porcentajes provistos en el informe de CASEN. 

De acuerdo con la encuesta CASEN, el 87,6% de los niños con discapacidad recibe algún tipo de educación en comparación con el 93,4% de los niños sin discapacidad. Los alumnos con discapacidad también reciben menos educación en promedio que aquellos sin discapacidad, con un total de 6,4 años y 10 años de escolaridad, respectivamente. 

En la mayoría de las ciudades pequeñas y grandes existen escuelas de educación integrada, mientras que las escuelas de educación especial se encuentran ubicadas en las principales ciudades del país. Aproximadamente el 19% de los niños de nivel primario con discapacidad son educados en un ambiente inclusivo en el que los alumnos se agrupan en clases según la edad. Por ejemplo, la Escuela Cardenal Antonio Samoré, que está ubicada en la Región Metropolitana, tiene 1.500 alumnos. Es uno de los establecimientos educativos más activos y ha estado incorporando a niños y jóvenes con discapacidad física desde comienzos de la década del noventa. Sin embargo, la mayoría de las escuelas primarias no cuentan con personal de apoyo capacitado para tratar con niños con discapacidad y son los familiares los que suelen asistir a los alumnos en algunas actividades.  

Todos los alumnos que ingresan a la escuela secundaria son incorporados a escuelas regulares independientemente de que hayan finalizado sus estudios primarios en una escuela regular o en una especial. Tal como se señalara con anterioridad, muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela secundaria. La Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación (MINEDUC) informó que en la actualidad existen alrededor de 1.000 alumnos secundarios con distintos tipos de discapacidad inscriptos en proyectos de integración. La mayoría de los estudiantes secundarios asisten a clases especiales en escuelas regulares.45

44. Censo de Población Año 2002, MIDEPLAN, División, CASEN, Encuesta de Actividad Económica, www.mideplan.cl/sitio/Sitio/estudio/ discapacidad2000.pdf.

45. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 14 de octubre de 2003.

Chile

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La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones del MINVU dispone que todos los establecimientos educativos de más de 300 alumnos deben contar con instalaciones sanitarias accesibles para usuarios de sillas de ruedas.46 El Ministerio de Educación está redactando normas adicionales.47 Si bien no existen datos sobre la cantidad de establecimientos educativos que cumplen con las exigencias del MINVU, 600 escuelas tenían "proyectos de integración" al año 2001.48 

La sede del Ministerio de Educación en Santiago es accesible para personas con discapacidad.

El Ministerio de Educación es responsable de distribuir libros de texto en Braille a niños con discapacidad visual que se encuentran integrados a escuelas primarias regulares. El FONADIS trabaja en forma conjunta con organismos públicos e instituciones privadas para financiar proyectos dirigidos a desarrollar materiales y ayudas técnicas para personas con discapacidad visual (libros, modelos a escala, manuales, materiales educativos, entre otros).49 Por ejemplo, 400 niños ciegos y de familias de bajos ingresos recibieron silabarios en Braille a través de un importante proyecto. La iniciativa fue financiada por FONADIS con la asistencia de la Gendarmería y la Escuela Hogar de Ciegos Santa Lucía.50 

Si bien en Chile el plan nacional de estudios de la carrera docente no exige la inclusión de capacitación en Educación Especial, se ofrecen cursos optativos. Los docentes pueden cursar la carrera de "Educación Diferencial", donde se estudian específicamente los temas relacionados con la discapacidad.51 Actualmente se está desarrollando un curso a distancia sobre "Integración a la Educación Regular" dirigido a 4.500 docentes de nivel primario de todo el país.52  

En octubre de 1998, la Red de Integración Educativa (RIE) llevó a cabo una jornada de reflexión sobre "La integración escolar en Chile" en la sede de la UNESCO. La jornada contó con la participación de 52 profesionales de la educación que están trabajando en forma directa o indirecta para integrar a niños y jóvenes con discapacidad al sistema educativo regular. Como resultado de este evento, se formó una comisión que sugirió que el tema de la integración fuese incluido en los planes de estudio de educación básica, los programas y la carrera de formación docente. Asimismo, la comisión propuso que se investigue más sobre este tema.53 El Ministerio de Salud está a cargo de dos programas destinados a la detección temprana de las discapacidades, a saber, el Programa de Embarazos de Alto Riesgo y el Programa de Control del Niño Sano, ambos implementados en los Consultorios de Atención Primaria de Salud.54   

46. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo mediante un Decreto del 29 de diciembre de 1998, www. minvu.cl, estableció lo siguiente: "Dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los edificios existentes que cuenten con permiso de edificación y recepción definitiva, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, en especial aquellos que prestan atención de salud o cuyo objeto es desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 4.1.7 del D.S. Nº47". 

47. Cecilia Leiva (arquitecta de la División de Desarrollo Urbano del MINVU), entrevistada por la autora, Chile, 17 de junio de 2003. 

48.Enrique Norambuena, “Inclusión de Niños con Discapacidad en la Escuela Regular”, Ciclo Debates. Desafíos de la Política Educacional, HINENI, UNESCO, UNICEF. Chile, diciembre de 2001.

49. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003.

50. FONADIS, http://www.fonadis.cl/indexphp?seccion=17&articulo=693#centro. Los silabarios fueron elaborados por 11 internos del Taller Zenda de la Penitenciaría de Chile.

51. María Herrera (estudiante de Pedagogía en Castellano de la Universidad Pedagógica de Santiago), entrevistada por la autora, junio de 2003.

52. El curso está siendo implementado por el FONADIS y financiado por MINEDUC.

53. http://www.inclusioneducativa.cl/documentos/jornada.pdf

Estos programas comprenden las discapacidades mentales, intelectuales, sensoriales y físicas. Una vez detectada una discapacidad, la familia recibe información y asesoramiento sobre subsidios, pensiones y trámites necesarios para obtener un certificado de discapacidad en el Registro Nacional de la Discapacidad. También se la orienta con respecto a las opciones de tratamiento y los servicios de rehabilitación que se ofrecen en las diversas redes de salud.55 

Las personas con discapacidad mayores de 18 años pueden asistir a los talleres laborales que ofrecen 346 Escuelas Especiales en todo el país. Las instituciones de salud tanto públicas como privadas ofrecen también talleres protegidos.56 Cabe señalar que no existen cursos sobre política de discapacidad, derechos de las personas con discapacidad o educación inclusiva a nivel universitario.

Empleo

La Ley de Integración Social de la Personas con Discapacidad dispone que el Estado "creará condiciones y velará por la inserción laboral de las personas con discapacidad a objeto de asegurar su independencia, desarrollo personal, ejercicio del derecho a constituir una familia y a gozar de una vida digna".57 Sin embargo, el desempleo continúa siendo un problema importante para las personas con discapacidad y el foco principal de la política nacional actual sobre discapacidad. Sólo el 25,1% de las personas con discapacidad tienen algún tipo de ocupación en comparación con el 51,6% de la población general.58 

La diferencia se hace aún más notoria cuando se comparan los datos del empleo de tiempo completo. Alrededor del 13% de las personas con discapacidad tienen un empleo de tiempo completo, lo cual equivale a aproximadamente 1/3 del 38,8% de la tasa de empleo de la población general.59 

Las personas con discapacidad pueden acceder a capacitación laboral a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el Organismo Técnico Capacitador (OTEC). Todos estos programas son financiados por el FONADIS, organizaciones gubernamentales regionales, organizaciones seculares, empresas y organizaciones comunitarias de personas con discapacidad. En particular, el FONADIS provee apoyo financiero para un programa de colocación laboral así como para otros proyectos de talleres protegidos y de apoyo en el empleo para personas con discapacidad que ya están trabajando. Además, existen Fondos Rotativos distribuidos por organizaciones del sector privado que están disponibles para microempresas dirigidas por personas con discapacidad.60 Por último, la Ley Nº 19.284 amplía la edad máxima para la celebración de un contrato de aprendizaje para las personas con discapacidad de 21 a 24 años.

54. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003. 

55.Ibídem.

56. Ibídem.

57.Ley Nº 19.284, art. 37.

58. FONADIS, http://www.fonadis.cl/tools/resources.php?id=103.

59. Ibídem.

60. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003. 

Chile

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Algunos de los obstáculos que impiden a las personas con discapacidad insertarse en el mercado laboral son las barreras físicas, la falta de adaptación del lugar de trabajo y la falta de conocimiento de los empleadores. El FONADIS llegó a la conclusión de que los empleadores no necesariamente tienen prejuicios contra las personas con discapacidad sino que carecen de información acerca de las posibilidades y las ventajas de contratarlas. Las evaluaciones realizadas en empresas que contrataron a personas con discapacidad, tales como Fantuzzi y Telefónica de Chile, indican que las firmas están satisfechas con las habilidades, el desempeño y el compromiso de sus empleados con discapacidad.61 

En consecuencia, algunos empleadores han comenzado a contratar a personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran IBM y el Banco del Estado. El primero tiene una política específica para la contratación de personas con discapacidad mientras que el segundo no. En lo que respecta a empleos en las reparticiones estatales, en la actualidad existe una gran cantidad de funcionarios públicos con discapacidad (aproximadamente 700) y algunos de ellos ocupan puestos de nivel intermedio.62 

Otra barrera al empleo de las personas con discapacidad es la falta de seguridad laboral en Chile. Al conseguir un empleo, las personas con discapacidad dejan de percibir su Pensión Asistencial por Invalidez (PASIS) y otras prestaciones sociales. Por consiguiente, una persona tiene mayor seguridad económica viviendo de una pensión que ingresando al mercado de trabajo. En respuesta a este problema, los Diputados Antonio Leal y Enrique Acorssi presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados destinado a modificar la política actual.63  

Entre otras modificaciones propuestas a las leyes y políticas laborales cabe mencionar un plan que permita a los empleadores deducir impuestos cuando contratan a personas con discapacidad, establecer requisitos de salud más flexibles para los candidatos a puestos en la administración pública y establecer un cupo laboral del 3% para las personas con discapacidad en ese mismo sector.64

Servicios de salud

Chile tiene dos sistemas de prestaciones de salud: ISAPRE (Instituto de Salud Previsional) y FONASA (Fondo Nacional de Salud). El ISAPRE comprende a instituciones privadas que ofrecen atención médica a aranceles normalmente altos, mientras que FONASA es un organismo público que provee servicios a aranceles más modestos o en forma gratuita para aquellos que reúnen determinadas condiciones. Según los registros de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), la mayoría de las personas con discapacidad (59,3%) están afiliadas al sistema de salud FONASA mientras que sólo el 7% están afiliadas a las ISAPRE.65  

62. Ibídem.

63. Leonor Cifuentes.

64. Emma Lohaus; Leonor Cifuentes. 

65. Caracterización de la Población con Discapacidad Diagnosticada por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez en Chile, (1999), http:// www.mideplan.cl/estudios/discapa.pdf.

61. Ibídem.

No se sabía qué sistema de salud utilizaba el 33,7% restante de la población con discapacidad. Los resultados de la última encuesta CASEN indican un porcentaje aún mayor de personas con discapacidad cubiertas por FONASA (81,2%). Este índice es considerablemente mayor que el de personas sin discapacidad, ya que sólo el 65,6% de ellas están inscriptas en FONASA. De la misma manera, un total de apenas 7,1% de personas con discapacidad están cubiertas por las ISAPRE, mientras que el 20,6% de las personas sin discapacidad cuentan con esa cobertura. Una cantidad mayor de personas con discapacidad acceden a servicios de salud gratuitos en comparación con las personas sin discapacidad.66 

En fecha reciente, el Ministerio de Salud implementó el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), que establece un conjunto de garantías del derecho a la salud para todos los habitantes del país. El plan beneficia a todas las personas que viven en territorio chileno, independientemente de si aportan a FONASA o a ISAPRE.67 

No existe ninguna organización financiada por el gobierno que provea ayudas técnicas a las personas con discapacidad en forma periódica. Sin embargo, las organizaciones pueden presentar propuestas de proyecto especiales para obtener financiación pública a través del FONADIS. El FONADIS es el principal proveedor de ayudas técnicas para personas de bajos recursos inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad. La cantidad de ayudas entregadas aumentó en forma sustancial durante la última década. Entre 1994 y 1999, el FONADIS suministró 12.096 ayudas técnicas, mientras que entre el año 2000 y 2002 entregó 16.689. El FONADIS estima que la cobertura aumentó un 176%.68 Existen muchas otras instituciones, organizaciones sin fines de lucro y fundaciones que también ayudan a satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad.69 La ley establece que el gobierno debe reembolsar los impuestos de importación aplicados sobre "equipos, maquinarias y útiles especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad" y "elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad".

En Chile existen algunos proyectos inspirados en un modelo de Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC). En su mayoría se trata de proyectos de rehabilitación con componentes comunitarios o que contemplan la participación activa de la comunidad. Por ejemplo, el FONADIS está financiando la creación de una "sala de estimulación" en el Hospital Sótero del Río, donde las madres de niños que pueden desarrollar una discapacidad pueden aprender técnicas de estimulación.70 

66. MIDEPLAN, Situación de las Personas con Discapacidad en Chile.

67. Ministerio de Salud, http://www.minsal.cl. Aproximadamente 19 enfermedades que afectan a las personas con discapacidad están cubiertas por el Plan AUGE. 

68. FONADIS, Informe Público, marzo de 2003; Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003. 

69. Ibídem.

70. Eladio Recabarren Hernández; “Hospital Sótero del Río: Apoyo terapéutico a padres de recién nacidos con discapacidad”, Revista Atrévete, Nº 54, febrero de 2003. 

Chile

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En lo concerniente a la prevención de la discapacidad, la ley de discapacidad dispone que el Estado "canalizará recursos para colaborar en acciones de prevención y rehabilitación a través de programas orientados a mejorar el acceso de la población discapacitada de escasos recursos a dichas acciones".71 Hace poco tiempo, el gobierno chileno lanzó un programa dirigido a prevenir las deficiencias nutricionales en bebés y niños pequeños. Desde septiembre de 2003, a través del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), el gobierno distribuyó leche de fórmula especial para bebés prematuros de bajo peso menores de 1 año así como leche sin fenilalanina para niños de hasta 14 años que tienen trastornos metabólicos asociados con este aminoácido. Chile es el único país de la región que implementó un programa de este tipo.72 

Los profesionales médicos pueden capacitarse en la atención de personas con discapacidad antes y después de obtener su título médico.73 También existen programas de capacitación en terapia física, terapia ocupacional, fisiatría, ortesis y terapia del lenguaje. Sin embargo, no existe capacitación en prótesis en Chile.

Vivienda

De acuerdo con la encuesta CASEN, casi el 92% de las personas con discapacidad viven con sus familias y sólo el 7,8% son jefes o jefas de hogar. El resto vive en casas de familiares.74 En Chile no hay centros de vida independiente que provean grupos de autoayuda y asesoramiento de pares o servicios de derivación para personas con discapacidad. 

Chile cuenta con un sistema de viviendas subsidiadas a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al que acceden muchas personas con discapacidad. Los solicitantes de viviendas deben responder una serie de preguntas de índole social y económica, y luego se asigna un puntaje a sus respuestas a fin de determinar si reúnen los requisitos necesarios. En 1995, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo modificó el sistema de subsidios habitacionales para incorporar la discapacidad dentro de los criterios de elegibilidad. De esta manera se asignaron 10 puntos adicionales para los solicitantes con discapacidad o que tienen familiares con discapacidad.75  

Pero una vez otorgados los subsidios, la inaccesibilidad de las viviendas presenta otras barreras. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad informan que pocas personas con discapacidad viven en viviendas accesibles y adaptadas. Por lo general, las viviendas subsidiadas no han sido adaptadas desde el punto de vista arquitectónico para ser habitadas por personas con discapacidad.76  Más aún, las viviendas de bajo costo suelen ser pequeñas, lo cual dificulta el desplazamiento de los usuarios de silla de ruedas en su interior. 

71. Ley Nº 19.284. 

72. FONADIS, www.fonadis.cl/indexphp?seccion=17&articulo=693#centro.

73. Fernando Moncayo (anestesista, estudiante de Anestesiología Broncopulmonar). 

74. Resultados de la VIII Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional.

75. Cecilia Leiva, 17 de junio de 2003. 

76. Decreto Supremo 41, Diario Oficial, 12 de junio de 1995, www.minvu.cl. El decreto establece lo siguiente: "Si el postulante o su cónyuge o uno o más miembros integrantes del grupo familiar acreditado estuvieren inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad le corresponderán 10 puntos adicionales como postulantes. Dicha discapacidad se acreditará en la forma señalada en el inciso primero del artículo 14". 

El gobierno no provee ningún tipo de apoyo financiero para la adaptación de las viviendas particulares.77 

Se presentaron otras propuestas para facilitar aún más el acceso a los subsidios habitacionales. Entre ellas se incluye una propuesta para otorgar puntos adicionales a cada grupo familiar que incluya una persona con discapacidad a fin de aumentar las probabilidades de que esas familias puedan acceder al subsidio. Una segunda propuesta sugiere que se asigne el cinco por ciento de las unidades de conjuntos habitacionales a personas con discapacidad. Por último, existe una propuesta para crear un subsidio para la adaptación de viviendas para las personas con discapacidad. Cabe destacar que ninguna de estas propuestas ha sido implementada aún.78 

Institucionalización

Chile no tiene un padrón específico de instituciones asilares y tampoco cuenta con un mecanismo para denunciar casos de abuso o muerte en dichas instituciones. Sin embargo, existe un Directorio Metropolitano de la Discapacidad que contiene información sobre las instituciones tanto públicas como privadas de la región. El Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa (un municipio de la Región Metropolitana) elaboró este directorio en colaboración con el FONADIS en el año 2002.79  

Las instituciones brindan servicios de orientación psicológica y psiquiátrica, rehabilitación, educación y capacitación. Algunas de las instituciones más importantes del país incluyen: 4 hospitales públicos para pacientes de tratamiento prolongado ubicados en la Región Metropolitana, una red pública de 54 hogares distribuidos por todo el país para adultos con discapacidad psiquiátrica y ancianos dirigida por la Fundación Hogar de Cristo, 16 hogares para niños y jóvenes con discapacidades intelectuales y físicas dependientes de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado (COANIL)80  y 40 hogares para ancianos que asisten a 2.450 personas a cargo de la Fundación Las Rosas.81 Por su parte, el flamante Servicio Nacional del Adulto Mayor proveerá recursos para la atención de personas de edad avanzada con discapacidad. Hasta el momento no se asignó una cantidad de fondos significativa, pero se espera que dichos fondos estén disponibles en el futuro cercano. Cuando ello ocurra, las instituciones chilenas serán convocadas a concursar por subvenciones.82 

La Comisión para la Protección de los Derechos de los Pacientes con Discapacidad Psiquiátrica dependiente de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud publicó en fecha reciente una serie de directivas relativas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad psiquiátrica que se encuentran internadas.83  

77.Cecilia Leiva, 21 de octubre de 2003.

78. Leonor Cifuentes. 

79. Consejo Comunal de la Discapacidad de Ñuñoa y FONADIS, Directorio Metropolitano de la Discapacidad, 2002.

80. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003. 

81. Andrea Valdivieso (Encargada de Proyectos de la Fundación Las Rosas), 14 de octubre de 2003. La mitad de los residentes están postrados y otros 443 son usuarios de sillas de ruedas. La mayoría de ellos fueron internados por sus familiares. En poco tiempo, otros 60 pacientes serán derivados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor.

82. Andrea Valdivieso en referencia a la Ley Nº 19.828, 27 de septiembre de 2002.

83. Ministerio de Salud, Decreto Supremo Nº 570, 28 de agosto de 1998. El decreto ordena que: "determinadas decisiones, potencialmente vulnerantes de los derechos personales, sean tomadas con las máximas salvaguardias y transparencia y que se facilite el ejercicio de la toma de decisiones informadas por la población respecto de su propia salud".

Chile

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En un afán por reformar el sistema de atención de las personas con discapacidades psiquiátricas crónicas, el Ministerio de Salud creó los "Hospitales de Día", en los cuales se presta un servicio de atención ambulatoria que refuerza la participación de la familia y la comunidad.84 

Toda persona jurídicamente capaz puede rehusarse a someterse a un tratamiento determinado. Los pacientes también pueden negarse a recibir un tratamiento indicado elevando la correspondiente solicitud por escrito a la dirección de la institución. En los casos en que su voluntad no sea respetada, podrán promover las acciones pertinentes ante los tribunales de justicia.85  

Las personas pueden ser internadas contra su voluntad en tres situaciones. Un médico puede ordenar la internación en una emergencia. En ese caso, el paciente no podrá permanecer internado durante un período mayor a 72 horas.86 Por su parte, las autoridades sanitarias pueden solicitar la internación administrativa cuando consideren que la conducta de una persona representa un riesgo para su integridad o la de los demás. Asimismo, la policía, un familiar o el médico que trata al paciente o cualquier otro miembro de la comunidad podrá solicitar a las autoridades sanitarias que emitan dicha orden. Por último, un tribunal en consulta con un psiquiatra podrá ordenar la internación judicial de una persona cuando el comportamiento criminal de ésta se vincule a un trastorno psiquiátrico.87 

Accesibilidad 

El artículo 21 de la ley de discapacidad establece que "las nuevas construcciones, vías públicas, medios de transporte público, parques, jardines y plazas deberán ser accesibles y utilizables sin dificultad por personas que se desplacen en sillas de ruedas".”88 Por consiguiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió normas sobre accesibilidad como parte de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, entre las que se incluyen especificaciones sobre intersecciones de calles, rampas, ascensores, dimensiones de pasillos y sanitarios, entre otras.89 

84. Ministerio de Salud, Orientaciones Técnicas para el funcionamiento de Hospitales de día en psiquiatría, diciembre de 2001, www.minsal.cl. En el Plan Nacional de Discapacidad, los hospitales de día son definidos como "una alternativa a la hospitalización para pacientes con enfermedades graves y que cuentan con una Red social de apoyo y como post alta para acortar el tiempo de internación. Reciben los pacientes derivados por el equipo de salud mental y psiquiatría ambulatoria y por el Servicio de Psiquiatría de Corta Estadía". 

85. Mauricio Zepeda Sánchez y Eladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003. 

86. Ibídem.

87. Ibídem.

88. Leonor Cifuentes. Se presentó una propuesta para modificar la ley con el fin de que se incluya el concepto de diseño universal en todas las normas relativas a urbanismo, construcciones y telecomunicaciones. Además, se propuso modificar la condición jurídica de las normas de construcción y darles rango de norma legal.

89. OGUyC, www.minvu.cl. 

Un decreto reciente exige que todos los edificios de uso público cumplan con las normas, en especial aquellos que proveen servicios de salud o educación.90 

El decreto establece sanciones e incluso multas por la falta de cumplimiento. Entre las modificaciones propuestas a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se encuentran la construcción de rampas antideslizantes en esquinas e intersecciones de calles, la modificación del ancho de las rampas existentes de acuerdo con las especificaciones del diseño universal correspondientes, la colocación de semáforos con señales auditivas en calles de mayor flujo vehicular, la ubicación de las playas de estacionamientos en lugares libres de obstáculos cercanos a los accesos de los edificios y la creación de espacios para estacionamiento del tamaño adecuado para las personas con discapacidad.91

No existen registros sobre la cantidad de edificios públicos que fueron adaptados o que son lo suficientemente accesibles para las personas con discapacidad. El MINVU está recabando esta información a nivel nacional.92 Se han promovido varias iniciativas para mejorar la accesibilidad en distintas reparticiones públicas tales como el Instituto Nacional de Previsión (INP), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), los patios centrales de la Casa de la Moneda y el Palacio Presidencial.93 

Sin embargo, aún existen muchos edificios públicos que no han sido adaptados y que continúan siendo inaccesibles para las personas que se desplazan en sillas de ruedas. Tal es el caso del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y de la Biblioteca Municipal de Providencia.94  

En la ciudad de Santiago, varios edificios públicos fueron adaptados o remodelados a fin de permitir el acceso de personas con discapacidad. La Empresa de Correos de Chile adaptó el edificio central de correos, aunque el acceso destinado a las personas con discapacidad se encuentra sobre una calle lateral. Desde fines del año 2002, el arquitecto de la Empresa de Chile ha estado reuniendo información sobre la accesibilidad de las sucursales de la empresa de todo el país, a fin de realizar las adaptaciones necesarias.95

Muchas municipalidades mejoraron su infraestructura incluyendo rampas de acceso en las intersecciones de calles, aunque se colocaron barreras en estas rampas que impiden su correcto uso.96  

90. Decreto Supremo Nº 201, 1998. "Relativas a las condiciones que deben cumplir los edificios existentes que cuenten con permiso de edificación y recepción definitiva, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, para facilitar el acceso y circulación de personas discapacitadas". "Dentro del plazo de tres años, contado desde la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial, los edificios existentes que cuenten con permiso de edificación y recepción definitiva, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, en especial aquellos que prestan atención de salud o cuyo objeto es desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, deberán cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el artículo 4.1.7. del Decreto Supremo Nº 47". 

91 Cecilia Leiva, 21 de octubre de 2003; Leonor Cifuentes. 

92 Cecilia Leiva, 17 de junio de 2003. Si bien se esperaba que los resultados se publicaran en diciembre de 2003, aún no estaban disponibles a la fecha de redacción del presente informe.

93. Enrique Norambuena, UNPADE, respuesta vía e-mail. 

94. Natalia Toledano, Descanso y Recreación para Todos, SERNATUR; Plan Piloto en la Región Metropolitana, 2002, http://www.Fonadis.cl/index.php?sec cion=15&articulo=427.

95.Patricio Pardo (arquitecto de la Empresa de Correos de Chile), respuesta vía e-mail, Chile, 4 de septiembre de 2003. 

96. Entrevista con un funcionario municipal, 15 de octubre de 2003.

Chile

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En la intendencia de La Florida existe un cartel en Braille que indica la ubicación de las oficinas. Sin embargo, ésta no es una práctica generalizada.97

En los últimos años, el FONADIS y el Colegio de Arquitectos de Chile han auspiciado una serie de seminarios nacionales e internacionales sobre Diseño Universal, entre los cuales cabe mencionar el Seminario Internacional de 1998, el Seminario de Temuco Región X, Chile, en el año 2000, el Seminario sobre Arquitectura Deportiva y Diseño Universal de julio de 2003 y el Seminario Internacional sobre Diseño Universal de agosto de 2003. A estos seminarios asistieron 120 arquitectos.98  

En Chile, el sistema de transporte no es totalmente accesible para las personas con discapacidad. En Santiago, sólo la Línea 5 del Metro lo es. Se están realizando obras de adaptación en la Línea 1, que es la más antigua de la ciudad. Recientemente se instaló un ascensor de 3 niveles en la estación Universidad de Chile donde convergen dos líneas. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad informan que los ascensores en esa estación sólo pueden ser utilizados con la ayuda de un empleado y que, en consecuencia, a veces las personas con discapacidad tienen que esperar un tiempo prolongado para recibir asistencia. Algunos servicios de transporte son subvencionados. El Metro ofrece boletos con descuento a las personas de edad avanzada. De la misma manera, gracias a un acuerdo firmado en fecha reciente en la ciudad de Temuco, tres líneas de locomoción colectiva transportan en forma gratuita a las personas con discapacidad.99 Los taxis privados o camionetas especiales también ofrecen servicios de transporte para usuarios de sillas de ruedas, pero estos servicios son sumamente costosos, de modo que los usuarios suelen compartir los taxis o solicitar ayuda cuando tienen que usar el Metro. 

De acuerdo con un plan del gobierno, a principios de 2005 comenzará a operar un sistema de transporte colectivo adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad.100 Esta iniciativa fue anunciada por televisión y la licitación de las obras comenzó en diciembre de 2003. El sistema se basará en el proyecto Transantiago e incorporará rampas y plataformas de elevación para usuarios de sillas de ruedas. Se estima que el proyecto concluirá en el año 2010.101  

En agosto de 2003, una ley estableció las normas relativas al uso de espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Con anterioridad a esa fecha, estas normas eran adoptadas por los gobiernos municipales.102 Las leyes recientes también exigen que se coloquen carteles metálicos en los postes de los semáforos con información sobre los nombres de las calles e indicaciones.103

97 Paulina Cavada y Adriana Lagos (arquitectas), Proyecto Integración de las Personas Discapacitadas a la vía Urbana, financiado por el FONADIS en cooperación con el gobierno municipal de La Florida, 1995.

98. Colegio de Arquitectos de Chile.

99. Boletos rebajados de locomoción colectiva para adultos mayores de Temuco y Padre Las Caras, http://www.segegob.cl/.

100. Entrevista con un funcionario de la Subsecretaría del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Santiago, 25 de junio de 2003.

101. “24 horas Televisión Nacional,” Noticias, 23 de octubre de 2003; http://www.tvn.cl., http://www.gnv. cl y http:/www.moppt.cl/documentos/otros/Transantiago.pdf.

102. Esta modificación determinará quién puede utilizar los espacios de estacionamiento así como las sanciones por falta de cumplimiento de las normas. 

103. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transporte, Modiﬁca anexo del Decreto Nº 20 de 1986, Decreto Supremo Nº 171, 7 de enero de 2000.

Cultura, Deportes y Recreación 

Existen algunos programas y predios deportivos para las personas con discapacidad. La Escuela Metropolitana de Deportes para Discapacitados comenzó a funcionar en abril de 2003 en el ámbito de la Dirección de la Región Metropolitana de Chiledeportes en cooperación con la Federación Paraolímpica de Chile y el patrocinio del Comité Olímpico de Chile. Allí los niños, jóvenes y adultos jóvenes con diversas discapacidades pueden practicar diferentes deportes tales como natación, tenis de mesa y esgrima.104 Además, en abril de 2003, la Federación Panamericana de Deportes en Parálisis Cerebral (FEPAN/ CPISRA) y la Federación Paraolímpica de Chile ofrecieron un curso sobre deportes y recreación para personas afectadas por parálisis cerebral. El curso fue dictado por un equipo de profesionales de la Asociación Internacional de Deportes de Parálisis Cerebral (CPISRA) y certificado por esta asociación internacional.105  

En septiembre de 2003, las personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de participar en los campeonatos nacionales de tenis de mesa y tiro al blanco. 

El 10 de septiembre de 2003 en la ciudad de La Pintana se inauguró la "Plaza de los Sentidos"106en Mundo Granja, una iniciativa financiada por el FONADIS que permitirá a las personas ciegas que visiten el lugar tener una exposición mayor al mundo animal y la naturaleza. La plaza cuenta con señalética en Braille y macrotipo. En el futuro se prevé instalar un sistema electrónico que reproducirá los sonidos típicos de los animales. Los veterinarios y los docentes que trabajan en la plaza han sido capacitados para trabajar con niños ciegos.107 

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) está implementando un plan piloto en la Región Metropolitana para integrar a las personas con discapacidad tanto a nivel de usuarios como de guías de turismo. Esta iniciativa apunta a incentivar a la industria del turismo a adaptar las instalaciones y crear áreas para turistas con discapacidad. El SERNATUR confeccionó una lista de las atracciones turísticas de la Región Metropolitana que cuentan con instalaciones y sanitarios accesibles para las personas con discapacidad.108 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

Si bien en Chile no existe una organización coordinadora nacional que desarrolle políticas de discapacidad, el gobierno chileno colabora con organizaciones de todos los sectores (personas con discapacidad, mujeres, grupos étnicos, entre otros) para establecer directivas y políticas que propicien la equiparación de oportunidades. Chile desarrolló un Plan de Acción Nacional a favor de las Personas con Discapacidad para el período 2002-2012. El MIDEPLAN y el FONADIS están trabajando con un comité conformado por representantes de diversos sectores y ministerios del gobierno para diseñar, implementar y monitorear el plan. 

104.FONADIS,  http://www.fonadis.cl/index.php?seccion=17&otros=articulos=685.

105. Gloria Aravena O’Kuinghttons. El curso estaba dirigido a médicos, terapistas físicos, profesores de educación física, terapistas ocupacionales, docentes de educación especial, técnicos, instructores deportivos y estudiantes avanzados de las especialidades mencionadas. 

106. Mundo Granja pertenece a la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile.

107. FONADIS, http://www.fonadis,cl/indexphp?seccion=17&articulo=693#centro.

108. FONADIS, http://www.fonadis.cl/index.php?/seccion=15&articulo=427.

Chile

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La sociedad civil también participa a través del Comité Consultivo de la Sociedad Civil. La Ley Nº 19.284 y la Política Nacional de Integración Social de las Personas con Discapacidad sirven de marco de referencia y el plan incorpora principios como el de democratización así como la necesidad de las personas con discapacidad de participar en los procesos de toma de decisiones que los afectan.109 El presupuesto para el año 2004 destinado a la implementación de este programa es de aproximadamente 6 mil millones de pesos chilenos, lo cual equivale a U$S8.759.124.110  

Durante el mes de julio de 2003, el FONADIS llevó a cabo el Taller sobre la Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad con la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.111 Los funcionarios de gobierno consultaron a las organizaciones de la sociedad civil sobre los temas que las ONG esperan que aborde la convención. Se formularon las siguientes recomendaciones:

- Que se fortalezca el movimiento asociativo de personas con discapacidad. 

- Que los estados miembros asignen partidas presupuestarias según resulte necesario para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas relativas a las personas con discapacidad. 

- Que los estados establezcan mecanismos de control internos para garantizar que se cumpla la convención.

- Que se fomente la solidaridad y la cooperación internacionales a fin de apoyar a los países menos desarrollados, en particular en el área de investigación científica y transferencia tecnológica. 

- Que se incluyan normas para evitar y castigar el mal trato y el abuso de niños con discapacidad y de las personas con discapacidad en general, tomando en cuenta su situación especial de vulnerabilidad.

- Que se dé a las personas con discapacidad garantías de acceso a la educación regular en todos los niveles.

- Que se promuevan iniciativas para las personas con discapacidad que no pueden insertarse en el mercado laboral competitivo a fin de que puedan acceder a alternativas de empleo especiales tales como empleo protegido, talleres protegidos, teletrabajo, entre otras. 

109. Mauricio Zepeda Sánchez yEladio Recabarren Hernández, 9 de septiembre de 2003.

110. Ibídem.

111. Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con el FONADIS, 24 de septiembre de 2003. En el taller consultivo participaron más de 200 representantes de diversas organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales y funcionarios de diferentes organismos estatales cuyo trabajo se relaciona con los derechos de las personas con discapacidad. Todos tuvieron la oportunidad de analizar y debatir el instrumento internacional que se está desarrollando. Se elaboró el Borrador final de dicho taller.  

- Que los estados miembros contemplen sistemas que faciliten la transición del ámbito educativo al campo laboral así como sistemas de promoción del empleo que consideren las necesidades y circunstancias especiales de las personas con discapacidad. 

- Que la convención contemple un enfoque preventivo de los riesgos del trabajo a fin de eliminar o reducir la incidencia de éstos como una de las causas principales de discapacidad.”112  

Durante la dictadura militar, el gobierno no reconocía a las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad. Con el retorno de la democracia en 1990, estas organizaciones recobraron su condición de entidades válidas. La mayoría de ellas se financian a través de aportes. Por ejemplo, la Fundación Hogar de Cristo cuenta con un programa de socios a través del cual recibe aportes individuales mensuales. Por su parte, el FONADIS provee fondos para proyectos especiales y el SENAME financia a algunas organizaciones que ayudan a niños y jóvenes con discapacidad. Existen también fundaciones privadas, tales como la Fundación Andes y la Fundación Ideas, que financian proyectos en forma ocasional. Otras organizaciones reciben apoyo financiero de entidades de otros países.

Las familias tienen una participación activa a través de las organizaciones de amigos y familiares de las personas con discapacidad. Algunas de las más activas son la Unión de Padres y Amigos de Niños Especiales (UNPADE), la Asociación de Padres de Autistas (ASPAUT) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Familiares, Usuarios y Personas con Afecciones de Salud Mental (CORFAUSAM). Algunas trabajan en estrecha colaboración entre sí. A modo de ejemplo, CORFAUSAM agrupa a diferentes organizaciones dedicadas al retardo mental. Además, existen organizaciones que integran varias discapacidades.113

En lo concerniente a la toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad, los defensores de los derechos de este sector informan que las campañas a través de los medios de comunicación constituyen una de las estrategias más eficaces para sensibilizar a la sociedad respecto de las violaciones cometidas contra los derechos humanos de las personas con discapacidad. Las manifestaciones públicas llevadas cabo por las organizaciones de personas con discapacidad también han sido muy eficaces.114 

112. Dirección de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile junto con FONADIS, 24 de septiembre de 2003.

113. Miguel Rojas (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Familiares, Usuarios y Personas con Afecciones de Salud Mental), (seminario “El fin de la discriminación, reinserción social y los derechos de las personas con enfermedades y discapacidad mental", septiembre de 2000). 

114. Orlando Milesi, Discapacidad: Hacia una Cultura de Integración, www.bcn.cl/pags/dis/discatre.pdf. "La mayor sensibilidad respecto a las personas con discapacidad se ha expresado también con recientes marchas y manifestaciones de los afectados, las cuales han sido recogidas por los medios de comunicación que, incluso, dedicaron programas especiales a estos temas".

COLOMBIA 

Factores clave: Durante los últimos seis años se han dictado leyes y reglamentos más firmes, lo que permitió que una mayor cantidad de personas con discapacidad tuviera acceso a la educación, a los espacios públicos y a los sistemas de salud y de seguridad social.
Sin embargo, estos esfuerzos se ven diluidos ya que las acciones tendientes a la inclusión de las personas con discapacidad con frecuencia resultan costosas y, en consecuencia, no constituyen una alta prioridad para el gobierno.  

Terminología

	La Ley de Discapacidad vigente no utiliza el término “discapacidad” sino “limitación”. El uso se ha extendido a la frase “personas con limitación”.

	Además, la Constitución hace referencia a las personas con discapacidad como “minusválidos”. Cabe destacar que en las citas tomadas de los documentos se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

Colombia basa sus definiciones de discapacidad en las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De esta manera, se ha podido evolucionar ante los cambios sufridos por dicho concepto. Gran parte de la legislación existente en Colombia está basada en variaciones de la definición de la CIDDM-1 de la OMS. Un plan nacional que data de fines de la década de los ‘90 sigue de cerca la CIDDM-1 y define la discapacidad como “toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal para un ser humano en su contexto social”.

Otros documentos se basan en definiciones similares. Según la Ley 762, la discapacidad es toda “alteración física, funcional o mental, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”. El Decreto presidencial 1660 expresa que “[la discapacidad] es toda restricción en la participación y relación con el entorno social o la limitación en la actividad de la vida diaria debida a una deficiencia en la estructura o en la función motora, sensorial, cognitiva o mental”.  Si bien el foco en el “impedimento” en comparación con la “restricción en las actividades” varía en cierta medida entre las definiciones, todas plantean el mismo modelo básico de discapacidad. 

Durante el desarrollo de las últimas políticas vinculadas a la discapacidad, Colombia comenzó a utilizar definiciones que están más en consonancia con las que propone la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF/CIDDM-2), en que la “discapacidad” es un fenómeno multidimensional, resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social. Esta política distingue el concepto de “persona con discapacidad” del de “situación de discapacidad”. 

Situación de discapacidad: El conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas y sociales, en las que fluye la vida cotidiana de la población, que puede afectar la autonomía y la participación personal en algún momento del ciclo vital, como resultado de las interacciones con las condiciones individuales de las personas.

Persona con discapacidad: Es aquella persona que tiene limitaciones en su actividad cotidiana y restricciones en la participación social, por causa de una condición de salud o de barreras físicas, ambientales, culturales o sociales. 

La Consejería de Programas Especiales de la Presidencia, que ayudó en la adopción de estas definiciones, ha brindado asesoría técnica al Congreso de la República para reformar la Ley de Discapacidad. El Proyecto de Ley 173 resultante de 2004 actualiza el marco de la política sobre discapacidad de forma que se corresponda con el nuevo modelo de discapacidad. 

Población con discapacidad

No se dispone de información precisa y actualizada sobre la población con discapacidad. El único estudio a través del cual el Departamento Nacional de Estadística (DANE) ha recopilado datos sobre las personas con discapacidad fue el Censo de Vivienda y Población de 1993. El formulario del censo incluía una sola pregunta dirigida a identificar la población con discapacidad. Según se ilustra en el Cuadro 1, la cantidad de personas con discapacidad identificadas por el censo de 1993 fue de 593.618 personas, es decir, el 1,85% de la población en ese momento. Si se toma como base esa tasa, serían 813.000 las personas con discapacidad en 2002. 

Cuadro No. 1	Resultado del Censo de Población y Vivienda de 1993
Tipo de discapacidad	Total	%	
Ceguera	235.017	34,47	
Sordera	169.443	24,85	
Mudez	41.315	6,06	
Retraso o deficiencia mental	11.319	16,62	
Parálisis o pérdida de miembros superiores	60.737	8,91	
Parálisis o pérdida de miembros inferiores	62.007	9,09	
Total Deficiencias	68.838	100	
TOTAL POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	593.618		
		Fuente: Censo Dane 1993

Varias fuentes sugieren que estas cifras no son demasiado útiles. El DANE admite que “la metodología utilizada presentó serias dificultades en la obtención de dicha información”. Asimismo, un informe del Ministerio de Salud sugiere que “debido a la violencia generalizada y a las particulares condiciones del desarrollo socioeconómico, técnico y demográfico, la discapacidad se ha convertido en un problema de salud pública de proporciones crecientes (Ministerio de salud, 1998)”. 

Las cifras del DANE de 1993 contrastan de manera pronunciada con las estimaciones de la OMS, según las cuales un promedio de hasta el 12% del total de habitantes tiene algún tipo de discapacidad. Si la población actual ronda los 44 millones de habitantes y se aplica la anterior estimación, se estaría hablando de una población aproximada de 4.400.000 personas con discapacidad.

	Debido a la carencia de información, los gobiernos regionales de Quindio y Valle de Cauca, y de las ciudades de Soacha y Cundinamarca han realizado estudios y encuestas acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  Estos estudios se llevaron a cabo utilizando diversas estrategias de recolección de datos, así como diferentes enfoques del concepto de discapacidad. Por ende, no son contrastables ni susceptibles de generalización.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Colombia adoptó las recomendaciones de los organismos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Estados Americanos (OEA).  También ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA mediante la Ley 762 de 2002. El documento de ratificación no ha sido depositado aún ante la Secretaría General de la OEA. 

Colombia ha tenido una destacada participación en la formulación de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad que promueve Naciones Unidas. El gobierno ha emitido diversos documentos que han apoyado la creación de dicha convención. 

En cuanto a las protecciones legales a nivel nacional, si bien hubo desarrollos normativos para la atención de las personas con discapacidad, fue sólo a partir de la Constitución de 1991 que se logró consolidar explícitamente la protección de derechos para la población con discapacidad. 

Algunos artículos de la Constitución Nacional hacen mención expresa de las personas con discapacidad. Entre ellos, el art. 13 dispone que “el Estado protegerá especialmente a las personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan”. Análogamente, el art. 47 establece que “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”. Además, “otros derechos fundamentales sociales, económicos y culturales de naturaleza universal fueron incluidos para abarcar a las personas con algún tipo de limitación o discapacidad”. Estos incluyen las áreas de educación y de empleo. 
	De conformidad con la Constitución, Colombia cuenta con una serie de leyes específicas relativas a temas de discapacidad. La más amplia de estas leyes es la Ley 361/97, la cual hace referencia a la protección de las personas con discapacidad, especifica diversos aspectos vinculados con sus derechos fundamentales y establece las obligaciones y responsabilidades del gobierno. Aborda temas como la prevención, educación, rehabilitación, integración laboral, bienestar social y accesibilidad. La ley establece las obligaciones y responsabilidades del gobierno para que las personas con discapacidad puedan alcanzar su completa realización personal y su total integración social. 

La Ley 100/1993, conocida como “Sistema de Seguridad Social Integral”, establece beneficios de atención de la salud de las personas con discapacidad, “derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana”.   El financiamiento del sector salud está previsto en parte en la Ley 643/2001.  Esta ley especifica que el 4% de todos los ingresos que provengan de juegos de suerte y azar debe destinarse al sector salud y utilizarse para subsidiar la atención en salud mental así como la atención de personas con distintos tipos de discapacidad. 

Los decretos emitidos por el ex Ministerio de Trabajo con relación al empleo y al apoyo de las personas con discapacidad incluyen el Decreto 970/1994, el cual ratifica la Convención 159 de la OIT; el Decreto 692/1995, que adopta el Manual Único de la Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral; el Decreto 97/1999, que crea un manual para cuantificar la capacidad laboral perdida; y el Decreto 1128/1999, el cual reestructura el Ministerio y asigna funciones con respecto al tema de discapacidad. La promoción de programas que brinden “educación para personas con limitaciones” se encuentra regida por la Ley 115/1994, conocida como la Ley General de Educación.  Existen decretos y resoluciones adicionales que promueven el derecho de las personas con discapacidad a la educación y a la accesibilidad a los centros educativos. Además, el Código del Menor, Decreto-ley 2737/1989, fija las responsabilidades de la familia y el Estado en la atención de los niños y niñas con discapacidad. 

La Ley 105/1993 y el Decreto Presidencial 1660/2003 reglamentan la accesibilidad a los medios de transporte.   

Por medio de la Ley 324/96, la lengua de señas es aprobada como la lengua oficial de la comunidad sorda. La Ley 335/1996, mediante la cual se creó la televisión privada, ordena que “los programas de televisión deben incluir el sistema de subtitulación o lengua manual para garantizar el acceso de este servicio a las personas con problemas auditivos o sordas”. 

Existen normas que promueven el acceso de las personas con discapacidad a la cultura, los deportes y la recreación, entre las cuales cabe citar la Ley 181/1995. Por su parte, la Ley 582/2000 se centra específicamente en el deporte y crea el Sistema Deportivo Nacional para las personas con discapacidad y el Comité Paralímpico Colombiano, máximo ente rector del deporte. Asimismo, organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones deportivas. La Ley 368/1997 sobre el patrimonio cultural crea el Ministerio de Cultura y especifica que tendrá en cuenta y concederá “especial tratamiento a las personas limitadas física, sensorial y psíquicamente”.

En cuanto a la formulación de una política coordinada en discapacidad, la Ley 361/97 crea el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación (CCN), organismo facultado para servir de asesor institucional para el seguimiento y la verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas vinculados con la discapacidad. Si bien la Ley fue sancionada hace más de seis años, el CCN no está funcionando todavía. Actualmente, la entidad responsable de los temas de discapacidad es la Dirección de Promoción Social del Ministerio de la Protección Social. En coordinación con el Comité Técnico Nacional, esta dependencia es responsable de la formulación y el seguimiento de las políticas sobre discapacidad. 

Tanto la Constitución como las leyes antes mencionadas obligan al gobierno y a algunas instituciones privadas. Las sanciones por falta de cumplimiento están previstas en las leyes. Estas sanciones pueden ser de naturaleza civil o penal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las sanciones no se aplican de manera eficaz. 

Colombia no cuenta con una entidad que lleve registros de casos de discriminación, abuso o violencia contra personas con discapacidad. Los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad informan que las formas más eficaces para restablecer los derechos vulnerados han sido la promoción de la acción de tutela, el ejercicio del derecho de petición a las autoridades y la promoción de acciones de cumplimiento. Cabe destacar que el Código Civil ha sufrido varias modificaciones como consecuencia de fallos judiciales en materia constitucional en favor de los derechos de las personas con discapacidad. 

Participación ciudadana

Todos los ciudadanos colombianos tienen el derecho de elegir y ser elegidos para ocupar cargos públicos. En el caso de las personas con discapacidad, pueden observarse algunos avances en el cumplimiento de estos derechos, como lo ilustra la implementación del sistema de tarjetones en Braille para el voto de las personas ciegas. Los tarjetones se utilizaron por primera vez en el proceso de votación del primer referendo que sufrió la Constitución en 1991.

A pesar de que se lograron algunos avances, aún existen serias dificultades a la hora de votar. Se estima que el porcentaje de recintos de votación que son accesibles no supera el 20%. Continúan encontrándose barreras arquitectónicas y barreras en la comunicación. Falta entrenamiento de los jurados de votación para brindar acceso a las personas con discapacidad. Además, falta un sistema de información acerca de todo el proceso electoral y muy rara vez ésta se encuentra disponible en formatos alternativos. 

Inclusión

Comunicación

El Instituto Nacional de Ciegos (INCI) tiene una versión de la Constitución traducida al Braille desde 1992. Se distribuyen copias a todas las bibliotecas públicas y asociaciones de ciegos a nivel nacional. Actualmente, se está terminando una versión actualizada en Libro Hablado, utilizando la tecnología digital Daisy. En un solo disco compacto cabe toda la Carta Magna con comentarios incluidos, de fácil actualización si se compara con la versión Braille. que es muy extensa y muy costosa. 

Debido a que el gobierno colombiano no suele comunicar sus actividades en formatos alternativos, el INCI dentro de sus labores tiene la de generar conciencia en los entes nacionales, territoriales y locales, de su obligación constitucional de garantizar el acceso a la información. Existen algunos ejemplos valiosos como es el caso del Distrito Capital de Bogotá que, en diversos frentes como salud, transporte e impuestos, se ha preocupado por brindar información en formatos alternativos a los ciudadanos con limitación visual. Sin embargo, el Estado colombiano aún no está en condiciones de producirlos de manera permanente. 

	La Resolución 1080/02 fija los criterios aplicables a la programación de televisión para la población sorda. Los canales nacionales de operación pública y privada deberán emitir, al menos, un noticiero diario en espacios de alta sintonía, que incluya cualquiera de los sistemas de acceso a la información establecidos para la comunidad con limitaciones auditivas: servicio de interpretación de lengua de señas o subtitulación.

En la actualidad, son muy pocos los operadores de televisión nacional o regional que emiten sus programas con sistema de subtitulación. Entre los canales que ofrecen el servicio cabe mencionar el canal “Capital de Bogotá”, que emite tres programas con subtitulación, y los canales privados RCN y CARACOL, que emiten cuatro programas con subtitulación. En el mes de enero de 2004, el canal Caracol comenzó a transmitir el último noticiero nacional del día con subtítulos. Algunos otros programas de televisión utilizan el sistema de interpretación de lengua de señas, como es el caso del canal regional de Teleantioquia. Sin embargo, la mayoría de los canales nacionales y regionales sólo lo hace esporádicamente. Algunos programas del Congreso de la República y alocuciones presidenciales se están difundiendo con el sistema de subtitulación. De igual forma, la Comisión Nacional de Televisión expidió el Acuerdo 005 de 13 de marzo de 2003, por el cual se definen y reglamentan los sistemas que garantizan el acceso de las personas con limitaciones visuales al servicio público de televisión. Sin embargo, los programas accesibles promovidos a través de la Comisión Nacional de Televisión dejaron de estar en vigencia luego de un año y todos los programas nuevos accesibles, tanto de canales públicos como privados, fueron sacados del aire. 

Según lo informado por el Ministerio de Comunicaciones, se observan algunos progresos en el área de las comunicaciones accesibles. En las ciudades de Bogotá y Medellín ya se encuentran en funcionamiento servicios de telefonía pública mediante centros de relevo para personas sordas. Asimismo, se prevé la instalación del software JAWS® para personas ciegas o con limitación visual en las computadoras de colegios integradores y en puntos estratégicos de diferentes municipios del país. 

Como otra forma de comunicación, aunque dirigida a un grupo limitado, algunas personas con limitaciones auditivas comenzaron a utilizar el localizador personal y la telefonía celular con activación de mensajes de texto. En la actualidad, los organismos de emergencia y socorro no están preparados de manera adecuada para atender a personas con déficit de lenguaje y/o la audición. El Instituto Nacional de Sordos (INSOR) ha recomendado a estos organismos que tengan disponible y actualizado un listado de intérpretes de lengua de señas para poder ubicarlos de inmediato en caso de necesidad. 

Educación

Así como no se cuenta con información sobre la población con discapacidad que hay en el país, tampoco existen estadísticas precisas acerca de la cantidad de niños en edad escolar con algún tipo de discapacidad. Las estadísticas oficiales del último censo realizado en 1993 registraron que un 0,92% de niños y niñas de entre 6 y 16 años de edad tiene algún tipo de discapacidad. Al igual que con otras estadísticas elaboradas por el DANE acerca de la población con discapacidad, esta cifra casi seguramente subestima la cantidad de personas con discapacidad. No obstante, el porcentaje de estudiantes al año 2002 de las escuelas públicas que tienen alguna discapacidad es sólo del 0,32%; es decir que de 11.781.161 estudiantes cubiertos en el sistema educativo en Colombia, 38.000 son estudiantes con discapacidad. Según estimaciones moderadas, podrían existir alrededor de 450.000 niños y niñas con discapacidad excluidos del sistema educativo. 

El Ministerio de Educación, consciente de la situación, ha establecido la meta de incrementar en 40.000 los nuevos cupos para niños y niñas con discapacidad en las escuelas. Según el Plan Indicativo de discapacidad para el período 2003-2006, se prevé que estos cupos estarán creados para el año 2006.

De los niños con discapacidad que actualmente asisten a la escuela, 30.000 están en primaria y 8.000 en secundaria. Aproximadamente el 80% de los alumnos recibe educación inclusiva y el restante 20% recibe instrucción en clases especiales dentro de la escuela común o regular. 

Las instituciones educativas que atienden a estudiantes con discapacidad deben contar con un docente de apoyo para guiar y apoyar al núcleo familiar de estos estudiantes. Además, las escuelas deben ser accesibles; aunque, según el Ministerio de Educación, el porcentaje de escuelas accesibles es inferior al 20% en 2003. La mayoría de estas escuelas se encuentra en las ciudades grandes y sólo pocas en las ciudades pequeñas.

Aun en las escuelas que forman parte del proceso integrador que se intenta implementar en el país, los maestros carecen de preparación suficiente para asumir el reto de incluir a los alumnos con discapacidad. Se dispone de escasos recursos materiales, especio físico limitado y pocos recursos humanos calificados para prestar el servicio. Actualmente, cada Secretaría de Educación territorial ofrece programas de capacitación de acuerdo con las necesidades de sus docentes. Si el tema de atención educativa de niños con limitaciones surge como necesidad de formación en un determinado departamento o municipio, el comité de capacitación de docentes la atiende. Además, existen universidades que ofrecen programas de formación en educación especial, a través de pregrados, posgrados y diplomados. 

Según lo informado por el Ministerio de Educación, al año 2003 la formación de docentes en el tema está contemplada en el ciclo complementario de por lo menos el 50% de las escuelas normales superiores y en varias facultades de educación. Estos programas se encuentran ubicados principalmente en los departamentos que tienen interés en la educación inclusiva. Si bien hasta ahora sólo un pequeño número de docentes ha recibido entrenamiento en educación especial, se espera que los resultados de esta nueva iniciativa se vean reflejados en la disponibilidad de más recursos para la integración en el futuro. 

No existe un programa de detección temprana de discapacidades en el sistema escolar. El Ministerio de Educación, el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están trabajando en forma conjunta para identificar y proponer alternativas de atención que favorezcan a la población con discapacidades severas que no pueden ser integradas al sistema educativo. 

Empleo

Las tasas de desempleo que informa el DANE no incluyen a la población con discapacidad. Sin embargo, en el Plan Nacional de Atención a las Personas con discapacidad 1999-2002, se menciona un estudio demográfico de personas con discapacidad de 1995 que ha sido realizado en nueve ciudades capitales por la Universidad Javeriana y financiado por el Ministerio de Economía. En este documento se reveló que un 67,7 % de personas con discapacidad necesitan empleo. Las personas con discapacidad que han podido acceder a un trabajo están subempleadas o se desempeñan en su gran mayoría en el empleo informal, trabajando como vendedores ambulantes o vendedores de lotería y rifas. Además, algunas personas con discapacidad intelectual participan en talleres protegidos de encuadernación, lencería, pintura y elaboración de traperos. Las personas con discapacidad que tienen acceso a un empleo estable constituyen una pequeña minoría. 

Esta falta de oportunidades laborales existe a pesar de que se encuentran vigentes disposiciones relativas al empleo tanto de la Constitución como de la Ley 361. El art. 54 de la Constitución establece: “Es obligación del estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieren. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”. Asimismo, la Ley 361 dispone que el gobierno “adoptará las medidas pertinentes dirigidas a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación”.

Los cambios introducidos en la política nacional de empleo han empezado a tener en cuenta a la población con discapacidad contemplándose aspectos relacionados con la capacitación, estímulos a empleadores e incentivos para la creación de empresas de personas con discapacidad, en este último caso, facilitándose el acceso a créditos a tasas de interés bajas. Si bien algunas acciones recientes han comenzado a cambiar las condiciones causantes de la grave situación de desempleo de las personas con discapacidad, persisten los principales problemas. Existe un alto porcentaje de personas con discapacidad que son analfabetas o tienen poco tiempo de escolaridad y, en consecuencia, no están adecuadamente capacitadas para ser competitivas en el mercado laboral. Otras dificultades para el empleo son la falta de accesibilidad del lugar de trabajo, de los centros de capacitación y del transporte.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha iniciado la atención de la población con discapacidad en el marco del programa de atención a poblaciones vulnerables. La asistencia que brinda el SENA no discrimina el tipo o la causa de las limitaciones. Sin embargo, el SENA no ofrece programas de capacitación y colocación de empleo específicamente diseñados para personas con discapacidad. También existen varias organizaciones no gubernamentales en el país que realizan actividades de formación y capacitación, las que facilitan la posterior integración socio-laboral de las personas con discapacidad. 

En cuanto a la colocación laboral, el Centro de Información Laboral entrevista a personas con discapacidad en forma individual para brindarles información sobre el servicio y la inscripción en la base de datos. El centro no ofrece servicios de intermediación para el empleo.   
No existe una política que obligue al Estado a emplear a personas con discapacidad. Sin embargo, distintas entidades del gobierno colombiano tienen empleadas a personas con discapacidad en los diferentes niveles. Por ejemplo, en la actualidad, una persona con discapacidad ocupa el cargo de Director General de Transporte y Tránsito en el Ministerio de Transporte. 

Pocas entidades privadas emplean a personas con discapacidad y la mayoría de sus políticas no establecen que una persona con discapacidad no debe ser discriminada en razón de su discapacidad. Hasta la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB), la cual emplea a personas con discapacidad, informó que “ETB no tiene ninguna política (escrita) de no discriminación. Simplemente en los procesos de selección se revisan las competencias, los perfiles y la experiencia (en caso de requerirse) de los candidatos, sin que sea relevante para nosotros su condición de discapacidad, dependiendo del cargo para el cual se lleva a cabo el proceso (cuando se requiere alguna condición física indispensable para ejercer el cargo, ésta sí se evalúa. Ej.: trabajadores que deben trabajar en alturas, subir a escaleras o torres de antenas, etc.)”.  

Servicios de salud

El sistema de salud en Colombia se basa en el marco de la Ley 100 de 1993. La ley garantiza a todos los colombianos la cobertura médica a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El sistema actual cuenta con dos sistemas de afiliación incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Por un lado, los beneficiarios del régimen contributivo son aquellas personas que pueden acceder a la cobertura que ofrecen las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que son las responsables de brindar los servicios. Por el otro, los beneficiarios del régimen subsidiado son aquellas personas que no pueden realizar aportes y que califican para la obtención de subsidios según sus necesidades económicas. Si bien las EPS pueden ser públicas o privadas, solamente los afiliados al régimen contributivo son los que pueden elegir las instituciones privadas. 

En consecuencia, existen diferencias sustanciales en los servicios que se proveen a los afiliados del régimen contributivo comparados con los del régimen subsidiado. 
	Para las personas con discapacidad cubiertas por el POS, ni las entidades públicas ni las privadas ofrecen los servicios de rehabilitación integral que corresponde. Además, en general no cubren debidamente ayudas técnicas, medicamentos y hasta procedimientos quirúrgicos. Las personas con discapacidad han promovido numerosas acciones de tutela para proteger el derecho a la salud, amparado por la Constitución, y para obligar a las EPS a que les brinden los servicios médicos necesarios. Si bien las sentencias recaídas en muchas de estas acciones judiciales han favorecido a las personas con discapacidad, el Estado aún no ha hecho los ajustes correspondientes a ley de seguridad social en salud.

Aquellos que no están afiliados a ninguno de los dos regímenes no pueden formar parte del POS y deben recurrir al servicio de salud pública. Las personas con discapacidad que se encuentran dentro de la población vinculada, deben esperar por largos períodos de tiempo hasta que los gobiernos regionales contratan los servicios médicos o puedan brindar ayudas técnicas. Algunas instituciones con financiamiento privado que trabajan para personas con discapacidad también proveen ayudas técnicas. Sin embargo, sus recursos son limitados y cubren una pequeña parte de la comunidad. 

El gobierno colombiano financia servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad en todo el país a través de Ministerio de la Protección Social. Estos servicios se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación a través del proyecto denominado “Implantación de proyectos especiales para población en condiciones especiales: Salud mental, discapacidad y desplazados”. En el año 2003 se aprobó un presupuesto de dos mil quinientos millones de pesos (USD $926.000) para su distribución entre catorce departamentos. Los recursos son enviados a las Secretarías territoriales de Salud en todo el país para que se ejecuten programas de Prevención y Atención a la Discapacidad, se desarrollen acciones y estrategias de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) y se creen bancos de ayudas técnicas.  Estos bancos están destinados a las personas que no forman parte del SGSSS o para aquéllos que pertenecen al régimen subsidiado, en el cual la provisión de ayudas técnicas está excluida del plan de beneficios. 

En fecha reciente, el Ministerio de la Protección Social ha comenzado a implementar estrategias RBC según lo contemplado en el Plan Indicativo Nacional 2003-2006. Algunos programas han permitido adquirir vasta experiencia en esta área. Se llevan a cabo en Cartagena, algunos municipios de Antioquia y la Costa Pacífica, y en algunas localidades de Bogotá. 

No se dispone de información que permita saber la cantidad de profesionales de la salud que tiene acceso a programas de capacitación sobre la prestación de servicios a personas con discapacidad. Sin embargo, funcionarios de las universidades indican que un 40% de enfermeras y un 50% de asistentes médicos reciben capacitación básica en este tipo de cuidados. Algunas facultades de medicina cuentan con la rotación de sus estudiantes por Rehabilitación en Medicina del Adulto. Además, en el país existen programas de capacitación en terapia física, ocupacional, del lenguaje, fisiatría para enfermeras, prótesis y órtesis. 

Vivienda

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que aproximadamente el 90% de las personas con discapacidad vive con su familia mientras que el resto vive en instituciones o se encuentra sin vivienda. El gobierno no ofrece alojamiento público para las personas con discapacidad excepto en el caso de niños con discapacidad abandonados. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ocupa de buscar hogares sustitutos que se encargan de brindarles los cuidados personales. Cada hogar sustituto recibe del ICBF un aporte económico que debe ser invertido en alimentación, vestido, recreación y útiles escolares. La atención en salud se brinda mediante la vinculación del niño al Sistema Subsidiado de Salud de las respectivas ciudades. Los adultos con discapacidad que son abandonados por sus familias deben permanecer en instituciones de caridad. 

Por su parte, la Ley 361 establece que “al menos un 10% de los proyectos elaborados por el gobierno para la construcción de vivienda de interés social” deben contemplar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Estas disposiciones se aplican a todos los proyectos, ya sea que provengan de entidades oficiales o privadas. La ley también dispone la “instalación de ascensores con capacidad para transportar al menos una persona en su silla de ruedas”. Esta ley no ha sido reglamentada aún. 

A la fecha, los esfuerzos del gobierno en materia de vivienda han consistido en la inclusión de la discapacidad como uno de los criterios de selección para la adjudicación de subsidios para viviendas de interés social. Las personas con discapacidad reciben puntos adicionales al ponderarse si reúnen los requisitos para acceder a un subsidio. En virtud del marco nacional actual, no todas las personas con discapacidad acceden a subsidios para viviendas de interés social. En cambio, el municipio de Medellín, la segunda ciudad de Colombia en importancia, estableció subsidios para la vivienda para todas las personas que tienen una discapacidad demostrada superior al 50%. 

Accesibilidad 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) ha emitido normas referidas a la accesibilidad. Las Normas Técnicas 4139, 4140 a 4145, 4201, 4339, 4279, 4407, 4695 y 4774 se refieren a la accesibilidad. Colombia también posee un manual sobre accesibilidad que abarca estos temas. El Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte fue preparado con el apoyo de la Universidad Nacional para el Fondo de Prevención Vial y el Ministerio de Transporte. 

La accesibilidad a los edificios abiertos al público y a las vías y espacios públicos está protegida por el Título Cuarto de la Ley 361. La ley dispone la eliminación de las barreras arquitectónicas mediante la construcción, ampliación o reforma de todos los edificios abiertos al público. Todos los espacios, incluidos los que ya existen o que son de propiedad privada, están sujetos a esta ley. Todas las adaptaciones correspondientes debían realizarse en el término de cuatro años de sancionada la ley. A pesar de que la ley entró en vigencia en febrero de 1997, el nivel de cumplimiento de sus disposiciones es mínimo. No se han dictado reglamentos completos relativos a la eliminación de barreras arquitectónicas. Debido a que la norma establece la obligatoriedad de la reconstrucción y las adecuaciones en las edificaciones existentes, se considera que su reglamentación podría ser contraproducente en las actuales condiciones económicas del país. La mayoría de los municipios tiene escasos recursos y se vería en dificultades para cumplir con la reglamentación. 

La ley 400 establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, la construcción y la supervisión técnica de edificaciones nuevas. La Sociedad Colombiana de Ingenieros informa que el 75% de los edificios nuevos construidos en los últimos diez años son accesibles. Algunos edificios de acceso público como el edificio de la oficina de correos Murillo Toro, en la ciudad de Bogotá, que posee una rampa de ingreso, y el edificio del Ministerio de Educación, son accesibles. Sin embargo, la mayoría de los edificios públicos del país, especialmente los de más de diez años de antigüedad, no son accesibles.
Otras normas relacionadas con la accesibilidad son la Ley 388, que se refiere a la accesibilidad al espacio público, y el Decreto 1504, que regula el manejo del espacio público. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial trabaja actualmente en la reglamentación del artículo de la Ley 361 relativo a la accesibilidad de los edificios de uso público y de la vivienda. 

En Colombia, existen algunos cursos de capacitación sobre accesibilidad y diseño. El art. 47 de la Ley 361 dispone que en las facultades de arquitectura, ingeniería y diseño se crearán talleres “con el objetivo primordial de fomentar la cultura de la eliminación de las barreras y limitaciones en la construcción”. A la fecha de redacción del presente informe, se ofrece un solo curso de posgrado en accesibilidad e ingeniería.

La mayoría de los sistemas de transporte público del país no es accesible, lo que impide la libre movilización de las personas con discapacidad. Esta situación puede determinar la interrupción de los tratamientos de rehabilitación e imposibilitar el acceso a las instituciones educativas o laborales. La mayoría de las personas con discapacidad debe llegar a su lugar de destino por sus propios medios. Para aquellos que pueden recurrir al sistema de transporte individual, éste puede incluir los taxis, que son muy costosos para la mayoría de los colombianos. Según otros testimonios, a algunas personas no les queda otra opción más que arrastrarse para poder abordar el servicio de autobús.

Con el sistema Transmilenio en la ciudad capital, Bogotá, se inició un proceso de accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas. Sin embargo, este sistema no abarca la totalidad de la ciudad y hasta octubre de 2003 sólo el 12% de los rutas de transporte público de la capital era accesibles. Por otra parte, la ciudad de Medellín puso en marcha, a partir de 1998, un programa de transporte público accesible. En fecha más reciente, se aprobó el acuerdo 02 de 2001, por medio del cual se dispuso la obligatoriedad de acondicionar las estaciones del Metro en la ciudad para que sean accesibles a personas con discapacidad. 

Por último, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte, expidió el Decreto 1660 del 16 de junio de 2003, que establece que a partir del año 2005 un porcentaje anual de los vehículos colectivos de nueva generación debe ser accesible a las personas con discapacidad. La meta es que al año 2010 el 100% de los nuevos vehículos que ingresen al sistema de transporte sean accesibles. De igual forma, la norma contempla la capacitación de las personas responsables en el tema, la señalización y la accesibilidad en las terminales de transporte, incluidas las estaciones de Metro y de trenes de pasajeros, los aeropuertos y muelles, entre otros. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Una de las características salientes de la Ley 361 es la creación de un órgano encargado de la coordinación de las acciones relacionadas con la discapacidad. El art. 6 crea el Comité Consultivo Nacional (CCN), un asesor institucional responsable de la coordinación y el seguimiento de las políticas relacionadas con las personas con discapacidad. Este comité esta integrado por 16 miembros. Once de los miembros provienen de organizaciones de la sociedad civil, de los cuales 5 son representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad. En la última reunión del comité sólo dos de estos cinco representantes de la CCN eran personas con discapacidad. En octubre del año 2002 se cumplió la vigencia de sus mandatos. A la fecha no hay indicios de convocar a las nuevas autoridades. El comité ha tenido poca aceptación por parte de la comunidad de personas con discapacidad debido a su inoperancia y a la carencia de una verdadera representación de las personas con discapacidad del país. El Ministro de la Protección preside el comité y es el responsable del funcionamiento de este órgano. Parte de la labor del comité fue asumida por diversas instituciones en coordinación con la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección Social.  

Entre las tareas que se han realizado gracias al esfuerzo conjunto de varias entidades, se encuentra la creación de la Política Pública en Discapacidad. Se redactó una serie de pautas como fruto del esfuerzo conjunto de un grupo de organizaciones, entre las cuales cabe mencionar diferentes entidades del Estado, el Comité Técnico Nacional, los grupos de enlace sectorial, las redes de apoyo a la discapacidad, los comités técnicos departamentales y las organizaciones de y para personas con discapacidad. Las pautas incluyen instrumentos de planificación y gestión para avanzar en las cuestiones conceptuales, técnicas y metodológicas.

Uno de los principales logros de esta iniciativa fue la formulación del Plan de Discapacidad 2003-2006, que se basó en los componentes de la Política Pública en Discapacidad. El Plan de Discapacidad también fue elaborado en forma conjunta por entidades gubernamentales y no gubernamentales durante la implementación de un proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional y de las Redes de Apoyo Territorial para la Discapacidad”. El Plan contempla un enfoque de tres etapas con objetivos en cada una de las siguientes áreas: prevención de la discapacidad, equiparación de oportunidades y habilitación/rehabilitación con el objetivo de lograr una mayor autonomía de las personas con discapacidad. El plan también establece los agentes responsables de su implementación. 

En cuanto a la sociedad civil, las organizaciones de y para personas con discapacidad no están bien organizadas. Una excepción está dada por la Federación Nacional de Sordos de Colombia, la cual ha podido integrar a 22 organizaciones de personas sordas en el territorio nacional.

Esta falencia de organización de la sociedad civil no ha permitido entablar el diálogo con el Estado colombiano, trayendo como consecuencia la desprotección de los derechos de la población con discapacidad. El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad es consciente de la necesidad de integración y trabajo mancomunado en actividades que favorezcan y mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. 
Por ello, han surgido iniciativas para conformar federaciones que integren varias discapacidades y otras federaciones más pequeñas por tipo de discapacidad. Las asociaciones de y para personas con discapacidad se suelen financiar con recursos propios aunque algunas de ellas obtienen fondos del gobierno colombiano o de organismos internacionales. 

Se han realizado algunas campañas de sensibilización y toma de conciencia acerca de la problemática de la discapacidad en el país gracias a la labor realizada por la Comisión Nacional de Televisión, la emisora Colmundo radio y los programas regionales de radio y televisión patrocinados por la comunidad de personas con discapacidad. Una herramienta particularmente importante para la toma de conciencia de esta problemática es el producto de una agencia de noticias llamada DISNNET PRESS. DISNNET distribuye de lunes a viernes una gacetilla por correo electrónico entre miles de personas con y sin discapacidad. Su misión es difundir información sobre los temas relacionados con la discapacidad y generar conciencia en torno a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

	En síntesis, las barreras que obstaculizan un accionar eficaz en materia de discapacidad son la falta de voluntad política, el papeleo y la burocracia. Si bien se las reconoce como un sector vulnerable, las personas con discapacidad no son un grupo prioritario. Las normas culturales, como la actitud de la población en general hacia lo diferente, plantean problemas adicionales al igual que la falta de recursos humanos idóneos en la sociedad civil. Las organizaciones en general suelen desconocer los problemas que enfrentan las personas con discapacidad mientras que las organizaciones de y para personas con discapacidad carecen de la organización necesaria para promover y defender los derechos del sector con eficacia. 

	Hay algunos funcionarios en varios niveles del gobierno colombiano que son conscientes de la problemática que enfrentan día a día las personas con discapacidad. Sin embargo, hay muchos otros que consideran que las acciones para la inclusión de la población con discapacidad son muy costosas y por lo tanto no son una prioridad. Por ejemplo, hace ya casi dos años que se está trabajando en el dictado de un decreto que reglamente el capítulo relativo a accesibilidad de la ley 361 sin resultados positivos, debido a que se considera que la eliminación de barreras arquitectónicas no es viable económicamente.  En consecuencia, los avances son lentos. 

	

Costa Rica

Factores clave: Después de medio siglo de crecimiento económico, uno de los más altos de la región, Costa Rica comenzó a sufrir cambios negativos y su ritmo de desarrollo decayó de manera significativa. La situación económica en continuo deterioro se refleja a través del estancamiento en la pobreza, cuya tasa alcanza el 21 %, sin que se haya modificado en los últimos ocho años, y una brecha cada vez mayor en la distribución de la riqueza entre ricos y pobres.   Estos problemas económicos se han erigido en considerables obstáculos para proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad. Según la Defensoría de los Habitantes, la población con discapacidad se encuentra entre las más excluidas de Costa Rica.

Definición de discapacidad

En Costa Rica son dos las definiciones de la discapacidad que más se utilizan. Una aparece en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley Nro. 7600), que entró en vigor el 29 de mayo de 1996. Según esta definición, la discapacidad es:

Cualquier deficiencia física, mental o sensorial que limite, sustancialmente, una o más de las actividades principales de un individuo.

La segunda definición, tomada del artículo 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, caracteriza a la “discapacidad” como:

Una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer unas o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Si bien en los documentos oficiales predomina la definición de la ley 7600, existe conciencia con respecto a las limitaciones de las definiciones centradas en las deficiencias. Bárbara Holst, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), explicó que el CNREE “en su último año viene analizando la actualización de dichas definiciones a partir de los nuevos planteamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) y los planteamientos del movimiento de personas con discapacidad, para los cuales la discapacidad debe asumirse como un asunto de diversidad e inclusión, sin dejar de lado los aspectos de carácter personal como puede ser la misma deficiencia”. 

La nueva definición que este organismo está manejando es la siguiente: 

…[discapacidad ] es el resultado de un contexto que no ofrece los apoyos y servicios accesibles, oportunos y efectivos a una persona con deficiencia, lo cual limita la realización de actividades vitales y restringe su participación en situaciones esenciales de la vida.

Holst señala que la nueva definición tiene una incidencia limitada en este momento ya que “este concepto se usa únicamente con carácter didáctico; en los documentos de orden jurídico, se utiliza la establecida en la Ley 7600 y en la Convención Interamericana”.

Población con discapacidad 

En los últimos cinco años, se llevaron a cabo dos estudios que brindan información sobre la población con discapacidad que habita el país.  Uno de ellos es la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples, diseñada y ejecutada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio bajo la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos (NSCB) en marzo de 1998. El segundo estudio es el Censo Nacional de Población y Hogares realizado en el año 2000 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entidad derivada de la anterior NSCB. La cifra sobre población con discapacidad que se obtuvo en el censo fue menor que la recogida en la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples de 1998.

	La Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples estableció que la población nacional es de 3.340.909 personas, de las cuales 261.371 personas, es decir, alrededor del ocho por ciento, representan a la población con discapacidad. En cambio, el Censo 2000 determinó que la población nacional es de 3.810.179 personas y que la población con algún tipo de discapacidad es de 203.731 personas, aproximadamente un cinco por ciento.

Para explicar la discrepancia entre estas cifras, el INEC señaló que la medición de la población discapacitada conlleva una serie de dificultades metodológicas. El INEC explicó que “los conceptos y preguntas utilizadas para obtener una estimación de la tasa de discapacidad influyen significativamente en los resultados”.  Tanto en la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples como en el censo se utilizaron estrategias similares para hacer preguntas sobre la discapacidad. Las preguntas en los dos estudios se centraron en “la deficiencia... en el entendido de que se incluyen deficiencias que provoquen discapacidad”. Además, los dos estudios se basaron en las propias evaluaciones del encuestado o informante. “Esto significa que hay una gran dosis de subjetividad en la respuesta, ya que lo que para una persona es una deficiencia para otra puede que no lo sea.  Aquí también puede influir mucho la indagación que pueda hacer el entrevistador”.   

El INEC también reconoce que si bien algunas discapacidades se pueden identificar con facilidad, el Boletín de Población de Naciones Unidades sugiere que “las discapacidades menores de tipo auditivo u ocular se pasan muy a menudo por alto en las encuestas o en las investigaciones sobre el terreno.” En consecuencia, estos estudios presentan limitaciones que influyen la confianza y la interpretación de los resultados. Además, el INEC sugiere que la discrepancia entre el Censo y la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples podría haberse anticipado debido a que “al observar la experiencia de otros países se tienen diferencias importantes entre los resultados de los censos y las encuestas. Según el citado boletín [de Naciones Unidas]: ‘Métodos diferentes de reunión de datos provocan tasas de discapacidad que no son estrictamente comparables entre países o ni siquiera entre dos encuestas efectuadas en el mismo país.  Los datos obtenidos por conducto de los registros o por encuestas de muestreo tienden a dar estimaciones de las tasas de discapacidad más altas que las encuestas basadas en censos de población’”.

Otra posible fuente de información relativa a la población con discapacidad es el Registro del CNREE que existe desde 1989. Si bien se trata de un registro de personas con discapacidad que procura recabar información detallada, no abarca la totalidad de la población con discapacidad. El registro del CNREE se alimenta de los datos que obtiene de hospitales y clínicas; por lo tanto, sólo las personas con discapacidad que son atendidas en estas entidades se incluyen en sus recuentos.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Las personas con discapacidad, que habitan Costa Rica, cuentan con una serie de instrumentos jurídicos, de carácter vinculante, internacionales, regionales y nacionales, que reconocen y sirven de base para la protección de sus derechos humanos.

Costa Rica tiene una tradición en materia de ratificación de instrumentos de derechos humanos. Además de los tratados fundamentales de Naciones Unidas sobre derechos humanos, Costa Rica ratificó el convenio relativo a la discriminación (en materia de empleo y ocupación) y el convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), ambos de la Organización Internacional del Trabajo.   Se encuentra abierto a ratificación el convenio sobre el desarrollo de recursos humanos aunque el proceso no ha finalizado todavía. Es esta tradición en materia de ratificación la que permite vislumbrar la firma y ratificación de la convención sobre la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por la que actualmente se trabaja en Naciones Unidas.

En el contexto interamericano, Costa Rica suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el 8 de junio de 1999, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua, Guatemala. Costa Rica ratificó este tratado a través de la ley número 7948, constituyéndose de esa manera, en el primer país en ratificarlo y depositar el correspondiente instrumento de ratificación ante el Secretario General de la OEA, César Gaviria, el 8 de febrero de 2000. 

El 18 de abril de 1996, fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica la Ley 7600, que está inspirada en las Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. El reglamento de esta ley entró en vigencia dos años después de su sanción. En este instrumento legal se declara “de interés público, el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes”. Los objetivos definidos por la ley 7600 son los siguientes:

a) Servir de instrumento a las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

b) Garantizar la igualdad de oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura, y todos los demás ámbitos establecidos.

c) Eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad.

d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad.

Como antecedentes de instrumentos específicos relacionados con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, se pueden citar la ley número 2171 del Patronato Nacional de Ciegos, sancionada el 21 de octubre de 1957; la ley número 3695 del Patronato Nacional de Rehabilitación, sancionada el 14 de junio de 1966 y la ley número 5347 de creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), sancionada el 3 de septiembre de 1973.

La Defensoría de los Habitantes, por su parte, tiene una Dirección de Protección Especial, que tramita denuncias de violaciones de derechos de sectores poblacionales que experimentan exclusión social, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad, junto a personas adultas mayores, indígenas, migrantes, afrodescendientes, gays y lesbianas, y privados de libertad. Muchas personas con discapacidad o sus familiares han recurrido a ella para presentar denuncias de violaciones de derechos. El trabajo de esta dirección, al igual que el papel, en general, de la Defensoría, es ampliamente reconocido en el país, manteniéndose entre las entidades públicas de mayor prestigio. Empero sus límites aparecen en la imposibilidad de que sus acciones sean jurídicamente vinculantes. 

Participación ciudadana

En general, el Estado no genera las condiciones adecuadas para que la mayoría de las personas con discapacidad en Costa Rica pueda ejercer cabalmente la ciudadanía. Son dos los principales obstáculos al ejercicio de tal ciudadanía. En primer lugar, la persistencia de  barreras que impiden o limitan el acceso físico en los recintos electorales así como el acceso a la información y a las comunicaciones que se necesita para emitir un voto basado en información. En segundo lugar, la subestimación y discriminación que existen en el entorno electoral real.

En febrero de 2002, cuando se llevaron a cabo las últimas elecciones nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó a desarrollar acciones orientadas a mejorar la accesibilidad en los recintos electorales. Los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad estiman que al año 2003 menos del 20% de los recintos electores es accesible. Además, señalan que no existen papeletas en Braille de manera que las personas ciegas o con disminución visual no tienen acceso al voto secreto. Según se informa, en las mesas receptoras, sus miembros, por lo general, obligan a las personas con discapacidad a emitir el voto “público” en lugar de adoptar las medidas de adaptación que necesitan.

Si bien no existen limitaciones para que las personas con discapacidad se postulen a cargos públicos, muy rara vez los partidos políticos las convocan.

Inclusión

Comunicación

	La ley 7600 establece que los programas informativos que transmiten los canales nacionales deben ser accesibles a las personas con discapacidad. Estas disposiciones de la normativa se aplican parcialmente. Hasta el presente, la mayoría de los noticieros televisivos, tanto privados como el público, sólo ofrece media hora diaria de transmisión con intérprete de lengua de señas costarricense (LESCO), en un recuadro de la pantalla. Este apoyo sólo aparece en las ediciones matutinas. 

Hay un solo canal privado que ofrece varios programas apoyados en el sistema de “close caption”. Además, el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece una buena parte de sus transmisiones con interpretación en LESCO.

La situación de acceso informativo en bibliotecas públicas y centros de documentación de las instituciones públicas presenta muy escasos avances. La Biblioteca Nacional no ofrece una versión de la Constitución Política en un formato accesible para personas ciegas o con deficiencias visuales.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que tiene bajo su control los servicios de electricidad y telecomunicaciones, ha instalado teléfonos públicos accesibles y editado tarjetas con impresiones en Braille. Asimismo, abrió la línea gratuita “137”, por medio de la cual las personas sordas pueden obtener ayuda. En los avances en esta área ha contribuido la creación de las comisiones instituciones de equiparación de oportunidades ofreciendo capacitación a los empleados en lengua de señas y proporcionando servicios en Braille.

Educación

Un informe reciente del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación Pública ofrece un panorama de la situación educativa de las personas con discapacidad. Los estudiantes con necesidades educativas especiales representan alrededor del 10,13% del total de estudiantes. En consecuencia, de una población total estudiantil de 937.154, hay alrededor de 95.000 estudiantes con discapacidad. La mayoría de ellos se educa en aulas regulares mientras que los demás se educan en aulas especiales o en escuelas especiales. 

En relación con el desarrollo de la educación inclusiva, el informe del Ministerio de Educación Pública (MEP) señala que: “el paradigma de atención educativa a estudiantes con necesidades educativas asociadas a discapacidad ha venido transformándose en un accionar que busca la atención educativa en los medios educativos menos restringidos. Esto es el aula regular. Según datos preliminares del Departamento de Estadística de este Ministerio, si se asume el crecimiento que se obtuvo del año 2000 al 2001, en el año 2002 asistieron a las aulas regulares una cifra aproximada de 79.600 estudiantes con necesidades educativas, asociadas a diferentes discapacidades”. 
Alrededor del 1,64% de los estudiantes con discapacidad asiste a centros de educación especial, que representan la estructura educativa más segregada. Existen 23 centros de educación especial. Los estudiantes que asisten a estos centros requieren apoyos de alta intensidad y dedicación completa, y se trata de alumnos y alumnas con discapacidad del desarrollo, deficiencia auditiva total o parcial, discapacidad psiquiátrica, discapacidad visual y discapacidades múltiples. Estos centros están concentrados en las ciudades principales, particularmente en la gran área metropolitana.  En 2002, 5280 estudiantes asistieron a los centros de educación especial de nivel primario y 3637 estudiantes con discapacidad se matricularon en escuelas secundarias especiales. En el mismo año, fueron matriculados 14.470 estudiantes de nivel primario para obtener apoyo fijo en aulas especiales y 3.272 fueron matriculados para obtener apoyo itinerante. En aula integrada fueron matriculados 7289 alumnos con discapacidad del desarrollo, discapacidad auditiva o con discapacidades múltiples. 

Entrada del Ministerio de Educación, Costa Rica

No obstante que los datos estadísticos muestran avances en el campo del acceso educativo de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, la mayoría de las escuelas no cuenta con condiciones de accesibilidad.  En el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, se reconoce que sólo el 18% de los centros educativos dispone de condiciones mínimas de accesibilidad. Este porcentaje sería aún menor si el plan sólo considerara centros plenamente accesibles. En general, se observa que faltan rampas adecuadas en las entradas y en el interior de los edificios así como baños accesibles, entre otros. 

La necesidad de un mayor desarrollo en esta área se pone en evidencia a través de las denuncias que recibe la Defensoría de los Habitantes, asociadas a diferentes formas de discriminación educativa, que afectan a personas con discapacidad. El 30 % de las denuncias que recibe la Defensoría están relacionadas con la violación de los derechos de personas con discapacidad a recibir educación.  También la Sala Constitucional es receptora de recursos de amparo contra centros educativos, que desconocen el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad.

Por su parte, los supervisores escolares, que tienen un importante rol en las 20 regiones educativas en que está dividido el país, no mantienen una posición abierta a la matrícula de niños y jóvenes con discapacidad en las aulas regulares, aun cuando existe una clara normativa en este campo. Se publican en los medios de comunicación las quejas de los familiares sobre niños y niñas con discapacidad rechazados en centros educativos privados y públicos.  También se observa que algunos educadores y educadoras especiales son reticentes a la educación inclusiva.  Su formación se basó en paradigmas centrados en la segregación, lo que comporta un obstáculo para el cambio. 

De la misma manera, todavía muchos educadores y educadoras de primaria y de secundaria mantienen prejuicios subestimativos y discriminatorios frente a estudiantes con discapacidad.  Con el fin de eliminar actitudes discriminatorias, el MEP ha venido realizando esfuerzos para capacitar a los educadores y educadoras en el campo de la discapacidad. La creación en abril de 2002 del Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa (CNRIE) se ubica en este marco de esfuerzos orientados a la formación docente.  El centro ofrece información a educadores, incluidos los del área especial, padres y familias con niños con discapacidad y a las instituciones interesadas en procesos de educación inclusiva. El centro también lleva a cabo trabajos de investigación, proporciona información sobre ayudas técnicas y ofrece asesoría en la resolución alternativa de conflictos educativos. El CNRIE puede imprimir materiales en Braille a pedido.

Por último, cabe mencionar que sigue siendo un problema el suministro de ayudas técnicas para la atención de necesidades educativas.  Si bien hay ciertos avances, la demanda de estas ayudas técnicas, especialmente de estudiantes pobres, está muy por encima de la oferta existente.

Empleo

No existen estadísticas confiables que indique cuál es la magnitud del desempleo de las personas con discapacidad en el país. No obstante, según estimaciones de las organizaciones de personas con discapacidad, la tasa de desempleo ronda el 65%. 

La ley 7600, en su artículo 23, garantiza el derecho al trabajo para todas las personas con discapacidad y en su artículo 24 dispone que “Se considerará actos de discriminación el emplear en la selección de personal mecanismos que no estén adaptados a las condiciones de los aspirantes, el exigir requisitos adicionales a los establecidos para cualquier solicitante y el no emplear, por razón de su discapacidad, a un trabajador idóneo”.  Sin embargo, la dificultad de probar el acto discriminatorio, cuando una persona con discapacidad busca un empleo y es rechazada, ha hecho hasta el presente poco funcional esta norma.

Antes de la existencia de la ley 7600, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) organizó un servicio especial de colocación en el empleo para personas con discapacidad, con el apoyo de la OIT. Este servicio posibilitó el acceso al trabajo de un conjunto no determinado de personas que acudieron a él. Una vez promulgada la ley 7600 en 1996, las personas con discapacidad esperaban que se profundizaran los esfuerzos y que se generaran mayores oportunidades laborales y productivas para ellas. Sin embargo, el servicio organizado se debilitó, primero y luego, desapareció. 

Según lo establece la ley 7600, el Ministerio de Trabajo debió crear un servicio sustituto con profesionales calificados orientado a brindar asesoramiento en readaptación, colocación y reubicación en el empleo de las personas con discapacidad, y a desarrollar labores de promoción entre los posibles empleadores acerca de los beneficios de contratar personas con discapacidad.  Después de más de siete años de vigencia de la ley, el Ministerio de Trabajo no ha creado este servicio. El Director Nacional de Empleo del Ministerio ofrece intermediación entre las personas con discapacidad que buscan empleo y las empresas externas que desean contratar trabajadores. Lamentablemente, los resultados de este proceso son deficientes y sólo 15 trabajadores fueron contratados en 2002. 

Los problemas que se enfrentan en el ámbito del autoempleo son similares a los que se presentan en el mercado laboral competitivo. Existe una oficina en el MTSS, que promueve el desarrollo de microempresas y pequeñas empresas. Sin embargo, con frecuencia las personas con discapacidad no pueden satisfacer las condiciones establecidas para acceder a créditos, por lo que las acciones de esta oficina no han incrementado de manera significativa las oportunidades de empleo.

El CNREE, a través de su Fondo Rotatorio, es el único organismo que ofrece micro-créditos para emprendimientos de personas con discapacidad, pero los recursos de que dispone son muy limitados. La apertura de empleos vinculados con iniciativas micro-empresariales no sobrepasan el centenar por año.

Por último, cabe mencionar la existencia de 16 talleres socio-laborales, en los que se desarrollan experiencias de trabajo protegido. La mayoría de estos talleres han sido organizados por asociaciones de padres de familia con hijos o hijas con discapacidad y, en su mayoría, carecen de recursos económicos suficientes. Hasta ahora el apoyo principal proviene del Ministerio de Educación Pública. El MEP asigna educadores, que atienden a la población de los talleres.

Servicios de salud

Costa Rica ha desarrollado a lo largo de las últimas cinco décadas un buen sistema de salud pública. La amplia cobertura de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se pone de manifiesto a través de hospitales, clínicas y, en los años recientes, a través de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), que se ubican en las zonas tanto urbanas como rurales del territorio nacional. El acento de estos esfuerzos ha estado en la atención médica; sin embargo, en los últimos años se introdujeron los servicios de carácter preventivo.

Por medio de los servicios que ofrece la CCSS, todas las personas con discapacidad tienen asegurada la atención médica y rehabilitación, así como todos los servicios de apoyo requeridos sin costo alguno y con prescindencia de su capacidad para cotizar en el régimen de seguridad social. Además, las personas con discapacidad que necesitan ayudas técnicas y no cuentan con recursos para adquirirlas, deberían obtenerlas a través de la CCSS. Sin embargo, en la práctica, no las obtienen ya que no se están suministrando las ayudas técnicas necesarias. Por su parte, cabe mencionar que la mayoría de los centros de la CCSS no es accesible para las personas con discapacidad.

Si bien todas las personas con discapacidad pueden acceder a una atención médica amplia, no existe una oferta nacional de servicios de rehabilitación. Para la rehabilitación física, existe un Centro Nacional, ubicado en la capital. Si bien las personas provenientes de la zona central del país pueden acceder con cierta facilidad a este centro, aquéllas que provienen de las zonas más alejadas enfrentan dificultades para hacerlo. El CNREE contribuye a ampliar la cobertura a través de los Servicios Integrales Locales de Rehabilitación (SILOR). Sin embargo, el alcance de este programa es limitado tanto por el escaso personal a cargo como por el hecho de que sólo existen seis servicios en las distintas regiones del país.  

Los niños y niñas con necesidades de rehabilitación física se ven afectados por la escasez de servicios. Los servicios que ofrece el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) están orientados a personas adultas y el Hospital Nacional de Niños (HNN) no cuenta con un servicio de rehabilitación especializado. Las mujeres con discapacidad tampoco cuentan con una atención en salud adecuada, particularmente, en lo referente a su salud reproductiva.

Se cuenta con dos programas nacionales de prevención y atención de infantes y niños con discapacidad: uno es el de Tamizaje y Prevención de Discapacidades en el Niño y el segundo es el Centro de Registro de Enfermedades Congénitas (CREC). En el primero, se trabaja en la detección de cinco enfermedades: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, orina de jarabe de arce, hiperplasia suprarrenal congénita y galactosemia. Estas enfermedades son generadoras de retardo mental y de problemas en el crecimiento, si no se tratan oportunamente. Son atendidas por medio de suministro de medicamentos y de prescripción de dietas especiales. El programa tiene una cobertura del 95,1 % de los recién nacidos en el país.  Por su parte, el CREC tiene como objetivo principal “la identificación y caracterización temprana de los defectos congénitos al nacimiento”. El CREC tiene una cobertura nacional que alcanza el 94% de la población nacional.  Los defectos congénitos que se registran son 14, a saber: anancefalia, espina bífida, encefalocele, hidrocefalia, microtia, paladar hendido, labio leporino, atresia esofágica, ano imperforado, hipospadias, defecto de miembros por reducción, hernia diafragmática, defecto de la pared abdominal y síndrome de Down.

Por último, debe señalarse que el país cuenta con poca experiencia en el campo de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). En 2003, la CCSS empezó a considerarla como una alternativa de rehabilitación y, por ende, las acciones en curso son incipientes.

Vivienda

Desde fines de la década de los años ochenta, el Estado definió una política orientada a reducir el déficit habitacional existente en el país. La política consistió en la entrega de bonos de vivienda con el fin de que los beneficiarios pudieran construir su casa. Las personas que calificaban para el programa debían conseguir un lote y el Estado les suministraba los recursos para la construcción.  Debido a que los costos de construcción suelen ser mayores para las familias que tienen miembros con discapacidad, se acordó asignar a estas familias un bono y medio. Este beneficio aún no está garantizado por ley. No obstante ello, existe una propuesta de reforma a la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y se espera que de esta manera el Estado pueda darle continuidad al programa.

Institucionalización

Existen dos entidades que atienden a personas con discapacidades psiquiátricas: el Hospital Nacional Psiquiátrico y el Hospital Chacón Paut. Actualmente, están internadas 991 personas en estos dos hospitales. La internación de los pacientes se realiza a partir de prescripciones médicas, que cumplen un procedimiento normado. 

Desde hace seis años estos hospitales están realizando esfuerzos orientados a la desinstitucionalización de muchos pacientes. Se necesitan mayores recursos para ofrecerles alternativas de albergue a estas personas porque sus familias no siempre las aceptan. 

Los pacientes que son rechazados por sus familias han obligado a los hospitales a buscar soluciones alternativas. Por ejemplo, el Hospital Nacional Psiquiátrico tiene el llamado “hospital diurno”, donde capacitan y le dan seguimiento a personas que estuvieron internadas por largos períodos. Estas personas viven con sus familias o en albergues fuera del hospital pero pasan sus días en la institución.

Accesibilidad

Según lo dispuesto por la ley 7600, el plazo para hacer modificaciones que garanticen la accesibilidad en edificios públicos y en el transporte venció el 29 de mayo de 2003. 

Antes de comenzar una nueva edificación, los constructores deben presentar los planos a las autoridades pertinentes. Estos planos deben demostrar que se cumplen los requisitos de accesibilidad. Sin embargo, suele suceder que los edificios no se construyen de acuerdo con sus planos y la mayoría de ellos sólo cumple estos requisitos parcialmente o no los cumple del todo. En ocasiones, por ejemplo, existen rampas en el plano, que no aparecen en la obra finalizada. Es nula o escasa la supervisión de las construcciones por parte de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

Ha habido un avance poco significativo en lo que respecta a la accesibilidad de los edificios públicos existentes. Algunas entidades ya han hecho cambios en la infraestructura de sus edificios, que se traducen en algunas mejoras pero que no resuelven por completo los problemas de accesibilidad. Por ejemplo, se construyen rampas para el acceso a un edificio pero en su interior persisten las dificultades para la libre movilización, ya sea por la existencia de gradas, puertas muy pesadas o servicios de baños no accesibles.  En las aceras de las principales ciudades del país, incluida San José, la capital, son pocas las rampas que se construyeron y entre las que existen, algunas no fueron construidas según las debidas especificaciones técnicas. 

En general, las sanciones previstas en la ley para el caso de incumplimiento de las normas relativas a la accesibilidad en el sector del transporte son débiles, con la excepción de las que se aplican al transporte colectivo.  El Consejo de Transporte Público (CTP) es el responsable de garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los servicios de colectivo. Asimismo, tiene atribuciones para anular la concesión o permiso de empresas privadas que operan los servicios de transporte en caso de incumplimiento. Sin embargo, venció el plazo previsto para incorporar autobuses accesibles y sólo unos pocos de los 8500 que integran la flotilla lo son.

El mismo día que venció el plazo, el CTP emitió una resolución fijando un plazo adicional de tres meses para que los transportistas garantizaran la accesibilidad. Esta resolución fue apelada a través de un recurso de amparo presentado por las empresas de transporte ante la Sala Constitucional, el cual fue rechazado por esta instancia judicial. A raíz de este rechazo, tres empresas del sector promovieron acciones de inconstitucionalidad, por separado pero con argumentación común. Dichas acciones se encuentran en trámite. 

Asimismo, la ley 7600 establece que un 10 % del servicio de taxi debe ser accesible. En un proceso de licitación reciente para otorgar concesiones de taxis accesibles, se abrió una oferta de 1.320 placas; sin embargo, sólo 100 personas las obtuvieron. Los vehículos con condiciones de accesibilidad son más costosos que los automóviles que se utilizan habitualmente para prestar el servicio. Son comunes las quejas y denuncias sobre discriminación de quienes prestan este servicio contra las personas con discapacidad.  Los taxistas suelen negarse a prestar el servicio a personas ciegas, alegando que el perro les puede ocasionar algún daño. Igualmente, preocupados por el tiempo, se resisten o rechazan brindar el servicio a usuarios de sillas de ruedas. La Sala Constitucional ha resuelto varios casos a favor de los pasajeros con discapacidad.

Al calor de la presión que han venido ejerciendo las organizaciones de y para personas con discapacidad en sus demandas de transporte accesible y como fruto de un acuerdo concertado entre el CNREE y el Foro Nacional de Transportes, que aglutina a la mayoría de los empresarios del sector, los transportistas asumieron una serie de compromisos relacionados con la accesibilidad de terminales y autobuses. En particular, asumieron el compromiso de incorporar un 8 % de autobuses accesibles para febrero de 2004 y al menos una unidad plenamente accesible por ruta.

El gobierno nacional conformará una Comisión de Transporte Accesible, con la participación de representantes del Consejo de Transporte Público, de los transportistas, del CNREE y de las organizaciones de personas con discapacidad. Esta Comisión garantizará un avance sostenido en la materia.  La Comisión materializará dos proyectos de transporte colectivo accesible en el futuro próximo. Uno es la creación de un sistema que utiliza autobuses articulados con carriles exclusivos para su desplazamiento. Es un proyecto similar al Transmilenio de Bogotá o el de Cunitiba, Brasil. En septiembre pasado, el MOPT convocó a organizaciones de personas con discapacidad para consultarlas sobre este proyecto, que se empezará a ejecutar en el año 2005.

El otro proyecto es el de los trenes interurbanos, que viajarían de la capital a cabeceras de provincia de la zona central del país. “Al tenor de lo que establece la ley 7600, estos trenes deben de contar con condiciones de accesibilidad en su interior, las terminales deben ser accesibles y para subir y bajar de los trenes se debe contar con plataformas móviles, que permitan la movilización segura y eficiente de usuarios y usuarias de sillas de ruedas o de otros tipos de ayudas técnicas”. Las autoridades encargadas han señalado que estos trenes serán plenamente accesibles.

Cultura, deportes y recreación

La ley número 8306 establece que en los espectáculos públicos deben asegurarse espacios accesibles claramente delimitados así como la existencia de rampas, baños y salidas de emergencia adecuadas.  Sin embargo, el acceso a la mayoría de las actividades recreativas sigue siendo limitado para las personas con discapacidad.  Se observan algunas mejoras en los museos, en especial, en el Museo del Oro del Banco Central de Costa Rica.  No obstante, la mayoría de las salas de cine y de teatro, incluidas varias de reciente construcción, no ofrece condiciones de accesibilidad. 

Los estadios y gimnasios, los balnearios y los centros recreativos en general también presentan problemas de accesibilidad. La práctica deportiva de las personas con discapacidad, por su parte, tiene muy escaso desarrollo debido a estos problemas de accesibilidad. Las organizaciones interesadas en este campo, como la Asociación de Personas en Sillas de Ruedas de Costa Rica, trabajan para promover el deporte de las personas con discapacidad y facilitar el apoyo con entrenadores e implementos deportivos.

Entrada accesible del correo central de Costa Rica

Se vienen desarrollando esfuerzos para generar mejores condiciones de accesibilidad en parques nacionales y áreas de conservación, y se espera que estos esfuerzos se multipliquen de cara al futuro. Con la participación de la Fundación Consejo de la Tierra y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se elaboró un Protocolo de Accesibilidad para este tipo de escenarios que aborda los cambios que deben introducirse. Este protocolo es el primero en su género a nivel mundial.

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

Existen tres entidades públicas dedicadas al tema discapacidad. La entidad pública más importante del país en el campo de la discapacidad es el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE).  Según su mandato inicial, el CNREE es “el encargado de orientar la política general en materia de rehabilitación y educación especial … así como la planificación, promoción, organización, creación y supervisión de programas y servicios de rehabilitación y educación especial para personas físicas o mentalmente disminuidas, en todos los sectores del país”.  Su campo de acción fue ampliado con la promulgación de la ley 7600 e incluye todos los demás sectores que atienden a personas con discapacidad. La Junta Directiva del CNREE está integrada por representantes provenientes de instituciones públicas, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil. El 25% de los integrantes de la Junta debe pertenecer a las organizaciones de personas con discapacidad. 

No obstante su misión, la entidad no ha desarrollado de manera relevante su función rectora ya que se ocupa de servicios de atención directa en áreas tales como empleo y salud. La prestación de estos servicios corresponde a otras entidades públicas que no han implementado cabalmente los programas necesarios. En consecuencia, aunque el país cuenta con un avanzado cuerpo normativo en el campo de los derechos humanos de las personas con discapacidad, el CNREE no ha llevado a cabo una fiscalización y supervisión rigurosas de su cumplimiento. El personal asignado para esta tarea no llega ni siquiera al cinco por ciento del total de funcionarios y funcionarias de la institución.

Si bien el CNREE no ha desempeñado el papel rector esperado, ha tenido dos logros importantes. En primer lugar, el CNREE culminó el proceso de elaboración de un conjunto de políticas denominado las “Políticas Nacionales en Discapacidad 2000-2010”. Para elaborar estas políticas, el CNREE organizó un foro en el que participaron 185 funcionarios de entidades públicas y 15 personas con discapacidad. 

El CNREE le entregó el documento de políticas públicas al Señor Presidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría en una ceremonia especial el 8 de diciembre de 2000. El Presidente había adquirido el compromiso de convertirlas en un decreto ejecutivo de mayor fuerza vinculante para las instituciones públicas; sin embargo, Echeverría adoptó estas políticas como una directriz presidencial. No obstante ello, para la administración actual (2002-2006), presidida por Abel Pacheco de la Espriella, estas políticas públicas no han representado un referente importante.

Si bien las políticas no han contribuido de manera significativa a que el Estado cumpla en mayor medida las disposiciones de la ley 7600, como consecuencia de la directriz, existen actualmente 56 Comisiones Institucionales en Discapacidad en el seno de las instituciones públicas. Las comisiones activas están ayudando a promover el cumplimiento de la mencionada ley; sin embargo, son relativamente pocas las instituciones en que estas comisiones están trabajando y produciendo resultados concretos.

En segundo lugar, el CNREE logró la creación de un Registro de organizaciones vinculadas con el campo de la discapacidad. Este registro incluye asociaciones y fundaciones, legalmente constituidas, ya sea de personas con discapacidad, de padres de familia con hijos o hijas con discapacidad, o de personas con algún ligamen con el tema en general. Al 30 de septiembre de 2003, un total de 132 organizaciones estaban registradas en el CNREE.

Además del CNREE, existen otras dos entidades relacionadas con la discapacidad: una es el Patronato Nacional de Ciegos (PANACI), que ejerce la rectoría en el campo de la ceguera y las deficiencias visuales en general, y la otra es el Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE).  Ambas entidades están adscritas al Ministerio de Salud. Sin embargo, gozan de autonomía administrativa y funcional, y desarrollan su labor con muy bajos niveles de coordinación interinstitucional.

El campo de acción del PANACI es vasto ya que, según las cifras proporcionadas por la Encuesta de Hogares para Propósitos Múltiples de junio de 1998, poco más de la cuarta parte de la población con discapacidad del país es ciega o tiene deficiencias visuales. Al igual que el CNREE, la Junta Directiva del PANACI incluye representantes de organizaciones de personas con discapacidad. El PANARE surgió en la década de los años setenta como parte de la respuesta que le dio el país a la epidemia de poliomielitis que se desató en esa época. Hoy, el rol la institución se ha debilitado y, en consecuencia, tiene escasa incidencia en las políticas relativas a la discapacidad en el ámbito nacional. 

Por último, en algunas municipalidades de las 81 que tiene el país, se han creado Comisiones Municipales en Accesibilidad, que vienen trabajando para mejorar el acceso a los servicios de las personas con discapacidad y, en particular, la accesibilidad física.

Lamentablemente, se sigue observando una coordinación insuficiente entre las organizaciones de personas con discapacidad y, por ende, es mínima su incidencia en la vida política del país. Además de los problemas de accesibilidad física y en el transporte, las organizaciones suelen dedicarse a la prestación de servicios en lugar de promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que se dificulta el trabajo conjunto.

Son rescatables algunas iniciativas recientes. Los esfuerzos de trabajo conjunto se han puesto de manifiesto en la organización de una marcha -la marcha por la igualdad-, que se llevó a cabo el 1 de junio de 2001 y que movilizó a más de 2000 personas. Además, el trabajo unitario, que desarrollaron de mayo a octubre de 2003, el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Federación de Talleres de Trabajo Protegido, permitió concertar una serie de acuerdos con el Gobierno. Según se espera, estos acuerdos posibilitarán avances en el cumplimiento de la ley 7600 en lo que concierne a educación y formación técnica, empleo, transporte y vivienda.

República Dominicana 

Factores clave:  

La República Dominicana comparte la isla caribeña La Española con Haití. De los 8.500.000 habitantes que tiene el país, el 66 por ciento vive en zonas urbanas. El alto índice de desempleo y el costo de la atención médica generan penosas condiciones que afectan particularmente a muchos pobres, entre los cuales las personas con discapacidad y sus familias ocupan un lugar destacado. 

Terminología

La Ley sobre Discapacidad, promulgada en junio de 2000, establece que: “A partir de la fecha de promulgación de la siguiente Ley en toda pieza legal donde aparezca la palabra “inválido”, “minusválido” o “inhabilitado”, referente a personas y sus capacidades, deberá sustituirse por “Personas con Discapacidad”. 

Sin embargo, en algunas publicaciones de entidades relacionadas con el sector de la discapacidad, aún se menciona al colectivo como “Discapacitados”. Además, en el cuestionario del censo más reciente se utilizó el término “limitación”, así como “sordo” y “mudo”. Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de los documentos jurídicos se conservó la terminología original.

En los medios de radio y televisión del país se comenzó a utilizar el término correcto para referirse a las personas con discapacidad. Este cambio es el fruto de una campaña de sensibilizacion social, realizada por organizaciones de y para personas con discapacidad durante el año 2000.

Definición de discapacidad

Con la ley 42-2000, la República Dominicana adopta una definición estandarizada de la discapacidad. La ley contiene la siguiente definición: “Para los fines de la presente ley, la valoración de la discapacidad se regirá por la ultima versión en español de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o cualquier clasificación similar aceptada por este organismo internacional. Una vez detectada una discapacidad, debe referirse a un centro de atención especializado, donde se realizará la valoración correspondiente y se determinará el nivel de intervención requerido.” 

Si se contrasta la definición anterior, puede apreciarse que en la legislación dominicana se utilizan otros conceptos de discapacidad que se centran principalmente en las deficiencias. Por ejemplo, las “Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad de los Afiliados al Sistema Dominicano de Pensiones” definen la discapacidad de la siguiente manera: “Es toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano, producida por una deficiencia y se produce por excesos o insuficiencias en el desempeño y comportamiento en una actividad normal o rutinaria, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos.” Estas normas se utilizan para clasificar los niveles de discapacidad en relación con las solicitudes de pensiones presentadas a esa entidad en caso de enfermedades o accidentes.  

Las normas, además, definen otros términos, en particular, “invalidez” entendida como “el estado físico y/o intelectual de un individuo portador de enfermedades o debilitamientos que provocan una pérdida de la capacidad de desempeño laboral en un 50%,” e “impedimento configurado” entendido como “la enfermedad o debilitamiento de las fuerzas físicas y/o mentales que por su característica sirven como base para calificar el grado de invalidez”. 

Población con discapacidad

No existen estadísticas que indiquen la cantidad de personas con discapacidad que hay en la República Dominicana. Por ello, se utilizan como referencia las conocidas estimaciones de la OMS, según las cuales, en promedio, un 10% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Se calcula que en la República Dominicana existen aproximadamente 850.000 personas con algún tipo de discapacidad, tomando como base el referido porcentaje así como las cifras del último Censo de Población y Vivienda. 

En el censo de 2002 se incluyeron dos preguntas sobre discapacidad; sin embargo, todavía no se encuentran disponibles los datos que se refieren a esta segmentación poblacional. Los resultados se publicarán a mediados del año 2004. La primera pregunta fue: “¿Tiene alguna de las siguientes limitaciones?” y las respuestas fueron: “ceguera de un ojo/ceguera de ambos ojos/sordera/mudez/pérdida o limitación permanente del movimiento de un brazo/pérdida o limitación permanente del movimiento de una pierna/retardo o deficiencia mental/otra limitación/ninguna limitación.” Debido a las limitaciones que presenta este tipo de pregunta, no se espera que el censo arroje datos precisos acerca del número de personas con discapacidad en el país. La siguiente pregunta indagaba sobre la causa de la limitación, refiriendo entre las posibles causas la hereditaria, enfermedad, accidentes y envejecimiento.

Derechos de las personas con discapacidad y protecciones legales

Protecciones legales 

La primera norma en introducir disposiciones específicas relativas al sector de personas con discapacidad fue la Ley No. 87-01, la que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). 

En su primer considerando, esta ley se refiere expresamente a las personas con discapacidad en los siguientes términos: “el Estado Dominicano estimulará el desarrollo progresivo de la Seguridad Social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez”.  Además, en el mismo considerando enuncia que uno de los objetivos de la ley es “contribuir de forma efectiva, al mejoramiento de la calidad de vida, a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la protección de los desamparados y discapacitados.” La ley entró en vigencia el 2 de febrero de 2003.

La ley 42-2000 es otra norma importante relativa a los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de una ley general antidiscriminación que protege a las personas con discapacidad “de todo acto o proceso discriminatorio”.  Reconoce a las personas con discapacidad como “sujetos con iguales derechos y deberes humanos, constitucionales y civiles que aquéllas que no se encuentran en esta condición”. Esta ley también regula las entidades “cuyos objetos sociales linden con el ámbito de la discapacidad, o sea éste su objeto principal”.

Si bien estas normas existen, se evidencia la gran necesidad en el país de un organismo que vele de manera específica por el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. No existe una procuraduría u otra entidad a la cual se pueda recurrir para formular una denuncia sobre violaciones de derechos humanos. 

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen derecho a votar. La Constitución de la República establece que “Todo ciudadano dominicano, en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, al haber cumplido veinticinco años de edad, tiene derecho a elegir y ser elegido.” Según lo dispuesto en el Código Civil, no existen restricciones que afecten estos derechos.

La Junta Central Electoral de la República Dominicana ha dictado algunas normas relativas a la accesibilidad de las urnas; no obstante, estas normas no abordan el problema de las barreras del entorno físico.  Además, no es obligatoria la emisión de boletas en el sistema Braille o en otro formato alternativo, por lo que las personas ciegas deben hacerse acompañar de una persona para poder ejercer su derecho al voto. 

Durante las elecciones celebradas en el año 2002, varias entidades del sector de la discapacidad (la Asociación Dominicana de Rehabilitación, el Círculo de Mujeres con Discapacidad, el Club Deportivo Dominicano sobre Sillas de Ruedas y la Asociación de Impedidos Físico-Motores) llevaron a cabo una serie de conferencias y visitaron diferentes centros electorales con la finalidad de verificar su nivel de accesibilidad. Quince miembros del Club Deportivo Dominicano sobre Sillas de Rueda participaron en las elecciones como monitores y como parte del proceso de seguridad electoral. Todas estas actividades tuvieron por objeto aumentar la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales del país. 

Inclusión

Comunicación

En diversos lugares pueden obtenerse materiales en formatos alternativos para personas ciegas. La Fundación Dominicana de Ciegos graba el audio o imprime en Braille las modificaciones o actualizaciones de los textos legales como la Constitución.  El Centro de Recursos Educativos (la ex Escuela Nacional de Ciegos), adscripto a la Secretaría de Educación, ofrece textos educativos en formatos alternativos.  

Por su parte, la “Unidad de Servicios Culturales para Ciegos” de la Biblioteca Nacional ofrece documentos en Braille y en otros formatos alternativos para personas ciegas. Los documentos disponibles son: la Ley sobre Discapacidad, las Normas Uniformes de Naciones Unidas, otros documentos de Naciones Unidas, folletos educativos, una revista sonora de índole cultural llamada “Fono Revista Cultural Contacto” y libros de texto.  Estos documentos se actualizan según sea necesario y no existe un calendario específico. La Biblioteca Nacional posee una impresora Braille donada por Suecia pero no funciona y no se la ha podido reparar por falta de técnicos especializados.

Se estima que entre 500 y 600 personas ciegas utilizan los documentos en formato alternativo por año así como un gran número de personas no ciegas.  Sólo existe este servicio en la Biblioteca del Distrito Nacional. 

En la actualidad, el canal oficial (Radio Televisión Dominicana) transmite el noticiero en horario nocturno con interpretación de lengua de señas. Sin embargo, no existe ningún método para que las personas con deficiencias auditivas puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastres naturales, emergencia civil o ataque criminal. Varias escuelas y ONG satisfacen las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Entre ellas cabe mencionar los centros audiológicos de diagnóstico, educación y colocación laboral, y los programas de capacitación para docentes comunes. Tampoco existen en el país recursos oficiales que suministren comunicaciones alternativas para personas con dicapacidades múltiples. 

Educación

No existen datos confiables sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad que puede participar en el sistema educativo nacional.  Sin embargo, se estima que esta población estudiantil es reducida. 

En la actualidad, son dos los principales obstáculos que impiden a las personas con discapacidad recibir un nivel adecuado de educación: las barreras físicas y la falta de materiales educativos adaptados. En fecha reciente, el gobierno inició programas que tienen por objeto dar respuesta a estos problemas. 

Hace poco tiempo, la Secretaría de Estado de Educación, a través de la División de Edificaciones Escolares, puso en marcha un proyecto de adecuación de aulas y escuelas a nivel nacional, para asegurar que sean accesibles a los usuarios de sillas de ruedas.  No existe información sobre la cantidad de escuelas que se adaptaron.

Si bien en la actualidad, las escuelas estatales y privadas no cuentan con materiales educativos (en Braille o en otros formatos alternativos), mediante ordenanza 18-2001 se designó a la Escuela Nacional de Ciegos como “Centro de Recursos para la Educación Audio-Visual”. El centro tiene proyectado llevar a cabo estudios para la detección de ceguera y/o deficiencia visual en las aulas. Además, recibirá el apoyo directo de la Secretaría de Educación a fin de distribuir materiales didácticos en Braille en las escuelas donde haya niños ciegos. El centro funcionará a través de las 17 regionales que tiene en el país. 

Sólo algunos cursos sobre educación especial están incluidos en el plan nacional de estudios de la carrera docente. El liceo gubernamental Felix Evaristo Morales ofrece la carrera de educación especial, mención retardo mental, en coordinación con la Escuela de Educación Especial de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.  Actualmente, 20 estudiantes cursan esta carrera. Las entidades no gubernamentales de servicios suelen otorgar becas.

Empleo

En la actualidad, el nivel de desempleo general en la República Dominicana es muy alto y no existen estadísticas específicas sobre el nivel de desempleo entre las personas con discapacidad.  No obstante ello, los dirigentes de las organizaciones del sector señalan que la situación de las personas con discapacidad guarda relación con la tendencia nacional y que la mayoría de ellas está desempleada. Ante el elevado índice de desempleo, el mercado informal es un medio muy utilizado en la economía de la República Dominicana y ofrece una variedad de trabajos tales como puestos de ventas ambulantes. Sin embargo, estos trabajos son, en su mayor parte, inaccesibles para las personas con discapacidad.  

Un estudio de pequeña escala del Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) determinó que de 102 socias, 64 están actualmente desempleadas y 38 están empleadas. De las que tienen empleo, cinco trabajan en el denominado “sector informal” (es decir, independiente). 

La falta de capacitación y la condición previa de pobreza perjudica al sector de las personas con discapacidad a la hora de conseguir un empleo, lo que configura una especial vulnerabilidad al desempleo. Además, las condiciones para trabajar en muchas áreas no son adecuadas para una persona con discapacidad física. Por ejemplo, las tareas exigen estar de pie o trabajar detrás de mostradores muy altos.

La venta ambulante ofrece oportunidades de trabajo a las personas con discapacidad en un mercado informal durante la celebración del Día Internacional de la Mujer.  

La ley 42-2000 aborda el tema del empleo de las personas con discapacidad y establece lo siguiente: 

La política de integración socio-económica de personas con discapacidad tendrá como finalidad primordial su integración en el sistema ordinario de trabajo, o en su defecto, su incorporación a un sistema de empleos protegidos o reservados, que asegure a las personas con discapacidad obtener un empleo en el mercado de trabajo, siguiendo el espíritu del artículo 7, numeral 7, de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (ONU) y el convenio 159, sobre la readaptacion profesional y empleo de personas con discapacidad, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la parte VII, artículos 32 al 35, por lo que el organismo rector (CONADIS) asegurará que las instancias públicas correspondientes y privadas apliquen las medidas necesarias para lograr esto.  

CONADIS también es responsable de supervisar los programas de integración socio-económica. 

En octubre de 2003, el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA) puso en circulación un compendio de investigación sobre la inserción en el mercado laboral de personas con discapacidad. El estudio, en gran parte cualitativo, tuvo por objeto suministrar la información necesaria, a fin de poder planificar políticas que favorezcan la inserción laboral.

La empresa privada de mayor cantidad de empleados, Central Romana, está ubicada en el interior del país y entre sus actividades cabe mencionar la recolección de frutas. La empresa no tiene una política sobre no discriminación de las personas con discapacidad. El tipo de trabajo agrícola de esta empresa no favorece la integración de personas con discapacidad, debido a las condiciones poco accesibles de los campos y fincas.

La segunda empresa más grande del país, Banco Popular, se encuentra en el área metropolitana. Si bien no tiene una política específica que exija la contratación de personas con discapacidad, la empresa informa que existe una disposición general para que se trate sin discriminación y en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad que solicitan tomar las pruebas de admisión para un puesto de trabajo. 

El Programa de Rehabilitación Profesional de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR) capacita a nivel técnico en cursos de computación y oficios tales como repostería y corte y confección. Además, dicho programa prevé contactar empresas para facilitar la colocación de personas con discapacidad después de su capacitación. 

Servicios de salud

La ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), contempla la cobertura médica de las personas con discapacidad, entre otras. Esta nueva ley entró en vigencia en 2002 pero su implementación es gradual.  En la primera etapa se contempló la afiliación y la cobertura de beneficios se iniciará en el año 2004. 

El Plan Básico de Salud del SDSS contempla: “promoción de salud y medicina preventiva, de acuerdo al listado de prestaciones que determine el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)”, “servicios de fisioterapia y rehabilitación cuando sean prescritos por un médico especialista y según los criterios que determine el CNSS”, y “prestaciones complementarias, incluyendo aparatos, prótesis médicas y asistencia técnica a discapacitados, según el listado que determine el CNSS”.  Además, todos los “medicamentos esenciales” se suministran en forma gratuita a los beneficiarios del régimen subsidiado.

No existen centros de salud especializados para personas con discapacidad. Según testimonios recogidos en la comunidad de personas con discapacidad, en la mayoría de los casos existe desconocimiento por parte de los médicos, enfermeras y especialistas (incluidos los ginecólogos) acerca de la atención adecuada de las personas con discapacidad.

Es bajo el porcentaje de médicos que tiene acceso a cursos de especialización ofrecidos por el Estado en la prestación de servicios a personas con discapacidad.  Las organizaciones no gubernamentales, como la Asociación Dominicana de Rehabilitación, ofrecen una amplia cobertura de capacitación para los profesionales de la salud.  Una universidad privada (Universidad Católica de Santo Domingo) inició la carrera de Terapia Física y Ocupacional, en la que, en la actualidad, se obtienen grados técnicos y en el futuro, se podrá obtener una licenciatura. Existen tres promociones al año, con 110 estudiantes de fisioterapia y 32 de educación.  Además, se ha creado la carrera para Técnicos en Prótesis.

Se registró una disminución del 6,3 por ciento en la cantidad de personas que necesitan rehabilitación entre 2001 y 2002.  En el Boletín Estadístico de la Asociación Dominicana de Rehabilitación se indica que en el año 2001 se registraron 24.178 casos que solicitaron admisión al hospital para rehabilitación y en 2002 hubo un registro de 23.436 casos. Entre las posibles causas consignadas para explicar esta disminución se señala la casi completa erradicación de la poliomielitis, que fue una de las principales causas de discapacidad permanente. 

Vivienda

No existe ningún sistema público de viviendas adaptadas en el país. El Reglamento M-007 de la Secretaría de Estado de Obras Públicas establece que debe construirse una determinada cantidad de viviendas adaptadas. Sin embargo, a la fecha no ha habido ninguna iniciativa o proyecto privado o público.

Según informan los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad, la mayoría de las personas con discapacidad vive con sus familias. En la actualidad, no se está implementando ninguna política pública destinada a dotar de viviendas a las personas con discapacidad o a sus familiares.  

Institucionalización

Existe una sola institución, Hogares Luby, que tiene la misión específica de brindar alojamiento y cuidado a largo plazo a niños y niñas con discapacidad. Se financia en parte con recursos del Estado. El principal objetivo de esta institución es dar cuidado y amparo a personas con discapacidad severa, que generalmente viven en estos hogares de manera permanente porque fueron abandonadas. Las personas con discapacidad severa pueden ser declaradas incapaces judicialmente, con lo cual pierden sus derechos civiles así como su capacidad para rechazar un tratamiento. Hogares Luby tiene tres sedes: dos en el Distrito Nacional y una en el interior del país. Si bien la institución se dedica a la atención de niños y niñas, a veces acepta a ancianos y adolescentes con discapacidad severa. 

En la actualidad, esta institución brinda alojamiento a 140 personas con la ayuda de 15 empleados en cada una de las sedes. Cabe señalar que de la población atendida, diez son ancianos, seis son adolescentes y el resto son niñas y niños.

En el año 2000, se registró un caso de abuso de niños con discapacidad severa en un hogar de rehabilitación.  Tras recibir varias denuncias, la periodista dominicana, Nuria Piera, inició una investigación periodística que se dio a conocer a través de un programa televisivo llamado “Nuria en el 9” del canal Color Visión. El programa reveló que se cometían abusos y maltrato de los niños, a quienes se mantenía en condiciones inhumanas y en algunos casos, amarrados a sus camas. 

Como consecuencia de la investigación se despidió al personal y se cancelaron los subsidios que recibía la institución. En la actualidad, el hogar de rehabilitación está bajo la supervisión de la Secretaría de Estado de Salud Publica y Asistencia Social (SESPAS). 

Accesibilidad

Las barreras físicas en lugares públicos y privados son obstáculos para la participación social de las personas con discapacidad. La ausencia de rampas, ascensores y puertas con las dimensiones apropiadas impiden el acceso a una educación adecuada. 

En la actualidad, la República Dominicana posee un sistema de transporte que se encuentra en condiciones deficientes en general y que no es accesible para las personas con discapacidad. El Estado ha creado dos oficinas, las cuales están a cargo de la coordinación y organización del transporte público: la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Pese a la existencia de estos organismos y las diferentes acciones promovidas por diversas entidades de personas con discapacidad, el gobierno no ha elaborado políticas destinadas a incrementar la accesibilidad del transporte para las personas con discapacidad. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

El Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) se creó mediante la ley 42-2000 y es una institución autónoma del Estado adscripta a la Presidencia de la República. Sus funciones son dictar, evaluar y velar por el cumplimiento de las políticas relacionadas con el tema discapacidad.  Asimismo, CONADIS es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley. 

El Directorio está presidido por un representante de la Presidencia y está integrado por igual número de representantes que provienen de organismos gubernamentales, de entidades de los diferentes sectores de la discapacidad y de instituciones que ofrecen servicios a personas con discapacidad. CONADIS se encuentra actualmente en proceso de reestructuración así como de conformación de su nuevo directorio.

Participantes en la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Ecuador

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Ecuador

Factores clave: Ecuador cuenta con un sólido marco jurídico que le permitió hacerse acreedor al Sexto Premio Internacional de Discapacidad Franklin Delano Roosevelt en 2002.1 Sin embargo, el país está atravesando una profunda crisis económica. Las asignaciones presupuestarias priorizan el pago de la deuda externa, a menudo a costa del gasto social. Existen pocas protecciones y las personas con discapacidad constituyen un sector de la población particularmente vulnerable. 

Terminología

El VI Censo de Población y V de Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2001 utilizó la palabra "incapacidad". Al describir ciertas restricciones, el artículo 102 del Código Civil habla de "los dementes, los ciegos, los sordos y los mudos". Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de estos documentos se conservó la terminología original.2

Definición de discapacidad

El Capítulo II del Decreto Ejecutivo Nº 3.603, que establece el reglamento y las modificaciones de la Ley de Discapacidades, contiene la siguiente definición:

"Para efectos del cumplimiento de las disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades habituales".3  

Esta definición se basa en la clasificación CIDDM-1 de la Organización Mundial de la Salud.4  

1. National Organization on Disability, http://www.worldcommitteeondisability.org.

2. Comisión Andina de Juristas, Personas con Discapacidad, http://www. cajpe.org.pe/RIJ/BASES/pcd/CUADRCIV.htm. 

3. Decreto Ejecutivo Nº 3.603, Reglamento General de la Ley Reformatoria de la Ley de Discapacidades.

4. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), CIDDM, Ginebra, 1980.

Si bien ésta es la definición jurídica de discapacidad más significativa, algunos organismos específicos a veces utilizan otras definiciones. En el caso del censo, por ejemplo, la discapacidad es calificada como "una incapacidad permanente" y definida en el Manual del Empadronador como "una dificultad permanente para realizar una actividad considerada como normal debido a secuelas irreversibles de una enfermedad congénita o adquirida e incurable".5  

Población con discapacidad

El VI Censo de Población y V de Vivienda llevado a cabo por el INEC en el año 2001 recabó información sobre la cantidad de personas con discapacidad en el país. En ese momento, Ecuador tenía una población total de aproximadamente 12 millones de habitantes, de los cuales el 4,65% —alrededor de 558.000— eran personas con discapacidad.6 La pregunta censal utilizada para identificar a la población con discapacidad inquiría si la persona tenía "alguna incapacidad permanente de tipo físico, sensorial o mental". Debido a que el INEC centró su atención en el concepto de "incapacidad" y en la definición estrecha de discapacidad que se desprende de éste, es altamente probable que haya omitido contabilizar una cantidad significativa de personas con discapacidad. A los problemas que pueden surgir de la redacción misma de esta pregunta se suman otros de índole metodológica tales como la falta de capacitación y conocimiento sobre discapacidad de los encuestadores y la omisión de preguntas relacionadas con la discapacidad por parte de éstos.7 

Más aún, esta cifra contrasta de manera pronunciada con los datos obtenidos en el "Estudio sobre la Situación Actual de la Discapacidad en el Ecuador" (ESADE) publicado por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), que reveló que la discapacidad alcanza al 13,2% de la población.8 La encuesta ESADE fue llevada a cabo por un equipo calificado de profesionales de la Universidad Central del Ecuador. Las definiciones de discapacidad utilizadas en esa encuesta fueron tomadas de la CIDDM desarrollada por la OMS. 

Entre las causas de discapacidad informadas por las organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad tales como la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador y la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, se encuentran la contaminación generada por las operaciones de extracción de petróleo y los efectos nocivos de los productos químicos que se utilizan para el cultivo de flores y las plantaciones bananeras. 9  

5. INEC, Manual del Empadronador para VI Censo de Población y V de Vivienda, (Instituto Geográﬁco Militar, Quito, noviembre de 2001), 38, 39.

6. INEC, Información del VI Censo de Población y V de Vivienda 2001, relacionada con población con Discapacidad en el Ecuador, Comunicación 348-DIFU-SETEC, (D.M., Quito, 19 de agosto de 2003).

7. Dr. Ramiro Cazar Flores (Director Ejecutivo del CONADIS), entrevistado por la autora, 15 de agosto de 2003; Xavier Torres (Presidente de FENEDIF), entrevistado por la autora, 23 de agosto de 2003; Panel de discusión llevado a cabo en Quito, 23 de agosto de 2003; Panel de discusión llevado a cabo en Riobamba, 27 de septiembre de 2003.

8. CONADIS, “Resumen Ejecutivo de la Fase Epidemiológica del Proyecto ESADE” Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador, (Imprenta y Offset Santa Rita, Quito, 2000), 1 – 85.

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Ecuador

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Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Ecuador ha suscrito varios instrumentos internacionales sobre discapacidad y derechos humanos. El gobierno ratificó el Convenio 159 de la OIT sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) el 20 de mayo de 1988 y suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el 1 de marzo de 2004.9 El documento de ratificación fue depositado en la Secretaría General de la OEA el 18 de marzo de 2004. Asimismo, firmó la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales para Niños y Jóvenes, la Declaración de Managua relativa a políticas para niños y jóvenes con discapacidad y la Declaración de Cartagena.10 

A nivel nacional, en el pasado la atención de las personas con discapacidad se basaba en un modelo de beneficencia desarrollado en los años cincuenta por iniciativa de los padres de personas con discapacidad y organizaciones privadas. El paradigma ha ido cambiando en forma gradual para focalizarse menos en la beneficencia y más en los derechos. 

Además de estos avances, en la década del setenta varios organismos gubernamentales comenzaron a hacerse cargo de la educación, la salud y la asistencia social de las personas con discapacidad, y en los ochenta, Ecuador celebró la "Década de las Personas con Discapacidad". En el decenio siguiente, el gobierno publicó el Primer Plan Nacional de Discapacidades y creó el CONADIS. Desde entonces, Ecuador ha seguido creando instrumentos legales que ahora contienen disposiciones que constituyen un cuerpo de políticas tanto generales como sectoriales sobre salud, educación, empleo y bienestar social que guían las acciones de diversos actores. En general, Ecuador ha elaborado "elementos jurídicos pioneros en América Latina, aspecto que contrasta con el bajo desarrollo socioeconómico del país en general, ratificándose con esto —una vez más— lo que aseveran los jurisconsultos nacionales, en el sentido de que en el Ecuador existe una gran base jurídica, pero se carecen de los mecanismos de aplicación y recursos para su efectivo alcance".11

La Constitución Política del Ecuador aborda específicamente el tema de los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 53 del Capítulo II establece la responsabilidad del Estado de garantizar la prevención de discapacidades y la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, "la utilización de bienes y servicios, especialmente en las áreas de salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación, y medidas que eliminen las barreras de comunicación, así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al transporte". La Constitución reconoce oficialmente la lengua de señas al igual que el sistema Braille.  

9. La convención fue ratificada inicialmente en Sesión Plenaria del Honorable Congreso Nacional el 21 de mayo de 2003.

10. Declaración de Salamanca y Marco de Acción sobre Necesidades Educativas Especiales (1994) http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF; Declaración de Managua (1993); Declaración y Plan de Acción de Cartagena de Indias (2002), http://scm.oas.org/doc_public/ ENGLISH/HIST_02/CIDI01002E04.DOC.

11. CONADIS, “Marco Normativo de las Discapacidades en el Ecuador”, Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador, (Imprenta y Offset Santa Rita, Quito, 2000), 82.

Asimismo, las personas con discapacidad pueden acceder a determinados beneficios de índole económica, en particular "[el tratamiento preferente en] la obtención de créditos, exenciones y rebajas tributarias". Por último, la Constitución dispone que el gobierno "conjuntamente con la sociedad y la familia asumirá la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades".12

Los derechos garantizados por la Constitución se describen en mayor detalle en la legislación posterior. La Ley de Discapacidades contiene disposiciones sobre los derechos de las personas con discapacidad así como los procedimientos que deberán aplicarse para imponer sanciones a aquellos que no cumplan con la ley. El marco general de la ley prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad y establece un sistema nacional de prevención de la discapacidad e incluye disposiciones relativas a la organización y el funcionamiento del CONADIS.13 El Decreto Ejecutivo Nº 3.603 establece las facultades y las obligaciones de las instituciones y los organismos responsables de la prevención, la atención y la integración social de las personas con discapacidad. El Reglamento de Carnetización de las Personas con Discapacidad, por su parte, describe el proceso y los requisitos para obtener un carné de discapacidad.14 El Código de la Niñez y Adolescencia identifica los derechos de los niños y adolescentes con discapacidad.15 

También existen diversas leyes relacionadas con áreas específicas de servicio y asistencia. La Ley del Sistema Nacional de Salud hace referencia a los servicios preferenciales para las personas con discapacidad.16 El Programa de Becas para Personas con Discapacidad establece los criterios de acceso a las becas y garantiza la distribución equitativa de los recursos en todas las provincias.17 Por su parte, las Normas INEN sobre accesibilidad al medio físico, que fueron diseñadas en forma conjunta por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) y el CONADIS, describen en detalle las condiciones de accesibilidad.18 El Reglamento General de Educación Especial reorganiza los medios a través de los cuales se provee asistencia educativa a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, independientemente de que estas necesidades sean producto de una discapacidad o no.19

A estas leyes se suman otros instrumentos jurídicos que hacen referencia explícita a las personas con discapacidad, a saber: el Reglamento del Sistema de Incentivos para Vivienda Urbana Nueva, la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales y el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. El II Plan Nacional de Discapacidades se encuentra actualmente en proceso de aprobación. El 9 de julio de 2003 se presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley Nº 24-137, "Ley Reformatoria y Actualización del Código del Trabajo para Promover la Inclusión de Personas con Discapacidades a la Población Económicamente Activa". 

12. Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial Nº 1, 11 de agosto de 1998.

13. Ley de Discapacidades, Registro Oficial Nº 301, 6 de abril de 2001.

14. Reglamento de Carnetización de las Personas con Discapacidad, Registro Oficial Nº 291, 23 de marzo de 2001. 

15. Código de la Niñez y Adolescencia, Registro Oficial Nº 737, enero de 2003.

16. Ley del Sistema Nacional de Salud, Registro Oficial Nº 670, 25 de septiembre de 2002.

17. Acuerdo Ministerial Nº 3.332, Programa de Becas para las Personas con Discapacidad, Registro Oficial Nº 413, 17 de septiembre de 2001.

18. Normas INEN de Accesibilidad al Medio Físico: un trabajo en equipo, oficializadas como obligatorias por el Acuerdo Ministerial Nº 2000127-A1, enero de 2000.

19. Acuerdo Ministerial Nº 4850, Reglamento General de Educación Especial, Registro Oficial Nº 496, 17 de enero de 2002.

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A pesar de la vigencia de este marco jurídico, existen violaciones a los derechos de las personas con discapacidad en Ecuador. Un caso de particular importancia es el de una petición presentada en 1994 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) contra la República del Ecuador por la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 25 de julio de 1990, el Sr. Víctor Rosario Congo, una persona con discapacidad mental, fue enviado a un centro de detención sin sentencia. Allí fue agredido físicamente por un guardia, despojado de su ropa y recluido en una celda de aislamiento sin recibir atención médica. Rosario Congo falleció el 25 de octubre de 1990. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) notificó al Ecuador las recomendaciones pertinentes el 10 de marzo de 1999 y recibió el compromiso del gobierno para adoptar las medidas necesarias el 8 de abril de ese mismo año.20

No obstante, algunas personas con discapacidad continúan siendo víctimas de violencia física, psicológica y sexual. Los dirigentes de las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad informan que, en algunos casos, éstas son obligadas por sus familias a mendigar. Los casos de maltrato en las instituciones de educación especial —en particular de las personas con discapacidad intelectual— suelen mantenerse ocultos.21 La mayoría de las violaciones de derechos no están documentadas oficialmente, y no existen registros de los casos de abuso y muerte. Más aún, los derechos de las personas con discapacidad no están incluidos en el Plan Operativo de Derechos Humanos del Ecuador 2003–2006.22 

Barreras legales

Todavía continúan vigentes algunas leyes que contienen lenguaje discriminatorio y que inciden negativamente sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre las que aún no han sido modificadas se encuentran el Código Civil y el Código Penal. El artículo 102 del Código Civil impide a "los dementes, los ciegos, los sordos y los mudos" actuar como testigos del acto de matrimonio. Asimismo, los excluye de participar como testigos de un acto testamentario.23 El artículo 536 declara jurídicamente "incapaces de toda tutela o curadoría" a "los ciegos, los mudos o los dementes, aunque no estén bajo interdicción".  

Participación ciudadana

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos ecuatorianos, incluidas las personas con discapacidad. Aquellos que no concurren a votar son sancionados con multa. Sin embargo y aunque no se dispone de datos estadísticos, se informa que el nivel de ausentismo en los comicios públicos es alto. Una de las causas de ausentismo es la falta de información política suficiente en formatos alternativos. Asimismo, la inaccesibilidad de los medios de transporte y los centros de votación a menudo impiden que las personas con discapacidad puedan llegar a las urnas. 

20. Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Informe Nº 63/99, (Ecuador, 13 de abril de 1999),  http://www.cidh.org/annualrep/98span/fondo/ecuador%2011.427.html, http://www.cidh.oas. org/countryrep/Ecuador-sp/Capitulo%206.html. 

21. Panel de discusión llevado a cabo en Quito, 14 de agosto de 2003, y Panel de discusión llevado a cabo en Riobamba, 27 de septiembre de 2003.

22. Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador et al., eds., Planes Operativos de Derechos Humanos (2003-2006, Quito, 2003).

23. http://www.cajpe.org.pe/RIJ/BASES/pcd/CUADRCIV.htm.

Debido a la existencia de estas barreras, el Presidente de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) logró obtener una exención para las personas con discapacidad que no votan. En algunos casos, las personas con discapacidad que fueron abandonadas no tienen documento de identidad, de modo que no están empadronadas como ciudadanos y, por lo tanto, no tienen derecho a votar.24 

Inclusión

Comunicación

Si bien el artículo 19 de la Ley de Discapacidades garantiza la accesibilidad de la comunicación, aún no se implementaron planes en esta área. El gobierno no comunica sus actividades en formatos alternativos. Los noticieros no tienen subtítulos para los televidentes con deficiencias auditivas. La mayoría de las bibliotecas no dispone de material en formatos alternativos, aunque hay excepciones, como el Centro Lincoln de la Embajada de los Estados Unidos y el Centro de Educación y Capacitación Laboral para Ciegos (CEFOCLAC). 

La imprenta de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE) publica algunos libros y otros textos en Braille. Debido a la falta de recursos, sin embargo, no puede producir una cantidad suficiente como para cubrir las necesidades de información de sus filiales. Para poder acceder a estos materiales es necesario estar registrado como afiliado de FENCE.25  

No existe un método o estrategia para que las personas con impedimentos del habla o deficiencias auditivas puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastres naturales, emergencias civiles o ataques criminales. En tales situaciones, las personas con discapacidad necesitan la asistencia de otras personas para proveer o recibir información, lo cual limita, en definitiva, sus posibilidades de vivir en forma independiente. 

En Ecuador, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es incipiente. Son pocas las personas que tienen acceso a recursos tecnológicos; por ejemplo, en 2002, sólo el 3,36% de la población ecuatoriana tenía acceso a Internet.26  

24. Cazar Flores, Ramiro, “Derechos y Discapacidad”, (PPL Impresores, Quito, 2003), 108-109.

25. Dr. Julio Barba (Presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador), entrevistado por la autora, Riobamba, 27 de septiembre de 2003; Panel de discusión llevado a cabo en Riobamba, 27 de septiembre de 2003.

26. Diario El Comercio, “Las cuentas de Internet en Ecuador”, (Quito, 27 de marzo de 2002).

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Educación

En Ecuador, los niños con discapacidad pueden acceder a la educación tanto en escuelas especiales como regulares. La División Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación y Cultura asiste a 34.656 estudiantes en todo el país. Sin embargo, esta cifra incluye a estudiantes con y sin discapacidad, y no existen cifras que indiquen en forma detallada los servicios que se prestan específicamente a los niños con discapacidad.27  

Existen 19 Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica y 289 Programas de Apoyo Psicopedagógico en escuelas regulares. Estos últimos cubren al 60% de los estudiantes asistidos por la División de Educación Especial, aunque menos del 5% (917) de los alumnos inscriptos en ellos tienen una discapacidad.28 

Asimismo, la División de Educación Especial brinda atención a los estudiantes con discapacidad a través de 129 escuelas de educación especial, la mayoría de las cuales están ubicadas en la Costa y en la Sierra. Aproximadamente el 50% de ellas tiene financiamiento estatal y un 31% cuenta con sostenimiento privado a través de fundaciones o fondos internacionales o mediante las cuotas que abonan los alumnos. El resto de las escuelas son financiadas por los gobiernos locales o en forma conjunta por instituciones estatales y privadas o religiosas. La mayoría de las escuelas especiales atienden a alumnos con distintos tipos de discapacidad. De las que asisten a estudiantes con un solo tipo de discapacidad, un 25% atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, un 9% asiste a niños con discapacidad auditiva, un 6% se dedica a niños con discapacidad motriz y un 5% trabaja con niños con deficiencias visuales.29  

Entrada inaccesible al Ministerio de Educación, Ecuador 

27. Ministerio de Educación y Cultura, División Nacional de Educación Especial, Diagnóstico de la Educación Especial en el Ecuador, Normas sobre Educación Especial (AH – Editoriales, Quito, 2003), 23-30.

28. Ibídem.

29. Ibídem.

Los estudiantes que concurren a escuelas especiales representan sólo el 14% del total de personas asistidas por la División de Educación Especial, lo cual hace parecer que los alumnos con discapacidad están bien integrados a la educación regular. Sin embargo, en el año 2003, el Ministerio de Educación determinó que sólo el 23,8% de los niños con discapacidad en edad escolar concurrían a un establecimiento educativo de algún tipo. De los que asistían a la escuela, el 6,1% no recibía ningún tipo de apoyo psicopedagógico.30 Ecuador tiene 18.014 escuelas primarias, 644 de las cuales (3,57%) son escuelas regulares que integran a 1.072 estudiantes con discapacidad. En el nivel secundario, la cantidad de alumnos con discapacidad integrados es menor, ya que sólo 112 (3,22%) de un total de 3.474 escuelas incorporan a 145 estudiantes con discapacidad, todas ellas concentradas en Pichincha y Manabí.31  

Tal como se indica en el Cuadro 1, una gran cantidad de personas con discapacidad queda excluida de la educación. 

Cuadro 1: Nivel de educación de las personas con discapacidad32 

Nivel educativo más alto alcanzado	Porcentaje de la población con discapacidad 

Ninguno 39,7%

Preescolar 3%

Primario 42,3%

Centro de alfabetización 1,1%

Secundario 10,5%

Universitario 1,8%

Casi el 40% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de educación mientras que sólo el 10,5% termina la escuela secundaria. El 25,9% de la población educativa general termina la escuela secundaria, lo que representa más del doble del porcentaje correspondiente a la población con discapacidad. Si bien no existen estadísticas sobre la tasa de alfabetización de este último sector, la gran cantidad de personas que no recibe educación sugiere que la tasa de analfabetización en la comunidad con discapacidad supera ampliamente la de la población general, que es de 9,8%.33  

El diseño de los materiales didácticos adaptados y accesibles es producto del esfuerzo individual de cada institución educativa, ya que no es común que los establecimientos compartan dichos materiales. Las ayudas técnicas son sumamente limitadas. Aunque no se dispone de datos estadísticos, la mayoría de las instituciones tiene problemas de accesibilidad. En general, las estadísticas disponibles sobre educación sugieren que las personas con discapacidad constituyen una población sumamente marginada que tiene acceso limitado a la educación básica. 

30. Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Subsecretaría de Educación, Oficina Nacional de Educación Regular y Especial, División Nacional de Educación Especial, Proyecto: Integración Escolar de alumnos-alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, a los centros de educación secundaria y ocupacional. Orientaciones básicas para la integración escolar al nivel secundario., (AH - Editoriales, Quito, 2003), 48.

31. Diagnóstico de la Educación Especial en el Ecuador.

32. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador. 

33. VI Censo de Población y V de Vivienda.

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La formación docente en carreras como Educación Especial, Pedagogía y Psicorrehabilitación contempla metodologías para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.34 No obstante, en la formación de docentes regulares, es insuficiente o inexistente. En las escuelas de educación especial, el 70% del personal docente está compuesto por profesionales en psicología y tecnología.35 

No se dispone de información sobre la cantidad de estudiantes con discapacidad en el nivel de educación superior. Sin embargo, en fecha reciente, el Consejo Superior de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP) y el CONADIS emprendieron un proyecto llamado "Universidad para todos", cuyo objetivo es capacitar a los encargados de la planificación académica de las instituciones de educación superior en la inclusión del tema de la discapacidad como un eje transversal. El proyecto promueve la realización de cursos nuevos en una amplia gama de disciplinas que incluyen la problemática de la discapacidad. Las universidades que participan en este programa piloto son la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Escuela Politécnica del Ejército, la Universidad Estatal de Guayaquil y la Universidad Católica de Cuenca.

Por su parte, la Universidad Tecnológica Equinoccial presentó los resultados de su participación en el proyecto "Universidad para todos" el 27 de noviembre de 2003.36 En su presentación también incluyó sugerencias para el desarrollo de proyectos de sensibilización, las necesidades tecnológicas educativas, el desarrollo de material didáctico y evaluaciones adaptados, y la adaptación de los sistemas de ingreso. Además, en ese mismo año la universidad comenzó a diseñar materiales para estudiantes con discapacidad sensorial.37

Empleo

Tanto el desempleo como el subempleo son problemas generalizados en Ecuador, donde más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. La situación laboral de las personas con discapacidad es todavía más difícil que la de la población en general. En el Cuadro 2 se identifica la situación ocupacional de la población con discapacidad en todo el país.38 

34. http://www.conesup.net.

35. CONADIS, “Servicios de Atención para las Personas con Discapacidad en el Ecuador”, Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador, (Imprenta y Offset Santa Rita, Quito, 2000), 20.

36. José Carrera, et al., Universidad para Todos, (Quito, agosto de 2003).

37. Fundación General Ecuatoriana, Análisis Situacional del Sector de la Discapacidad en el Ecuador, Encuesta de Inclusión Interamericana, (Quito 2003), 7.

38. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador.

Cuadro 2: Situación ocupacional de las personas con discapacidad 

Categoría ocupacional	Porcentaje de personas con discapacidad

Ocupado 18,2%

Desocupado 1,5%

Sólo quehaceres domésticos 29,7%

Estudiante 10,2%

Jubilado y/o pensionista 3%

Impedido de trabajar 29,1%

Se ignora 8,6%

A pesar de que según fuentes oficiales el nivel de desempleo es bajo, el porcentaje real de personas con discapacidad que no tienen un empleo remunerado asciende al 70,4% de la población activa.39 Una cantidad levemente mayor de personas recibe algún tipo de ayuda económica. Sin embargo, esta ayuda sólo abarca al 36,2% de la población con discapacidad.40  La vasta mayoría de las personas con discapacidad depende económicamente de sus familias. Del 18,2% que trabaja fuera de su casa, el 24,1% son mujeres y el 75,9% son hombres.41 Las mujeres están relegadas principalmente al trabajo doméstico; tanto es así que el 73,6% de ellas trabaja en este tipo de empleo. En el Cuadro 3 se detalla los tipos de empleo fuera del hogar a los que acceden las personas con discapacidad.42 

Cuadro 3: Tipos de empleo para las personas con discapacidad43 

Profesional/Técnico 6,3

Empleado del gobierno o de una organización pública 3,1

Administrativo 0,8

Comerciante (en general, informal) 17

Servicios 12

Trabajador agrícola 31,1

Productor rural (Ej. vinicultor) 18,5

No clasificado 10,2

Una de las empresas líderes en la contratación de empleados con discapacidad es Snack América Latina S.A. La empresa no sólo les ofrece empleo y beneficios sino que también les brinda apoyo permanente y promueve la participación de las familias. En la actualidad, hay tres personas con discapacidad intelectual trabajando en su planta.44 

39. Se incluyen las personas con condición "ocupado" pero que no reciben remuneración económica por su trabajo.

40. Esta cifra incluye a los jubilados. 

41. National Organization on Disabilities.

42. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador.

43. Ibídem.

44. Nancy Zárate (psicóloga industrial, coordinadora de recursos humanos de la división Operaciones de Snack América Latina S.A.), entrevistada por la autora, lunes 11 de agosto de 2003.

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Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad informan que algunos de los desafíos más importantes que enfrenta este sector de la población desde el punto de vista del empleo son la inaccesibilidad de los lugares de trabajo y el sistema de transporte, la falta general de conocimiento en la sociedad respecto del potencial de las personas con discapacidad y la falta de educación y de capacitación laboral. Aproximadamente el 93% de las personas con discapacidad no ha recibido ningún tipo de capacitación laboral. Del 7% que sí lo hizo, el 51,1% participó en programas patrocinados por organismos públicos, el 36,7% en programas privados y el 12,2% en programas gremiales.45 En general, la capacitación laboral se ha centrado en los oficios y otros tipos de tareas manuales que permiten a las personas acceder a trabajos de baja remuneración.

Se estima que los programas de inserción laboral desarrollados por la Fundación General Ecuatoriana, DEKISTEL y la Imprenta Braille crearon unos 170 puestos de trabajo.46 Existen otros programas importantes de capacitación y colocación laboral para personas con discapacidad a cargo de FASINARM y del Centro para la Erradicación del Bocio y Capacitación de Minusválidos (CEBYCAM).47 Asimismo, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional informó que a sus cursos han asistido en forma ocasional personas con discapacidad física.48 En la actualidad, el Ministerio de Educación y Cultura está elaborando programas en forma conjunta con las fundaciones ASENIR, SERLI y CEREPSI.49

Servicios de salud

El gasto en salud representa sólo el 1,6% del presupuesto de Ecuador.50  

Los seguros de salud, de accidentes y de jubilación cubren sólo al 15,6% de la población con discapacidad. El 84,4% restante no tiene ningún tipo de beneficio social en comparación con el 75% de la población general. De las personas con discapacidad que tienen cobertura, el 43,9% está afiliado al sistema de seguro social general, el 52,3% al seguro para trabajadores agrícolas, y el 3,9% a algún seguro privado.51 El gobierno ofrece servicios de rehabilitación para aquellos que no tienen cobertura a través de los Centros Estatales de Salud dependientes del Sistema Nacional de Salud.52  No obstante, la calidad de los servicios de salud provistos por el Sistema Nacional de Salud del Ecuador es deficiente. Al problema de la falta de financiación se suma la inexistencia de modelos de intervención adecuados y las falencias en la prestación de los servicios.53 

46. Dr. Julio Barba. El Dr. Barba fue galardonado con el Premio Valdivia 2003, reconocimiento que otorga el Congreso todos los años por logros destacados a favor de las personas con discapacidad.

47. Fundación de Asistencia Psicopedagógica a Niños, Adolescentes y Adultos con Retardo Mental, http://www.fasinarm.org/servicios.htm. 

48. Sara Villacís (economista, funcionaria del SECAP), entrevistada por la autora, Quito, 14 de julio de 2003. 

49. Ministerio de Educación y Cultura, http://mec.gov.ec.

50. Martha Moncayo, “Gasto Social: Ecuador no le da importancia”, (Quito, 14 de febrero de 2003; Daniel Badillo (consultor), “El Gasto Social en la Plataforma Presupuestaria 2004”, (presentación ante UNICEF, septiembre de 2004). 

51. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador.

52. Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional de Salud, Marco General de la Reforma Estructural de la Salud en el Ecuador, (Quito, octubre de 2002).

53. Mariana Naranjo Bonilla, Informe Hacia la Cobertura Universal de los Servicios Sociales Básicos, 2003 – 2020, Cuadro Nº 8, Ecuador, Indicadores básicos de salud.

45. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador.

Como consecuencia de la descentralización que se llevó a cabo en la década de los noventa, los servicios de salud suelen estar duplicados, por lo que el sistema de atención médica carece de coordinación y resulta ser menos eficiente.54 En general, es más fácil acceder a todos los servicios en Quito y Guayaquil que en las provincias.55 

Se ofrecen algunos fondos públicos adicionales para atención médica y rehabilitación, los cuales se canalizan a través del CONADIS. Un programa provee apoyo financiero para exámenes médicos especiales, medicamentos y ayudas técnicas para personas con discapacidad física, auditiva, visual y mental. Además, el CONADIS supervisa un programa dirigido a aquellos que no pueden solventar los servicios médicos, mediante el cual se otorgan subsidios para la compra de medicamentos e insumos médicos para personas que tienen alguna discapacidad como consecuencia de una lesión medular, epilepsia o trastornos del desarrollo. El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), la Red de Diálogo Macroeconómico (REDIMA) y el Centro Nacional de Epilepsia participan de este programa. INNFA brinda servicios a través del Programa de Acción Médica Solidaria y Discapacidades.56 Un tercer programa del CONADIS creó una "Beca Solidaria" para que los niños afectados por el deterioro de la situación económica en Ecuador puedan continuar recibiendo rehabilitación y/o educación. 

Otras organizaciones que brindan servicios de rehabilitación con fondos públicos son la Fundación Hermano Miguel, la Sociedad Ecuatoriana Pro Rehabilitación de los Lisiados (SERLI) y el Programa de Acción Médica Solidaria y Discapacidades (PAMSyD).57 En el marco de este programa se brindan servicios a través de diversos centros, a saber: Centros de Rehabilitación Médica, Centros Auditivos Orales, Servicios Médicos Sociales, Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos (CEFOCLAC) y Hogares para ancianos. Los institutos de seguridad social ofrecen servicios a aquellos que tienen derecho a recibir las prestaciones de seguridad social. Estos servicios se encuentran disponibles a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISPOL).58

Si bien la carrera de medicina no incluye la formación en la prestación de servicios a personas con discapacidad, existen algunos seminarios y talleres dirigidos a médicos en ejercicio. Según un informe de la OPS sobre Ecuador, la mayoría de las actividades educativas relacionadas con servicios de salud son organizadas por las asociaciones médicas y las asociaciones y fundaciones profesionales.59 Dado que estos programas no están coordinados por ningún sistema, a menudo están duplicados. La mayoría de los servicios se prestan con el apoyo de empresas privadas. Sin embargo, no hay un registro que indique la cantidad ni el tipo de actividades ni tampoco la cantidad de participantes. En respuesta a la falta general de capacitación, el CONADIS y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) propusieron un programa llamado "Universidad para todos", que apunta a incorporar la problemática de la discapacidad en la formación profesional.  

54. OPS, “Situación General y Tendencias de Salud en Ecuador”, La salud en las Américas, 2002. 

55. CONADIS, http://www.conadis.gov.cc.

56. INNFA, http://www.innfa.org.

57. Fundación Hermano Miguel, http://www.fundacionhermanomiguel.org/.

58. IESS, http://www.iess.gov.ec; http://www.fuerzasarmadasecuador.org. 

59. OPS, La salud en las Américas II, 1998.

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Los servicios de prevención de la discapacidad también son deficientes en Ecuador. En el Estudio de la Salud Materna, los servicios de salud materno-neonatales obtuvieron una calificación de 57/100.60 

PRENATAL y NAR están trabajando para capacitar a los profesionales médicos en la prevención de la discapacidad.61

Actualmente están en marcha algunos programas de Rehabilitación basada en la Comunidad. El Ministerio de Salud capacita a Promotores de Salud, quienes promueven, entre otras cosas, el cuidado de la salud, la higiene, la salud bucal y los primeros auxilios en todo el país.62 El PRONEPE es un programa del Ministerio de Educación dirigido a niños de 4 a 6 años que ofrece educación alternativa y promueve el desarrollo de las habilidades básicas de los niños.63 El Programa "Creciendo con nuestros hijos" a cargo del INNFA es un proyecto nuevo orientado al desarrollo de los niños menores de 6 años que trabaja junto con las familias para que éstas participen en actividades que estimulan el desarrollo de sus niños. Por último, el Programa de Alimentación Escolar da de comer a niños carenciados de entre 5 y 14 años que asisten a escuelas de educación básica.64 Cabe señalar que no se evaluó la eficacia de ninguno de estos programas. 

Vivienda

En Ecuador no hay centros de vida independiente manejados por personas con discapacidad. Sin embargo, es posible que la cultura sea un factor significativo que incida en esta situación.65 Si bien es importante que exista un cierto nivel de independencia, la vida familiar tiene una significación cultural muy importante en el país, por lo que vivir con la familia suele ser una situación positiva. En el Cuadro 4 se indica la distribución porcentual de las personas con discapacidad según la forma de relación con las personas con las que viven. 

Cuadro 4: Situación en que viven las personas con discapacidad66

Relación con las personas con las que vive	Porcentaje de personas con discapacidad

Familiares 93,4%

Solo 4,3%

No familiares 1,9%

Otros 0,3%

Aunque la mayoría de las personas con discapacidad vive con su grupo familiar, ello no significa que no puedan implementarse los principios de la vida independiente en ese ámbito. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda otorga préstamos para la adquisición de viviendas tanto en zonas urbanas como rurales así como para el mejoramiento de éstas.67 

Las personas con discapacidad deben cumplir con los requisitos generales pero al presentar su carné de discapacidad, pueden recibir puntos adicionales, los cuales se utilizan para determinar las posibilidades de acceder a un préstamo.

60. Futures Group, Maternal and Neonatal Program Effort Index: Ecuador (Índice de Esfuerzo de Programa Materno y Neonatal), http://futuresgroup.com.

61. PreNatal, Prevención de Discapacidades, http://www.prenatal.tv/ecuador/proyectos.htm. 

62. Iniciativa de Reforma del Sector de la Salud en América Latina y el Caribe, http://www.americas. health-sector-reform.org/sidorh/documentos/html3.html.

63. Ministerio de Educación y Cultura, http://www.mec.gov.ec. 

64. Ministerio de Educación y Cultura, www.pae.org.ec.

65. Cazar Flores, Ramiro (Director Ejecutivo del CONADIS), entrevistado por la autora, 15 de agosto de 2003. 

66. Situación Actual de las Personas con Discapacidad en el Ecuador.

67. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, http://www.miduvi-siv.gov.ec.

Institucionalización

No existen registros oficiales de la cantidad de personas con discapacidad institucionalizadas en Ecuador, pero se sabe que éstas pueden ser internadas en hospitales psiquiátricos, albergues, orfanatos u hogares para ancianos.68 Los defensores de los derechos de la población con discapacidad indican que, por lo general, las personas no pueden negarse a la internación en una institución ya que no tienen muchas otras opciones debido a los niveles de pobreza extremadamente elevados. Tampoco existe un organismo de supervisión y monitoreo que recopile datos en forma sistemática sobre la incidencia de abuso y/o muerte en esos establecimientos.

En lo que respecta a los niños, hay una sola institución que ofrece alojamiento a largo plazo y atención a niños con discapacidad. La Fundación Jacinta y Francisco de Guayaquil acoge a mujeres jóvenes con discapacidad intelectual.69 El informe de país presentado en la Segunda Conferencia Internacional de Estocolmo sobre Niños y Cuidado Residencial reconoce las dificultades que se presentan en el momento de buscar una institución adecuada para los niños con discapacidad, en especial para aquellos que han sido abandonados. Señala además que del total de niños con discapacidad menores de 18 años, "menos del 2% reciben la atención requerida. La infraestructura de atención social con que cuenta el país se ha deteriorado en calidad y en cantidad, lo que ha conllevado a que gran parte de la población no pueda recurrir ni demandar sus servicios. Hay carencia de instituciones de tipo cerrado para niños con necesidades especiales. Las instituciones de protección acogen a estos niños junto con lo niños sanos. Otros son atendidos en hospitales psiquiátricos. La causa por la que la familia expulsa a estos niños es por el alto costo de tratamientos y medicina".70

Accesibilidad

De acuerdo con la Ley de Discapacidades, todos los edificios de uso público deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Entre éstos se incluyen los establecimientos privados tales como hoteles, restaurantes y lugares de recreación así como sitios de interés turístico. Según la ley, todas las construcciones nuevas deben cumplir con las normas INEN sobre accesibilidad. Se estableció un plazo de tres años para adecuar todos los edificios públicos existentes. Ese plazo venció el 6 de abril de 2004. Existen también algunas ordenanzas municipales que establecen requisitos adicionales en relación con la accesibilidad y la eliminación de barreras. 

68. Rommel Artieda Maruri (Director del Hospital Psiquiátrico “Julio Endara”, entrevistado por la autora, 23 de octubre de 2003; Patricio Jácome (Director Nacional Interino de Salud Mental) entrevistado por la autora, 18 de agosto de 2003; El Comercio, “El Hospital del Adulto Mayor acoge a 55 ancianos", (Quito, 14 de septiembre de 2003), http://www.elcomercio.com. 

69. Fundación Jacinta y Francisco, http://www.fundjacintayfrancisco.com/quienes_rese.html. 

70. 2nd International Conference on Children and Residential Care, "New Strategies for a New Millennium", (Segunda Conferencia Internacional sobre Niños y Cuidado Residencial. "Nuevas estrategias para un nuevo milenio", (Estocolmo, 12 al 15 de mayo de 2003), http://www.children-strategies.org/ spanish%20creports/Informe%20de%20pais%20Ecuador.pdf.  

Ecuador

200

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que sólo el 20% de los edificios públicos son accesibles para las personas con discapacidad motriz. A excepción de las oficinas del CONADIS, todas las oficinas públicas son inaccesibles. El acceso a la planta baja de los edificios suele estar limitado por la presencia de obstáculos tales como bordillos, bloques de cemento ubicados sobre las aceras para impedir que se estacionen automóviles, carteles de publicidad y cestos de basura, entre otros. 

Diseño exterior e interior inaccesible del edificio del Ministerio de Bienestar Social del Ecuador

La ley también establece que los medios de transporte deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Si bien algunos medios lo son en forma parcial, no hay ningún sistema de transporte público que responda de manera acabada a las necesidades de las personas con discapacidad. En Quito, el sistema de transporte municipal —conocido como "Trolebús"— tiene unidades y paradas accesibles. Sin embargo, el estado de las calles y las aceras así como la existencia de bordillos a menudo impiden que los usuarios de sillas de ruedas puedan llegar a las paradas con facilidad y sin ayuda. De la misma manera, las unidades del sistema municipal Ecovía son accesibles, pero la distancia que separa las rampas de acceso de las unidades dificulta el ascenso. Se hicieron adaptaciones a este sistema con el fin de que sea más accesible. La Ley de Discapacidades otorga a las personas con discapacidad que pueden acceder a los medios de transporte un descuento del 50% en la tarifa de todos los medios de locomoción terrestres. Aquellos que pueden pagar un transporte privado suelen recurrir a los servicios de vehículos privados o taxis. Las tarifas internacionales de transporte aéreo se establecen según los convenios suscritos por Ecuador.

Trolebús accesible en Quito,
Ecuador

Los dos principales obstáculos que impiden mejorar la accesibilidad de los sistemas públicos son la falta de profesionales capacitados y las limitaciones financieras. En cuanto al primero, los profesionales no tienen muchas oportunidades de capacitarse en diseño universal. Los cursos que se dictan son esporádicos y no hay datos sobre la cantidad de asistentes. En lo que respecta al segundo, aplicar la legislación sobre discapacidad implicaría una inversión que, tal como lo reconocen los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, en este momento difícilmente pueda hacerse. Incluso sin considerar los gastos necesarios en accesibilidad que exige la Ley de Discapacidades, el presupuesto del año 2004 tiene un déficit estimado de aproximadamente 1.221 millones de dólares.71

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) es el organismo gubernamental responsable de desarrollar y coordinar la política sobre discapacidad. Las organizaciones de y para personas con discapacidad participan oficialmente en el CONADIS a través de una serie de federaciones nacionales de y para personas con discapacidad, entre ellas:  

 Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, Autismo, Parálisis Cerebral y Síndrome de Down (FEPAPDEM), que tiene tres oficinas regionales, varios centros provinciales de coordinación y un centro de documentación;  

 Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), que cuenta con 30 afiliadas y provee servicios a 900 personas ciegas o con deficiencia visual;  

 Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), formada por 30 organizaciones y 2.400 afiliados;

 Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC), que agrupa a 350 afiliadas y brinda servicios a aproximadamente 1.200 personas sordas o con deficiencia auditiva, y 

 Federación de Organizaciones No Gubernamentales para las Discapacidades, que estaba integrada por 59 organizaciones. Se informa que habría dejado de funcionar.72  

71. Observatorio de Política Fiscal Nº1, Finanzas Públicas en la Democracia. Aumentos de sueldos públicos, graves consecuencias, (Quito, septiembre de 2003), http://www.pnud.org.ec/Pobreza.php.

72. CONADIS, II Plan Nacional de Discapacidades, propuesta técnica sometida a consideración (borrador provisto por Jorge Luna Maldonado, Presidente de la Federación de ONG para las Discapacidades), (Quito, noviembre de 2003).

Ecuador

202

Los presidentes de estas federaciones, que son elegidos democráticamente por sus representados, integran el Directorio del CONADIS como miembros con derecho a voto y participan en la planificación y la elaboración de las políticas relacionadas con la discapacidad, como en el caso del Plan Estratégico del Sector de las Discapacidades, 2002-2006, el II Plan Nacional de Discapacidades.73 Las federaciones desempeñaron un papel clave en la incorporación de modificaciones a la Constitución Política que hacían referencia explícita a las personas con discapacidad y sus derechos. Asimismo, ejercieron una importante influencia en la reforma de la Ley de Discapacidades del año 2001, el diseño del Reglamento General de Educación Especial y la elaboración del contenido del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Así como los representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad participan en el CONADIS, se suele convocar a mesas de diálogo para el desarrollo de la política sobre discapacidad en las que participan diversos actores. De esta manera se garantiza que todas las partes interesadas tengan la oportunidad de expresar sus opiniones sobre las políticas propuestas.74 

Como resultado de este enfoque participativo, se crearon redes como la Red para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad75  y la Red Pro Derechos y Salud Mental, creada en abril de 2001.76 A pesar de estos esfuerzos por incluir a todas las partes interesadas en el proceso de formulación de políticas, muchas personas con discapacidad aún ignoran sus derechos y los mecanismos que existen para exigir su cumplimiento. 

El I Plan Nacional de Discapacidades —que actualmente se encuentra en vigencia— se puso en marcha en 1991. El II Plan Nacional de Discapacidades para el Ecuador, que establece el plan de acción para los próximos diez años, se encuentra en proceso de aprobación. La propuesta desarrollada por el CONADIS fue presentada a los representantes provinciales del CONADIS, los presidentes de las federaciones nacionales de y para personas con discapacidad, los representantes gubernamentales de los ministerios correspondientes (Economía, Desarrollo Humano, Salud, Educación y Vivienda) y los representantes no gubernamentales vinculados al tema de la discapacidad. Del 5 al 7 de noviembre de 2003 en Quito se llevó a cabo el Taller de Consenso Final del II Plan Nacional de Discapacidades.77 Aún no se presentó el presupuesto para su aprobación. El plan debe ser ahora aprobado por el Directorio del CONADIS y el Presidente de la República.

El plan establece lineamientos estratégicos generales y estrategias específicas de acción, y se centra en tres temas principales: la prevención de la discapacidad, la atención de las personas con discapacidad y la integración social. En cada área el documento identifica los problemas más importantes, los programas que pueden resolver esos problemas y la organización o institución a cargo de la implementación de esos programas. Dado que el I Plan Nacional de Discapacidades fue un factor importante en la creación del marco jurídico actual que protege los derechos de las personas con discapacidad, se espera que este segundo documento sirva para orientar las acciones a futuro. 

73. Ibídem.

74. Gobierno de la Provincia de Pichincha, Plan General de Desarrollo Provincial 2002 – 2022, (Mesa de Concertación de Personas con Discapacidad, AH / editorial, Quito, 2002). 

75. Pilar Samaniego de García (Presidente).  

76. Hernán Chávez (Director Nacional de Salud Mental, Ministerio de Salud Pública del Ecuador), entrevistado por la autora.

77. El taller fue auspiciado por el CONADIS.

El Salvador1

Factores clave:  Durante los años ochenta, El Salvador vivió una cruenta guerra civil, que terminó en 1992 después de cobrarse la vida de unas 80.000 personas. El Salvador de la posguerra enfrenta crisis sociales, las que se manifiestan en la violencia continua y el alto nivel de desempleo.  Si bien existen algunas protecciones legales para las personas con discapacidad en El Salvador, la débil implementación de las leyes y su escaso cumplimiento, junto con la inestabilidad social y la pobreza generalizada, constituyen barreras importantes para la inclusión plena de las personas con discapacidad en la sociedad salvadoreña. 

Definición de discapacidad

Según la definición de la Ley de Equiparación de Oportunidades, discapacidad es "cualquier restricción temporal o permanente de una función psicológica, fisiológica, o anatómica que resulte de una deficiencia orgánica". 2  Debido a que la definición se centra en las deficiencias y no considera el contexto social de la discapacidad, la ley en general adopta un enfoque médico-asistencialista en lugar de uno centrado en la no discriminación y el respeto de los derechos civiles.  

Población con discapacidad

En la actualidad, no existen estadísticas sobre la población con discapacidad en El Salvador que se consideren confiables.  

Entre abril y noviembre de 2003, la Dirección General de Censos y Estadísticas, y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con discapacidad (CONAIPD), entidad reguladora que se ocupa de los temas relacionados con las personas con discapacidad, llevaron a cabo la Encuesta para Hogares de Propósitos Múltiples con el objeto de identificar a la población con alguna discapacidad en El Salvador. Hasta febrero de 2004, aún no se habían dado a conocer sus resultados.

1. Los investigadores del IDRM para la fase de prueba de El Salvador fueron Eileen Giron Batres, Directora de la Asociación de Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral (ACOGIPRI) y Julio Canizales de la Asociación Nacional de Ciegos.

2. Decreto Legislativo 888, Diario Oficial Nro. 95, Tomo 347, 24 de mayo de 2000.

El Salvador

204

El censo de 1992 es la fuente de información más reciente en materia de discapacidad. El censo registró 81.721 personas con discapacidad, menos del 1,3% de una población total de 6.048.257 habitantes.3 Los dirigentes de organizaciones del sector consideran que esta cifra no es confiable y lo expresado por Jorge Isidoro Nieto, Ministro de Trabajo, sugiere que tampoco es muy aceptada por los funcionarios del gobierno. 4  

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que las personas con discapacidad comprenden, en promedio, el 10% de la población de la región. Además, las organizaciones de personas con discapacidad causada por la guerra civil estiman que las personas con discapacidad representan un 13% de la población. 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

El marco legal y reglamentario de El Salvador abarca una variedad de protecciones para las personas con discapacidad.  Entre estas protecciones cabe mencionar la Constitución, la Ley de Equiparación de Oportunidades, una política del mismo nombre, los lineamientos de implementación de los reglamentos y los lineamientos técnicos para la Accesibilidad Urbana, Arquitectónica, de Transporte y de Comunicaciones.  

La Constitución de la República garantiza que todos los individuos son iguales ante la ley y que gozan de los mismos derechos sin importar su raza, género o religión.5  Las personas con discapacidad tienen el derecho de inmigrar y/o solicitar asilo, formar asociaciones, y, con la excepción de las personas con discapacidad intelectual, tienen el derecho de adoptar niños.  Las familias con niños con discapacidad tienen el derecho de mantenerlos y criarlos. 

La Ley de Equiparación de Oportunidades también establece que deben respetarse los derechos de las personas con discapacidad y debe ponerse en práctica el principio de igualdad de oportunidades. Esta norma se aplica a los actores gubernamentales (entidades gubernamentales, militares, etc.), a las personas físicas y a las jurídicas.  

La diferencia entre las protecciones definidas legalmente y la realidad de la vida diaria de las personas con discapacidad en el país es sustancial. En algunos casos, ha habido un retroceso legal. Por ejemplo, se ha suspendido o disminuido la pensión de las personas con discapacidad por causa del conflicto armado, debido a que se considera que algunas de ellas “ya se ha rehabilitado”. 6 

3. Dirección General de Censos y Estadísticas, Censo de Población, 1992. 

4. Jorge Isidoro Nieto, “Discapacitados serán atendidos”, El Diario de Hoy, 22 de octubre de 2003.

5. Constitución de la República de El Salvador, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/ ElSal/ElSal83.html.

6. Jesús Ávalos (miembro de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES)), entrevistado por la autora, 18 de enero de 2004. 

205 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

En El Salvador no existe una institución que trabaje específicamente para atender las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. El Salvador posee una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que atiende violaciones de los derechos de la población en general. Sin embargo, este organismo no posee una división enfocada a la discapacidad. El equipo de investigación del IDRM constató que sus instalaciones no son accesibles para personas que usan silla de ruedas. 

El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, CONAIPD y las asociaciones de personas con discapacidad informan que reciben denuncias de violaciones a los derechos de personas con discapacidad. También informan que tratan de ayudar a los afectados dentro del ámbito de competencia de sus respectivas áreas. Sin embargo, ninguna de estas organizaciones lleva registros que indiquen si el denunciante de la violación tiene alguna discapacidad, por lo que resulta difícil determinar el alcance y la frecuencia de este tipo de denuncias. 

Barreras legales

Se puede encontrar discriminación abierta en el Código Electoral y el Código Municipal. Ambos códigos prohíben a las personas ciegas, sordas y con discapacidad intelectual inscribirse para ser elegidos como miembros de los Concejos Municipales.7

Anuncio del servicio público que promueve la igualdad de derechos de las personas con discapacidad

7. Decreto 417, Código Electoral, http://www.georgetown.edu/pdba/Electoral/ ElSal/code92.html; Decreto 1133, Código Municipal (sancionado en 1986 y reformado en enero de 2003). 

El Salvador

206

Participación ciudadana

En El Salvador, las personas con discapacidad tienen el derecho al voto, pero la falta de accesibilidad de los lugares de votación es una barrera para ejercer este derecho.  

Miembros de la Asociación de Grupo Independiente Pro Rehabilitación Integral (ACOGIPRI) en la inauguración de su nuevo centro en 2004

Inclusión

Comunicación

El gobierno no ofrece una versión en Braille de la Constitución. La Biblioteca Nacional sí tiene algunos materiales en Braille pero están desactualizados. La última compra de libros en formatos alternativos que realizó el Estado fue en 1992.  Desde ese entonces, las donaciones de libros en formatos alternativos de otras fuentes han totalizado veinte títulos. 8

En general, las noticias nacionales no son subtituladas para los televidentes con discapacidad auditiva. En la campaña electoral para las elecciones presidenciales de marzo de 2004, por primera vez se transmitió la información del Tribunal Supremo Electoral en Lenguaje de Señas Salvadoreño y también se incluyó a personas con discapacidad física en la publicidad televisiva.

8. Juan Mariano Velázques Coronado.

Educación

Una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud reveló que el 7,1% de la población de niños entre los 0-5 años de edad y el 14,2% de los niños entre los 6-16 años de edad tienen alguna discapacidad.9 Estos niños, al igual que muchas otras personas del sector, tienen niveles educativos muy bajos.  Según lo informado por el Ministerio de Trabajo, entre la población con discapacidad "sólo el 23% ha cursado de primer a tercer grado, un 15% de cuarto a sexto, un 8 % de séptimo a noveno y un 5% termina su educación media; sólo un 3% asiste a la Universidad y un 0,6 % recibe formación técnica".10

Los servicios de educación especial se concentran en las grandes ciudades o en las cabeceras departamentales. El Ministerio de Educación tiene a su cargo un Centro de Bienestar Infantil en San Salvador, que trabaja para detectar y diagnosticar enfermedades o discapacidades en los niños. Además, el ministerio tiene un programa de salud infantil que incluye la detección temprana de la discapacidad y brinda servicios de derivación para niños. 

Entre otros servicios de educación especial cabe mencionar un centro de rehabilitación y una escuela diurna que enseña Braille a personas ciegas. El Ministerio de Educación tiene a su cargo una escuela para niños sordos (grados 1ro. a 9no.), en la cual los maestros imparten enseñanza utilizando el lenguaje salvadoreño de señas. 

También existen algunos ejemplos de educación inclusiva. Hay "aulas de apoyo" donde los maestros ayudan a los niños con discapacidades de aprendizaje en un ambiente de aula integrado. A partir de enero de 2004, el Ministerio de Educación implementará el programa de atención sistemática para niños ciegos y de baja visión. En otras instancias, las personas con discapacidad pueden estudiar en escuelas regulares aun cuando no se haya tomado alguna medida en particular para asegurar su plena participación.  

Las normas sobre Accesibilidad Urbana, Arquitectónica, de Transporte y de Comunicaciones abordan la necesidad de que se introduzcan modificaciones curriculares con el fin de facilitar la integración de los alumnos con discapacidad en las escuelas comunes.11 Sin embargo, las escuelas no cumplen totalmente con estas normas. Además, sólo un pequeño grupo de educadores regulares cuenta con conocimientos sobre la educación de personas con discapacidad.

La Fundación para la Educación Especial (FUNPRES) ha publicado los resultados de una investigación efectuada en 2002 sobre el abuso físico en el sistema de Educación Especial.

9. CONAIPD, Política nacional de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, 2000.

10. Jorge Isidoro Nieto, entrevistado por la autora, El Diario de Hoy, 22 de octubre de 2003, 64.

11. CONAIPD, Normas de Accesibilidad Arquitectónica, Urbana y de Comunicaciones, febrero de 2003. 

El Salvador

208

Empleo

No existen datos sobre la tasa de desempleo de las personas con discapacidad; no obstante ello, cabe destacar que el desempleo es un problema grave en El Salvador. La población en edad de trabajar es de 4.492.837 habitantes, lo que equivale a alrededor del 75% de la población total del país. Sin embargo, la población económicamente activa sólo alcanza el 53,48%, del cual el 61% son hombres. La tasa de desempleo entre la población económicamente activa es del 22,10%.12

La Constitución de El Salvador protege el derecho al trabajo de todas las personas y dispone que:  

El trabajo es una función social, protegida por el Estado, y no se considera artículo de comercio.

El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual y para asegurar a él y su familia las condiciones económicas de una existencia digna para el/ella y su familia. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales, o sociales.13

Además de la Constitución, la Ley de Equiparación de Oportunidades consagra protecciones del trabajo a favor de las personas con discapacidad.  En virtud de esta ley, un empleador con más de 25 empleados deberá contratar a una persona con discapacidad. 14  Existen datos anecdóticos que sugieren que la definición de discapacidad permite formular diversas interpretaciones, sobre todo jurídicas, y que la norma no se aplica de manera uniforme.

En El Salvador, el sector que con mayor frecuencia emplea a personas con discapacidad es la industria de la maquila, que consiste en el ensamblaje de diversos productos o artículos. Sin embargo, no existe una política de empleo dirigida hacia el sector.   

12. Fusades, Informe Coyuntural Trimestral, septiembre de 2003.

13 Constitución de la República de El Salvador, art. 37.

14 Decreto Legislativo 888, art. 24. 

209 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Existen algunos programas de capacitación y colocación de empleo, financiados a través del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.  En fecha reciente, la Fundación para las Américas financió un programa de entrenamiento en tecnologías. La Fundación para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina (FOAL-ONCE) apoyaron otros proyectos. Varias organizaciones de personas con discapacidad tienen centros de trabajo y programas de formación profesional sin certificación oficial. Dichos centros son autofinanciados y con frecuencia emplean voluntarios.

La mayoría de los puestos de trabajo a los que se accede a través de estos programas no ofrecen beneficios o seguridad social. Sin embargo, algunos de los programas de capacitación han tenido suficiente éxito para empezar a crear conciencia entre el gobierno y el sector privado acerca de la capacidad productiva de las personas con discapacidad. 

Anuncios de programas de formación profesional para personas con discapacidad en El Salvador

El Salvador

210

Servicios de salud

La Ley de Equiparación de Oportunidades (Decreto Legislativo Nro. 888) hace poca referencia al acceso general a los servicios de salud. Un Código de Salud relativamente nuevo menciona a las personas con discapacidad, pero sólo en relación con el Instituto Salvadoreño para la Rehabilitación de Inválidos, al que define como el ente regulador para la rehabilitación física.15

En general, las personas con discapacidad reciben atención médica a través de la infraestructura médica utilizada por la población en general. Hay algunos servicios especializados disponibles, por ejemplo una clínica geriátrica dentro del Instituto Salvadoreño para la Rehabilitación de Inválidos, que brinda servicios a las personas con discapacidad que viven cerca del Instituto. 

El gobierno financia los servicios de rehabilitación existentes dentro del sistema hospitalario nacional. El usuario debe pagar una pequeña cuota por las sesiones de terapia. Sin embargo, la cuota sumada a los costos de transporte pueden ser un obstáculo para que las personas busquen tratamiento.  

Un programa trienal de Rehabilitación Basada en la Comunidad, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud, finalizó en febrero de 2003. Sin embargo, sus resultados, hasta febrero de 2004, no se habían publicado. 

El Instituto del Seguro Social entrena a los médicos sobre la provisión de servicios a las personas con discapacidad en el contexto de distintas especialidades. Se ha brindado capacitación en el área de oftalmología y ortopédica, entre otras. En la actualidad, El Salvador cuenta con un programa de medicina física y rehabilitación, pero la capacitación no se centra en las discapacidades. Los promotores rurales de salud, sin embargo, sí reciben capacitación en la atención de personas con discapacidad.

Vivienda

Las personas con discapacidad pueden acceder a la vivienda pública; no obstante ello, las viviendas provistas son casas muy pequeñas construidas con un diseño idéntico y no accesible. El Fondo Social para la Vivienda, una entidad gubernamental, informa que no se ofrecen viviendas accesibles.16

El equipo de investigación del IDRM determinó que existen pocas instituciones que brindan servicios de vivienda a las personas con discapacidad en El Salvador. Las instituciones mejores equipadas son las administradas por organizaciones no gubernamentales. Una asociación de vivienda en San Salvador ha desarrollado un programa de vivienda autosostenible dirigido a personas con discapacidad, en el cual el edificio es accesible y cada persona que vive en él paga su alquiler.

15 Decreto 955, Código de Salud, http://www.mspas.gob.sv/ley_salud8.htm.

16. Entrevista con un representante del Fondo Social para la Vivienda.

211 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

No se identificó ningún centro de vida independiente. Las organizaciones del sector, en general, ofrecen servicios de apoyo en lugar de orientación a personas con discapacidad por otras pertenecientes a su colectivo.  Según lo informado por los dirigentes de estas organizaciones, la falta de un enfoque programático deriva del escaso financiamiento y la poca capacitación en el diseño y gestión de proyectos. Las instituciones trabajan sin apoyo estatal y dependen completamente del trabajo voluntario de sus asociados. 

Institucionalización

Se identificaron cuatro instituciones que trabajan con la misión específica y exclusiva de brindar albergue y cuidados a largo plazo a las personas con discapacidad. En el cuadro 1 se brinda información sobre estas instituciones.

Cuadro 1: Instituciones que ofrecen alojamiento y cuidados a largo plazo en El Salvador

Organización/Institución
Número de Residentes
Servicios
Hogar del Padre Vito Guaratto
134
Orientación psicológica, educación/entrenamiento
Hogar de Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo
145
Orientación psicológica, servicios de rehabilitación, educación/entrenamiento
Hospital Psiquiátrico Nacional
336
Orientación psicológica, psiquiátrica, educación/entrenamiento
Hogar Villas Infantiles  
112
Orientación psicológica, servicios de rehabilitación, Orientación educativa, servicios de rehabilitación, servicios de cuidados intensivos, educación/entrenamiento

Las personas con discapacidad ingresan a estas instituciones en diversas circunstancias. 

En algunos casos, las personas con discapacidad son ingresadas a estas instituciones en contra de su voluntad.  Por ejemplo, esto puede ocurrir cuando se detiene a un individuo y un Juzgado Familiar lo envía a la institución.  En otros casos, los familiares pueden llevar al individuo a la institución porque se lo considera peligroso para el resto de la familia. En todas las instancias, se requiere que un psiquiatra lleve a cabo una evaluación de la persona para la admisión.  

Otros criterios de admisión se refieren a niños que son huérfanos o que fueron abandonados por la familia.  Por ejemplo, en el caso del Hogar Callejas Montalvo, la mayoría de los niños residentes proviene de familias de bajos ingresos, que viven lejos del centro de la ciudad. Con frecuencia, los niños son admitidos porque a su familia les resulta más fácil que se queden en el hogar los días de semana.17

No se identificó mecanismo alguno para denunciar casos de abuso o muerte en las instituciones.

17. Betida Menjívar (Hogar Callejas Montalvo), entrevistada por la autora.

El Salvador

212

Accesibilidad

En febrero de 2003, el gobierno aprobó los lineamientos técnicos sobre la accesibilidad de la arquitectura, infraestructura y comunicaciones.18

Estos lineamientos complementan las disposiciones de la Ley de Equiparación de Oportunidades. Sin embargo, no tienen carácter retroactivo y sólo se aplican a los edificios nuevos. En virtud de estos mandatos, el Ministerio de Educación, por ejemplo, no está obligado a brindar accesibilidad a las personas con discapacidad en las escuelas ya existentes y, por ello, no se adaptan los edificios. Además, el nivel de cumplimiento de las normas es escaso. El equipo de investigación constató que por lo menos algunas escuelas construidas después de la aprobación de esta política de accesibilidad no son del todo accesibles.

En la actualidad, las universidades de El Salvador no ofrecen cursos en ingeniería y accesibilidad, y no se utiliza el concepto de diseño universal.  El equipo de investigación corroboró que las instalaciones de las sedes universitarias son en su mayoría inaccesibles. Más aún, se informó que algunas universidades evidencian una falta de interés en adaptar sus instalaciones.  A modo de ejemplo, una fuente mencionó el caso de una estudiante de la Universidad Panamericana. Esta estudiante, que usa silla de ruedas, pidió que le impartieran su cátedra en la planta baja pero su pedido fue denegado.19

Con respecto al transporte público, el sistema es inaccesible para los usuarios de sillas de ruedas y, en general, la calidad del servicio es deficiente. El gobierno central intentó reglamentar el transporte para que sea más eficiente; sin embargo, estos intentos no dieron resultados satisfactorios. 

El diseño urbano de El Salvador no facilita el movimiento de los usuarios de sillas de ruedas y demás personas con discapacidad motriz. Las avenidas más importantes de la ciudad tienen obstáculos, los puentes peatonales son inaccesibles y en la zona central, los vendedores ambulantes usan las aceras para sus ventas, bloqueando el acceso a las personas con discapacidad motriz. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Ya que una gran cantidad de personas sufrió lesiones de variada índole como consecuencia del conflicto armado en El Salvador, el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad empezó a recibir atención tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.  Los participantes en los Acuerdos de Paz fueron el gobierno, observadores internacionales y miembros de la antigua guerrilla salvadoreña. Los Acuerdos de Paz crearon un fondo para los lisiados de guerra y planificaron derechos de pensión, reinserción laboral, servicios de salud y apoyo protésico/ortésico para los amputados.20  Menos del 40% de los miembros del ente que regula este fondo son personas con discapacidad.  Aun cuando las protecciones sociales brindadas a los veteranos de guerra no han sido extendidas a la población con discapacidad en su totalidad, la inclusión de las personas con discapacidad por causa de guerra en los Acuerdos de Paz contribuyó a hacer visibles los temas de discapacidad. 

18. Normas de Accesibilidad Arquitectónica, Urbana y de Comunicaciones, febrero de 2003.

19.Ana Elia Sánchez (estudiante de Educación Especial de la UCA), entrevistada por la autora, 17 de marzo de 2004. 

20. Acuerdos de Paz, http://www.casapres.gob.sv/acuer8.htm. 

213 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

En los años noventa, en el marco de los tratados y convenios internacionales, en particular las Normas Uniformes de las Naciones Unidas, se creó un consejo centroamericano con el objeto de abordar los problemas que afectaban a los niños con discapacidad. A través de una iniciativa de la Primera Dama de El Salvador, el consejo pasó a denominarse "Consejo Nacional de Atención Integral de la Persona con Discapacidad" (CONAIPD).21  

Esta organización coordinadora nacional es la responsable de desarrollar la política sobre discapacidad. CONAIPD tiene injerencia en las siguientes áreas: prevención de la discapacidad, acceso a servicios de salud y rehabilitación, colocación de empleo, acceso e integración al sistema educativo para las personas con discapacidad e integración social y vida autónoma. Los principios fundamentales que guían a CONAIPD son: 

• La integración de las personas con discapacidad, 

• La promoción de igualdad de oportunidades y

• La promoción de la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad.22

CONAIPD está compuesto de 16 concejales, de los cuales 4 son personas con discapacidad. Los miembros se reúnen una vez por mes y discuten el desarrollo de las actividades del plan de trabajo de cuatro años. También procuran resolver las inquietudes de las organizaciones de y para personas con discapacidad. El consejo trata principalmente temas regulatorios públicos. Tiene varias comisiones de trabajo, en las cuales participan representantes de varias organizaciones. 

21. Decreto Legislativo 111, Diario Oficial Nro. 226, Tomo 321, 6 de diciembre de 1993.

22. Ibídem..

GUATEMALA 

Factores clave: La firma de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996 puso fin a más de tres décadas de conflicto armado interno. Uno de los Acuerdos obliga al gobierno a brindar atención prioritaria a aquellas personas que tienen alguna discapacidad como consecuencia del conflicto armado. Este acuerdo desencadenó una movilización masiva de las personas con discapacidad que habían formado parte del Ejército y dio mayor visibilidad a la población con discapacidad. Sin embargo, la discriminación continúa siendo uno de los principales factores que impiden el acceso de las personas con discapacidad al empleo, la atención médica y la educación, lo cual trae aparejado la marginación y la exclusión social. 

Terminología

La Constitución Política de Guatemala utiliza el término "minusválidos". 

Definición de discapacidad

En términos generales, las definiciones de discapacidad más conocidas y utilizadas en documentos oficiales, censos y políticas nacionales se derivan de la definición de discapacidad propuesta por la Organización Mundial de la Salud en su clasificador CIF. Las siguientes definiciones han sido tomadas de varios de los documentos más importantes citados en este informe:

Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial, congénita o adquirida, que limite substancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. (Decreto Legislativo 135-96 del Congreso de la República. Ley de Atención a las Personas con Discapacidad: Artículo 3. Guatemala. Publicado el 9 de enero de 1997 en el Diario de Centroamérica.)

Discapacidad: significa cualquier deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno físico, económico o social. (Política y Normativa de Acceso a la Educación para la Población con Necesidades Educativas Especiales. Ministerio de Educación. Aún no publicada.)

DISCAPACIDAD: Dificultad que tienen algunas personas para oír, ver, hablar, aprender y moverse como las demás, ya sea por nacimiento, enfermedad o accidente. (Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional XI de Población y VI de Habitación. Guatemala, 2002.)

En el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), dos de sus programas utilizan diferentes definiciones de discapacidad. El Programa de Invalidez, Vejez y Supervivencia (IVS) del IGSS define la discapacidad únicamente en términos de deficiencia y utiliza unidades pecuniarias para conceptualizarla. Valora al ser humano en función de sus diversos segmentos corporales. De acuerdo con esta valoración, se hace un cálculo de los segmentos corporales "perdidos" a fin de determinar una pensión.1 

En cambio, la Unidad de Rehabilitación del IGSS valora la discapacidad desde un punto de vista funcional. Si bien ambos programas pertenecen a la misma institución, la Unidad de Rehabilitación apoya la rehabilitación integral de las personas con discapacidad y, en consecuencia, aplica criterios de valoración que son distintos de los del programa IVS.2

En general, en Guatemala aún prevalece un modelo médico rehabilitador de la discapacidad, por lo que las leyes, las políticas y los programas aún se diseñan con el objeto de atender las necesidades de las personas con discapacidad de manera segregada y especial.

Población con discapacidad

Los esfuerzos realizados para caracterizar de manera confiable a las personas con discapacidad en Guatemala han sido mínimos.  A pesar de que se las ha incluido de una u otra manera en los últimos tres censos nacionales, la información obtenida ha sido muy variable y muy discrepante entre sí. 

El Censo Nacional de Población de 1994 identificó una población total de 8.331.874 habitantes, de los cuales 59.841, el 0,72%, tenían algún tipo de discapacidad.3 El último censo nacional llevado a cabo en noviembre de 2002 identificó una población total de 11.237.126 habitantes, de los cuales un 53,9% vive en áreas rurales.4 Dicho censo incluyó una pregunta única en la sección de "hogar" con el objeto de determinar la residencia o no de por lo menos una persona con discapacidad en ese hogar. El censo registró un total de 2.200.608 hogares, de los cuales 135.482, el 6,2% del total, indicaron que había al menos una persona con discapacidad. De estos hogares, el 53,8% se encuentra en el área rural. Las discapacidades identificadas en los diversos hogares se ordenan por casos registrados: visual, auditiva, discapacidad en extremidades inferiores, discapacidad en extremidades superiores, mental y otras.  

Los datos censales, sin embargo, no proporcionan información suficiente para determinar con exactitud el número de personas con discapacidad en el país. Dado que la incidencia de la discapacidad en cada hogar es variable, no es posible proyectar el porcentaje de hogares como el porcentaje de personas con alguna discapacidad. 

Algunas instituciones nacionales, en lugar de aplicar las estimaciones derivadas del censo en Guatemala, utilizan las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad (CONADI), por ejemplo, informa que en Guatemala alrededor del 12% de la población total tiene algún tipo de discapacidad.5 En el IGSS se utiliza la estimación de la OMS que establece que las personas con discapacidad representan, en promedio, el 10% de la población mundial.6

A pesar de la falta de datos cuantitativos confiables referentes a la población con discapacidad en Guatemala, existe consenso general entre las personas consultadas por el IDRM en cuanto a que en los últimos cinco años hubo un aumento de la población con discapacidad. Las causas citadas son el aumento en la violencia a todo nivel -incluidos los delitos violentos y la violencia doméstica-, una mayor identificación y detección temprana de las deficiencias, la carencia y la mala calidad de los servicios de salud materno-infantil y la pobreza. Si bien no contribuyen con los recientes aumentos, las lesiones sufridas durante el conflicto armado interno constituyen otra causa principal de discapacidad en la población guatemalteca.  

Asimismo, la Unidad de Rehabilitación del IGSS informó un cambio en las principales causas de la discapacidad inducida por traumas. Se ha observado una mayor incidencia de discapacidad debido a traumas violentos en contraste con lo que ocurría hace diez años, cuando muchos casos de discapacidad se atribuían a accidentes de tipo agrícola.7

Legislación y derechos de las personas con discapacidad 

Protecciones legales

Los derechos de las personas con discapacidad están garantizados por un conjunto de tratados y convenciones internacionales a los que Guatemala adhirió. Entre estos instrumentos se encuentran las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la Declaración de Managua y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, Guatemala ratificó el Convenio Nº 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas) el 5 de abril de 1994.8 

El 8 de agosto de 2002, Guatemala ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y depositó el instrumento pertinente el 28 de enero de 2003.9 Asimismo, Guatemala ratificó el Protocolo de San Salvador, que trata sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y tiene un capítulo específico sobre los derechos de las personas con discapacidad. El instrumento de ratificación fue depositado el 5 de octubre de 2000.10 No ha habido todavía un pronunciamiento oficial en el que el gobierno haya manifestado su apoyo a la elaboración de una convención internacional que proteja los derechos de las personas con discapacidad. 

Aunque el gobierno de Guatemala apoya y suscribe todos los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, aún no ha procedido a aplicarlos de manera eficaz. 

Asimismo, Guatemala cuenta con algunos instrumentos jurídicos de protección de los derechos de las personas con discapacidad. La Constitución Política de la República, en su artículo 53, establece que "el Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales."11 Además, declara de interés nacional su atención médico-social así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación a la sociedad.   

El Decreto Legislativo 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, fue aprobado por el Congreso en 1996.12 Esta norma, que fue aprobada y promulgada durante la firma de los Acuerdos de Paz, amplía las garantías que otorga la Constitución y garantiza a la población con discapacidad el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad contempla los temas de salud, educación, trabajo, accesibilidad al espacio físico y medios de transporte, a la información y comunicación, cultura y deportes.  Se tomó como modelo para la redacción del decreto a las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Naciones Unidas. 

El Decreto Legislativo 135-96 no establece ninguna sanción por incumplimiento. Se ha intentado llenar este vacío legal a través de varias iniciativas de reformas; sin embargo, ninguna de ellas ha prosperado hasta la fecha. Por otro lado, el Decreto Legislativo no cuenta aún con un reglamento, indispensable para su aplicación. A pesar de que el decreto entró en vigencia varios años antes de la redacción de este informe, la elaboración y la aprobación de su correspondiente reglamento aún no se han concretado. En términos generales, son pocas las personas que conocen los contenidos de esta norma y su cumplimiento es prácticamente nulo.

Otras leyes nacionales son la Ley del Seguro Social y la Ley de Protección Integral a la Niñez y Juventud, que incluye un capítulo específico sobre los niños y jóvenes con discapacidad.13  Esta última constituye la base de la política pública de Guatemala en materia de protección de la niñez y la juventud.

Lejos de adoptar un enfoque orientado a la protección de los derechos, el gobierno ha adoptado una postura institucional muy tradicional respecto de la discapacidad, caracterizada por el asistencialismo y una visión de caridad/beneficencia. Los diferentes programas desarrollados por los ministerios y las secretarías presidenciales tienen este modelo como el inspirador de su diseño.

Aún se cometen graves violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad, principalmente debido a la marginación, la exclusión y la discriminación. Las instituciones de protección y defensa de los derechos humanos que no se dedican a promover los derechos de las personas con discapacidad ofrecen un apoyo inadecuado a este sector de la población. 

La creación de oficinas especialmente dedicadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad constituye un claro ejemplo de los desafíos que deben enfrentar las organizaciones de derechos humanos en general. Por ejemplo, en junio de 2003 se creó una Defensoría de las Personas con Discapacidad dentro de la Procuraduría de los Derechos Humanos como unidad de trabajo específicamente dedicada a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. De igual manera, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), una organización no gubernamental que se ha dedicado por casi una década a la denuncia de serias violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo de Guatemala, ha incluido dentro de sus líneas de trabajo un Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad. Este último ha iniciado desde hace algunos años un trabajo muy positivo en el acompañamiento de casos específicos de violaciones de los derechos de las personas con discapacidad y ha tenido un papel fundamental en la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones de las personas con discapacidad y en la incidencia política. 

Son muy pocos los casos documentados de denuncias hechas por violaciones de los derechos de las personas con discapacidad que han llegado a términos positivos.14 

Barreras legales

Dentro de la legislación nacional existen barreras que limitan o impiden la participación de las personas con discapacidad en diferentes actividades en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad. Una barrera importante se encuentra en el artículo 13 del Código Civil, que establece que toda persona ciega o sorda congénita o que haya adquirido la discapacidad en la infancia es declarada civilmente incapaz, lo que implica la anulación del ejercicio de sus derechos civiles.15 Por ejemplo, el ejercicio del notariado está prohibido a los civilmente incapaces. Otros derechos anulados por esta disposición son el derecho al sufragio universal, el derecho a elegir, el derecho a ser electo y el derecho a la libre asociación. Con todo, estos derechos están garantizados por la Constitución Política. Además, las personas con discapacidad sensorial quedan inhabilitadas para ser testigos en determinados actos o para actuar de manera independiente en el acto testamentario.16

El mecanismo de declaratoria del estado de interdicción tiene la característica de servir para nombrar, aun contra la voluntad de la persona, un representante. El Código Civil establece que la representación podrá ser otorgada al padre, a la madre, a los representantes, a los tutores de los menores o a los curadores de adultos incapaces. El representante oficial estará autorizado por un tribunal para llevar a cabo actos judiciales en nombre de la persona declarada incapaz. Una vez que una persona con discapacidad ha sido declarada "incapaz", quedará supeditada a lo actuado por su representante.   

Teóricamente, los representantes se nombran para velar por los derechos de sus representados. Sin embargo, dicha representación les impide ejercer per se sus derechos. 

Muchas personas con discapacidad de origen psiquiátrico y las personas con discapacidades mentales/intelectuales severas suelen ser internadas en instituciones tras haber sido abandonadas y remitidas por orden de juez competente. Son declaradas civilmente incapaces y, a menudo, sometidas a tratamientos médicos, y en algunos casos, psiquiátricos, sin que tengan derecho a rechazarlos. Más aún, algunas de estas instituciones, especialmente las de salud mental, carecen de condiciones físicas y de higiene adecuadas, y no cuentan con recursos humanos suficientes y de calidad para ofrecer una atención digna y apropiada.17  

Participación ciudadana

No existen prohibiciones legales, a excepción de aquéllas establecidas en el Código Civil, que impidan a las personas con discapacidad ejercer el sufragio universal. Sin embargo, en la práctica existen serias limitaciones que obstaculizan el ejercicio de los derechos civiles por parte de las personas con discapacidad. 

En primer lugar, la información sobre el proceso electoral, los candidatos y sus plataformas políticas no son accesibles. Los mensajes de campaña transmitidos por medios televisados no cuentan con subtitulado o interpretación en lengua de señas. En segundo lugar, la información que se publica en los medios escritos tampoco se produce en formatos alternativos para las personas con discapacidades visuales o de lectura. 

La accesibilidad física en los centros de votación presenta otro desafío. Si bien no existen datos oficiales en este sentido, una encuesta informal realizada en los centros de votación en las últimas elecciones generales llevadas a cabo en Guatemala demostró que la accesibilidad fue una barrera importante en el proceso electoral.18

Inclusión

Comunicación

El Decreto Legislativo 135-96 dispone el acceso de las personas con discapacidad a la información y la comunicación en cuatro áreas diferentes: la provisión en formatos alternativos de toda información en materia de discapacidad que se emita desde las instituciones públicas, el subtitulado o la interpretación en lengua de señas de los programas informativos que se transmitan por televisión, la accesibilidad a los servicios de telefonía tanto pública como privada y la provisión de información accesible en bibliotecas.  

No obstante, no existe un sistema nacional de información o una red de comunicación específica para las personas con discapacidad. Toda la información oficial se difunde a través de los medios masivos de comunicación sin tomar en consideración la necesidad de transmitirla en formatos alternativos.19

Los formatos alternativos de información, tales como materiales en sistema Braille, textos grabados en audio, formatos electrónicos, interpretación de lengua de señas y subtitulado en televisión, entre otros, son prácticamente inexistentes. Los pocos recursos disponibles son proporcionados por instituciones privadas de carácter benéfico. La unidad de Biblioteca Braille de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, es mantenida por el Comité Prociegos y Sordos de Guatemala, una institución privada que es la única en el país que presta servicios a las personas con discapacidades sensoriales. También es la única institución que ofrece acceso a computadoras para los usuarios ciegos. Por ser de carácter privado, su cobertura es limitada y está restringida principalmente a la ciudad capital.20 

En general, las personas con discapacidad que requieren de comunicación e información accesibles deben obtener esos servicios por su propia cuenta. Las personas ciegas que necesitan material informativo -estudiantes y profesionales, por ejemplo- suelen recurrir a organizaciones privadas de apoyo para obtenerlo y en general deben pagar por los servicios que utilizan. De la misma manera, las personas sordas normalmente deben contratar a un intérprete de lengua de señas en forma particular. Ni siquiera las instituciones rectoras en materia de discapacidad cuentan con un intérprete de lengua de señas para las personas sordas que requieren de este tipo de asistencia. 

Educación

No existen registros ni datos sobre la cantidad de niños con discapacidad en el sistema educativo. Los registros oficiales del Ministerio de Educación no incluyen a la población con discapacidad. 

La educación para personas con discapacidad en Guatemala se puede dividir en dos grandes categorías: las escuelas públicas del sistema educativo nacional y las instituciones educativas privadas. 

El sistema educativo para las personas con discapacidad se caracteriza por ser segregado. A nivel local, predominan las instituciones de "educación especial" para niños con discapacidades físicas, visuales y auditivas, y principalmente, para niños con discapacidades intelectuales. Sólo unos pocos niños o niñas han sido integrados al sistema educativo regular y en todos los casos esto se ha logrado por esfuerzos individuales.21
En el sistema educativo nacional, el Ministerio de Educación tiene una unidad de educación especial denominada Dirección de Educación Especial, cuyo principal objetivo es promover la Política y Normativa de Acceso a la Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales.22 Aunque la política aún no fue publicada, establece las normas relativas a las condiciones de accesibilidad que deben crearse para que las personas con necesidades educativas especiales puedan integrarse a la educación regular e inclusiva. Si bien la mencionada política establece los requisitos de accesibilidad en todos los aspectos, no prevé que las escuelas y los centros educativos del sistema nacional deban ser físicamente accesibles. El sistema educativo nacional no cuenta con los recursos humanos, técnicos ni materiales suficientes para cumplir con esta normativa. 

El sistema educativo nacional tiene alrededor de una decena de escuelas que integran a niños con discapacidades intelectuales. Los docentes con alguna formación en educación especial han sido una fuente importante de apoyo para este proyecto.  No existe ningún programa en el sistema educativo nacional orientado a la detección temprana de la discapacidad.

El pénsum o plan de estudios del magisterio nacional no incluye la capacitación en educación especial.  La especialización docente en educación especial se obtiene a través de un técnico universitario o a través de diplomados impartidos de manera privada, como la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED), una de las principales proveedoras de este tipo de formación.23  

Otras especialidades que pueden obtener los docentes a nivel universitario son en terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, educación para niños con problemas auditivos y educación para niños con problemas de aprendizaje24.

Los cursos que se dictan en los centros de educación media y superior no incluyen materias relacionadas con las políticas de discapacidad o los derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad, se está debatiendo la posibilidad de incluir el tema de la discapacidad en el pénsum de estudios de una de las maestrías en derechos humanos en una de las universidades privadas de Guatemala.25 

Empleo

El Capítulo 5 del Decreto Legislativo 135-96 establece el derecho a un empleo digno en igualdad de condiciones. Este decreto contempla desde la no discriminación durante el proceso de solicitud de un empleo hasta la adaptación del lugar de trabajo y la provisión de ayudas técnicas. Dado que no contempla sanciones por incumplimiento, la realidad del empleo de las personas con discapacidad es todavía precaria. 
No se cuenta con datos confiables sobre la cantidad de personas con discapacidad actualmente empleadas. Todos los censos y encuestas nacionales que se realizaron hasta la fecha no proporcionan datos sobre el empleo. Según el director del CONADI, el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran actualmente empleadas es muy bajo, quizás el 2%.26  Es probable que la mayoría de las personas con discapacidad que tienen un empleo estén trabajando en condiciones informales.   

En términos generales, las personas con discapacidad deben enfrentarse con una variedad de barreras para poder acceder a un empleo: el rechazo social, la discriminación por parte de los empleadores, la carencia de transporte accesible, lugares de trabajo inaccesibles, la falta de formación y capacitación laboral, la inexistencia de programas de inserción laboral y la escasa cantidad de programas de adaptación profesional que ofrecen ayudas técnicas. 

Un obstáculo importante que enfrentan a menudo las personas con discapacidad es la falta de capacitación laboral. Aunque algunas instituciones privadas ofrecen programas de capacitación laboral, no existe ninguna normativa o política gubernamental que contemple la necesidad de la capacitación y competencia laboral de las personas con discapacidad. La cantidad de personas que realmente reciben capacitación es mínima y logran hacerlo en oficios manuales solamente.27 

Tampoco hay programas eficaces de inserción laboral de personas con discapacidad. Existen casos de colocación laboral, aunque se trata de colocaciones esporádicas individuales, y no forman parte de un programa de colocación laboral real llevado a cabo por instituciones públicas o privadas. Además, estos programas tienen lugar principalmente en la ciudad capital.28  

En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se creó una Unidad de Empleo al Trabajador con Discapacidad, la cual se dedica principalmente a ofrecer microcréditos para la creación de microempresas. Los créditos se otorgan a través de un fondo rotatorio proporcionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional.29 El programa se creó con el objeto de beneficiar al grupo de personas con discapacidad a causa del conflicto armado. Sin embargo, el programa se ha ampliado y actualmente ha incorporado personas con discapacidad por causas diferentes.

Servicios de salud

Al igual que en el tema de la educación, los servicios de salud pueden clasificarse en dos grandes categorías: públicos y privados. La mayoría de los servicios de rehabilitación y otros servicios especializados para personas con discapacidad son prestados por instituciones privadas. Las especialidades en salud dirigidas a la atención de personas con discapacidad, tales como oftalmología, otorrinolaringología, neurología y fisiatría, pueden obtenerse en centros privados. 

En el sistema de salud del Ministerio de Salud y Asistencia Social, existen tres centros especializados: el Centro Infantil de Infectología, el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación Jorge von Ann y la Unidad de Rehabilitación del Hospital Roosevelt. En el Ministerio de Salud también existe un programa, DISPAM/PRADIS, que es financiado por la Secretaría Presidencial de la Paz y que fue creado como consecuencia de la firma de los Acuerdos de Paz.30 El programa DISPAM/PRADIS está dirigido específicamente a la atención de personas con discapacidad a causa del conflicto armado y tiene varios componentes: salud, rehabilitación e inserción laboral por medio de microempresas.

Dentro del sistema de salud proporcionado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IESS) también existe una unidad de rehabilitación que ofrece servicios de terapia física, fisiatría y terapia ocupacional. El IGSS también tiene contemplado dentro de sus servicios la provisión de ayudas técnicas a sus afiliados tales como sillas de ruedas, prótesis y órtesis, verticalizadores y muletas.31 Dado que el sistema de Seguridad Social sólo brinda cobertura a aquellos que trabajan en relación de dependencia, la Unidad de Rehabilitación del IGSS sólo asiste a los trabajadores económicamente activos que adquieren una discapacidad física. Por lo tanto, la Unidad de Rehabilitación del IGSS cubre aproximadamente sólo el 20% de la demanda de ayudas técnicas.32 

Otras entidades que proporcionan medios auxiliares son el Comité Prociegos y Sordos, y la Fundación Probienestar del Minusválido (FUNDABIEM). La Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) ha hecho algunas donaciones de sillas de ruedas. Asimismo, algunos otros programas han funcionado con la Cruz Roja y otras entidades privadas.33

La mayoría de las instituciones que prestan atención médica a las personas con discapacidad se encuentran ubicadas en la capital y sólo unas pocas están en las principales ciudades del país. Las personas que requieren de estos servicios y residen en las áreas rurales deben recorrer grandes distancias, generalmente hasta la ciudad capital, para recibir atención.

Los profesionales de la salud pueden capacitarse en ciertas especialidades en la atención de personas con discapacidad. En la Unidad de Rehabilitación del IGSS se imparte la especialización en fisiatría, mientras que en la universidad nacional se imparten especializaciones en oftalmología, terapia física, terapia del lenguaje y terapia ocupacional. 34 

El entrenamiento y capacitación de los profesionales de la salud en la prestación de servicios para personas con discapacidad no se centra en las necesidades sociales de este sector de la población sino que hace mucho hincapié en los aspectos biológicos y médicos. Si bien ha habido varios intentos de cambiar este enfoque centrado en lo fisiológico, muchas personas con discapacidad aún manifiestan su inconformidad con el personal médico ya que las barreras profesionales limitan su participación en el proceso de rehabilitación integral.

Vivienda

En Guatemala, no existen programas de vivienda para personas con discapacidad. Aparte de un centro de vida independiente, no existen viviendas especialmente diseñadas para esta población ni sistemas de provisión o diseño de vivienda especializada para personas con discapacidad. La mayoría de las personas con discapacidad vive aislada, con sus familias o responsables.35 

En 1989, el entonces Banco Nacional de la Vivienda y el Comité Prociegos y Sordos de Guatemala firmaron un acuerdo que estableció que el 5% de las viviendas de tipo popular debía proporcionarse a personas ciegas o sordas.36 Sólo 18 personas ciegas resultaron beneficiadas.37

Existe una cantidad limitada de albergues de tipo especializado para personas con discapacidad sin hogar. Estos se encuentran generalmente saturados dado que la cantidad de personas con discapacidades mentales y severas abandonadas es alarmantemente alta. Estos albergues incluyen el Hospital Nacional de Salud Mental y el Centro Experimental Psiquiátrico Pedagógico para niños y jóvenes abandonados con deficiencias mentales y trastornos psiquiátricos.38  

Institucionalización

Muchas personas con discapacidad de origen psiquiátrico y las personas con discapacidades mentales/intelectuales severas suelen ser internadas en instituciones tras haber sido abandonadas y remitidas por orden de juez competente. Son declaradas civilmente incapaces y, a menudo, sometidas a tratamientos médicos, y en algunos casos, psiquiátricos, sin que tengan derecho a rechazarlos. Más aún, algunas de estas instituciones, especialmente las de salud mental, carecen de condiciones físicas y de higiene adecuadas y no cuentan con recursos humanos suficientes y de calidad para ofrecer una atención digna y apropiada.39  

Accesibilidad

En el Capítulo VII del Decreto Legislativo 135-96 se establece la obligación de las municipalidades de reglamentar tanto la construcción como la adaptación de edificios y el transporte público para asegurar su accesibilidad a las personas con discapacidad. Sin embargo, la Constitución Política de la República garantiza la autonomía de los gobiernos locales, lo que, según la interpretación de algunos juristas y algunas autoridades municipales, significa que las disposiciones del Decreto Legislativo no son vinculantes para los municipios.40 Por ende, si bien esta ley entró en vigencia en 1997, los municipios no la han cumplido.

El diseño y la construcción de edificaciones, espacios públicos y construcciones privadas para servicio al público están reglamentados por las municipalidades en los reglamentos de construcción. Estos reglamentos no incluyen ninguna normativa sobre la accesibilidad a las personas con discapacidad. Cabe destacar que, en general, ni siquiera los edificios públicos son accesibles.41

No existe una infraestructura de transporte que permita la libertad de movilización a las personas con discapacidad. En Guatemala, el transporte colectivo está normado por la Empresa Metropolitana de Tránsito (EMETRA), suscrita a la Municipalidad Metropolitana de Guatemala. En 1999, algunas organizaciones de personas con discapacidad intentaron llegar a un acuerdo con EMETRA para lograr que se adaptara el transporte urbano. El acuerdo finalmente no se concretó y hasta la fecha no ha habido otras iniciativas dirigidas a permitirles a las personas con discapacidad usar libremente el sistema de transporte público.42  

Las instituciones dedicadas a prestar servicios o a trabajar con personas con discapacidad tampoco proveen ningún tipo de transporte accesible. En consecuencia, las personas con discapacidad deben buscar otras alternativas que suelen ser mucho más costosas que el transporte público. Las personas que no pueden pagar un transporte privado, como el servicio de taxis, se ven privadas de desplazarse libremente.43

El tema de la accesibilidad y el diseño universal no se encuentra en los pensa o planes de estudios de las carreras universitarias de arquitectura o ingeniería. Aunque el CONADI ha apoyado algunos cursos sobre este tema dirigidos a profesionales del diseño y la construcción, los esfuerzos han sido esporádicos y aislados, y han tenido un impacto mínimo.

Según se mencionó en párrafos anteriores, en el año 2003 se llevaron a cabo elecciones generales en Guatemala. CONADI, a través de algunas organizaciones de y para personas con discapacidad, tuvo acercamientos con los entonces candidatos a alcalde de distintos municipios. El objetivo fue buscar el compromiso de los candidatos de incorporar toda la normativa sobre accesibilidad en los reglamentos de construcción y adaptar en forma progresiva las unidades del transporte público. Según se informó, la experiencia fue positiva ya que los candidatos se comprometieron con los puntos solicitados.44 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) se creó conforme a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Legislativo 135-96. Su función es la de coordinar, asesorar e impulsar políticas generales en materia de discapacidad. El Consejo de Delegados es el órgano de máxima autoridad dentro del CONADE y está integrado por delegados del sector público y de la sociedad civil. 

Por parte del sector público, los delegados que lo conforman representan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los delegados de la sociedad civil son representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad.
Si bien los principales objetivos del CONADI están relacionados con el diseño de políticas generales en materia de discapacidad, aún no existe un plan nacional. El movimiento social de las personas con discapacidad todavía es débil políticamente hablando, por lo que no ha tenido una gran incidencia en el diseño y la implementación de un plan con ese carácter. 

El CONADI ha incluido algunas acciones específicas en su plan interno estratégico principalmente dirigidas a la toma de conciencia de parte de la sociedad guatemalteca. A tal efecto, se conformaron comisiones de trabajo, integradas por los mismos Delegados del Consejo y otros miembros de las organizaciones representadas. Las comisiones existentes son: la de fortalecimiento de las organizaciones de y para personas con discapacidad, la de mujeres con discapacidad, la de participación ciudadana y, de más reciente data, la de derechos humanos. Esta última tiene como objetivo brindar formación en derechos humanos a los delegados del Consejo y las organizaciones de y para personas con discapacidad así como gestionar y promover la adopción de leyes, políticas y programas en materia de discapacidad a nivel local, nacional e internacional. Se ha puesto especial énfasis en la promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.45

A nivel nacional, se han identificado 23 organizaciones de personas con discapacidad. De éstas, únicamente tres son mixtas, es decir, incluyen entre sus miembros a personas con distintas discapacidades. El nivel de coordinación y cohesión entre organizaciones ha ido aumentando en los últimos años, quizás a través de la conformación del CONADI, dado que los diferentes subsectores han tenido que coordinar a cierto nivel las acciones que se realizan desde ese Consejo.  

Guyana

Factores clave: En Guyana, prácticamente no existen datos relativos a las personas con discapacidad. La situación que debe enfrentar la mayoría de las personas con discapacidad se caracteriza por la existencia de escasas oportunidades, la falta de programas y un tratamiento social negativo. En general, no existen servicios y recursos para el sector y los pocos que existen son inadecuados o se suministran en casos especiales.

Definición de discapacidad

No existe en Guyana una definición oficial de discapacidad.

Población con discapacidad

En Guyana se desconoce la cantidad exacta de personas con discapacidad. El censo realizado a fines del año 2003 fue el primero en incluir preguntas específicas sobre discapacidad. A la fecha de redacción de este informe, los resultados aún no se habían publicado.   

Los datos más recientes acerca de la cantidad de personas con discapacidad que vive en Guyana fueron publicados por la Organización Panamericana de la Salud en 1993 y revisados en febrero de 1994. La cantidad estimada de personas con discapacidad en Guyana en aquel momento alcanzaba las 71.800 personas.1  Teniendo en cuenta la estimación del censo del año 1991 de la población del país, que rondaba los 800.000 habitantes, el porcentaje de la población con discapacidad era en ese momento del 9%.  La población actual del país es de aproximadamente 740.000 habitantes. 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

El gobierno de Guyana no suscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA. Las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sirvieron de marco para orientar la Política Nacional de Guyana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero el gobierno no ha respondido el cuestionario de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad.

1 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Situation Analysis of Disability and Rehabilitation in the English Speaking Caribbean [Análisis de la Situación de la Discapacidad y la Rehabilitación en el Caribe de Habla Inglesa], 1993, revisado el 16 de febrero de 1994.

Guyana

230

En fecha reciente, la Constitución fue reformada mediante el Proyecto de reforma 9 de 2003 que declaró inconstitucional la discriminación contra las personas con discapacidad. El proceso de reforma se inició en 1998, mediante consultas a personas y representantes de grupos civiles y políticos.  En las reuniones de consulta hubo exposiciones y presentaciones de documentos, algunas de las cuales estuvieron a cargo de grupos de personas con discapacidad. Al finalizar el ejercicio, se creó un comité integrado por representantes de grupos civiles y políticos. Sin embargo, no se invitó a las organizaciones de y para personas con discapacidad a participar en este comité. La misión del comité era analizar las presentaciones y determinar qué recomendaciones se podían considerar aceptables como reformas constitucionales. Posteriormente, un comité parlamentario especial de supervisión revisó las recomendaciones y, después de meses de deliberaciones, se presentaron ante el Parlamento varios proyectos de reforma constitucional, incluido el Proyecto 9 de 2003, que los fueron sancionados.2   

No se ha sancionado ninguna otra ley que proteja específicamente los derechos de las personas con discapacidad. En Guayana, la política sobre discapacidad sigue los lineamientos de la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.3  Sin embargo, la política carece de fuerza legal y debe ser sancionada como una ley para poder exigir su cumplimiento. 

La Fuerza Policial de Guyana y el Departamento de Libertad Condicional del Ministerio de Servicios Humanos son responsables de llevar los registros de denuncias de abuso o violencia contra personas con discapacidad.  La Comisión Nacional de Discapacidad y la Asociación de Derechos Humanos de Guyana llevan registros de casos de discriminación contra personas con discapacidad en materia de empleo, vivienda, educación y transporte.  

Barreras legales

Las personas con cierto tipo de discapacidad pueden ser privadas del derecho a ser elegidas como miembros del Parlamento. Por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución establece que en las elecciones parlamentarias: "No se admitirá como candidato para ocupar una banca en la Asamblea Nacional a...(b) 
aquel que hubiera sido declarado demente o que, por otras razones, se considerara que tiene trastornos mentales conforme a la legislación vigente en Guyana".  El artículo 159, inciso (3) agrega que "No se admitirá el empadronamiento de un votante si, a la fecha en que debe hacerlo, hubiera sido declarado demente o que, por otras razones, se considerara que tiene trastornos mentales conforme a la legislación vigente en Guyana".  El artículo 53 dispone que "Un postulante será admitido como candidato para ocupar una banca en la Asamblea Nacional siempre que...(b) pueda hablar y, salvo que se encontrare discapacitado por ceguera u otra causa física, pueda leer en idioma inglés, con un nivel de competencia suficiente que le permita intervenir en los procedimientos de la Asamblea. De no reunir estos requisitos el candidato no será admitido".4

2. Mike McCormic (Co-Presidente, Asociación de Derechos Humanos de Guyana), entrevistado por el autor, 8 de octubre de 2003.

3. Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marzo de 1997. El documento fue suministrado por el Secretario del Parlamento el 30 de octubre de 2003.

4. Constitución, actualizada en 1996.

Participación ciudadana

En Guyana, las personas con discapacidad gozan del derecho al voto. No existen centros de votación con carácter fijo. Cuando se lleva a cabo una elección, las escuelas, los centros comunitarios e incluso las residencias privadas sirven de centros de votación. Muchas personas con discapacidad se ven imposibilitadas de ingresar a los centros de votación debido a su inaccesibilidad. No existen en el país formas alternativas de comunicación, como el sistema Braille o la impresión con letra grande. 

Debido a que existen estos obstáculos, se han adoptado algunas medidas para permitir que las personas con discapacidad puedan participar en las elecciones generales. La ley establece tres opciones. En primer término, una persona con discapacidad que no puede emitir su voto en forma independiente puede encomendar a un amigo o familiar que complete su boleta electoral, luego de que ambas personas hayan prestado juramento.  La persona designada puede representar a una sola persona con discapacidad y debe emitir su propio voto en el mismo centro de votación. En segundo término, la ley establece que una persona con discapacidad puede solicitar emitir su voto a través de un apoderado. En este caso, la persona con discapacidad no debe concurrir al centro de votación, sino que su representante lo hace.  Por último, el presidente del lugar de votación puede marcar la boleta electoral siguiendo las indicaciones de la persona con discapacidad. La representación por medio de un familiar o amigo o por apoderado se debe registrar en el libro de actas del centro de votación.5  

Por lo general, la información acerca del proceso electoral es difundida entre el público en general y entre las personas con discapacidad en particular. Los medios de comunicación, los debates comunitarios y las visitas del personal de la Comisión Electoral a las organizaciones de y para personas con discapacidad constituyen las estrategias más habituales para transmitir la información. La Constitución no prohíbe que las personas con discapacidad se postulen o sean elegidas para ocupar cargos públicos.  

Inclusión

Comunicación

En Guyana. las personas ciegas tienen dificultades para acceder a la información y el elevado costo de las ayudas técnicas en el extranjero es prohibitivo.  Por consiguiente, resulta muy difícil acceder a la información oficial y pública.  

Si bien la Sociedad de Guyana para Personas Ciegas y la Procuraduría General ofrecen una versión en Braille de la Constitución, no existen en el país ediciones en Braille o en audio de la mayoría de los documentos públicos. La Biblioteca Nacional brinda cierto acceso a información a personas ciegas o con discapacidad visual a través de un servicio limitado en Braille y cassettes de audio. Este servicio se comenzó a prestar a principios del año 2003 y sólo se ofrece en la Biblioteca Nacional ubicada en Georgetown central.

5. Representación de las Personas, cap. 1:03. 

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Los noticieros nacionales no ofrecen subtitulados para personas sordas. La comunicación con la policía o el departamento de bomberos en caso de un delito o una emergencia puede resultar un gran problema. Los funcionarios públicos no saben interpretar ni siquiera las señas elementales y además no existen servicios TTY (teléfono de texto). Ante un accidente, las personas sordas dependen de su habilidad para leer los labios o deben recurrir a un intérprete. Los intérpretes de lengua de señas, que en su mayoría son docentes, son escasos, y por lo tanto, no es fácil acceder a ellos.

Existen tres escuelas de educación especial para sordos y la lengua de señas que cada escuela enseña presenta leves diferencias. Todas utilizan la lengua de señas como base, pero la adaptan según el contexto local, por ejemplo en las señas utilizadas para la flora y fauna autóctonas.

Educación

Según la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, le corresponde al Estado "reconocer los principios de igualdad de oportunidades en la educación primaria, secundaria y terciaria para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, en ambientes integrados".6 Sin embargo, la política no es acompañada de leyes que exijan o promuevan su cumplimiento.  

En Guyana, no se ha podido establecer la cantidad de niños con discapacidad, y por lo tanto, tampoco se ha podido determinar la cantidad de niños matriculados en el sistema de educación pública. No obstante, el Ministerio de Educación manifiesta haber realizado grandes esfuerzos por integrar a los niños con discapacidad en el sistema de educación común, a pesar de que las oportunidades educativas dependen, en general, del tipo y grado de discapacidad. Habitualmente, los niños ciegos o con una discapacidad física leve son asignados a escuelas locales a través de un proceso poco estructurado.7 

Muchos niños con discapacidad no concurren a la escuela por decisión de sus familias, o bien quedan excluidos debido a la inaccesibilidad de los edificios y de la información del sistema escolar. No existe en el país una política nacional que facilite el acceso a edificios escolares, a pesar de que algunos organismos donantes internacionales exigen la accesibilidad de las escuelas construidas con sus fondos. El alto costo de los programas para el desarrollo del habla y los recursos relacionados, la falta de profesores de Braille y la falta de capacitación de los docentes en la atención de las personas con discapacidades múltiples incrementan los obstáculos que las personas con discapacidad deben enfrentar para acceder a la educación.

Otros niños con discapacidad concurren a escuelas especiales. Existen siete escuelas públicas primarias en Guyana que ofrecen educación a niños con discapacidad, la mayoría de las cuales se encuentran en la costa. No existen escuelas secundarias públicas para estudiantes con discapacidad. Una institución educativa privada creada en fecha reciente en Georgetown, el "Open Door Centre" (Centro de Puertas Abiertas), brinda formación profesional a personas de 17 a 45 años de edad con discapacidad física o intelectual leve. Este centro ofrece capacitación elemental en computación y electrónica, y un curso de apoyo de inglés y matemática.

6. Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

7. Entrevista con un funcionario del Ministerio de Educación, 18 de julio de 2003.

En la actualidad, no existe un programa de detección temprana de las discapacidades.8 Sin embargo, se han incluido medidas de detección temprana en el plan trienal de desarrollo de la Comisión Nacional de Discapacidad para el período 2003-2005 y se están gestionando los fondos para implementar este plan.9 

La capacitación para la enseñanza de niños con discapacidad se incorporó al plan nacional de estudios de la carrera docente en el Cyril Potter College of Education en septiembre de 2003. Antes esta área no formaba parte del plan de estudios de la carrera docente.10  

Los modelos para el nuevo plan se elaboraron con el asesoramiento de VSO, una organización británica de voluntarios similar al Cuerpo de Paz de los Estados Unidos.  El plan se incorporó en septiembre de 2003, luego de numerosas consultas con las organizaciones de y para personas con discapacidad, el Ministerio de Educación, docentes especializados en educación especial, padres de personas con discapacidad y otras personas interesadas. El nuevo plan incluye un curso obligatorio sobre educación especial y los estudiantes pueden optar por continuar sus estudios con mayor profundidad en su segundo año.

Las familias y los cuidadores de personas con discapacidad disponen de recursos muy limitados. Si bien los padres y los familiares de niños con discapacidad han manifestado su necesidad, no existe ningún programa público que integre a las familias en la rehabilitación y educación de personas con discapacidades severas, profundas o múltiples. 

Empleo

De acuerdo con la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a un empleo remunerado en los sectores públicos y privados debería estar reflejado en la legislación nacional. Aparte de la Reforma Constitucional que prohíbe la discriminación, no existe ninguna ley que exija el empleo de personas con discapacidad en el sector público ni en el sector privado. Algunas personas con discapacidad trabajan en el Estado pero sólo unas pocas ocupan puestos de nivel medio. El mayor empleador del sector privado, que solicitó mantener su nombre en reserva, informó que no existe ninguna política escrita relacionada con el empleo de las personas con discapacidad. Ninguna persona con discapacidad trabaja actualmente en la empresa ni ha solicitado empleo en dicha compañía en los últimos años. No existen estadísticas sobre la tasa de desempleo de las personas con discapacidad. 

Entre las estrategias recomendadas por la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para promover el empleo de este segmento poblacional cabe mencionar los beneficios fiscales para los empleadores que ofrezcan adaptaciones para empleados con discapacidad, un registro de empleo, capacitación, micro-préstamos y campañas de sensibilización y concientización sobre el tema de la discapacidad. Actualmente, la Comisión Nacional de Discapacidad utiliza el documento de la política como base para desarrollar su propio plan de acción interno.

8. Ibídem.

9. Entrevista con el responsable de la Comisión Nacional de Discapacidad, 14 de octubre de 2003.

10. El único curso que existía en educación especial data de los años ochenta. En su momento, se lo dejó de dictar porque su coordinador renunció y no se buscó un reemplazante.

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Si bien no existe un programa de capacitación coordinado a nivel nacional para personas con discapacidad, algunas organizaciones de personas con discapacidad organizan cursos de capacitación a nivel local. Estos cursos están destinados a preparar a sus miembros para crear y buscar oportunidades de trabajo. La capacitación es, en general, específica y puede abordar temas como el autoempleo, administración de pequeñas empresas, defensa de los derechos, aptitudes de liderazgo y autoestima. Los talleres de autoempleo abordan y estimulan el empleo independiente en una variedad de áreas, como por ejemplo, cosmetología, cocina, decoración floral, repostería y artesanías.  

Según lo informado por los dirigentes de las organizaciones del sector, entre las barreras que las personas con discapacidad deben enfrentar en materia de empleo se encuentran la inaccesibilidad de los lugares de trabajo, las limitadas oportunidades de capacitación y educación, los altos costos del transporte y las barreras culturales. Como consecuencia de estas barreras, la mayoría de las personas ni siquiera considera la posibilidad de postularse a un empleo a pesar de contar con los conocimientos adecuados y la idoneidad necesaria.  

Servicios de salud

El Ministerio de Salud financia de manera específica la promoción de la salud y la rehabilitación de las personas con discapacidad, y mantiene un sector especial que ofrece capacitación a enfermeros para la rehabilitación de pacientes que han sufrido traumatismos diversos. Además, en 1967 se fundó el Polio Rehabilitation Centre [Centro de Rehabilitación para la Poliomielitis], luego de un brote de la enfermedad en Guyana. Su objetivo era tratar a los niños afectados ofreciendo terapia física y otros servicios de rehabilitación.  En 1985 el centro pasó a denominarse Centro de Rehabilitación Ptolemy Reid, en homenaje al Primer Ministro de aquella época, el Dr. Ptolemy Reid. Actualmente, el Centro es una organización no gubernamental. Este nuevo nombre reflejó un cambio por el cual el centro pasó de un enfoque centrado en la poliomielitis, que había sido erradicada del país, a otro centrado en la provisión de servicios para niños con discapacidad física. De todos modos, la falta de servicios de rehabilitación continúa siendo un gran problema para las personas que adquieren una discapacidad en el transcurso de su vida.11

El Ministerio de Servicios Humanos y Sociales mantiene una programa que brinda asistencia limitada para que las personas con discapacidad puedan obtener algunos materiales auxiliares y ayudas técnicas como prótesis o anteojos. Otros recursos provienen de organizaciones sin fines de lucro como el Club de Leones y el Rotary Club. Por ejemplo, el Club de Leones ofrece anteojos a personas de bajos recursos. En ocasiones, estas dos organizaciones suministran sillas de ruedas u otras ayudas técnicas. Además, ayudan a los pacientes que necesitan tratamientos correctivos, tales como intervenciones quirúrgicas cardíacas u oculares.  

11. Estrategia Nacional de Desarrollo.

Si bien el Servicio Nacional de Salud no ha implementado la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), se ofrecen servicios de este tipo a través del Programa de Rehabilitación Basada en la Comunidad de Guyana financiado en forma independiente. 

La mayoría de los profesionales de la salud no ha recibido capacitación en este campo. Actualmente no existen en Guyana programas de capacitación para profesionales de una variada gama de especialidades, entre ellas, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, fisiatría o prótesis y órtesis. Para recibir este tipo de capacitación, los profesionales de la salud deben recurrir a instituciones extranjeras en el Caribe, América del Norte o Gran Bretaña.

Vivienda

Según lo informado por los dirigentes de las organizaciones del sector, la mayoría de las personas con discapacidad vive con sus familias o parientes cercanos. La alta tasa de desempleo de las personas con discapacidad, los inalcanzables precios de los alquileres y la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario colocan a las personas con discapacidad en una situación de dependencia de sus familias.  Para el pequeño número de personas que tiene trabajo y puede pagar un alquiler, los prejuicios y las normas culturales son un gran obstáculo. Una persona relató una situación que vivió en su casa:  

"...un día estaba cocinando con el calentador a querosén. Éste se cayó de la mesa y las llamas se extendieron de inmediato a las cortinas de la cocina. Afortunadamente, mi papá y una tía estaban en casa y apagaron el incendio antes de que se expandiera.  Todos me rezongaron por cocinar. Sé que estaba cansada y que no debí intentar cocinar en ese estado. Pero cocinar no es un problema para mí....Vendo comidas como channa frita, llantenes fritos, torta de azúcar, bolas de mandioca, etc. (comidas fritas autóctonas) en el frente de mi casa... las preparo yo.... lo que hago es pedirle a alguien que controle si los ingredientes crudos, como las verduras, están bien lavados.  Pero los frío yo misma. Aprovecho mucho el sentido del olfato para determinar si el alimento ya está cocinado. Tuve que luchar por mi independencia; de lo contrario, mis seres queridos me la hubiesen quitado..."

Las ideas sobre vida independiente no están bien arraigadas en Guyana.

Existe un programa de viviendas públicas y tres bancos comerciales ofrecen préstamos hipotecarios. Si bien, desde un punto de vista técnico, estos préstamos están disponibles para personas con discapacidad, éstas deben cumplir con los mismos requisitos que las personas sin discapacidad. Además, el gobierno ofrece algunos terrenos para la construcción de viviendas. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo de Guyana (Capítulo 26), "los criterios para la adjudicación de terrenos para viviendas serán modificados para beneficiar a los pobres ... y a las personas con discapacidad".

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Un miembro de la comunidad de personas con discapacidad informó que se han realizado gestiones para que el gobierno ponga en práctica un sistema de cupos en su programa de viviendas, o para que reserve algunos terrenos exclusivamente para personas con discapacidad. A pesar de dichas gestiones, no se han introducido cambios en el programa actual. Las solicitudes de terrenos presentadas por personas con discapacidad son atendidas caso por caso.  Se realiza una evaluación de la discapacidad física y mental de la persona para determinar sus necesidades y dónde se las puede ubicar. Algunos terrenos son muy accidentados y pueden ser difíciles de acceder para una persona con discapacidad.12 Una vez obtenido el terreno, la financiación del costo de la construcción queda exclusivamente a cargo de la persona con discapacidad. Por lo tanto, la adjudicación del terreno para la vivienda constituye sólo el primero de los diversos obstáculos que deben sortear las personas con discapacidad.

Institucionalización

Existe una institución que ofrece alojamiento a largo plazo, el Hogar Shesta, ubicado en las afueras de la capital. Actualmente, once hombres y nueve mujeres viven en este hogar. El Centro Ptolemy Reid brinda servicios de rehabilitación infantil a corto plazo y ofrece atención a largo plazo para algunos internos hasta su adultez. En la actualidad, el centro alberga a 25 internos y ofrece clases y tratamiento ambulatorio a otras 45 personas, en su mayor parte niños. La mayoría de las personas son internadas en estas instituciones porque son abandonadas.

El Ministerio de Salud supervisa las condiciones de estas instituciones, así como también todo caso de muerte y abuso. Si bien no existe ninguna ley que prohíba el abuso institucional, no se han registrado casos de abuso de esta naturaleza.  

Accesibilidad

La importancia de construir un medio físico accesible ha sido expuesta en diversos documentos públicos. La Estrategia Nacional de Desarrollo de Guyana establece que "se exigirá de inmediato (en el caso de los edificios de propiedad del Estado) o se recomendará encarecidamente (en el caso de los edificios de propiedad privada) que todos los edificios de uso público brinden medios que demanden costos razonables para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, como por ejemplo, rampas". De acuerdo con la Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado debe "elaborar normas y pautas, y sancionar leyes que exijan la accesibilidad de las nuevas instalaciones, tales como edificios, parques, aceras y autobuses, y que las instalaciones existentes incorporen gradualmente las remodelaciones necesarias para garantizar su accesibilidad". Teniendo en cuenta la inversión económica que demandaría transformar el medio actual en un medio físico accesible, en la política se sugiere que el gobierno promueva con ahínco la colaboración de todos los sectores para diseñar, implementar y supervisar un programa decenal destinado a crear las condiciones de accesibilidad necesarias.  

12. Entrevista con un alto funcionario del Ministerio de Vivienda.

El Código de Edificación de Guyana elaborado en fecha reciente por la Oficina Nacional de Normas establece que todos los edificios públicos deben cumplir con los requisitos de accesibilidad, como por ejemplo, ofrecer una fácil circulación interna y contar con medios para una rápida evacuación de personas en sillas de ruedas.  Estos requisitos se exigirán en "todas... las áreas utilizadas por el público general, empleados, personas que visiten o se encuentren en los edificios por otros motivos, y se aplicará a todos los edificios con la excepción de las residencias de zonas R-3 y los edificios con habilitaciones temporarias". 

El Código de Edificación regula una amplia variedad de elementos arquitectónicos, como por ejemplo el ancho de los pasillos, la necesidad de baños accesibles y la pendiente máxima de las rampas. La altura máxima de las llaves de luz, alarmas de incendios y teléfonos públicos es de 1,25m por sobre el nivel del suelo. Además, los edificios e instalaciones deben tener por lo menos una entrada principal en planta baja a la que se pueda acceder desde el estacionamiento o desde el pasillo más cercano que no esté interrumpido por escaleras. Los estacionamientos deben reservar espacios en lugares próximos a las entradas para el estacionamiento de vehículos conducidos por personas con discapacidad que estén visiblemente identificados. 

No obstante, el artículo 2 del código dispone que "si pudiera demostrarse que una o más de las siguientes disposiciones no es aplicable al uso y ocupación propuestos, se podrá solicitar una modificación y obtener una dispensa de la autoridad competente". Por lo tanto, es posible que las normas no se apliquen en forma universal.  Además, el código de edificación no se cumple porque no existe ninguna ley que exija su cumplimiento.

Si bien es difícil determinar el porcentaje de edificios públicos que son accesibles debido a la falta de datos, se estima que podría ser inferior al cinco por ciento.  En los casos en los que se presta un servicio en un piso superior o en un edificio inaccesible, se toman medidas especiales para atender a las personas con discapacidad motora en la planta baja o en un lugar adecuado. No existen cursos específicos sobre ingeniería y accesibilidad para estudiantes de ingeniería. Sin embargo, en las clases de diseño y medio ambiente de los cursos regulares se menciona la necesidad de diseñar estructuras que sean accesibles para personas con discapacidad, ancianos y mujeres embarazadas.13 

El transporte para personas con discapacidad depende de los recursos de los que estas personas dispongan y de su capacidad para valerse de estrategias personales.  Si una persona debe recurrir al transporte público, la situación puede resultar muy costosa y engorrosa. Los mini-buses públicos, que son un medio de transporte económico, no son accesibles para sillas de ruedas. Si una persona necesita un medio de transporte público y no puede acceder al autobús, debe entonces utilizar el servicio de un taxi. Los taxis no sólo son más costosos sino que además implican desarmar la silla de ruedas para cargarla en el interior del vehículo, y en algunos casos, la necesidad de asistencia física de otras personas.  

13. Entrevista con un profesor titular de la Facultad de Tecnología, Diseño de Construcción y Arquitectura de la Universidad de Guyana.

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Cultura, deportes y recreación

El Ministerio de Deportes tiene a su cargo la gestión de la planificación y el apoyo de las actividades deportivas de la comunidad de personas con discapacidad. El gobierno ha cooperado con diversas organizaciones de y para personas con discapacidad en cuyas sedes se han dictado talleres y cursos de capacitación para estimular a los profesores de educación física y a los diversos entrenadores deportivos a que incluyan personas con discapacidad en sus equipos y programas. Con la asistencia del ministerio, algunas personas con discapacidad, especialmente niños y jóvenes, pueden participar en las Olimpíadas Especiales.  También se organizan juegos de dominó y competencias de atletismo para personas con discapacidad física.  

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

La Política Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue elaborada a través de un proceso de consulta que consistió en una serie de talleres realizados entre noviembre de 1994 y julio de 1996. La organización de los talleres estuvo a cargo de un Comité Directivo coordinado por el Director del Centro Ptolemy Reid. También participaron representantes del gobierno nacional, el Congreso de Sindicatos de Guyana, empleadores y organizaciones de y para personas con discapacidad. 

Entre los objetivos de la política cabe mencionar "el desarrollo del sentido de autoestima entre las personas con discapacidad, que les permitirá exigir sus derechos como todo otro ciudadano", la integración de las personas con discapacidad en "la vida económica, social, cultural y recreativa de sus comunidades," y la prevención de discapacidades. También se recomienda el dictado de nuevas leyes para prevenir la discriminación y promover la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad. 

Asimismo, en la política se dispuso la creación de una Comisión Nacional de Discapacidad. La comisión está formada por un Presidente y 13 integrantes. Los integrantes provienen de organizaciones de y para personas con discapacidad, el gobierno, el sector privado, sindicatos y medios de comunicación. Su designación está a cargo del Presidente de Guyana o de su representante elegido, que en los últimos cuatro años se haya desempeñado como Ministro de Salud.  Los integrantes de la comisión desempeñan sus funciones durante un período de dos años y pueden ser reelegidos. Dos de los integrantes actuales son personas con discapacidad.  Hoy por hoy, la comisión sólo recibe financiación del Ministerio de Salud, pero existen iniciativas en marcha para obtener financiación de otros organismos y ministerios, además de donantes internos y externos.14

La Comisión Nacional debe ser el organismo de coordinación de la política sobre discapacidad y la planificación a nivel nacional. La funciones principales de la comisión consisten en desarrollar e implementar programas que aseguren la equiparación de oportunidades en el marco de la Política Nacional; asesorar al gobierno en todos los temas vinculados con las personas con discapacidad y supervisar la implementación de la política.

14. Mike McCormic.

Sin embargo, la comisión no cuenta con los medios necesarios para exigir el cumplimiento y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Colabora con las 22 organizaciones de y para personas con discapacidad de Guyana y con los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social. Se espera que este trabajo en colaboración promueva los derechos de las personas con discapacidad. Además, la comisión trabaja en red con organizaciones internacionales de y para personas con discapacidad, el sector privado y el Movimiento Obrero. Actualmente, está desarrollando una base de datos nacional de las personas con discapacidad en Guyana. También está diseñando un plan de acción quinquenal que orientará su trabajo.

En cuanto a las organizaciones de y para personas con discapacidad, los recursos son limitados y, según lo informado por los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, se necesita una mayor colaboración. Actualmente, la mayoría de las organizaciones compite para obtener socios y poder en la comunidad. Además, los dirigentes de la mayoría de las organizaciones son personas sin discapacidad. Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad sugieren que las organizaciones de y para personas con discapacidad, sin que necesariamente constituyan un organismo rector, deben encontrar puntos de confluencia para ser más eficaces.  Si bien la comunidad de personas con discapacidad es numerosa, su reclamo es muy débil por no haber logrado unificar o articular en forma adecuada sus exigencias.

Las estrategias para avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad deben incluir la toma de conciencia, la creación de protecciones legales y acciones judiciales específicas destinadas a asegurar la implementación de todas las leyes sancionadas.15 Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad también consideran que un mayor compromiso y participación de los medios podría ser una estrategia efectiva. No existe una cobertura global de las personas con discapacidad en los medios, aunque existe un programa de radio conducido por una persona con discapacidad. Además, las personas con discapacidad fueron incorporadas en campañas viales de toma de conciencia. Por último, cabe destacar que en fecha reciente se ha aprobado en Guyana la creación de una Comisión de Derechos Humanos, la que será de suma importancia para los defensores de los derechos de las personas con discapacidad una vez que comience a funcionar.16 

15. Asociación de Derechos Humanos de Guyana.

16. Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad.

HONDURAS 

Factores clave: Honduras es el tercer país más pobre de la región y uno de los menos desarrollados del mundo, por lo que ocupa la posición 116 en el contexto de 173 países según el índice mundial de desarrollo humano 2002 de Naciones Unidas. La población con discapacidad es uno de los grupos más postergados de la comunidad hondureña.46 Los funcionarios del gobierno suelen desconocer los problemas de las personas con discapacidad; sin embargo, en materia de derechos humanos se evidencia el interés de algunos funcionarios gubernamentales y dirigentes de organizaciones no gubernamentales.

Terminología 

En Honduras, existe consenso sobre los términos más adecuados para referirse a la discapacidad. Se prefiere utilizar la expresión "Persona con discapacidad", ya que se centra en la persona y no la caracteriza por su discapacidad. A veces se utilizan otros términos que, en general, se consideran inadecuados, como por ejemplo, "discapacitado", "lisiado", "limitado", "minusválido, o "personas con necesidades o retos especiales". Cabe destacar que en las citas tomadas de documentos oficiales, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad 

El documento reciente de "Políticas Sociales de Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de la Discapacidad y la Promoción y Protección de sus Derechos y Deberes" utiliza la terminología aceptada. Las políticas, que se encuentran en trámite de aprobación, definen a la persona con discapacidad como "toda persona con algún problema de salud, físico o mental padeciendo o por padecer por más de 6 meses y que le dificulte hacer sus actividades".47  Esta definición reconoce que si bien una determinada deficiencia es una dificultad individual, las discapacidades y las desventajas son problemas sociales. Una vez aprobadas las políticas, esta definición se utilizará a nivel oficial en todas las áreas de gobierno.

En la actualidad, se sigue utilizando la definición de una norma anterior en materia de discapacidad. Esta norma, que es objeto de revisión en este momento, establece: "Persona minusválida es el ser humano que, por causa congénita o adquirida, padezca de disminución de su capacidad mental o física, que afecte sus posibilidades de autosuficiencia de aprendizaje y trabajo, para incorporarse a la sociedad".48 

Población con discapacidad

La última Encuesta de Hogares con propósitos múltiples, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en septiembre de 2002, incluyó un módulo sobre discapacidad que permitió reunir información importantes como cantidad de personas con discapacidad y su situación laboral. Según la encuesta, se estima que la población total de Honduras es de 6.697.916 habitantes. Alrededor del 2,6% de la población total, es decir 177.516 habitantes, son personas con discapacidad. Esta cifra comprende 97.867 hombres y 79.649 mujeres.49 

Las organizaciones de y para personas con discapacidad no le otorgan un alto porcentaje de fiabilidad a esta encuesta, debido a las inquietudes que suscita la definición de discapacidad que adoptó el INE. Estas organizaciones se inclinan por las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las que se basan en una definición mucho más amplia de discapacidad. La OMS estima que las personas con discapacidad, en promedio, representan el 10% de la población, mientras que la OPS estima que, en el caso de Honduras, el porcentaje de personas con discapacidad asciende al 14% de la población total.50 De acuerdo con estas cifras, habría alrededor de 600.000 personas con discapacidad en Honduras.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

El gobierno de Honduras no ha hecho ninguna declaración de apoyo a la futura convención internacional de Naciones Unidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad ni ha firmado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.51 

En cambio, Honduras ratificó el Convenio 111 sobre la discriminación (Empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 20 de junio de 1960, mediante Decreto N° 209.52 Sin embargo, no ratificó el Convenio 159 de la OIT sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas).

En este país, el enfoque tradicional en la atención a los grupos vulnerables se basa más en valores de beneficencia que en derechos humanos. Por ello, el marco de derechos de las personas con discapacidad no se encuentra afianzado aún en la legislación hondureña. No existe una entidad centralizada que atienda las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Honduras tiene varias leyes y normas nacionales específicas de protección o promoción de las personas con discapacidad. Entre ellas cabe mencionar:

•	Decreto 926 de la Junta Militar de Gobierno del 7 de mayo de 1980, que crea el Consejo Nacional de Rehabilitación integral, cuya función es coordinar y supervisar los servicios de discapacidad.

•	Decreto 86-54 del poder legislativo del 11 de abril de 1984, que declara el último viernes del mes de abril de cada año como el "día de la solidaridad con el limitado."

•	Decreto 184-87 del Congreso Nacional, denominado "Ley de Habilitación y Rehabilitación de la Persona Minusválida", del 22 de diciembre de 1987, que garantiza la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y dispone la obligación de proveer servicios integrales de rehabilitación, con miras a incorporarlas a la sociedad.

•	Decreto 17-91 del poder Legislativo, denominado "Ley de Promoción del Empleo para Personas Minusválidas", del 26 de febrero de 1991, que promueve la integración de las personas con discapacidad al sistema ordinario de trabajo o en su defecto a otras alternativas de ocupación adecuadas. 

•	Acuerdo N° 1662-EP91 del Presidente de la República y el Ministerio de Educación Pública de junio de 1991, mediante el cual se crean las políticas de educación especial del Ministerio de Educación Pública.

•	Acuerdo Ejecutivo N°STSS-116-01 del 30 de mayo de 2001, mediante el cual se aprueba el reglamento de seguridad y salud ocupacional de la pesca submarina que tiene como objetivo prevenir discapacidades y para ello establece los requisitos mínimos de seguridad y salud.

Los actores de la comunidad de personas con discapacidad señalan que el cumplimiento de estas normas, en general, es bajo. Por ejemplo, si bien fue creado por una norma, el Consejo Nacional de Rehabilitación Integral nunca fue una entidad activa. Además, no existen sanciones por incumplimiento y pocas personas conocen el alcance de las normas vigentes.

Inclusión

Comunicación

En Honduras son numerosas las limitaciones que obstaculizan la comunicación de las personas con discapacidad. No está disponible la Constitución de la República en versión Braille y los organismos gubernamentales responsables no han hecho gestiones para la obtención de una impresora Braille.53

La Biblioteca Nacional no ofrece facilidades de acceso a la información a las personas con discapacidad visual ni tiene a disposición las nuevas tecnologías.54

Si bien existen más de 12 canales televisivos en Honduras, sólo uno transmite noticieros con subtítulos para personas con discapacidad auditiva.55

En Honduras, los intérpretes de lengua de señas son muy pocos. En este último año, la Asociación Nacional de Sordos ha desarrollado un diccionario de la Lengua de Señas Hondureña. 

No existen estrategias para que las personas con déficit de lenguaje y/o la audición puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastre natural, emergencia civil o ataque criminal.56

Educación

En general, los niños con discapacidad intelectual leve y moderada se integran al sistema educativo común. Los jóvenes con discapacidad severa son entrenados por separado en distintos centros privados y semi-privados especializados, y trabajan en talleres protegidos de producción o en centros de trabajo en situación especial que dependen de dichos centros.57 En el cuadro 1 se ofrece un resumen de la cantidad de alumnos con discapacidad por modalidad educativa. 

Cuadro 1: Asistencia en el sistema escolar58

Modalidad educativa
Cantidad de alumnos con discapacidad
Porcentaje
Sector público (aula normal)
10.442
84%
Sector público (aula recurso)
466
4%
Sector privado
760
6%
Centro de enseñanza especial
449
4%
Educación a distancia
77
1%
Educación informal
54
0%
Otros
97
1%
No sabe
77
1%
Total
12.421
100%

Así como no se cuenta con información sobre la cantidad total de personas con discapacidad que hay en el país, tampoco existen datos válidos sobre la cantidad de niños con discapacidad. No obstante ello, si se considera el número reducido de alumnos con discapacidad identificados en el cuadro 1, cabe suponer que un gran número de niños está excluido del sistema educativo.  Existen 17 centros de enseñanza de Educación Especial, en su mayoría ubicados en Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país. Casi todos estos centros fueron fundados por organizaciones no gubernamentales e iniciativas privadas. De los centros ubicados en San Pedro Sula, dos dependen del Instituto Hondureño de la Niñez y la Infancia (IHNFA) y uno, de la municipalidad de San Pedro Sula.59

La mayoría de estos centros corresponde a los niveles de educación preescolar y primaria, y su política está dirigida a buscar la inclusión de los niños en el sistema regular. A veces estos centros proporcionan enseñanza laboral a los adolescentes que no han podido integrarse al sistema regular.60

Se debe señalar que la Fundación Teletón tiene un programa de integración escolar, para incluir en el sistema de educación pública a los niños atendidos en sus centros de rehabilitación. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ha desarrollado un programa de apoyo que beneficia a alrededor de 100 estudiantes con discapacidad por año.61

En Honduras se contempla un curso de educación especial en el pensun o plan de estudios de los colegios magisteriales.62 La Universidad Nacional Pedagógica también ofrece la carrera de Educación Especial de cinco años de duración.63

Empleo

La encuesta de Hogares realizada por el INE en 2002 permitió recopilar datos relativos al empleo de personas con discapacidad. La tasa de desempleo de la población con discapacidad es mayor que la registrada entre la población general. Según la encuesta, el 68% de las personas con discapacidad en edad de trabajar no integra la población económicamente activa en comparación con el 49% de la población total de Honduras. En el cuadro 2 se ofrece un resumen de la condición laboral de la población con discapacidad económicamente activa. 

Cuadro 2: Estadísticas de empleo de las personas con discapacidad64

Ocupados
49.150
      Asalariado
13.206
      Independiente
30.077
Desocupados
1.155
Población económicamente activa
50.304

Tasa de desempleo abierto 
2,3%
Tasa de subempleo 
5,0%
Tasa de subempleo visible
31,8%

Entre las personas con discapacidad ocupadas, el 73% son trabajadores independientes o realizan trabajos no remunerados. Entre la población general, esta cifra alcanza el 51%. Por su parte, el trabajo independiente o por cuenta propia es el único tipo de empleo respecto del cual el porcentaje general de personas con discapacidad en el sector es casi igual al de la población general. En términos generales, aun entre las personas con discapacidad que lograron obtener un empleo, el subempleo sigue siendo un problema. 

En 1987, se sancionó la Ley de Habilitación y Rehabilitación de las personas con discapacidad que se implementó bajo la supervisión del Instituto de Habilitación y Rehabilitación de las personas con discapacidad. Sin embargo, esta institución se cerró por razones presupuestarias y en consecuencia, prácticamente no se han logrado los objetivos previstos en esta norma.

El artículo 2 de la Ley de Promoción del Empleo para personas minusválidas establece que las entidades de la Administración Pública y las Empresas Privadas están obligadas a contratar un número de trabajadores discapacitados. En la Administración actual se ha contratado una cantidad mayor de personas con discapacidad en todos los niveles, incluyendo cargos de alto nivel. A título ilustrativo cabe mencionar la Viceministra de la Presidencia, el Rector de la UNAH, el Asesor Legal del Ministerio de Finanzas, la Coordinadora del Programa SED de la UNAH y el Director General de Empleo del Ministerio del Trabajo.65

Servicios de salud 

El Ministerio de Salud proporciona fondos, que asciendan a alrededor de dos millones de lempiras (US$12.000), a por lo menos cuatro organizaciones de atención de la salud para personas con discapacidad.  Además, a través del Ministerio de Gobernación y Justicia, el Gobierno en la actualidad financia con unos 12 millones de lempiras (US$676.000) el sector de discapacidad.66 Los fondos se utilizan en diversos proyectos, incluido el personal y la infraestructura, así como también aparatos ortopédicos y programas de rehabilitación integral. 

Los centros de rehabilitación están ubicados en las grandes ciudades y en sitios estratégicos a nivel regional, a saber: Danli, Comayagua, Ceiba, Choluteca, San Pedro Sula, Copan, Santa Bárbara, La Esperanza, Olanchito, Catacamas y Juticalapa.67  

Los hospitales zonales y los dos hospitales generales del país también ofrecen servicios de rehabilitación médica.

Las personas con discapacidad pueden obtener materiales auxiliares como ayudas técnicas en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital San Felipe, un hospital público. Además, hay instituciones privadas como Teletón y FUHRIL, donde las personas con discapacidad pueden obtener ayudas técnicas.

En Honduras, no existe entrenamiento para médicos referente a la atención de personas con discapacidad, ni antes ni después de obtener su título profesional. Sin embargo, existen algunas oportunidades de estudiar en el extranjero. Se dicta la carrera de Terapia Funcional y se ofrece capacitación para enfermeras auxiliares en el área de Terapia Física.68

Vivienda

En Honduras no existe un proyecto de vivienda pública para personas con discapacidad ni planes de crédito o ayudas para que éstas adquieran una vivienda69. 

Se implementó un proyecto de viviendas denominado "Ciudad España" después del huracán Mitch que devastó al país. Al principio, los destinatarios de este proyecto fueron las víctimas de las inundaciones. Posteriormente, la Unión Nacional de Ciegos Hondureños, la Asociación de Limitados Físicos de Honduras y la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad realizaron gestiones para que una parte de las viviendas (200 viviendas) se otorgara a personas con discapacidad. Este proyecto es auspiciado y conducido por la Cruz Roja Hondureña y la Cruz Roja Española.70

Según una fuente de información, existen centros de vida independiente en Santa Bárbara y Danli apoyados por FUHRIL.71

Institucionalización

En Honduras existen varias instituciones que operan con la misión específica de brindar alojamiento y cuidados a largo plazo a personas con discapacidad. Ellas son: Escuela para Ciegos Pilar Salinas, Asilo de Inválidos, Hogar Bencalet, Aldeas SOS y Casa de Ángeles. La mayoría de las personas que se encuentran en este tipo de albergues ha sido abandonada por su familia o son huérfanas.72  No existe ningún mecanismo para informar la incidencia de muerte y abuso en estas instituciones.

Accesibilidad 

Además de las graves dificultades económicas, los problemas de desplazamiento y transporte son unos de los mayores retos que enfrentan las personas con discapacidad. Los edificios públicos y los medios de transporte, en su mayoría, son inaccesibles incluso en las zonas urbanas. 

Hasta la fecha no existe ninguna normativa sobre accesibilidad. La Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras (FENOPDIH), la Asociación Nacional de Sordos de Honduras (ANSH), la Asociación de Limitados Físicos de Honduras (ALFH),la Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras (ANADISH) y la Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado ( FUHRIL) están trabajando en forma conjunta en una propuesta normativa con alcance nacional que establezca que los edificios e instalaciones públicas deben ser accesibles para las personas con discapacidad.73

En la actualidad, la mayoría de los edificios públicos no es accesible para las personas con discapacidad motriz. La oficina de correos en la ciudad capital no es accesible ya que hay escaleras en la entrada principal. Tampoco son accesibles los edificios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Salud.

En general, la infraestructura dista de ser óptima. Las personas con discapacidad tropiezan con dificultades al intentar deambular por las calles sin tener algún tipo de accidente. Se observa falta de rotulación en los cruces de calles, existencia de alcantarillas destapadas y baches, falta de pasamanos en las paredes, falta de rampas y elevadores, y falta de sanitarios públicos accesibles para personas con discapacidad motriz.74 

El transporte público no es accesible para las personas con discapacidad física, lo que dificulta su traslado de un lugar a otro. Los autobuses públicos no están adaptados para personas con discapacidad motriz.  Son muy pocas las personas con discapacidad que poseen un vehículo adaptado. Por lo tanto, es casi imposible que las personas con discapacidad motriz puedan participar en eventos sociales, educarse y trasladarse a un sitio de trabajo.75

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

La entidad que estaba a cargo de la planificación de las políticas en materia de discapacidad era el Instituto de Habilitación y Rehabilitación de Personas con Discapacidad, que se cerró.  En consecuencia, no existe un plan nacional de acción en discapacidad. El rol de planificación fue asumido temporalmente por el Ministerio de Salud que elaboró las Políticas Sociales. Estas políticas se formularon conjuntamente entre representantes de organismos gubernamentales y privados de y para personas con discapacidad.76 

Las mencionadas Políticas Sociales serán el punto de partida de un futuro plan nacional. Este plan se elaborará también con la ayuda de todos los actores que participaron en las discusiones anteriores, principalmente las personas con discapacidad.77

Además, los organismos gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil están trabajando en forma conjunta para revisar la ley de discapacidad y preparar un proyecto.  Se llevaron a cabo dos talleres para recabar las opiniones e ideas de la comunidad de personas con discapacidad sobre las propuestas de reformas. Se espera finalizar el proyecto de ley en 2004 y se lo enviará al Congreso una vez aprobado por los representantes del sector de discapacidad. Entre las organizaciones de y para personas con discapacidad que participan en el proceso cabe mencionar FENOPDIH, la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación (CIARH), FUHRIL y Handicap Honduras.

En un esfuerzo sin precedentes, en julio de 2001, distintas organizaciones de personas con discapacidad de todo el país se reunieron bajo la Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras para crear la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras. Al igual que la Asociación Nacional de Discapacitados de Honduras, que está integrada por personas con distintas discapacidades, la Federación es una organización que integra diversas discapacidades. Su objetivo principal es luchar por el reconocimiento social de las personas con discapacidad e incidir en el ámbito político y social en situaciones que las afecten. El grupo participa en reuniones de alto nivel e interviene en procesos de toma de decisiones. 

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Factores clave: La intervención del Estado en temas de discapacidad ha traído como consecuencia una mejora significativa en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Las mejoras en el acceso a la educación especial, a la capacitación, a la vivienda, al transporte y a algunas partes del medio físico han aumentado la participación e inclusión de las personas con discapacidad. Estos avances, no obstante, se concentran en las zonas urbanas. Además, no es obligatorio cumplir con la política nacional sobre discapacidad, con lo cual no existe obligación alguna de continuar implementando cambios.

Terminología

En la Constitución, se utilizan los términos "demente" y "trastornos mentales" para hacer referencia a las personas con discapacidad mental. Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de este documento se conservó la terminología original.

Definición de discapacidad

En Jamaica, se utilizan varias definiciones de discapacidad según la política o la finalidad para la cual se defina el término. La Política Nacional para Personas con Discapacidad y el Censo de Población de Jamaica emplean la misma definición. En estos dos documentos se define la discapacidad como "toda restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La restricción o ausencia de la capacidad debe ser consecuencia de una deficiencia".1  

En la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida se utiliza otra definición.  En ella se define que existe discapacidad cuando "las perspectivas que tiene una persona de conseguir y conservar un empleo adecuado se ven considerablemente reducidas por deficiencias físicas y/o mentales".2  Esta definición se centra más en la capacidad para trabajar de la persona que en su estado de salud.

1. Instituto de Estadística de Jamaica, Censo de Población de 2001, Jamaica 1, 2001; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Política Nacional sobre Discapacidad para Personas con Discapacidad, 1999.

2. Instituto de Estadística de Jamaica, Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida, (Instituto de Planeamiento de Jamaica), 2001.

Población con discapacidad

La identificación del total de la población con discapacidad es un tema de gran interés tanto para las personas con discapacidad como para las autoridades encargadas de formular políticas.  El Censo de Población de Jamaica del año 2001 registró una población total de 2.607.633 habitantes. El censo llevado a cabo en 1991 arrojó una población de 2.380.667.  Estos dos últimos censos intentaron identificar el número de personas con discapacidad. En el año 2001 el censo registró 162.860 personas con discapacidad, lo cual representa el 6,2% de la población. En comparación, el censo del año 1991 arrojó un total de 111.114 personas con discapacidad, lo cual comprende el 4,7% de la población.3 En el cuadro 1 se indica la composición de la población con discapacidad de Jamaica. 

Cuadro 1: Cifras totales de población en 1991 y 2001

Total
Población en 1991

% del total	Total

Población en 2001

Población con discapacidad en 1991

Población con discapacidad en 2001

% del total

Total   2.380.667  111.114    4,7%   2.607.633   162.860    6,2%

Hombres 1.167.496   50.966   4,4%  1.283.547   80.004   6,2%

Mujeres  1.213.171   60.148   5,0%   1.324.085   82.856   6,3%

Tanto las autoridades encargadas de formular políticas como los defensores de los derechos de las personas con discapacidad coinciden en que las cifras de los censos subestiman las cifras reales de población con discapacidad. Por ello, suelen utilizar las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud que indican que un promedio del 10 % de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad.

Otra fuente de información que identifica a la población con discapacidad es la Encuesta Anual sobre Condiciones de Vida. La encuesta es realizada en forma conjunta por el Instituto de Estadística de Jamaica y el Instituto de Planeamiento de Jamaica. Se incluyen preguntas sobre discapacidad en el módulo de salud, el cual fue incorporado en dos de las encuestas realizadas desde el año 2000. El módulo tiene por objeto determinar si las personas tienen discapacidad física y/o mental y desde cuándo tienen dicha discapacidad. Nunca se han publicado los resultados dado que el número de personas identificadas en la muestra es muy reducido como para poder realizar un análisis significativo.4

Los registros llevados por distintas entidades para personas con discapacidad indican que el porcentaje de este segmento poblacional no ha sufrido variaciones significativas en los últimos cinco años. Sin embargo, según el cuadro 1, se registra un aumento sostenido del número de personas con discapacidad. Es probable que este aumento gradual se deba a un mejor registro de la información y a una mayor toma de conciencia de la población. También ha habido cambios notables respecto de la naturaleza de algunas discapacidades. 

3. Instituto de Estadística de Jamaica, Censo de Población de 2001.

4. Kristen Fox, entrevistado por la autora, agosto de 2003; Huber Serrard, entrevistado por la autora, septiembre de 2003.

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Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Sordos de Jamaica, en los años '60 y '70 había más personas con discapacidad auditiva entre severa y profunda, mientras que en la actualidad hay más personas con discapacidad auditiva entre leve y moderada.5 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Jamaica ha suscripto y ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los siguientes: la Convención de los Derechos del Niño (1989), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Jamaica también firmó la "Declaración de Derechos Electorales para Ciudadanos con Discapacidad" un proyecto de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, International Foundation for Election Systems).6 

Jamaica apoya la creación de una Convención para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de las Naciones Unidas y votó a favor de dicho instrumento cuando fue propuesto inicialmente por México en el año 2001. También tuvo una destacada participación en las reuniones del Comité Especial encargado de preparar la Convención en los años 2001 y 2002.7 

La normativa nacional referida a las personas con discapacidad comprende la Constitución, la Política Nacional sobre Discapacidad y varias normas legales específicas. La Constitución de Jamaica garantiza ciertos derechos elementales a todas las personas de la comunidad, pero no menciona de manera específica a las personas con discapacidad. En el año 1999 el Parlamento constituyó una comisión cuyo objeto era formular recomendaciones sobre la reforma de la Constitución. El Senador Floyd Morris, con discapacidad visual, abogó por la inclusión de protecciones constitucionales para las personas con discapacidad. Sin embargo, la comisión no incorporó los derechos de las personas con discapacidad en las recomendaciones para la Declaración de Derechos.8 

La Política Nacional sobre Discapacidad de Jamaica fue aprobada por el Parlamento en noviembre de 1999. Las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sirvieron de base para su elaboración. En esta política se establecen lineamientos que promueven la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil a fin de lograr la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.  No obstante, no se puede exigir el cumplimiento de esta Política ya que no existe un sistema de sanciones con fuerza legal. 

Se ha trabajado mucho para intentar lograr la sanción de leyes que consagren derechos a favor de las personas con discapacidad. Actualmente el gobierno está elaborando una Ley Nacional de Discapacidad, que originalmente se pensaba terminar durante el período de sesiones legislativas de 2003. En fecha reciente, el Primer Ministro avaló esta Ley en una de sus declaraciones.

5. Clínica de Audición y Evaluación Thelma Tweedle, Asociación de Sordos de Jamaica; Ministerio de Salud, Informe Anual de Jamaica de 2001.

6. Bill of Electoral Rights for Citizens with Disabilities [Declaración de Derechos Electorales para Ciudadanos con Discapacidad] (Sigtuna, Suecia, 16 de septiembre de 2002), http://www.electionaccess.org/rs/Bill_English.htm.

7. Faith Innerarity, entrevistada por la autora, 2001.

8.  Informe de la Comisión Especial Conjunta sobre los debates acerca del Proyecto de ley denominado "Ley para reformar la Constitución de Jamaica con el propósito de incorporar una Declaración de Derechos y tratar temas relacionados"  

Además de la Política Nacional para Personas con Discapacidad existen varias leyes que amparan a las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas con discapacidad son reconocidas y protegidas por el sistema de seguridad social. En 1992, se introdujeron exenciones en el impuesto a las ganancias para personas con discapacidad. Sin embargo, pocas personas pueden gozar de este beneficio ya que muchas no tienen empleo o están en una categoría por debajo del mínimo no imponible del referido impuesto. Entre otras normas también cabe mencionar las relativas a educación y salud, y las que disponen una reducción en los pasajes de transporte colectivo. 

No existen restricciones a la inmigración; sin embargo, algunas personas con discapacidad no reunirían las condiciones necesarias para recibir asilo en Jamaica. El asilo se concede conforme a las directivas de la ONU; no obstante, se estudia cuidadosamente el caso de las personas que no pueden trabajar antes de aceptarlas. No hay restricciones en cuanto a la adopción de niños por parte de personas con discapacidad. 

En caso de que sus derechos sean violados, los principales mecanismos a los que pueden recurrir las personas con discapacidad son la demanda civil, la acción penal y la intervención de un organismo independiente de derechos humanos. 

Barreras legales

Subsisten barreras legales para algunas personas con discapacidad. La Constitución establece que cuando una persona "hubiere sido declarada demente o, por otras razones, se considerare que tiene trastornos mentales" no "... estará calificada para inscribirse como votante ni para votar en una elección, y, por ende, no será inscripta ni tampoco podrá participar en las elecciones".9  Además, el artículo de la Constitución sobre las elecciones limita el derecho de las personas que se encuentran en estas condiciones al disponer que no podrá "ser nombrado Senador o electo miembro de la Cámara de Representantes".10  

El artículo 15 de la Constitución establece que una persona podrá ser privada de su libertad personal "cuando la persona tuviere, o se sospechare fundadamente que tuviere, trastornos mentales". Si bien el artículo 20 garantiza que a toda persona acusada de un delito se le facilitarán los servicios de un intérprete si no entendiere el idioma inglés, no especifica si debe intervenir un intérprete en el caso de que el acusado fuera una persona con deficiencias auditivas o del lenguaje. 

Participación ciudadana

Conforme a la Constitución de Jamaica, todos los ciudadanos tienen derecho al voto. Por su parte, la ley dispone que deberá brindarse ayuda al votante ciego para que pueda emitir su voto y que dicha ayuda puede provenir de una persona conocida por el votante o del funcionario electoral que presida el centro de votación.  
 
La Oficina Electoral tiene la responsabilidad de establecer los centros de votación. Si bien se tiene en cuenta a las personas ancianas y a aquéllas con limitaciones motrices; en realidad, no se garantiza que se brindará acceso a todos los ciudadanos. 

9. Constitución, capítulo 5, artículo 37, inciso 2.

10. Constitución, artículo 40, inciso 2.

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De acuerdo con el funcionario de información pública de la Oficina Electoral, los lugares de votación se ubican, en la medida de lo posible, en planta baja pero no se proveen rampas cuando hay escaleras en el lugar. Se les brinda información a los funcionarios electorales sobre cómo ayudar a las personas ciegas o con otro tipo de discapacidad física. Sin embargo, no se dispone de formatos alternativos tales como Braille o lengua de señas en caso de que un votante necesite información adicional.11

Inclusión

Comunicación

La Biblioteca Nacional cuenta con un sector audiovisual que se actualiza periódicamente por medio de donaciones y compras. No está específicamente dirigido a personas con discapacidad auditiva o visual, pero se pueden realizar adaptaciones que tengan en cuenta las necesidades especiales de estas personas si se solicitan. Ninguna de las bibliotecas tiene material en Braille ni tampoco ofrecen el servicio de interpretación a las personas sordas o con deficiencias auditivas. 

El gobierno no comunica sus actividades en formatos alternativos. Sin embargo, se brinda interpretación en lengua de señas para importantes acontecimientos nacionales. Un canal de televisión local (CVM TV) está desarrollando un sistema de subtitulado para su principal noticiero. Televisión Jamaica (TVJ) brindaba interpretación en lengua de señas en pantalla, pero el servicio se canceló por falta de auspiciantes. 

Los tribunales cuentan con intérpretes de lengua de señas para víctimas de abuso u otro tipo de delitos. La Asociación de Sordos de Jamaica (JAD, Jamaica Association for the Deaf) facilita los intérpretes como parte de su Programa de Servicios Sociales. El alcance del programa es limitado porque sólo hay un empleado que se ocupa de coordinar los servicios y de asignar personal a los tribunales. Junto con la JAD, los tribunales ofrecen capacitación en lengua de señas en el Instituto de Capacitación Judicial para aquellos empleados de la justicia que estén interesados. La JAD también ofrece otros cursos independientes de interpretación de lengua de señas y está contemplando mancomunar esfuerzos con iglesias y otras ONG para brindar cursos de capacitación.12

Educación

El Ministerio de Educación no cuenta con datos relativos al número de niños con discapacidad en edad escolar. Según normas británicas y estadounidenses, el Ministerio trabaja partiendo del supuesto de que alrededor del 25% de la población necesita educación especial.13  En los últimos 30 años, el campo de la educación especial se ha desarrollado de manera considerable. Hasta 1974 eran las entidades voluntarias privadas las que mayormente brindaban educación especial.

11. Neville Graham (Funcionario de información pública, Oficina Electoral de Jamaica), entrevistado por la autora, octubre de 2003.

12. Iris Soutar (Directora Ejecutiva, Asociación de Sordos de Jamaica), entrevistada por la autora, agosto de 2003.

13. Hickswell Douglas (Funcionario del área de Educación, Ministerio de Educación), entrevistado por la autora, agosto de 2003.

En ese momento el gobierno asumió la responsabilidad de cubrir todos los gastos operativos fijos. A pesar de la falta de datos estadísticos, el Ministerio de Educación, Juventud y Cultura informa que una cantidad mayor de niños con discapacidad ha accedido a programas de educación especial en las escuelas, desde que la educación especial pasó a manos del gobierno. Los programas de educación especial basados en el hogar y en la comunidad también contribuyeron a incrementar las oportunidades educativas para los niños con discapacidad. De todas maneras, las oportunidades para niños con discapacidad mental son limitadas. La Escuela de la Esperanza (School of Hope) y la Fundación Abilities (Capacidades) brindan algunos cursos de formación profesional.14 

En la actualidad, 2.202 alumnos están inscriptos en escuelas especiales y centros de educación especial estatales o subsidiados por el Estado. Estos programas emplean 307 docentes. Hay cuarenta y ocho escuelas subsidiadas por el Estado en todo el país. La Escuela de la Esperanza es el principal prestador de servicios de educación especial para niños con discapacidad y tiene veintinueve centros anexados a escuelas comunes. Sólo una escuela brinda educación integrada. Además de las escuelas con apoyo estatal, hay aproximadamente 300 alumnos con discapacidad educativa o de otra índole inscriptos en escuelas privadas. Según un informe del Ministerio de Educación, Juventud y Cultura, "a pesar de estas iniciativas y del aumento en la cobertura y en la calidad, el programa de Educación Especial carece todavía de un número suficiente de docentes capacitados, instalaciones y equipamiento adecuados, y regularidad en la asistencia de los alumnos".15 Existe una gran diferencia entre el personal y las instalaciones rurales, por un lado, y el personal y las instalaciones urbanas, por el otro. Es obligatorio que los establecimientos escolares nuevos cuenten con aulas accesibles.  

Todos los docentes deben completar un curso de capacitación en "excepcionalidades" como parte del plan de estudios de su carrera. Además, dos profesorados ofrecen programas de capacitación en educación especial para aquellos que desean especializarse en la materia. También se les brinda a los docentes una capacitación interna, en la escuela donde se desempeñan, para trabajar con alumnos con discapacidad. Se ofrecen cursos de postgrado en la Universidad de West Indies y en la Universidad Nova en el exterior.16

Existen programas de detección y estimulación temprana en el marco del Proyecto de Estimulación Temprana, a cargo del Consejo de Personas con Discapacidad de Jamaica, que es un organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Estos programas se implementan, en su gran mayoría, a través de bases comunitarias y son administrados por varias organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.17 Además del Proyecto de Estimulación Temprana, existe el Proyecto 3D, Servicios Rurales para Niños con Discapacidad (RSCD, Rural Services for Children with Disabilities) y el Grupo Clarendon de y para Personas con Discapacidad.17  En el cuadro 2 se indica la cantidad de niños con discapacidad identificados a través de los diversos programas de intervención.

14. The Way Upward [El camino hacia adelante], Proyecto del Ministerio de Educación, Juventud y Cultura, 1999, http:// www.moec.gov.jm/policies/whitepaper.htm.

15. Ibídem.

16. Hickswell Douglas (Funcionario del área de Educación, Ministerio de Educación, Juventud y Cultura), entrevistado por la autora, 27 de agosto de 2003.

17. Folletos del Proyecto de Estimulación Temprana, Consejo de Personas con Discapacidad de Jamaica, Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

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Cuadro 2:  Cantidad de niños con discapacidad identificados mediante la intervención temprana, 200118

Entidad
Ctd. de oficinas
Ctd. de niños
Proyecto de Estimulación Temprana
Kingston
1
155

Proyectos 3D  (4 parroquias)
6
300
Grupo Clarendon de y para Personas con Discapacidad
1
202

Organización Privada (6 parroquias)

Sin oficinas propias, servicios brindados a través de los centros de salud

650

Centro McCam, Kingston
1
7
Total
9
1.304

Con el propósito de brindar servicios de amplia difusión, las entidades abarcan distintas zonas del país. Con anterioridad, la mayoría de los servicios estaba concentrada en Kingston, con lo cual no se le prestaba ningún servicio a un gran número de niños de las zonas rurales. Los programas ofrecidos por las entidades brindan capacitación continua a los promotores rurales de salud y también capacitación en el hogar para padres.  Los RSCD, el Grupo Clarendon de y para las Personas con Discapacidad y el Proyecto 3D también cuentan con programas de detección temprana que se implementan a través de clínicas. En todos los programas se les enseñan a los padres métodos para contribuir con el aprendizaje motriz y el desarrollo de sus hijos. Los padres son supervisados de cerca para asegurar que proporcionen un cuidado adecuado.19  Se formaron sólidos grupos de apoyo entre padres durante este proceso.

Los docentes y los padres pueden enviar a los niños a diversos centros para su evaluación. Entre estos centros cabe mencionar el del Instituto de formación docente Mico, la Escuela de la Esperanza o la Asociación de Niños con Discapacidad Educativa de Jamaica (JACLD, Jamaica Association for Children with Learning Disabilities). También se brindan algunos servicios de detección en la escuela primaria, aunque las evaluaciones que se realizan en este contexto tienen como objetivo determinar la capacidad de aprendizaje, con lo cual la detección de discapacidades es en gran medida incidental. 20  

Empleo

En Jamaica, la mayoría de las personas con discapacidad no puede conseguir un empleo remunerado. Entre los factores que impiden su inclusión en la fuerza laboral se encuentran los siguientes: la discriminación, los lugares de trabajo inaccesibles y la poca experiencia laboral y capacitación que tiene la mayoría de las personas con discapacidad. El Estado es el principal empleador de las personas con discapacidad; sin embargo, no cumple con la recomendación de la Política Nacional sobre Discapacidad, por la cual el cinco por ciento, como mínimo, de los puestos de trabajo de la administración pública debe ser cubierto por personas con discapacidad.

18. Thorburn Samms-Vaughn, Draft Situational Analysis, 6th draft [Borrador del Análisis Situacional, borrador 6to.], Ministerio de Salud y UNICEF. 

19. Sandrea Long-White (Rural Services for Children with Disabilities PVO Ltd [Servicios Rurales para Niños con Discapacidad]), entrevistada por la autora, agosto de 2003.

20. The Way Upward [El camino hacia adelante].

El Estado, a través de la Fundación Abilities, el Consejo de Personas con Discapacidad de Jamaica (JCPD, Jamaica Council for Persons with Disabilites) y varias ONG, ofrece algunos programas de formación profesional y colocación de empleo. El JCPD brinda un servicio de colocación de empleo que está diseñado para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir puestos de trabajo adecuados. Según el JCPD, "el programa de capacitación es eficaz, pero las condiciones socio-económicas dificultan la obtención de empleo por parte del conjunto de personas con discapacidad. La actitud negativa de los empleadores respecto de la discapacidad también contribuye". Algunos empleadores se muestran reacios a aceptar personas con discapacidad y sólo ofrecen empleo temporal. El JCPD también proporciona subsidios para ayudar a personas con discapacidad a establecer y administrar negocios viables. 

Servicios de salud

El Ministerio de Salud asigna fondos para la atención médica de personas con discapacidad y tiene a su cargo los servicios de rehabilitación. En el Centro de Rehabilitación Sir John Golding, se ofrecen servicios de rehabilitación a largo plazo y en once hospitales públicos se brindan cuidados intensivos.21  

El Centro de Rehabilitación Sir John Golding ofrece ayudas técnicas subsidiadas. También pueden obtenerse estas ayudas en las ONG, como por ejemplo en la Sociedad de Ciegos de Jamaica, la Sociedad de Sordos de Jamaica y Paradof, y en entidades comerciales tales como Rehab Plus. 

Los médicos de atención primaria, las enfermeras, los asistentes médicos y los promotores rurales de salud tienen acceso a programas de capacitación que se centran en la prestación de servicios a personas con discapacidad. El Ministerio de Salud no pudo suministrar información acerca del porcentaje de profesionales de la salud que han recibido capacitación para prestar servicios a personas con discapacidad.   

Vivienda

El Fondo Nacional para la Vivienda (NHT, National Housing Trust), organismo con financiación estatal, cuenta con un programa de beneficios especiales para ayudar a personas con discapacidad a comprar o construir su vivienda. Se les ofrecen préstamos hipotecarios a las personas con discapacidad a un dos por ciento por debajo de la tasa de interés de mercado. Un determinado porcentaje de la totalidad de las casas construidas por el NHT se reserva para personas con discapacidad. El acceso a estos programas depende de las posibilidades de la persona de satisfacer los requisitos económicos establecidos y de financiar el crédito hipotecario. Cuando se asigna una vivienda a una persona con discapacidad motriz, el NHT la adapta para el uso y las necesidades de dicha persona. Las viviendas que están disponibles a través de este programa tienen un precio moderado debido a que el mercado al que se apunta es el del consumidor de ingresos bajos o medios.

21. Nicholas Ford (Coordinador de los Servicios de Terapia Física, Hospital Público de Kingston), entrevista telefónica, octubre de 2003.

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Institucionalización

Hay varias instituciones que brindan atención de corto y largo plazo a personas con discapacidad.  Por lo general, las personas con discapacidad ingresan a una institución porque se encuentran en situación de riesgo, cuando son abandonadas o cuando sus familias no pueden proporcionarles atención y cuidado. Las instituciones para personas con discapacidad brindan servicios de orientación y rehabilitación. Las personas tienen el derecho a rechazar el tratamiento. En los casos en que se considera que la persona no puede decidir por sí misma, son los funcionarios de la salud los responsables de decidir la duración de la internación y el tipo de institución adecuada para el tratamiento de la persona. En el artículo 6 de la Ley sobre Salud Mental de septiembre de 1999, se regula este proceso. 

Los Jamaiquinos por la Justicia (The Jamaicans for Justice) y el Consejo Independiente de Derechos Humanos de Jamaica (IJCHR, Independent Jamaican Council for Human Rights) supervisan los casos de abuso en las instituciones y también investigan el trato de niños con discapacidad que viven en instituciones mientras esperan ser adoptadas. Las tareas de investigación se incorporaron como consecuencia del caso de un niño que, a través de su conducta, mostraba indicios de haber sido víctima de abuso durante su paso por la institución antes de ser adoptado. El Consejo de Personas con Discapacidad de Jamaica también investiga denuncias de casos de abuso. El Consejo no lleva un registro de casos que ocurrieron en el pasado; por lo tanto, no pudo obtenerse información para este informe.

Además, el IJCHR se dedica a supervisar el trato de las personas con discapacidad mental que están en prisión sin haber recibido condena por un delito. Después de ser consideradas inimputables respecto de los cargos en su contra, no pueden defenderse y terminan perdidas en el sistema penitenciario, muchas veces durante años. Un caso dado a conocer por el IJCHR se refiere a un hombre que, por haber roto una ventana, permaneció en la cárcel durante 29 años sin juicio previo ni sentencia de condena. Mediante el trabajo de defensa de los derechos realizado por IJCHR algunas personas recuperaron su libertad y pudieron volver con sus familias, mientras que en otros casos se realizaron gestiones para que el Estado indemnizara a las víctimas de esta situación. 22 

Accesibilidad

El Código Nacional de Edificación fue modificado para contemplar el acceso para las personas con discapacidad. 23  Las directivas utilizadas para la modificación forman parte de una política más que de una ley y, por ende, su cumplimiento no es obligatorio. El código de edificación modificado es consultado para la realización de nuevos proyectos de construcción, pero rara vez es utilizado para modificar edificios ya construidos. La Política y los Lineamientos sobre Salud y Seguridad de los Empleados del Gobierno de Jamaica de 2002 abordan el tema del acceso a los edificios públicos.24 Los lineamientos contemplan la instalación y el mantenimiento de rampas en las entradas de los edificios, pero no abarcan el acceso a otras instalaciones en el interior de los edificios.

22. Yvonne Barnett-Russell, "The Mentally Ill In Prison Project" [Proyecto de las Personas con Discapacidad Mental en las Cárceles] Human Rights Link 6, No. 2, 2002.

23   Standing Review committee on the Building Code Ministry of Finance [Comisión Permanente para la Revisión del Código de Edificación del Ministerio de Economía]  The National Building Code of Jamaica [El Código Nacional de Edificación de Jamaica], 2da. edición, 1992.

24. The Government of Jamaica Employees Occupational Safety and Health Policy and Guidelines, 2002 [La Política y los Lineamientos sobre Salud y Seguridad de los Empleados del Gobierno de Jamaica de 2002].

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que alrededor del 10 por ciento del total de los edificios públicos son al menos parcialmente accesibles para las personas con discapacidad motriz. Algunos edificios que cuentan con rampas en la entrada carecen de detalles de diseño interior por lo que la accesibilidad se limita a la planta baja.25  Aunque la oficina de correo central es accesible para los usuarios de sillas de ruedas, no hay rampas en los cordones para tener acceso a la vereda. En Kingston muchas oficinas de correo son totalmente accesibles, pero es limitada la accesibilidad a las oficinas de correo de otras partes del país. En la actualidad, no se cuenta en Jamaica con cursos sobre diseño universal para arquitectos.

El servicio regular de transporte colectivo en la capital, Kingston, no es accesible para usuarios de sillas de rueda. Sin embargo, la Empresa de Transporte Urbano de Jamaica (JUTC, Jamaica Urban Transit Company) designó especialmente cuatro autobuses para personas con discapacidad y para personas mayores. Estos autobuses recorren itinerarios muy demandados por los usuarios a los que están dirigidos y unen lugares tales como hospitales, escuelas, principales zonas comerciales y comunidades residenciales locales. En octubre, se incorporaron otras dos unidades a la flota de autobuses. La JUTC trabaja en colaboración con el Consejo de Personas con Discapacidad de Jamaica y la Asociación de Discapacidades Mixtas para capacitar a los conductores y los cobradores de boletos encargados de prestar el servicio.  La Empresa de Transporte Montego brinda un servicio similar en la Bahía de Montego. Se ofrecen pasajes reducidos para personas mayores y para personas con discapacidad que viajan en el transporte público.  

Cultura, deportes y recreación 

Algunos centros de recreación han sido modificados para brindar acceso a las personas con discapacidad. Por ejemplo, el Estadio Nacional y algunos cines de la capital son accesibles. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

En Jamaica, el movimiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad surgió en el año 1981 con la creación de la Asociación de Discapacidades Mixtas, una organización que integra diversos tipos de discapacidad. En su momento, la Sociedad de Ciegos de Jamaica promovió la incorporación de representantes con discapacidad en el Directorio de la Asociación de Discapacidades Mixtas, el que originalmente estaba integrado por personas sin discapacidad. La función principal de la asociación, tanto en ese entonces como ahora, es promover y defender los derechos de las personas con discapacidad. Muchos de los cambios introducidos en las políticas y normas son el resultado de sus esfuerzos como grupo de presión. 

A pesar de dichos esfuerzos, subsiste una falta de coordinación entre el estado y la sociedad civil.  Además, sigue siendo necesario que se incremente la difusión de información al público acerca de las políticas y programas dirigidos a la inclusión y protección de los derechos de las personas con discapacidad. La información referida a estos derechos está fragmentada y a menudo las personas con discapacidad desconocen las posibilidades que tienen a su alcance.

25. Encuesta informal realizada por la investigadora.

México

260

México

Factores clave:  En México, la posición jurídica relativa a los derechos de las personas con discapacidad es contradictoria. Por un lado, el órgano legislativo está estudiando una ley federal para las personas con discapacidad. Por el otro, el gobierno ha tenido y tiene una muy destacada participación en la promoción de una Convención Internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad en el seno de las Naciones Unidas. Sin embargo, gran parte de las leyes internas vigentes no ha sido reglamentada aún y su cumplimiento es un problema.  Por lo demás, la población con discapacidad y sin ella conoce muy poco los derechos que tienen las personas con discapacidad.

Terminología

En México, se prefiere utilizar la expresión "personas con discapacidad" al analizar el tema de la discapacidad. La Ley Federal para las Personas con Discapacidad utiliza la frase "personas con capacidades diferentes". México no reconoce las discapacidades mentales o psiquiátricas y, por ello, utiliza otros términos como "deficiencia mental" y "desorden mental".  Cabe destacar que en las citas tomadas de los documentos oficiales, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

En general, las definiciones de discapacidad utilizadas en documentos oficiales y legales se refieren a las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el Programa de Acción Mundial para los Impedidos.

1. "México (República)", Enciclopedia(r) Microsoft(r) Encarta 2001; Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuadragésimo Octavo Período de Sesiones, Actas oficiales, Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 20 de diciembre de 1993, http://www.un.org/esa/ socdev/enable/dissres0.htm; Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 37/52, Programa de Acción Mundial para los Impedidos, 3 de diciembre de 1982, http://www.un.org/esa/socdev/enable/ diswpa01.htm#De?nition.

261 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Además, tanto el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PreveR-Dis) como el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad hacen referencia a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF o CIDDM-2), donde se plantea modificar el enfoque tradicional de la discapacidad mediante la integración de los modelos médico y social.2 Sin embargo, actualmente se está realizando un profundo análisis de la CIF antes de su implementación y, por lo tanto, aún no ha tenido incidencia en las definiciones de discapacidad de las leyes mexicanas. Los documentos oficiales incluyen las siguientes definiciones que pueden considerarse como las más representativas: 

Discapacidad. "Limitación o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal para un ser humano, como consecuencia de una deficiencia física o mental". (XII Censo General de Población y Vivienda)3  

Discapacidad. "Ausencia, restricción o pérdida de la habilidad, para desarrollar una actividad en la forma o dentro del margen considerado como normal para un ser humano". (Norma Oficial Mexicana (NOM-173-SSA1-1998) para la Atención Integral a Personas con Discapacidad)4

Persona con discapacidad. "Todo ser humano que presenta temporal o permanentemente una limitación, pérdida o disminución en sus facultades físicas, intelectuales ó sensoriales para realizar actividades que le son connaturales".  (Decreto por el que se expide la Ley Federal para las Personas con Discapacidad)5

Un análisis de 13 definiciones contenidas en diversos documentos oficiales permitió identificar algunos patrones. El uso recurrente de palabras como "padece", "sufre" o "vive" implica que se concibe a las personas con discapacidad como personas enfermas o confinadas a un mal permanente.  También es frecuente el uso del término "normal", el cual implica que cualquier asunto o actividad relacionada con la discapacidad es anormal. Este tipo de terminología impide considerar la discapacidad como una simple condición de vida.

2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social en colaboración con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, Contenido I La discapacidad: Aproximación al Concepto. 2001, 7; Secretaría de Salud en colaboración con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PreveR-Dis), Introducción. 2001, 13. 

3. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, "Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado", Glosario, 2000, 321.

4. Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998 Para la Atención Integral a Personas con Discapacidad, Definiciones, 1998, 3.

5. Decreto por el que se expide La Ley Federal para las Personas con Discapacidad, cap. I, art. 4, 2003.

México

262

Merece una mención especial la introducción de las definiciones de "Persona con Capacidades Diferentes" y "Capacidad Diferente" en la Ley para Personas con Discapacidad del estado de México. En esta ley se dispone que las "Personas con Capacidades Diferentes son aquellas que sufren una pérdida, alteración o disminución de un órgano o función física, sensorial o intelectual, que limita las actividades de la vida diaria e impide su desarrollo individual y social". En este contexto, se entiende por "capacidad diferente" "la limitación de una persona para realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico como consecuencia de una pérdida, alteración o disminución de un órgano o función física, sensorial o intelectual".6 No se ha explicado la razón por la cual se ha introducido este cambio en la definición. Diversas organizaciones no gubernamentales consideran muy perjudicial este cambio debido a su influencia en los medios de comunicación y en las acciones gubernamentales.7

En conclusión, la mayoría de las definiciones intentan apegarse a los modelos establecidos a nivel internacional. Sin embargo, aún se desconoce el nuevo concepto de discapacidad emanado de la CIF. 

Población con discapacidad

En México, los datos censales relativos a la discapacidad tienen sus antecedentes en el año 1900, cuando se incluyó el tema por primera vez en un censo de población y se lo mantuvo hasta 1940.  El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), órgano desconcentrado del gobierno federal fundado en enero de 1983, es la instancia responsable de generar la estadística de interés nacional y ha trabajado en la nueva recopilación de estadísticas relativas a la población con discapacidad en el país.8

En febrero de 1997, se llevó a cabo el primer Taller de Usuarios del Censo como parte de los preparativos del censo 2000. En este taller, organizaciones no gubernamentales y dependencias de la Administración Pública Federal propusieron al INEGI la incorporación del tema discapacidad en los contenidos del cuestionario censal, según las recomendaciones de las Naciones Unidas en este sentido. Una vez aprobada la propuesta, un documento del INEGI, titulado "Presencia del Tema de Discapacidad en la Información Estadística, Marco Teórico-Metodológico", sirvió de base para realizar estudios en la materia.9

6. Código Administrativo, Libro Décimo Primero, Título Primero, Capítulo Primero, Artículo 11.1, 13 de diciembre de 2003.

7. Centro para la Rehabilitación Internacional en coordinación con la Asociación Civil Libre Acceso, Los Derechos de las Personas con Discapacidad en México (panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, México, DF, 28 de octubre de 2003).

8 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, "Resultados Definitivos" (presentación Power Point, 2000), 29.

9. INEGI, Presencia del Tema de Discapacidad en la Información Estadística, Marco Teórico-Metodológico, 2001, www.inegi.gob.mx.

263 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

El XII Censo General de Población y Vivienda se llevó a cabo del 7 al 18 de febrero de 2000. Se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico y otro ampliado. Este último se utilizó en una muestra de 2,200,000 hogares y el básico en el resto del país.10 Con el cuestionario básico se identificó una población total de 97,483,412 habitantes en México.11

De este total, alrededor de 1,800,000 personas, o el equivalente al 1.84%, tiene algún tipo de discapacidad permanente o de largo plazo.  Sin embargo, debe resaltarse que una gran cantidad de personas no respondió a la pregunta sobre discapacidad.  Alrededor de 2,200,000 personas no especificaron si están o no en esta situación, lo que sugiere que la cantidad de personas con discapacidad identificadas puede ser inferior a la real por problemas metodológicos.12

En los cuadros 1 y 2 se presentan los resultados del cuestionario básico del censo.

Cuadro 1: Distribución según condición de discapacidad 13 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Población total 

Sin discapacidad
Con discapacidad
No especificado

97,483,412 93,463,833 1,795,300 2,224,279

Cuadro 2: Distribución según el tipo de discapacidad14  

Discapacidad
Hombres
Mujeres
Población
% de discapacidades

943,717 
851,583 
1,795.300 

MOTRIZ
418,690 
395,177 
813,867 
45.33 
AUDITIVA
155,814 
125,979 
281,793 
15.70 
DEL LENGUAJE
46,506 
40,942 
87,448 
4.87 
VISUAL
230,862 
236,178 
467,040 
26.01 
MENTAL
161,409 
128,103 
289,512 
16.13 
OTRO TIPO
7,450 
5,617 
13,067 
0.73 
NO ESPECIFICADO
4,414 
2,705 
7,119 
0.40 

La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser mayor que el total por la población que presenta más de una discapacidad.  

10. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, "Cuadros con Datos Básicos, Cuadro 22 Distribución Porcentual de la Población por Entidad Federativa según Condición de Discapacidad y Tipo de Discapacidad", 2000, 105.

11. INEGI, Información Geográ?ca, Datos Generales, http://mapserver.inegi.gob.mx/geogra?a/espanol/datosgeogra/basicos/estados/tablapoblacion.cfm.

12. Resultados De?nitivos.

13. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, Población Total por Entidad Federativa, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad y su Distribución y Tipo de Discapacidad, 2000.

14. Cuadros con Datos Básicos, Cuadro 22 Distribución Porcentual de la Población por Entidad Federativa según Condición de Discapacidad y Tipo de Discapacidad. 

México

264

En cambio, el cuestionario ampliado permitió registrar una cantidad levemente mayor de personas con discapacidad.  Se estimó el porcentaje de personas con discapacidad en 2.31% con respecto a la población total del país. La distribución entre los tipos de discapacidad fue similar a la observada con el cuestionario básico, con la excepción de las discapacidades auditivas y mentales. En las respuestas del cuestionario básico, los casos de discapacidad auditiva fueron levemente menos frecuentes que los de discapacidad mental; mientras que con el cuestionario ampliado los casos de discapacidad auditiva fueron levemente más frecuentes que los de discapacidad mental. Además, a través del cuestionario ampliado se aplicó una pregunta acerca de la causa de la discapacidad. En el cuadro 3 se indica que la principal causa de discapacidad en México es la enfermedad.

Cuadro 3: Distribución porcentual por sexo según causa de la discapacidad15  

Nacimiento
Enfermedad
Accidente
Edad avanzada
Otra causa
No especificada

Total 
19.41% 
31.59% 
17.68% 
22.66% 
1.93% 
6.73% 
Hombres
20.02% 
29.40% 
23.29% 
18.60% 
1.96% 
6.73% 
Mujeres
18.74% 
33.99% 
11.52% 
27.11% 
1.91% 
6.73% 

Si bien las cifras censales son las estadísticas oficiales nacionales de la población con discapacidad, existen otras fuentes de información en México que sugieren cifras mayores.  En el Programa Nacional de Salud 2001-2006 se estima que se producen alrededor de 267,000 nuevos casos de discapacidad por año. En el cuadro 4 se muestra la cantidad y las causas que pueden producir nuevas discapacidades. 

Cuadro 4: Cálculo anual de producción de discapacidades16

Fracturas graves
125,000 
Malformaciones congénitas
67,000 
Secuelas de enfermedad vascular-cerebral
43,000 
Secuelas de trauma cráneo-encefálico
20,000 

Casos de parálisis cerebral infantil
12,000 
Total 
267,000 

15. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, "Tabulados de la Muestra Censal, Cuestionario Ampliado". 

16. Secretaría de Salud, "En Dónde Estamos. La Salud y los Servicios de Salud en México", Programa Nacional de Salud 2001-2006, 2001, 35. 

265 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Por su parte, el Programa PreveR-Dis elaboró sus proyecciones basadas en las tendencias poblacionales de México. Debido a que la discapacidad se asocia con una tendencia a aumentar progresivamente en los países en desarrollo, las proyecciones indican que para el año 2050 la población total de México será de aproximadamente 145 millones y la población con discapacidad de 22 millones (15.17%).17  Por último, cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también ofrece información en esta materia. 

Las cifras estadísticas oficiales relativas a la discapacidad que arrojó el Censo 2000 se están comenzando a utilizar como referente para el diseño de programas a favor de las personas con discapacidad. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil y algunas instancias públicas consideran que estos datos no son muy confiables y, por ello, muchas utilizan las estimaciones de la OMS, según las cuales el 10% de la población tiene alguna discapacidad. En estas circunstancias, existe el riesgo de subestimar la dimensión de la problemática que implica la discapacidad y de elaborar planes de acción y asignar recursos sobre la base de interpretaciones de cifras sumamente inciertas. En la actualidad, se está tratando de formular la(s) pregunta(s) que permita(n), en el próximo censo general de población, tener más precisión al identificar a las personas con discapacidad.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

México se convirtió en un Estado miembro de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1945 y a partir de esa fecha ha votado, en general, de manera positiva en los tratados concernientes a las personas con discapacidad.19  Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas fueron formalmente adoptadas por México en el año 1995 con la creación del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE).20 Además, las Normas Uniformes establecieron las directrices que han permitido definir el sentido de las políticas y normativas concernientes al tema de la discapacidad en México. Por ejemplo, las leyes estaduales para personas con discapacidad se ajustaron a los fundamentos de estas normas. 

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue ratificada por México el 6 de diciembre de 2000 y el instrumento de ratificación se depositó el 25 de enero de 2001. La ley que ratificó la convención a nivel interno se publicó oficialmente el 12 de marzo de 2001 y se encuentra actualmente en vigencia.21  La ratificación de este instrumento ha sido el pretexto para incorporar preceptos específicos en materia de discapacidad en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se sancionó el 11 junio de 2003.22

17. 2001 - 2006 Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PreveR-Dis), 16.

18. IMSS, La discapacidad en los derechohabientes del IMSS, Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000, enero de 2003.

19. Organización de las Naciones Unidas, Lista de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, http://www.un.org/spanish/aboutun/unmember.htm

20. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

21 2001 - 2006 Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, 13.

22. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículos 6 a 8, (nueva ley del 11 de junio de 2003).

México

266

México también ha suscripto el Convenio 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas.  Este convenio fue ratificado el 5 de abril de 2001 y publicado oficialmente el 22 de abril de 2002.23

En el 56º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México propuso elaborar una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La propuesta fue aceptada y adoptada mediante la resolución 56/168.24  

En este marco, se realizó la Reunión de Expertos hacia la Convención de las Naciones Unidas para Personas con Discapacidad en la Ciudad de México, del 11 al 14 de junio de 2002.25 Durante la reunión del Comité especial, que se llevó a cabo del 29 de julio al 9 de agosto de 2002, México presentó un proyecto de convención.26 Como resultado de estos trabajos, en el informe del primer período de sesiones del Comité Especial encargado de preparar la convención se recomendó realizar el segundo período de sesiones del Comité en junio de 2003.27

Con respecto al derecho interno cabe señalar que las personas con discapacidad no estaban mencionadas específicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según su redacción original. En agosto de 2001, se modificó el artículo primero de la Constitución a fin de incluir expresamente a las personas con discapacidad. Es importante señalar que el término "discapacidad" no aparece como tal en este artículo, sino que en su lugar se utiliza la expresión "capacidades diferentes". 

23. Secretaría de Relaciones Exteriores. Ratificación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; Ratificación del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas (Convenio 159), Tratados celebrados por México, Tratados Multilaterales, http://tratados.sre.gob.mx/BusquedaIndice.htm.

24. Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución aprobada por la Asamblea General sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/56/583/Add.2). 56/168, Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168s1.htm 

25. Secretaría de Relaciones Exteriores, Reunión de Expertos sobre la Convención Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, http://www.sre.gob.mx/discapacidad/

26. Organización de las Naciones Unidas, Comité Especial encargado de preparar una Convención Amplia e Integral para Proteger y Promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, A/AC.265/WP.1, Documento de trabajo presentado por México http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhocmeetaac265w1s.htm

27. Organización de las Naciones Unidas, Comité Especial encargado de preparar una Convención Amplia e Integral para Proteger y Promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. A/57/357, Informe del Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoca57357s.htm 

28. Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1, un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Primera sección, Gaceta Oficial de la Federación, 14 de agosto de 2001, 2.

267 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

El artículo primero, en su tercer párrafo, establece que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." 29    

En fecha reciente, diversas leyes estaduales y federales incorporaron el tema de la discapacidad al igual que numerosos códigos, planes, acuerdos, programas, normas y lineamientos.  Todas estas incorporaciones tienen por objeto fomentar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, a la fecha de redacción del presente informe, México no cuenta aún con una ley federal específica que tutele a las personas con discapacidad. Se ha elaborado un proyecto de ley de este tipo, que se encuentra pendiente de aprobación por el Senado de la República. El 30 de abril de 2003 la Cámara de Diputados publicó el Dictamen con la Aprobación del Decreto por el que se Expide la Ley Federal para las Personas con Discapacidad.30  Aun cuando, a enero de 2004, este proyecto no se ha convertido en ley, se espera que sea un instrumento importante en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad a nivel federal. 

Hasta que se sancione el referido proyecto de ley, las únicas leyes vigentes cuyo objeto específico es promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad son las de los 31 estados de la República y del Distrito Federal. La mayoría de estas leyes establece mecanismos de supervisión, sanciones por infracciones y el recurso de inconformidad.  Las sanciones previstas para las infracciones tipificadas en estas leyes son de carácter pecuniario.  La efectividad en la aplicación de estas sanciones aún se considera limitada, ya que más del 80% de las leyes no fue reglamentada aún.  Es preciso que se reglamente esta legislación para lograr beneficios concretos a favor de las personas con discapacidad.31  

Además, existen diversas leyes federales que tienen algunas disposiciones relativas a las personas con discapacidad.  En el cuadro 5 se ofrece un resumen de ellas. Por último, cabe señalar que el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales prevén las sanciones penales para delitos cometidos contra las personas con discapacidad declaradas "jurídicamente incapaces". Puede obtenerse más información sobre las normas estaduales y los lineamientos nacionales en el sitio web del IDRM. 

29. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma del 12 noviembre de 2002).

30. Cámara de Diputados, Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para las personas con Discapacidad, 2003.

31. Los Derechos de las Personas con Discapacidad en México.

México

268

Cuadro 5: Legislación federal de México32 

Denominación
Artículos
Código Civil Federal
Varios
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
149, 218
Ley Aduanera 
61
Ley de Aeropuertos 
36
Ley de Aviación Civil 
33
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
15, 154, 162
Ley de Fomento para la Lectura y el Libro 
10
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
25
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
6
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
21
Ley del Impuesto sobre la Renta 
222
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
51
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
3
Ley del Seguro Social 
Varios
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
21
Ley Federal de Derechos
186, 198, 198-A, 238-B, 238-C, 288
Ley Federal de Protección al Consumidor 
7, 58
Ley Federal de Turismo 
2, 9, 11, 16, 19, 28, 30, 32
Ley Federal del Trabajo
Varios
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
4, 5, 11, 13
Ley General de Asentamientos Humanos 
3, 33 y 51
Ley General de Cultura Física y Deporte 
2, 29, 47, 80, 90
Ley General de Educación 
41
Ley General de Salud 
Varios
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
39
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
3º Transitorio
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
3, 16, 28, 29, 30 y 31
Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 
43
Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social
4, 12, 15, 17, 44, 45, 46
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003 
55, 16º Transitorio

32. Leyes vigentes al 23 de julio de 2003. Textos actualizados y completos en http://www. cddhcu.gob.mx/leyinfo/. 

269 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

En México no existe ninguna organización que se dedique específicamente a proteger los derechos humanos o civiles de las personas con discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, que son los organismos encargados de proteger los derechos humanos y civiles, atienden a personas con discapacidad y sin ella.  Su atribución principal es atender las quejas en contra de presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o servidor público.  Con respecto a los casos de discriminación contra las personas con discapacidad, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación del 17 de septiembre de 2003, tendrá a su cargo la atención de denuncias por discriminación.  Se prevé que el Consejo entrará en funciones en enero de 2004.33  

En los últimos 10 años, los organismos responsables de formular políticas han demostrado un gran interés por la integración social de las personas con discapacidad. Por ello, es creciente el número de leyes que incluyen preceptos o versan sobre esta temática. Sin embargo, las personas con discapacidad y las organizaciones que los atienden no tuvieron participación en el diseño o reformas de estas leyes. En consecuencia, no se consideraron las múltiples necesidades especiales o características de cada tipo de discapacidad y el impacto social de estas leyes se ve disminuido. Si bien existen numerosas protecciones legales para las personas con discapacidad, su incumplimiento sigue siendo un problema. En general, "El marco jurídico nacional no restringe, sino por el contrario, hace énfasis en la igualdad de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y la no discriminación en todos los aspectos de la vida social. Es en la práctica donde se observa que ha faltado una cultura de la discapacidad mediante la cual la sociedad sienta a este grupo social como parte de sí misma y lo acepte con todas sus características".34  La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas de desarrollo social es cada vez más intensa y trascendental, lo que podrá mejorar esta situación en el futuro.

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen derecho al voto y a ser elegidas para ocupar cargos públicos sin ninguna restricción.35 Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 450 y 2585 del Código Civil Federal, una persona con discapacidad considerada en estado de "incapacidad natural y legal" no puede ocupar cargos públicos ni intervenir en la procuración en juicio.36

33. Dra. Amalia Gamio Ríos (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), respuesta enviada por correo electrónico, 26 de noviembre de 2003. 

34 Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, 12-13,  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, art. 4, (última reforma del 24 de junio de 2002); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 9, (nueva ley del 11 de mayo de 2003).

35.Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, art. 4, (última reforma del 24 de junio de 2002); Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 9, (nueva ley del 11 de mayo de 2003).

36. Código Civil Federal, arts. 450 y 2585, (última reforma del 20 de mayo de 2000).

México

270

En cuanto a la accesibilidad se observó un avance muy significativo en los comicios de 2003. Por ejemplo, las urnas de votación se colocaron a una altura adecuada y se utilizaron materiales en Braille, pero la falta de accesibilidad física a los centros de votación sigue siendo un obstáculo importante. Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que sólo el 20% de los lugares de votación son físicamente accesibles.  El Instituto Federal Electoral anunció su compromiso gradual y permanente para promocionar y facilitar el voto de las personas con discapacidad. Entre las iniciativas propuestas cabe mencionar la de implementar estrategias de capacitación electoral que incluyan este tema y proporcionar información accesible que oriente a los ciudadanos con discapacidad sobre los procesos electorales.

Inclusión

Comunicación

En general, existen pocos recursos para que las personas con discapacidad puedan comunicarse. Habitualmente, el gobierno no utiliza formatos alternativos como el Braille para brindar información sobre sus actividades, con la excepción de algunos documentos destinados específicamente a las personas con discapacidad visual.38 La versión en Braille de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es provista por el gobierno sino que puede obtenerse a través de una organización civil. El Comité Internacional Pro Ciegos I.A.P. (Institución de Asistencia Privada) ofrece diversas publicaciones en formato Braille, entre ellas, una versión desactualizada de la Constitución Política de 1998. Cabe señalar que estas publicaciones no son gratuitas. 

37. Instituto Federal Electoral, "Coordinación Nacional de Comunicación Social" (Comunicado de Prensa, Número 107, 11 de junio de 1997); Instituto Federal Electoral, Estrategia de Capacitación Electoral e Integración de Mesas Directivas de Casilla para el Proceso Electoral Federal 2002-2003, Noviembre de 2002, 46, http://deceyec.ife.org.mx/; Instituto Federal Electoral, Catálogo de Preguntas para Orientar a los Ciudadanos sobre el Proceso Electoral Federal 2002-2003, 37 y 38, http://deceyec.ife.org.mx/. 

38. Entrevista telefónica con un representante del Comité Internacional Pro Ciego I.A.P., 21 de octubre de 2003.

271 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

La Biblioteca Nacional de México, dependiente de la Universidad Nacional Autónoma, cuenta con una Sala Especial de Tiflológico que ofrece los siguientes servicios para personas con discapacidad visual: 

? Escaneo especial de documentos ? Lectura y grabación automatizada ? Edición de materiales impresos (programas Screen Reader, Open Book y Jaws) ? Amplificación de caracteres ? Transcripción de Braille a caracteres comunes y viceversa ? Talleres de adiestramiento en el manejo de los equipos. Por el tipo de colección con que cuenta la biblioteca, los materiales no requieren una actualización constante y se los actualiza gradualmente de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Estos servicios se ofrecen principalmente con fines educativos y en algunos casos el interesado debe abonarlos o suministrar sus propios materiales. Además, los plazos de entrega pueden ser muy extensos. Las personas o instituciones privadas que requieren transcripción de texto al formato Braille, para uso personal, deben recurrir al servicio particular o a organizaciones no gubernamentales especializadas.

En México no se utiliza como norma el servicio de subtitulado cerrado en los programas de televisión y los noticieros nacionales no se transmiten con subtítulos en consideración de las personas con discapacidad auditiva. No obstante ello, en algunas ocasiones o en programas especiales se utiliza la interpretación simultánea a lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva. Sólo el "Noticiero con Lolita Ayala" de Noticieros Televisa, que se transmite de lunes a viernes, de las 14:30 a las 15:00 horas, incluye un segmento con un resumen de noticias traducido a la lengua de señas en consideración de los televidentes con deficiencias auditivas. 

El antecedente más reciente en redes de comunicación accesible es la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Radio y Televisión propuesta en 1998, que hasta octubre de 2003 no contaba con un dictamen aprobatorio en el Congreso.39

En caso de desastre natural, emergencia civil o ataque criminal, la Procuraduría General de la República no ofrece un método o estrategia para que las personas con discapacidad auditiva o del lenguaje puedan comunicarse con las autoridades. Si una persona con discapacidad desea presentar una denuncia ante las Agencias del Ministerio Público el agente podrá solicitar, por medio de servicios periciales, el apoyo de un intérprete de lengua de señas, pero esto se ofrece como un servicio especial y no se contempla como de uso habitual.40 

Educación

Según el XII Censo, la población de niñas y niños con discapacidad en edades de 0 a 4 años es de 44,629, de 5 a 14 años es de 191,340 y de 15 a 19 años es de 91,396.41

39. Diario de Debates, Año II, Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley Federal Radio y Televisión, LVII Legislatura, 25 de noviembre de 1998. 

40. Entrevista telefónica con un funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Victimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, 22 de octubre de 2003.

41. Población Total por Entidad Federativa, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad y su Distribución y Tipo de Discapacidad.

México

272

En el cuadro 6 se presentan estimaciones de la cantidad de alumnos con discapacidad que participan en programas de educación especial y el porcentaje que recibe educación en escuelas comunes en comparación con escuelas especiales.  

Cuadro 6: Alumnos con discapacidad por modalidad educativa 

Documento
Educación inclusiva (USAER)
Educación especial (CAM)
Total de alumnado con discapacidad
Fecha

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.42 
31% 
69% 
103,237 
Inicio del ciclo escolar 2001-2002

Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional.43.
28% 
72% 
99,952 
Inicio del ciclo escolar 2001-2002

Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Ciclo Escolar 2002-2003.44 
28% 
72% 
106,733 
Inicio de ciclos escolares 2001-2002 y 2002-2003.45

Cifras Preliminares de la Ficha de Datos de Educación Especial para Alumnas y Alumnos con Discapacidad.46
31% 
69% 
96,210 
Inicio del ciclo escolar 2002-2003. Téngase en cuenta que este documento contiene cifras preliminares.

42. Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, "Situación actual de los servicios de educación especial y del proceso de integración educativa, Cobertura y Operación del Servicio, Población Atendida", parte del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, 2002, 15-16. 

43. Secretaría de Educación Pública, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional, Inicio de cursos 2001-2002, http://www.sep.gob.mx/work/appsite/pubbas01/index.htm. 

44. Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2002-2003, VI Otros Servicios, Educación Especial, 84, http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Principales_Cifras_Ciclo_Escolar_20022003.

45. Como consecuencia de la nueva estructura en educación especial, a partir de 1998 la población atendida con problemas de conducta, aprendizaje, lenguaje, autismo e intervención temprana, no se incluye entre la población con discapacidad. Porcentaje estimado sobre la base de un aumento de la cantidad de alumnos y servicios en comparación con las cifras del ciclo escolar anterior. 

46. Secretaría de Salud, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Norma Oficial Mexicana, NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, 2000, 13, 14, 23; Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2002-2003, VI Otros Servicios, Educación Especial. 

273 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

Según estimaciones, las niñas y los niños con discapacidad representaban sólo alrededor del 0.52% de los 20,517,261 niños inscriptos en el sistema educativo nacional en 2002. La mayoría de las niñas y niños con discapacidad que participa en programas de servicios educativos son niños con discapacidad mental (alrededor del 70%), con deficiencias auditivas (13%), discapacidad motora (12%) y deficiencias visuales (4,5%).47

Hay escuelas de educación especial en las principales ciudades y en la mayoría de las ciudades grandes y pequeñas, sin llegar a tener una cobertura nacional.48  Los estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas regulares habitualmente requieren del soporte de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER); sin embargo, éstas se encuentran limitadas en cuanto a su número y distribución. El principal objetivo de los programas de educación especial es integrar a las niñas y los niños con discapacidad a las aulas comunes. 

El proceso de integración educativa tuvo un impulso importante a través de la Ley General de Educación que en su artículo 41 dispone:  

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación.49

Como consecuencia de la sanción de esta ley, la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y la reforma al artículo 3 de la Constitución, se impulsó un proceso de "reorientación y reorganización de los servicios de educación especial, que consistió en cambiar las concepciones respecto a la función de los servicios de educación especial, promover la integración educativa y reestructurar los servicios existentes hasta ese momento". 50

47. Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras Ciclo Escolar 2002 - 2003, VI Otros Servicios, Educación Especial, http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Principales_Cifras_Ciclo_Escolar_20022003

48. María del Carmen Escandón Minutti (Coordinadora del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa de la Secretaría de Educación Pública), entrevistada por el autor, México, D.F, 6 de octubre de 2003.

49. Ley General de Educación, art. 41 (última reforma del 13 de marzo de 2003).

50. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, 1 Situación actual de los servicios de educación especial y del proceso de integración educativa, 13-16. 

México

274

No existe un política nacional en virtud de la cual las escuelas públicas o privadas deban ser accesibles para las personas con discapacidad.51 Al respecto, se encuentra en proceso de aprobación una Norma Oficial Mexicana sobre accesibilidad, que establecerá su obligatoriedad y en la que estarían incluidas las escuelas, aun cuando no sean mencionadas específicamente. La norma se refiere a todos los edificios en los que se brinda un servicio al público, y como tales, las escuelas están incluidas implícitamente.52  El sistema educativo también carece de comunicaciones accesibles para los estudiantes con discapacidades sensoriales. El gobierno realizó un importante esfuerzo al editar libros de texto gratuitos para educación primaria en formato Braille; sin embargo, no se pudieron aprovechar adecuadamente debido a contrariedades que se presentaron en su distribución. Las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública están ubicadas en el Distrito Federal y ofrecen accesibilidad para los usuarios de silla de ruedas. Esta Secretaría está participando en el Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos; por lo tanto, los 5 edificios de oficinas administrativas que tiene en la Ciudad de México deberán ser accesibles para 2006.53

La formación para maestros se imparte en las Escuelas Normales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se ofrecen las licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, Educación Artística y Educación Especial.54 Dadas las necesidades de capacitación de todo el profesorado en el abordaje de la diversidad del alumnado, la SEP incorporó la asignatura "Necesidades Educativas Especiales" en los planes de estudios de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Educación Primaria y Educación Física.55 También se incorporó la capacitación en integración educativa en la escuela primaria en el plan de estudios para los maestros de educación regular en los ciclos lectivos 2002-2003 y 2003-2004. Esta capacitación se dictó en 25 de los 31 estados mexicanos.  Para el ciclo escolar 2003-2004 se programaron tres cursos nacionales sobre integración educativa dirigidos a maestras y maestros de educación regular en preescolar, primaria y secundaria.56  

De las 52 escuelas normales que existen en todo el país y proporcionan capacitación en educación especial, la mayoría sólo ofrece la Licenciatura en Problemas de Aprendizaje. También se dictan las Licenciaturas en Deficiencia Mental, Ceguera y Debilidad Visual, Audición y Lenguaje, Trastornos Neuromotores, Problemas de Aprendizaje, e Infracción e Inadaptación Social. La Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal cuenta con todas las especialidades a nivel Licenciatura, además de dos Postgrados y una Maestría.57

51. María del Carmen Escandón Minutti.

52. Taide Buenfil Garza (Arquitecta y Directora de Proyectos Ciudadanos de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República), entrevistada por el autor, México, D.F, 28 de noviembre de 2003.

53. Ibídem. 

54. María del Carmen Escandón Minutti. 

55 Secretaría de Educación Pública, "Programa y Materiales de Apoyo para el Estudio", Necesidades Educativas Especiales, Licenciatura en Educación Preescolar, Cuarto Semestre, 2da ed. (México, D.F., 2001); Secretaría de Educación Pública, "Programa y Materiales de Apoyo para el Estudio", Necesidades Educativas Especiales, Licenciatura en Educación Primaria, Tercer Semestre, 3a ed. (México, D.F., 2000). 

56. María del Carmen Escandón Minutti. 

57. Secretaría de Educación Pública, Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, Planes de Estudio. 

275 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Se ofrecen posgrados sobre problemas de conducta en la educación básica, problemas de lenguaje, prevención y atención en el aula escolar y una maestría en educación especial. En el cuadro 7 se indica la cantidad de escuelas que ofrecen diversas especializaciones vinculadas con la educación especial en México.

Cuadro 7: Escuelas Normales por área de atención en México58

Área
Número de Escuelas Normales

Problemas de aprendizaje
48 
Audición y lenguaje
23 
Deficiencia mental
8 
Trastornos neuromotores
2 
Ceguera y debilidad visual
2 
Infracción e inadaptación social
1 
Licenciatura en Educación Especial
5 

Fuente: Información proporcionada por funcionarios del PTFAEN y confirmada vía telefónica.

El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Especial para el ciclo escolar 2004-2005 contemplará la necesidad de instruir a los maestros en la atención de niñas y niños con discapacidad y no sólo con problemas de aprendizaje.59

La integración de la familia en el proceso de educación de las personas con discapacidades severas, profundas o múltiples es un problema muy complejo. La Educación Pública no ofrece programas de asesoría o apoyo para la integración de la familia en la educación de la persona con discapacidad. La mínima atención de niñas y niños con discapacidades múltiples o severas ha sido el principal impedimento para la creación de programas.  No se cuenta con información precisa y suficiente sobre la atención que se ofrece a estas niñas y niños en los Centros de Atención Múltiple (CAM).60 Algunas organizaciones no gubernamentales brindan orientación a los padres, pero no son programas formales. Según lo informado por un defensor de los derechos de las personas con discapacidad, "la falta de este apoyo es considerada como una de las principales causas de desintegración familiar; sin embargo, en México no existen investigaciones en este sentido".61  

58. Secretaría de Educación Pública, Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTFAEN), Informe Cuantitativo, Ciclo Escolar 2002-2003, Escuelas Normales que imparten la Licenciatura en Educación Especial en México, 2003.  

59. Ibídem.

60. María del Carmen Escandón Minutti. 

61. Elizabeth Montes Aguilar (Representante de Adelante Niño Down A.C.), respuesta enviada por correo electrónico, 22 de diciembre de 2003.

México

276

El Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad, a través de la Subcomisión de Integración Educativa, están considerando propuestas para abordar este tema. Además, se está formando un grupo de trabajo para promover la integración familiar y la educación. Las organizaciones no gubernamentales desempeñarán un papel importante en el grupo de trabajo debido a que son las que impulsan la participación de los padres de niñas y niños con discapacidad en el proceso educativo.62  

La Secretaría de Educación Pública no cuenta con un programa de detección de discapacidades. Sin embargo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), la institución de asistencia social con mayor infraestructura en el país, tiene un programa específico para la detección temprana de discapacidades y abarca todos los centros de rehabilitación y unidades básicas adscritas a esta institución.63 Según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 del Gobierno Federal, se implementará un programa de detección temprana a través del PreveR-Dis. Ambos programas cubren los 4 grandes grupos de discapacidad: neuromotora, visual, auditiva e intelectual. Los "trastornos" mentales o psiquiátricos no se incluyen en este programa, porque en México aún no son considerados como una discapacidad.65  Al identificar una discapacidad por medio de la detección temprana, el programa del DIF Nacional remite al paciente a un centro de rehabilitación, mientras que en el PreveR-Dis, se deriva al paciente a instituciones de segundo o tercer nivel de atención. En los casos en que el tipo de discapacidad no esté contemplado en las categorías existentes, se toman medidas preventivas como programas de estimulación temprana.66

Las personas con discapacidad intelectual de más de 20 años de edad prácticamente carecen de oportunidades para su desarrollo e integración social debido a que muy pocas instituciones les ofrecen este tipo de servicios. De acuerdo con lo manifestado por un representante de una organización del sector, "La educación pública, a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) Laborales, brinda atención educativa a las personas con discapacidad hasta la edad de 20 años. 

62. María del Carmen Escandón Minutti.

63. Doctor Luis Rosales Pérez (Subdirector de Rehabilitación) y Rita Solís Moreno (Terapista Ocupacional y Jefa del Departamento de Programas Comunitarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de La Familia (DIF Nacional)), entrevistados por el autor, México, D.F, 16 de diciembre de 2003.

64. Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades, Metas, Descripción de Subprogramas, 2001, 26, 36 y 37; Licenciada Blanca Bernal Acosta (Jefa del Departamento de Unidades Médicas del Centro Nacional de Rehabilitación), respuesta enviada por correo electrónico, 26 de diciembre de 2003.

65. Doctor Luis Rosales Pérez y Rita Solís Moreno. 

66. Ibídem.

277 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Posteriormente son los padres los que tienen que valerse de sus propios recursos para que sus hijos tengan algún tipo de apoyo educativo, laboral o de vivienda. Pero por lo general, desconocen qué hacer con ellos y en su gran mayoría los jóvenes y adultos que en alguna época asistieron a la escuela o a algún programa de rehabilitación, se quedan en su casa".67

Con respecto a la educación superior, la Universidad La Salle de México ofrece diversos cursos relacionados con la discapacidad a través de la Coordinación de Desarrollo Social y Comunitario. Se encuentran disponibles cursos sobre el sistema Braille, la lengua de señas mexicana y un Taller sobre Discapacidad que son impartidos por el Programa PROACCESO. El Programa PROACCESO es creado, en coordinación con Libre Acceso A.C., en julio de 2001, con el objetivo de eliminar las barreras sociales, culturales y físicas dentro de las instituciones educativas. Asimismo, la Universidad La Salle Morelia imparte el diplomado "Comunicación Alternativa: Lengua de Señas y Sistema Braille". Estos cursos se imparten a alrededor de 100 alumnos por año. 68 

La educación especial y la integración educativa tienen antecedentes importantes en el país. No obstante, las niñas y los niños con discapacidad han sido sometidos a abandono e indiferencia a lo largo del tiempo. El acceso a la educación, especial o regular, se volvió privativo para estas niñas y niños aun cuando existe la infraestructura física y de servicios parcialmente encauzada para este fin.

Empleo

En México, la tasa de población económicamente inactiva es muy alta. En la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), realizada por el INEGI, se determinó que la tasa de desempleo general es de 3.25% para el año 2003.69  Sin embargo, la encuesta también indica que el 55.58% de la población general es económicamente activa.70  La ENEU no proporciona información específica respecto de las personas con discapacidad. Según el Censo 2000, la población total con discapacidad económicamente activa sólo alcanza el 25%.  El 75% restante se considera económicamente no activa.71

67. Elizabeth Montes Aguilar.

68. Licenciado Héctor Figueroa Solano (Presidente de Proacceso ULSA México) y Licenciado Juan Medina Salgado (Presidente de Proacceso ULSA Morelia), respuesta enviada por correo electrónico, 27 de diciembre de 2003.

69. INEGI, "Tasa de desempleo abierto general", Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=1801.

70. INEGI, "Población económicamente activa", Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=1801.

71. INEGI, Tasa de participación económica y de participación no económica de la población con discapacidad por entidad federativa según sexo, 2000, http://www. inegi.gob.mx/est/default.asp?c=2406. 

México

278

No sólo existe una diferencia significativa entre las probabilidades de que las personas con discapacidad y sin ella sean económicamente inactivas sino también entre la condición de inactividad de los dos grupos.  En general, el grupo de personas sin discapacidad económica inactiva integrado por estudiantes, jubilados o pensionados y personas que realizan tareas domésticas (92.37%) suele ser mayor que el grupo de personas con discapacidad en idénticas condiciones (51.45%).72  La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares de 1996 obtuvo resultados similares.73 En el cuadro 8 se indica la condición de las personas con discapacidad en cada una de las categorías de actividad.

Cuadro 8: Condición de actividad por empleo

Económicamente inactivo 76%

Estudiantes 6%

Permanece en el hogar 26%

Se dedica al deporte 8%

Quisiera trabajar 60%

Económicamente activo 24%

Está ocupado 85%

Busca un empleo 15%

Las personas con discapacidad que tienen empleo suelen percibir ingresos relativamente bajos.  Casi el 14% no percibe ingresos y el 22.6% percibe menos de un salario mínimo.74 Entre las ocupaciones más comunes de las personas con discapacidad resaltan: los trabajadores agropecuarios (23.4%), los artesanos y obreros (17.1%) y los comerciantes y dependientes (13%).75  

Dada la gran cantidad de personas con discapacidad que está desocupada, el gobierno sancionó una ley contra la discriminación en el empleo.76 La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que las personas con discapacidad no deben ser discriminadas en razón de su discapacidad al solicitar empleo.77

72. INEGI, "Población no económicamente activa por condición", Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), 2003, http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=1801; Población Total por Entidad Federativa, Sexo y Grupos Quinquenales de Edad y su Distribución y Tipo de Discapacidad.  

73. Partido Revolucionario Institucional, Comisión de Asuntos de Personas con Discapacidad, "Iniciativa de Reformas a la Ley Federal del Trabajo", Agenda Legislativa para las Personas con Discapacidad 2003-2006, 72.

74.Abarca las personas que realizan tareas domésticas en su propia casa y otros que no están ocupados fuera del hogar. En México, un salario mínimo es considerado el ingreso percibido por la gente más pobre del país. 

75. INEGI, Distribución porcentual de la población ocupada con discapacidad por ocupación principal para cada sexo, 2000, http://www.inegi.gob.mx/est/default. asp?c=2406. 

76. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, art. 1, 3, 4, 9. 

77. Ibídem.

279 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Asimismo, el derecho al trabajo que tiene cualquier persona está reconocido como una garantía individual en la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo.78 La política laboral relacionada con la discapacidad se sustenta en el Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, cuyo objetivo es lograr la integración o reintegración de las personas con discapacidad a las actividades productivas.

E Programa "Abriendo Espacios", a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), brinda oportunidades de capacitación y colocación de empleo, y ofrece apoyo a las personas con discapacidad y a los adultos mayores que buscan empleo.  Participan en este programa centros de evaluación para personas con discapacidad, el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), la Bolsa de trabajo (CHAMBA-PAR), la Red de Vinculación Especializada para la Atención de Personas con Discapacidad y el programa "Empresa Incluyente, por una Nueva Cultura Laboral".80 Se evalúan las habilidades de los candidatos y con esta información acuden a entidades que les brindan apoyo en la búsqueda de vacantes de empleo que se ajusten al perfil de habilidades detectado en la evaluación. Entre estas entidades cabe mencionar las Agencias de Integración Laboral del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), las bolsas de trabajo del Servicio Nacional de Empleo y diversas organizaciones no gubernamentales.  

En la actualidad, el programa del STPS se implementa en las ciudades de Aguascalientes, Veracruz, Toluca y en el Distrito Federal.81  La bolsa de trabajo CHAMBA-PAR informa que en el año 2002 se atendió a 2,367 personas con discapacidad y que se colocó en un empleo a 433 de ellas. Entre enero y septiembre de 2003 se han atendido a 2,891 personas y 533 obtuvieron un empleo.82

Aun cuando el Gobierno Federal no está obligado a contratar a personas con discapacidad, a veces les ofrece oportunidades de empleo. No se tiene un registro de la cantidad y ubicación de las personas con discapacidad empleadas pero se sabe que trabajan en los diferentes niveles del gobierno. La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad (ORPISPCD) tiene como titular a una persona con discapacidad.

Una empresa privada que está trabajando para poner fin a la discriminación de las personas con discapacidad es Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. (FEMSA). FEMSA es una de las principales empresas privadas en el país que promueve un programa nacional denominado "Programa de Integración de Personas con Cualidades Diferentes". Esta empresa considera que "la discapacidad no es una limitante para desarrollar diferentes actividades laborales, y que la contrario, se puede volver una cualidad para un mejor desempeño profesional".83  

78. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 1, 5, 123; Ley Federal del Trabajo, art. 1-4, (última reforma del 23 de enero de 1998). 

79. Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, 21. 

80. "¿Cómo queremos lograrlo?" , Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006, 2002, 26-33. 

81. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Programa Abriendo Espacios, http://www.gob.mx/wb2/ egobierno/egob_Chambapa.

82. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Reporte de Chamba-Par al mes de diciembre de 2002, 2002.

83. Fomento Económico Mexicano, S.A. de C.V. (FEMSA), Programa de Integración de Personas con Cualidades Diferentes, http://www.femsa.com/index.asp. 

México

280

Si bien existen algunas iniciativas, el empleo sigue siendo un problema para las personas con discapacidad. Aunque no se tienen datos sobre la tasa de desempleo referente a este segmento poblacional, se estima que es mucho mayor que la de las personas sin discapacidad. Los programas de capacitación y vinculación laboral no han tenido un impacto significativo en la solución de esta problemática, por lo que muchas personas con discapacidad siguen recurriendo al autoempleo y subempleo para cubrir sus necesidades laborales inmediatas.

Servicios de salud

En México, la discapacidad es reconocida como un problema de salud pública cada más vez más importante.84 Para dar respuesta a esta problemática, la Secretaría de Salud, como miembro del Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de Personas con Discapacidad (CODIS), desarrolló el Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades (PreveR-Dis) en el marco del Programa Nacional de Salud 2001-2006. 85 A diciembre de 2003, el PreveR-Dis se implementa en 3 de los 32 Estados de la República y gradualmente se integrarán a este proceso el resto de los estados.

Se están determinando los recursos que se necesitan para la implementación del PreveR-Dis. Por ello, la Secretaría de Salud aún no tiene una partida presupuestaria asignada a este programa. Sin embargo, algunas de las acciones encaminadas a la protección financiera de las personas con discapacidad y sus familias ya cuentan con financiamiento específico. Asimismo, la Secretaría está previendo contar con financiamiento específico para promover los cuidados de salud o la rehabilitación de las personas con discapacidad.

Los servicios de rehabilitación tienen cobertura nacional.  Las entidades que componen el Sector Salud son: Secretaría de Salud (SSA), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), Secretaría de la Defensa (SDN), Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos (PEMEX). El DIF Nacional tiene la red más grande de servicios de rehabilitación compuesta por 63 grandes Centros de Rehabilitación y 775 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR). Se pretende lograr una cobertura total mediante un programa de expansión (denominado "Bandera Blanca"), que asegurará el servicio de una UBR en cada municipio del país. Los servicios cuentan con financiamiento de los gobiernos federal, estadual y municipal.

Fideprótesis es un fideicomiso de inversión y administración destinado a proporcionar ayuda a pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE en la obtención de ayudas técnicas. Este fideicomiso se constituyó con aportaciones del IMSS, del ISSSTE y un donativo de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Permite proporcionar las siguientes ayudas técnicas: lentes, prótesis dental, prótesis auditiva, prótesis de marcha, órtesis, sillas de ruedas, muletas, andaderas, fajas ortopédicas, bastones y lentes intraoculares. 

84. Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2001-2006, 2001, 108. 

85. Portal Discapacinet, Protección Financiera, Fideprótesis. http://www.emexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Fideprotesis

281 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Por otra parte, Fideprótesis Popular es un instrumento de protección financiera para las personas con discapacidad que no cuentan con seguridad social y necesita ayuda para adquirir prótesis, órtesis, aparatos ortopédicos u otras ayudas técnicas.86

La atención médica de las personas con discapacidad enfrenta diversos desafíos, que en parte son originados por la formación inadecuada de los profesionales de la salud. La enseñanza en las Escuelas y Facultades de Medicina de las causas de la discapacidad, métodos de prevención y recursos para su rehabilitación es escasa.87 El PreveR-Dis trabajará para mejorar la capacitación disponible, lo que garantizará que el personal de las áreas médicas, paramédicas y afines estará mejor preparado para dar una atención adecuada a los diversos tipos de discapacidad. En la actualidad, se imparte capacitación en terapia física, en terapia ocupacional, en fisiatría para enfermeras, en fisiatría para otros profesionales de la salud, en prótesis y órtesis, y en terapia del lenguaje en todo el Sector Salud. Asimismo, se proporciona capacitación básica relacionada con la prestación de servicios a personas con discapacidad para profesionales como médicos de cuidados primarios, ginecólogos obstetras, pediatras, enfermeras, asistentes médicos y auxiliares de salud (promotores rurales de salud).  Se carece de datos acerca de la cantidad de profesionales que reciben esta capacitación. 88 Algunas organizaciones no gubernamentales están promoviendo de igual forma, con apoyo de instituciones educativas, la formación de profesionales especializados. Por ejemplo, la Fundación Teletón tiene un Instituto de Estudios Superiores en Rehabilitación e imparte dos licenciaturas universitarias (en terapia física y terapia ocupacional) en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México.89

En 2003, la Secretaría de Salud implementó un proyecto piloto de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) en el Estado de Tlaxcala. Por su parte, el DIF Nacional hace alrededor de 15 años que viene implementado esta estrategia. Se lo considera como precursor de la RBC en México y el promotor de la creación formal de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR).  Los Centros de Rehabilitación del DIF Nacional sólo tienen una capacidad de atención aproximada de 200 mil personas por año, por lo que las Unidades Básicas de Rehabilitación desempeñan un papel preponderante en la atención de la población restante y en la provisión de servicios sustentados en las estrategias de RBC. El DIF Nacional cuenta con la mayor infraestructura en servicios de rehabilitación del país, como consecuencia de la estrategia de RBC. Tiene una gran capacidad para atender alrededor de 1 millón 200 mil personas por año. La RBC se presta en la modalidad de primer nivel de atención y se promueve entre la comunidad de todo el país.  

86. Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades 2001 - 2006, 19.

87 Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades 2001 - 2006, 21.

88. Blanca Bernal Acosta. 

89. Fundación Teletón, Instituto Teletón de Estudios Superiores en Rehabilitación, http://www.teleton.org.mx/crit.html; Universidad Autónoma del Estado de México, http://www.uaemex.mx/pestud/licenciaturas/home.html

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Vivienda

No existen Centros de Vida Independiente en México; sin embargo, la filosofía que implica el concepto de Vida Independiente es promovida por una organización no gubernamental. Gradualmente se imparten cursos intensivos en diversos estados de toda la República.90

Los subsidios y/o ayudas para la vivienda para personas con discapacidad son de reciente aparición. La Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad suscribió el "Convenio de Colaboración y Concertación para Promover y Aplicar Acciones en Materia de Vivienda que Contribuyan en la Integración Social de las Personas con Discapacidad" el 16 de octubre de 2002. Entre otros compromisos, se establece que el 1% de viviendas en los nuevos desarrollos deberá contemplar condiciones de accesibilidad específica o facilidades de adaptabilidad. Estas viviendas serán otorgadas tanto a personas con discapacidad como a personas que tengan dependientes con alguna discapacidad. Estaba prevista la publicación de las reglas de operación de este convenio para diciembre de 2003.91

Este convenio establece las bases de colaboración y concertación que, según se espera, contribuirán con la integración social de las personas con discapacidad. Sus actores son los principales organismos nacionales de vivienda: la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE), la Sociedad Hipotecaria Federal S.N.C (SHF), el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).92 

En general, existen limitaciones que impiden a las personas con discapacidad ejercer plenamente el derecho a una vivienda digna, pero el futuro es prometedor por las acciones que en materia de accesibilidad física y financiera se están promoviendo.  

90. Organización Internacional Vida Independiente, A.C. http://www.vidaindependiente.com/indexExplorer.htm

91. Licenciado Francisco Cisneros Rivero (Director de Programas Institucionales de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República), entrevistado por el autor, México, D.F, 4 de noviembre de 2003.

92. Secretaría de Desarrollo Social, Convenio de Colaboración y Concertación para Promover y Aplicar Acciones en Materia de Vivienda que Contribuyan en la Integración Social de las Personas con Discapacidad, (Ciudad de México, Distrito Federal, 16 de octubre de 2002).

283 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Institucionalización

En México, las instituciones públicas no trabajan con la misión específica de brindar alojamiento y cuidados a largo plazo a las personas con discapacidad. Las instituciones que proveen este servicio generalmente atienden a personas de la tercera edad y personas en situación de calle, de las cuales algunas pueden presentar algún tipo de discapacidad.93 El DIF Nacional tampoco ofrece servicios de alojamiento y cuidados a largo plazo a las personas con discapacidad. No se dispone de información sobre las instituciones privadas que ofrecen estos servicios.94

Existen algunas alternativas de alojamiento público en el DIF Nacional y distintas organizaciones no gubernamentales. Los servicios se ofrecen en las modalidades permanente y temporal primordialmente a niñas y niños en situación de calle, personas en indigencia y adultos mayores en desamparo.  No existen datos sobre la cantidad de personas con discapacidad que reside en estos centros. 95  

Se requiere la autorización de la familia o del tutor para internar a una persona en cualquier institución. Algunas instituciones pueden solicitar la internación cuando cuentan con la tutela institucional. Las personas con discapacidad tienen derecho a rechazar un tratamiento, con la excepción de aquellas que se encuentran bajo interdicción. En estos casos, el tutor o representante de la persona con discapacidad podrá internarla en una institución, siempre que se demuestre que se trata de una medida de urgencia. 

En México, las organizaciones que pudieran proveer alojamiento y cuidados a largo plazo exclusivamente a personas con discapacidad no están registradas; por ello, no existen mecanismos formales de control y supervisión de los casos de muerte, abuso o violencia contra las personas con discapacidad en estas instituciones. La Secretaría de Salud cuenta con algunos mecanismos de registro en las instituciones de salud públicas y privadas, como por ejemplo, el Registro de Atención en Casos de Violencia Familiar.  Sin embargo, en ninguno de ellos se asienta la condición de discapacidad del afectado o víctima.96

Durante el año 2003, el DIF Nacional aplicó en fase experimental el Sistema de Información Federal, Estatal y Municipal (SIFEM), el que tiene por objeto recabar todos los datos relacionados con la víctima y el agresor resultantes de un hecho de violencia intrafamiliar.  En la primera fase, se monitoreó su operación en el Estado de Baja California Sur.  Aun cuando el sistema está diseñado para la población en general, se prevé incluir características de discapacidad tanto de la víctima como del agresor en las denuncias. 

93. Licenciada América Larrainzar Pérez (Subdirectora de Atención Ciudadana de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad), entrevista telefónica, 4 de noviembre de 2003.

94. Doctor Luis Rosales Pérez y Rita Solís Moreno.

95. Ibídem.

96. Secretaría de Salud, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Norma Oficial Mexicana, NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud, Criterios para la atención médica de la violencia familiar, 1999, 4, 9 y 10.

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Además, se creará una base de datos estadísticos sobre discapacidad y violencia. Si bien el programa abordará en una fase inicial la violencia intrafamiliar, también se lo aplicará para efectuar el seguimiento de los casos de violencia en las instituciones. 

Accesibilidad

El Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos promueve la accesibilidad de los edificios del gobierno federal. Se está llevando a cabo el primer diagnóstico de accesibilidad de inmuebles federales con la participación de 48 dependencias gubernamentales. Hasta diciembre de 2003, se evaluaron 5604 inmuebles, de los cuales 26.5% ya cumple con las condiciones adecuadas de accesibilidad.  Se prevé que el diagnóstico de los inmuebles restantes concluirá para el año 2006.97  

Los edificios públicos también son objeto de consideración del "Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales". Este acuerdo, publicado en enero de 2004, fue elaborado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), que es un órgano desconcentrado de la Secretaria de la Función Pública.98  Se establece la obligatoriedad de eliminar las barreras físicas, arquitectónicas y urbanas en los inmuebles públicos a cargo del gobierno federal. Por ende, alrededor de 14000 inmuebles de propiedad del gobierno se adaptarán gradualmente.  Por otra parte, se están analizando diversas propuestas para abarcar los inmuebles arrendados.

Los edificios privados no están obligados por ninguna norma nacional a presentar accesibilidad en sus instalaciones. Debido a que sólo por iniciativa de los propietarios se ofrecen condiciones de accesibilidad, no hubo avances significativos en este sentido.  Al respecto, se ha elaborado el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana "Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público y Especificaciones de Seguridad" y se encuentra en proceso de aprobación. El documento establecerá las condiciones de accesibilidad que deberán presentar los espacios o inmuebles que brindan algún servicio al público, como las calles, los parques y los centros comerciales. En los edificios privados también deberá cumplirse con esta norma. Se espera su publicación oficial para mediados del año 2004.

Los conceptos relativos a la accesibilidad y al diseño universal se incluyen cursos ocasionales y conferencias sin llegar a ser parte formal de las carreras de Ingeniería y Arquitectura.  Sin embargo, es importante mencionar que en la Maestría en Diseño Arquitectónico, un Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se imparte la materia "Arquitectura para Personas con Discapacidad" y en ésta se incluyen los conceptos y principios del diseño universal.  

97. Taide Buen?l Garza. 

98. Acuerdo por el que se Establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales, Gaceta Oficial de la Federación, Primera sección, (12 de enero de 2004), 27. 

285 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Con respecto al transporte, considerando la dimensión de la Ciudad de México y el número de servicios y unidades que conforman el Sistema de Transporte Público, se puede afirmar que en gran parte no es accesible.  En el Sistema de Transporte Colectivo Metro se registra un servicio de 175 estaciones y únicamente se cuenta con 5 estaciones que ofrecen accesibilidad a personas que usan silla de ruedas. En 30 estaciones se han instalado ranuras guía, placas de señalización en sistema Braille, huellas en escalones, así como logotipos más grandes.99  Además, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) registra un parque vehicular de 1,400 unidades, del cual únicamente 50 unidades ofrecen accesibilidad para personas que usan silla de ruedas.100  Debido a que sólo un porcentaje reducido de la flota total de vehículos es accesible para personas que usan silla de ruedas, el transporte público resulta ser un apoyo secundario para las personas con discapacidad y no ofrece un sistema inclusivo y totalmente accesible.

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

En México, dos entidades gubernamentales son las responsables, en gran parte, de las principales políticas referidas a los derechos de las personas con discapacidad: la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República (ORPISPCD) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.

El desarrollo de la política sobre discapacidad en México se encuentra apoyado en la ORPISPCD. La oficina está adscripta a la Oficina Ejecutiva de la Presidencia de la República y fue creada por Acuerdo Presidencial el 4 de diciembre de 2000.101

El titular de esta oficina representa al Presidente de la República en los asuntos relacionados con la discapacidad. La ORPISPCD tiene como objetivo principal promover la integración de las personas con discapacidad al bienestar social, en igualdad de oportunidades que las demás. Sus principales funciones son:  

Promover las adecuaciones necesarias al marco jurídico en los tres niveles de gobierno para mejorar el nivel de bienestar social de las personas con discapacidad.

Impulsar la coordinación interinstitucional para mejorar y ampliar la cobertura de los programas de atención a las personas con discapacidad, con énfasis en el medio rural.

Promover el desarrollo de proyectos con apoyo financiero y de cooperación técnica nacional e internacional para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 102

99. Secretaría de Transportes y Vialidad, Sistema de Transporte Colectivo Metro, http://www.stc.df.gob.mx/acciones/discapacitados.html

100. Secretaría de Transportes y Vialidad, Numeralia, Red de Transporte de Pasajeros, http://www.setravi.df.gob.mx/numeralia/index.html.

101. Francisco Cisneros Rivero. 

102. Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad, "Acerca de Nosotros, Objetivos y Funciones", http://discapacidad.presidencia.gob.mx/?P=12

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La ORPISPCD elabora programas institucionales, proyectos ciudadanos y el marco jurídico relativo a los derechos de las personas con discapacidad. A través de estos tres enfoques básicos, trata de abordar todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Sin embargo, por limitaciones presupuestarias, la oficina sólo cuenta con cuatro empleados. 

Para apoyar su trabajo, la ORPISPCD creó el Consejo Consultivo Nacional para la Integración Social de Personas con Discapacidad. En concreto, el Consejo es la instancia creada para coordinar las políticas, estrategias y acciones en materia de discapacidad con las entidades gubernamentales y las de la sociedad civil. 103  La ORPISPCD también desempeñó un papel importante en la creación de varios programas de derecho social, que están diseñados con el propósito específico de promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo social. En el cuadro 9 se indican los diversos programas vigentes en la actualidad.

Cuadro 9: Programas Nacionales de Derecho Social 

Denominación del programa
Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006104
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa 105
Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos106
Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades107
Programa Nacional de Atención con Calidad para Personas con Discapacidad108
Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad en el Medio Rural109
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (DIF Nacional) Guía Técnica110

103. Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad, Gaceta Oficial de la Federación, primera sección (13 de febrero de 2001), 2. 

104. Programa de Integración Laboral para Personas con Discapacidad 2001-2006. 

105. Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. 

105. Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, Programa Nacional de Accesibilidad a Inmuebles Públicos.

107. Programa de Acción para la Prevención y Rehabilitación de Discapacidades 2001 - 2006 (PreveR-Dis).

108. Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, Programa Nacional de Atención con Calidad para Personas con Discapacidad, 2001.

109. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en coordinación con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad en el Medio Rural., 2003.

110. DIF Nacional, Programa de Atención a Personas con Discapacidad, Guía Técnica, http://www.dif.gob.mx/grupos/discapacitados/guiatecnica/guiatecnicaprogramadiscapacitadfos.html. 

287 IDRM: Informe regional de las Américas 2004

De estos programas de derecho social, el Programa Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 2001-2006 (PRONADIS) reviste especial importancia. Contiene los programas, acciones y lineamientos generales que establecen el rumbo de la discapacidad en el país hasta por lo menos el año 2006. Los objetivos del programa están dirigidos a la integración social mediante la creación y seguimiento de planes que incluyan los aspectos de la vida diaria de las personas con discapacidad, a saber: accesibilidad, arte y cultura, deporte, educación, economía, familia y desarrollo social, legislación y derechos humanos, integración laboral, y salud y seguridad social.

A noviembre de 2003, la implementación obligatoria del PRONADIS no se encuentra instituida por ley En consecuencia, su ejecución queda librada a la voluntad discrecional de las partes implicadas (es decir, el poder legislativo y el gobierno federal). El PRONADIS por sí mismo no tiene ni requiere de una asignación presupuestaria. Las instancias responsables de implementar los programas y sus acciones deberán asignar los recursos correspondientes. Por ahora, no se puede determinar o cuantificar el monto asignado a la operación de los diversos programas porque no se dispone de un instrumento de monitoreo formal. No obstante, el ORPISPCD monitorea el nivel de implementación real de los programas y las entidades responsables. 

En México, numerosas organizaciones de la sociedad civil trabajan en la esfera de la discapacidad. El Directorio Nacional de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad contiene información básica sobre las 932 organizaciones registradas hasta el año 2000. En el cuadro 10 se ofrece información al respecto. Como podrá apreciarse, la mayoría de estas organizaciones se dedica a la atención de personas con discapacidad motriz o intelectual. 

Cuadro 10: Asociaciones de personas con discapacidad según tipo de discapacidad que atienden111 

Tipo de discapacidad que atienden
Asociaciones
Visual
337 
Auditiva
342 
Del lenguaje
391 
Motriz
543 
Intelectual
522 
Otras
116 

Nota: Una asociación puede atender distintos tipos de discapacidad.

111. INEGI, Directorio Nacional de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad 2000, Anexo Estadístico, Cuadro 5 Asociaciones de Personas con Discapacidad según Tipo de Discapacidad que Atienden, 407, http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=136

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El financiamiento de estas organizaciones se logra casi totalmente a través de donativos o mediante cuotas de recuperación.  También pueden obtenerse algunos fondos para proyectos específicos a través de instancias nacionales o internacionales.  El apoyo directo por parte del gobierno es muy limitado y puede canalizarse por medio de alguna dependencia gubernamental. En los últimos años, el principal apoyo del gobierno se obtiene mediante fondos de coinversión social otorgados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y por algunas otras entidades. Se necesita un mayor apoyo directo del gobierno. Los dirigentes de algunas organizaciones sostienen que también es importante que las organizaciones mejoren sus propios mecanismos para obtener apoyo a fin de tener una mayor incidencia en la sociedad.112

En general, las organizaciones civiles se dedican a la atención y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En el cuadro 11 se indica la cantidad de organizaciones que ofrecen distintos tipos de servicios.

Cuadro 11: Asociaciones de personas con discapacidad según el tipo de servicio que ofrecen113  

Servicio
Cantidad de asociaciones que lo ofrecen

Atención médica
215 
Rehabilitación física
510 
Educación especial
545 
Orientación psicológica
474 
Capacitación laboral
512 
Deportivos y recreativos
592 
Artísticos y culturales
448 
Otros
263 

Nota: Una asociación puede ofrecer distintos tipos de servicios.

Las organizaciones no gubernamentales son el motor de la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Colaboran entre sí en buenos términos, pero falta la coordinación que les permita establecer redes y fortalecer su capital social.  

Entre las organizaciones consideradas como importantes promotoras de los derechos de las personas con discapacidad en México cabe mencionar a: APAC, I. A. P., APIH, A. C.; CONFE, A. C.; la Confederación Mexicana de Sordos; Libre Acceso y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ciegos. En los últimos años, se observó una mayor colaboración entre las entidades gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad. El gobierno convocó a las organizaciones a participar en las subcomisiones del Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. Se espera que su participación se convierta en un derecho cuando se sancione la nueva Ley General de Desarrollo Social.

112. Doctor Enrique Garrido (Director de Investigación. APAC Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral I. A. P.), respuesta enviada por correo electrónico, 28 de diciembre de 2003.

113. INEGI, Directorio Nacional de Asociaciones de y para Personas con Discapacidad 2000, Anexo Estadístico, Cuadro 5 Asociaciones de Personas con Discapacidad según Tipo de Discapacidad que Atienden.  

289 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Debido a que los derechos de las personas con discapacidad se encuentran en una fase de reconocimiento y aceptación, es necesario adoptar estrategias eficientes de difusión con el propósito de informar a todas las personas con discapacidad y sin ella acerca de la existencia de estos derechos. Muchas personas con discapacidad desconocen sus derechos.  La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llevado a cabo algunas actividades para una mayor toma de conciencia.  En su informe de 2002, la Comisión da cuenta de la publicación de 12 cartillas sobre los derechos de los grupos vulnerables. Nueve de esas cartillas se refieren a los derechos de las personas con distintos tipos de discapacidad.114  Además, se ha promocionado un disco compacto interactivo denominado "Nuestros Derechos Versión 1.1", en el cual también se incluyen los derechos de las personas con discapacidad. 

En el informe también se señala que de un total de 3918 denuncias de presunta violación de derechos, sólo ocho fueron de personas con discapacidad.  Esta cantidad reducida también sugiere que las personas con discapacidad desconocen sus derechos. 

En conclusión, la creación de la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con Discapacidad ha permitido incrementar las acciones y toma de conciencia sobre el tema de la discapacidad en México. Sin embargo, la falta de compromiso con los derechos de las personas con discapacidad a más largo plazo y la falta de instrumentos legislativos provocan una gran inseguridad con respecto a la continuidad de los programas y de las instancias creadas en fecha reciente, con lo cual no sólo se ponen en riesgo los avances logrados sino también la inclusión social y la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

Constitución del sindicato de trabajadores con discapacidad en la Ciudad de México, 22 de septiembre de 2001

114. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe de Actividades del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2002, febrero de 2003. http://www.cndh.org.mx/Principal/document/la_cndh/activid/fr_activi.htm.

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Factores clave:  Entre 1960 y 1990, el interior de Nicaragua fue escenario de una prolongada y cruenta revolución política. Estos conflictos dejaron como secuela un aumento en el número de personas con discapacidad en todo el país. En la actualidad, la ley Nro. 202 tutela los derechos de las personas con discapacidad; sin embargo, es casi desconocida en muchos ámbitos gubernamentales. 

Terminología

La Constitución de Nicaragua utiliza el término "invalidez".  Además, la ley electoral utiliza la expresión "personas que tuvieren impedimentos físicos".  Cabe destacar que en las citas tomadas de estos documentos, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

Las definiciones de discapacidad varían entre las organizaciones.  Por ejemplo, el Ministerio de Salud define la discapacidad como "una desviación de la normalidad biomédica de la estructura y función corporal-mental que surge como consecuencia de una enfermedad, trauma o lesión, y ante la que hay que poner en marcha medidas terapéuticas o compensatorias, generalmente de carácter individual".1  Para el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), discapacidad es "un problema de carácter físico-mental que afecta a una persona".2

Si bien no hay una única definición que goce de mayor predicamento, la mayoría de ellas son compatibles con las nociones consagradas en la ley Nro. 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, y con las normas internacionales. Según la definición de la ley 202, discapacidad es "cualquier restricción o impedimento en la ejecución de alguna actividad, ocasionada por alguna deficiencia en la forma o dentro del ámbito que limite o impida el cumplimiento de una función que es normal para esa persona según la edad, el sexo y los factores culturales".3  

1. Héctor Collado (Director Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud), entrevistado por el autor, febrero de 2003.

2. Lic. Domingo Primante Furlan (Consultor de Investigaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), entrevistado por el autor, Managua, febrero de 2003. 

3. Ley Nro. 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad; 7 capítulos, 26 artículos, 47 incisos, 23 de agosto de 1995, http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb. nsf/.

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Población con discapacidad

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en abril de 2004 Nicaragua tiene una población de 5.400.000 habitantes y el 12,5% de la población, es decir alrededor de 675.000 personas, tiene alguna discapacidad.4   Sin embargo, estas estadísticas son discutidas por algunos especialistas. Oscar Cano, coordinador de Rehabilitación del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), afirmó que "...la población discapacitada es del 15%, por las visitas que he realizado personalmente en 9 departamentos y sé que existe más población que no conocen las organizaciones del país".5

La tasa de crecimiento de la población con alguna discapacidad es del 2,7 % anual, según datos del Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y la Federación Nicaragüense de Organizaciones por la Rehabilitación e Integración (FECONORI).6  Entre las causas persistentes de discapacidad cabe mencionar la pobreza, los accidentes de tránsito, la inseguridad callejera, los desastres naturales y la presencia de minas antipersonales esparcidas caprichosamente por todo el país por las inundaciones que causó el Huracán Mitch en 1998.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Nicaragua ratificó la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de julio de 2002. El instrumento respectivo fue depositado ante la Secretaría General el 25 de noviembre de 2002. Además, el país es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el Convenio Nro. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe la discriminación en el empleo.  Sin embargo, Nicaragua no ha ratificado el Convenio Nro. 159 de la OIT que se refiere específicamente a las políticas de empleo de personas con discapacidad.7

En junio de 2003 en Nueva York, el gobierno nicaragüense hizo una declaración ante el Comité Especial encargado de preparar una Convención Internacional amplia e integral para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En esa oportunidad manifestó su posición señalando que: "Estamos de acuerdo en que se celebre una Convención o Tratado vinculante, que a su vez venga a contemplar los instrumentos vigentes en la esfera de los Derechos Humanos, a fin de que se asegure el igual y efectivo goce para las personas con discapacidad, tanto física como mental de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y sus libertades fundamentales."8   

4. Lic. Domingo Primante Furlan (Consultor de Investigaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), entrevistado por el autor, abril de 2004. 

5. Oscar Cano (Coordinador de Rehabilitación del Instituto Nacional Tecnológico), entrevistado por el autor, febrero de 2003.

6. Lic. Domingo Primante Furlan.

7. Convenio Nro. 111 de la OIT, "Discriminación en materia de empleo y ocupación", http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/appl-displayConv.cfm?conv=C111&hd roff=1%E2%8C%A9=EN; Convenio Nro. 159 de la OIT, http://www.ilo.org/ilolex/english/subjlst.htm. 

8. Intervención del Embajador Mario H. Castellón (Representante alterno de Nicaragua en las Naciones Unidas).

Nicaragua

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Con respecto a la legislación nacional, los instrumentos relacionados con la discapacidad se han redactado de acuerdo con los documentos internacionales sobre derechos humanos y discapacidad, en particular las Normas Uniformes de las Naciones Unidas, a las cuales Nicaragua adhiere.  Por su parte, tanto la Constitución de la República como diferentes códigos y leyes abordan los derechos de las personas con discapacidad.9  La Constitución establece que "El Estado procurará establecer programas en beneficio de los discapacitados para su rehabilitación física, psicosocial y profesional, para su ubicación laboral".10 La ley Nro. 202 de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad promueve los derechos de este sector de la población y abarca todas las discapacidades.11 Esta norma fue sancionada el 23 de agosto de 1995 y se reglamentó a través del decreto 50-90 del 25 de agosto de 1997. Si bien los derechos de las personas con discapacidad están protegidos oficialmente por esta ley, su contenido no es muy conocido.

Estas políticas y leyes deben aplicarse al gobierno, a las empresas privadas y a la sociedad en general.  Los principales recursos con que cuentan las personas con discapacidad para la defensa de sus derechos son la demanda civil, la acción penal, la mediación y la intervención de una organización independiente de derechos humanos. Si bien cualquier persona con discapacidad en Nicaragua puede hacer uso de estos instrumentos legales, el equipo de investigación del IDRM llegó a la conclusión de que muchas se abstienen de hacerlo por tres razones fundamentales: falta de recursos económicos, lentitud del proceso judicial y desconocimiento de las leyes que brindan protecciones.

A nivel nacional, ninguna institución pública o privada lleva registros de casos de discriminación contra las personas con discapacidad en materia de vivienda, empleo, educación o transporte. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es el organismo gubernamental cuya misión consiste en promover el respeto de los Derechos Humanos de la población.12 Sin embargo, la Procuraduría no tiene una oficina ni estrategias dedicadas en especial a las personas con discapacidad.  

Barreras legales

Si bien la Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos, sancionada en 1982, no establece obstáculos especiales para la adopción de niños por personas con discapacidad, existen limitaciones para aquellos padres o madres con problemas psíquicos y sin familia. También existen limitaciones para los que no tengan una fuente de ingreso económico que permita mantener el hogar, lo que, por la falta de oportunidades laborales, puede afectar a muchas personas con discapacidad.13

9. Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, http://legislacion.asamblea. gob.ni/Normaweb.nsf/$$Search?OpenForm&Seq=1; 

Ley 185 http://legislacion. asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/164aa15ba012e567062568a2005b564b/ 8157a2761151db9c06256afd006369a4?OpenDocument&Highlight=2,discapacidad; Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos, 1982, http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/ $$Search?OpenForm&Seq=.1.  

10. Constitución Política de Nicaragua, art. 62.

11. Ley 202.

12. Dra. Jenny Palacios (responsable de la oficina de atención a las denuncias, Procuraduría de los Derechos Humanos), entrevistada por el autor, Managua, febrero de 2003. 

13. Ley Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos, art. 1, sancionada en 1982.

293 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Participación ciudadana

En Nicaragua, todas las personas con discapacidad tienen derecho al voto, según la Ley Electoral Nº 331.  Esta ley establece los procedimientos a seguir para que las personas con discapacidad puedan emitir su voto al disponer que "las personas que tuvieren impedimentos físicos podrán hacerse acompañar de una persona de su confianza para ejercer su derecho al voto. Esto se hará constar en el acta respectiva. Cuando el impedimento físico sea de las extremidades superiores la impresión en tinta indeleble podrá hacérsele en cualquier parte visible del cuerpo, lo que también se hará constar en el acta respectiva".14 

Sin embargo, es muy difícil para las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto, dado que existen obstáculos que impiden el acceso a los recintos. No hay accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas en los lugares de votación, no hay intérpretes para personas sordas y tampoco hay boletas en formatos alternativos para personas ciegas o con disminución visual.  Los dirigentes de las organizaciones del sector estiman que sólo el 40% de los centros de votación es accesible.15

La mencionada ley electoral no establece impedimento alguno para que personas con discapacidad ocupen cargos públicos.  En 2004, dos personas con discapacidad motriz desempeñan cargos públicos de relevancia: el Presidente de la Lotería Nacional y un diputado. 

Inclusión

Comunicación

La Biblioteca Nacional de Nicaragua no ofrece información en Braille y los documentos oficiales tampoco se traducen al Braille. Una pequeña biblioteca, financiada por el Ministerio de Cultura, sí ofrece algunos materiales en Braille aunque la colección no incluye documentos oficiales.  No hay textos de otro tipo editados en formatos alternativos para personas ciegas. Las personas con discapacidad visual pueden solicitar materiales a las organizaciones no gubernamentales dedicadas al sector, pero no siempre logran acceder a lo solicitado. 

Los medios de comunicación de Nicaragua son inaccesibles para las personas con discapacidad auditiva o visual. No existen noticieros televisivos que se transmitan con interpretación de lengua de señas o con tomas de acercamiento para personas con impedimentos auditivos.

En la actualidad, no existe un método establecido para que las personas con déficit auditivo o de lenguaje puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastre natural, emergencia o ataque criminal. La Asociación de Sordos de Nicaragua (ANSNIC) provee servicios de interpretación de lengua de señas a víctimas de abuso u otras violaciones en coordinación con los juzgados departamentales. En el ámbito nacional, los recursos humanos dedicados a este fin son muy escasos.

14. Ley Electoral Nro. 331, art. 119, La Gaceta, 24 de enero de 2002.

15. Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, facilitado por el autor.

Nicaragua

294

Educación

Según registros del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) y del Ministerio de Salud, el 12% de los niños de entre los 0 y 16 años tienen algún tipo de discapacidad.  Sin embargo, sólo el 3,5% de niños comprendidos entre las edades de 6 y 16 años están inscriptos en programas de Educación Especial.16 En el sistema de educación básica, un 98% de los estudiantes con discapacidad ingresa en programas de educación inclusiva o clases especiales en escuelas regulares.   El 2% restante está inscripto en programas subvencionados por el gobierno, que pueden ser de educación especial o educación domiciliaria. En las escuelas locales, generalmente existe disposición a brindar educación a estudiantes con alguna discapacidad, aunque sólo 27 escuelas en el ámbito nacional, ubicadas en las principales ciudades, ofrecen programas de Educación Especial.17 Muchos niños con discapacidad en Nicaragua no acceden a la educación porque viven en zonas rurales o aisladas.

El acceso a la educación media o secundaria es aún más restringido y depende del tipo de discapacidad.  De los jóvenes con discapacidad inscriptos en programas de educación media inclusiva, alrededor del 95% de los estudiantes tiene discapacidad visual y físico-motora. Se iniciará una experiencia piloto con alumnos sordos en el año 2004.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ubicado en Managua, funciona en un edificio de dos pisos que no es accesible para usuarios de sillas de ruedas. No existen normativas en el ámbito nacional que obliguen la construcción de escuelas accesibles. Algunos establecimientos, por iniciativas individuales, diseñan sus edificios con accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Existen programas de capacitación en educación de niños con discapacidad. El plan general de estudios de la carrera docente incluye cursos de Educación Especial para los docentes que deseen especializarse en este campo.18  La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) forma Licenciados en Pedagogía con mención en Educación Especial. Estos cursos también están disponibles para maestros y egresados de carreras afines que deseen capacitarse en el campo de la educación especial. También se desarrollan cursos sobre discapacidad a nivel universitario. Entre ellos cabe mencionar los de políticas públicas, derechos de las personas con discapacidad y fisioterapia, con mención en educación especial.

Centro de capacitación en estimulación temprana en Managua, Nicaragua - Los Pipitos

16. Héctor Collado; Domingo Primante Furlan; Noel Ortega (Asistente del Secretario Ejecutivo de FECONORI), entrevistado por el autor, Managua, febrero de 2003.

17. Lic. Elizabeth Baltodano (Directora de Educación Especial-MECD), entrevistada por el autor, Managua, febrero de 2003.

18. Governance & Legislation: U.S. Agency for International Development Issues Progress Report on Disability Policy, DisabilityWorld, vol 2, Abril/Mayo de 2000, http://www.disabilityworld.org/AprilMay2000/Governance/USAID.htm.

295 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

El MECD y el Ministerio de Salud tienen programas de detección temprana de discapacidades. El MECD utiliza estrategias de rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Las discapacidades abarcadas son auditivas, del habla, visuales, intelectuales y de origen psicológico. Los niños, cuyas discapacidades se detectan a través de estos programas, son derivados a las instituciones correspondientes del Ministerio de Salud para su tratamiento, y, en algunos casos a centros o especialistas privados.19 En este programa participan más del 50% de las escuelas de todo el país, además de las 27 escuelas de Educación Especial.

Existen algunas oportunidades educativas para adolescentes mayores de 18 años con discapacidad intelectual leve; sin embargo, es bajo el porcentaje de adolescentes que realmente se beneficia con ellas. La Dirección de Educación Especial coordina, junto con grupos de padres, actividades de capacitación laboral dirigidas a personas con discapacidad y sus familiares. Una organización no gubernamental para personas con discapacidad, "Los Pipitos", desarrolla actividades similares. Las personas con discapacidades severas o múltiples reciben atención por iniciativa de sus familias.  

Empleo

No se conoce la tasa de desempleo de las personas con discapacidad; sin embargo, cabe suponer que es sumamente alta. Si bien existen algunas protecciones para las personas con discapacidad en materia de empleo en la ley 185, en la ley 202 y en la Constitución de la República, Nicaragua no tiene normas o políticas de alcance nacional que prohíban de manera específica la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral en razón de su discapacidad.20 

Existen datos anecdóticos que sugieren que estas normas no están sostenidas por políticas acordes y son, en gran medida, ignoradas o desconocidas por los empleadores públicos y privados. Por ejemplo, la ley 185 dispone que por cada 50 empleados, el empleador debe contratar a una persona con discapacidad.  Sin embargo, menos del 1% de los trabajadores contratados por el gobierno tiene algún tipo de discapacidad.21

Entre las entidades que no tienen políticas que prohíban la discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral se encuentran las siguientes: Ministerio de Trabajo (MITRAB), Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) e Instituto Nacional Tecnológico (INATEC). 

Las principales barreras para conseguir empleo son la inaccesibilidad del lugar de trabajo, la imposibilidad de acceder al seguro social, la falta de transporte y la falta de capacitación.  Están en mejores condiciones laborales aquellas personas con discapacidad que tuvieron la posibilidad de capacitarse.  Los programas de capacitación son financiados por el gobierno central, las organizaciones no gubernamentales religiosas y no religiosas, y una agencia internacional para el desarrollo adscripta a las Naciones Unidas.  Estos programas se desarrollan en todo el país, pero su mayor número se ofrece en la capital. Si bien estos programas brindan formación laboral a las personas con discapacidad, no existen programas de colocación que las ayuden a obtener un trabajo después de la capacitación. 

19. Héctor Collado. 

20. Ley 185, arts. 198 - 201; Constitución Política de Nicaragua, arts. 80-87.

21.  Héctor Collado; Domingo Primante Furlan; Noel Ortega.

Nicaragua

296

La cantidad de personas con discapacidad que se inserta en el mercado de trabajo es muy reducida y la tasa de colocación asciende a una persona por año.  

Servicios de salud

El Ministerio de Salud (MINSA) presta servicios de rehabilitación para personas con discapacidad en todo el país.  Estos servicios se canalizan a través de los hospitales que están ubicados en las cabeceras departamentales.22

Los usuarios manifiestan satisfacción con estos servicios.23 Si bien el Estado no provee ayudas técnicas para personas con discapacidad, algunas organizaciones nacionales, relacionadas con ONG extranjeras, brindan estas ayudas. El Hospital de Rehabilitación Nacional "Aldo Chavarría" de Managua se financia con presupuesto del MINSA mientras que el hospital "Oscar Danilo Rosales" de León es sostenido por un aporte mayoritario de donaciones extranjeras.24

El MINSA coordina estrategias de rehabilitación basada en la comunidad en el ámbito nacional. Aún no se evaluaron los programas vigentes.25

El Ministerio de Salud ofrece entrenamiento sobre la atención de personas con discapacidad, tanto para estudiantes de medicina como para los médicos de salud pública cuando su labor está vinculada a la discapacidad.26  Se brinda capacitación en terapia física, terapia ocupacional, fisiatría para enfermeras y para otros profesionales de la salud, prótesis y órtesis, y terapia del lenguaje. Se considera prioritaria la capacitación en terapia física y fisiatría.27   La UNAN en Managua y el Hospital Escuela "Oscar Danilo Rosales" en León ofrecen cursos de capacitación sobre la atención de personas con discapacidad.28  

Si bien la capacitación en discapacidad está abierta a todos los profesionales de la salud, la cantidad de profesionales que la recibe es variable según el campo de que se trate. Alrededor del 10% de los médicos del MINSA son beneficiarios de los cursos de capacitación ofrecidos. Esta cifra incluye los profesionales que se especializan en áreas vinculadas con la discapacidad.  Entre los médicos generales, alrededor del 3% recibió capacitación sobre la prestación de servicios a personas con discapacidad, al igual que un 20% de promotores rurales de salud y un 50% de enfermeras y asistentes médicos.29

Vivienda

En la actualidad, el Instituto Nicaragüense de Vivienda Urbana y Rural no tiene establecido ningún programa destinado a proveer viviendas a personas con discapacidad. De igual manera no existen subsidios ni ayuda para la vivienda de estas personas.30

22.Departamento de Estado de los EE.UU., "Nicaragua: Country Reports on Human Rights Practices - 1999," [Nicaragua: Informes de país sobre la situación de los derechos humanos - 1999], 23 de febrero de 2000, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/1999/39.htm.

23. Panel de discusión.

24. Lic. Gustavo R. Siles(Vice-Rector Académico, UNAN), entrevistado por el autor, Managua, febrero de 2003; Héctor Collado.  

25. http://fs1.ops.org.ni/opsnic/tematicas/rehabilita/logros.htm.

26.Héctor Collado.

27. Héctor Collado; Gustavo R. Siles; Rosa Eva Orellana (Médica, Jefa de Rehabilitación del Hospital Escuela "Oscar Danilo Rosales"), entrevistada por el autor, León, febrero de 2003.

28.Gustavo R. Siles; Rosa Eva Orellana.

29. Héctor Collado.

30. Ing. Francisco García (Jefe de Personal del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural), entrevistado por el autor, Managua, febrero de 2003.

297 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Las personas con discapacidad de la tercera edad suelen vivir en asilos para ancianos, ubicados en el 50% del país.  El resto no puede optar por el alojamiento público.

En Nicaragua, no existen centros de vida independiente. Según lo informado por los defensores de los derechos de las personas con discapacidad, la inmensa mayoría de estas personas vive con su familia debido a que no tiene acceso a una vivienda independiente. 

Institucionalización

Respecto de la internación por tiempos prolongados, existen dos grandes centros estatales que prestan servicios, alojamiento y cuidados a corto y largo plazo para personas con discapacidad. El Hospital Psiquiátrico o de Salud Mental, ubicado en la capital, para 200 - 250 pacientes, ofrece orientación psicológica y psiquiátrica, rehabilitación mental y cuidados intensivos.31  El Hospital de Rehabilitación Física "Aldo Cavaría" interna por períodos no mayores a 6 meses.32  Sin embargo, cuando la persona es abandonada por sus familiares, sigue internada por períodos mayores.

Además, existen otros centros subvencionados por el Estado que prestan servicios similares por períodos menores de un año.  En el cuadro 1 se mencionan estos centros.

Cuadro 1: Hogares subvencionados por el Estado

Centro	Lugar	Capacidad

Hogar Pajarito Azul	Managua	75 personas/año

Hogar Niños Ángeles	León	50 personas/años

Hogar Santa Lucía	León	20 personas/año

Hogar Ciudad Darío	Matagalpa	30-130/año

En el caso de los hospitales, las personas ingresan por prescripción médica. En cambio, el ingreso a un hogar se basa en la decisión de la familia o la sugerencia de una organización no gubernamental. Las organizaciones pueden recomendar la internación cuando se considera que la persona con discapacidad está situación de riesgo, de explotación laboral o sexual (particularmente en el caso de menores) o cuando ha sido abandonada por sus familias. Además, el Ministerio de la Familia envía a estos hogares a los niños y niñas de la calle, aunque no tengan ninguna discapacidad, como medida de protección.33    

31. Lic. Aura Martínez (Directora del Hospital Psiquiátrico Nacional), entrevistada por el autor, Managua, febrero de 2003.

32. Dr. Raúl Jarquín (Director del Hospital de Rehabilitación "Aldo Chavarría"), entrevistado por el autor, Managua, febrero de 2003. 

33. Lic. Berna Castillo (Directora de Rehabilitación del Ministerio de la Familia), entrevistada por el autor, Managua, febrero de 2003.

Nicaragua

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Estas instituciones o centros son supervisados periódicamente por el Ministerio de Salud, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio de la Familia y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Sin embargo, no existe un mecanismo para registrar los casos de abuso o muerte en las instituciones. En los últimos años no se han presentado denuncias sobre casos de abuso o muerte en estos centros.34

Accesibilidad

Una comisión mixta, en la que participan el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), organizaciones de y para personas con discapacidad, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y otras instituciones, está encargada de elaborar normas de accesibilidad para edificios públicos o privados. Hasta abril de 2004, la comisión no había finalizado las normativas correspondientes.  Un integrante de la comisión señaló que las normas "serán una herramienta técnica de gran importancia para construir edificaciones accesibles al medio... parques , cines, restaurantes, urbanizaciones, iglesias, centros comerciales, centros de diversión, calles, andenes, escaleras, rampas, bancos, supermercados, edificios públicos, escuelas, hospitales, aeropuertos, etc."35

Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los edificios es inaccesible.  Por ejemplo, las oficinas de correo de Managua, León y Matagalpa no son accesibles para usuarios de sillas de rueda.36

Por su parte, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de donde egresan numerosos ingenieros del país, no contempla en sus programas de estudio temas sobre accesibilidad, aunque ofrece cursos específicos sobre accesibilidad para todo público. Un curso de diseño universal forma parte del programa básico de la carrera de arquitectura de la UNI. 

El transporte público local en Managua, León y Matagalpa no es accesible para los usuarios en sillas de ruedas y tampoco existe transporte adaptado o especial para estos usuarios, quienes deben viajar en taxi o en camionetas privadas.

Cultura, deportes y recreación

El Instituto de Juventud y Deportes (INJUDE) dedica el 1% de su presupuesto (5.400 dólares estadounidenses) para deportes adaptados: goalbol, ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, voleibol y pesas.37 Sin embargo, se considera que estas acciones no son suficientes.  Los centros recreativos existentes en el país no son en su gran mayoría accesibles a las personas con discapacidad. Además, no existen programas culturales para el sector de la discapacidad. 

34. Ing. Francisco García. 

35. Arq. Roberto López (delegado de la Dirección de Normas de Construcción y Desarrollo Urbano del Ministerio de Transporte e Infraestructura a cargo de la elaboración de las normas de accesibilidad), entrevistado por el autor, Managua, abril de 2004.

36. Lic. Yader Valle (asesor de prensa del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)), entrevistado por el autor, febrero de 2003; Arq. Leonardo Icaza (Jefe del Departamento de Urbanismo), entrevistado por el autor, Alcaldía de Managua, febrero de 2003..

37 Lic. Dionisio Zeledón (Director, Instituto Nicaragüense de Juventud y Deportes), entrevistado por el autor.

299 IDRM: Informe Regional de las Américas 2004

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

En Nicaragua, el Consejo Nacional de la Rehabilitación (CNR), administrado conjuntamente por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, coordina las iniciativas interinstitucionales y elabora las políticas de rehabilitación dirigidas a las personas con discapacidad. Hasta abril de 2004 no se ha dado a conocer ninguna política en este sentido.38  Como no se ha definido un plan nacional de acción sobre discapacidad, cada oficina o entidad gubernamental aplica sus propias políticas por separado. 

En Nicaragua, no existe ninguna organización que reúna a todas las discapacidades. En consecuencia, las organizaciones de y para las personas con discapacidad elaboran planes de acción específicos de cada discapacidad. La colaboración de las organizaciones no gubernamentales de y para las personas con discapacidad parece estar incrementándose como consecuencia de su participación en el Consejo Nacional de Rehabilitación y de la redacción de las normas sobre accesibilidad coordinada por el MTI. En la actualidad, la organización más amplia en este sector es la Federación Nicaragüense de Organizaciones por la Rehabilitación y la Integración (FECONORI), integrada por organizaciones que representan a personas con discapacidades múltiples. FENOCORI tiene tres grandes objetivos: la integración social, la accesibilidad y la protección de los derechos humanos. Entre los obstáculos para el logro de una acción eficaz a favor de la discapacidad se encuentran el incumplimiento de la Ley Nº 202, la falta de funcionamiento del CNR, la falta de coordinación en el sector y la falta de recursos económicos.  Para promover los derechos de las personas con discapacidad, se necesita más unidad entre las organizaciones tanto a nivel gubernamental como no gubernamental.  

38.  http://www.grupoese.com.ni/2001/bn/02/01/bg1MN0201.htm. 

Panamá

Factores clave: La sanción de la Ley Nro. 42 de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en el año 1999, creó un marco legal para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en Panamá. 

Terminología

La terminología oficial utilizada para referirse a la discapacidad ha ido cambiando con el tiempo. Desde un punto de vista histórico, puede apreciarse el uso generalizado de la palabra "impedido" en el contexto de la discapacidad. Sin embargo, la última ley nacional específica en el tema abandonó esta expresión. La Ley Nro. 42 de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que fue sancionada el 27 de agosto de 1999, hace referencia específica a los derechos de las personas con discapacidad y a su protección.78 

En otros documentos legales de Panamá se utilizan términos tales como "físicamente imposibilitados" e "impedidos físicos".79 Asimismo, en el ámbito de la educación se suele utilizar la frase "niños y jóvenes con necesidades educativas especiales".80 

Definición de discapacidad

No existe una única definición de discapacidad que constituya la base de toda la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el siguiente cuadro se señalan las diferentes definiciones de discapacidad que pueden encontrarse en la legislación Panameña.

Cuadro 1: Definiciones de discapacidad en la legislación de Panamá

Documento
Fecha
Definición
Ley Nro. 1
Protege a las personas con discapacidades auditivas. 
28 de enero de 1992
Discapacitado: toda persona que padezca una alteración funcional permanente o transitoria, total o parcial, física, sensorial, emocional o mental que limite la realización eficaz de las actividades para su integración familiar, social, educativa o laboral. 
Ley Nro. 3
Código de la Familia
17 de mayo de 1994
Modificado en 1995
Se entiende por "discapacitado" toda persona que sufre cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionado por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal por el ser humano, correspondiéndole al Estado establecer una coordinación intersectorial e interinstitucional que garantice su desarrollo integral y su inserción al medio social. 
Ley Nro. 42
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
27 de agosto de 1999
Alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano. 
Decreto Ejecutivo Nro. 46
Establece las normas para la atención de personas con discapacidad.
28 de diciembre de 1998
Alteración funcional, física o mental, permanente o temporal, total o parcial, que limite la capacidad de una persona para mantener una adecuada integración familiar, social, educativa y laboral.

Otros documentos oficiales como el Manual de Procedimiento sobre la reglamentación del Decreto Ejecutivo Nro. 1 y el "Diagnóstico de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia de Panamá" están basados en definiciones similares aunque con leves diferencias. En general, estas definiciones enfatizan la deficiencia física o sensorial de la persona. Sin embargo, dado que incluyen en la definición el concepto de restricciones en las actividades y los roles de la vida, estas definiciones representan una mejora con respecto al modelo médico de discapacidad. 

La mayoría de las leyes se refiere a las personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales. Sólo la Ley Nro. 1 y el Código de la Familia contemplan a las personas con discapacidades psiquiátricas. 

Población con discapacidad

Panamá realiza un censo nacional de población cada diez años para determinar la cantidad de habitantes que tiene. Los censos nacionales de población de 1990 y de 2000 incluyeron preguntas tendientes a establecer la cantidad de personas con discapacidad del país. Según el censo más reciente, llevado a cabo en el año 2000, la población total de Panamá es de 2.984.331 habitantes. De ese total, el censo registró 52,197 personas con discapacidad, las que representan un 1,8% de la población total. En 1990, se registraron 31.111 personas con discapacidad, equivalente al 1,33% de la población total. 

Es probable que estas cifran constituyan estimaciones muy deficientes de la cantidad real de personas con discapacidad en Panamá. Se observan tres factores principales que contribuyeron a que se registraran cifras oficiales más bajas. En primer lugar, se utilizó el término "impedido" en la pregunta relativa a la discapacidad que se incluyó en el censo del año 2000. A pesar de su connotación negativa, se consideró que la población en general entendería más este término que una definición de discapacidad más compleja.81 Sin embargo, es probable que la utilización de un término tan limitado y problemático haya excluido a muchas personas del recuento final. 

En segundo lugar, existen patrones culturales y estereotipos que obstaculizan la recolección de la información. Todavía muchos padres esconden a sus hijos con discapacidad y las mismas personas con discapacidad no se reconocen como tales, lo que lleva a cifras imprecisas.82 Por último, el censo no cubre todas las regiones geográficas del país. Las áreas descuidadas suelen ser sobre todo aquellas comarcales indígenas y las que detentan un nivel de pobreza mayor. Las condiciones de sanidad y nutrición típicamente son peores que en el resto del país, por lo que es posible que exista una proporción aún mayor de población con discapacidad. En distritos de pobreza extrema, el 70,5% de las viviendas carece de agua potable y de servicios sanitarios83.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Panamá subscribió la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con discapacidad (OEA) en junio de 1999. La ratificó el 24 de enero de 2001 e hizo el depósito del documento de ratificación el 16 de febrero de 2001. La Convención entró en vigencia el 14 de septiembre de 2001.84 En la actualidad, Panamá no está cumpliendo con la obligación de presentar informes prevista en la convención.85

Panamá emitió una declaración que apoya la creación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El gobierno también envió una nota al Representante Permanente de Panamá ante las Naciones Unidas para dar su respaldo a la propuesta de Convención Internacional de Derechos Humanos de las personas con discapacidad presentada por la República de México.86

El país también posee varias leyes y acuerdos nacionales que tienen por objeto proteger los derechos de las personas con discapacidad. Además, otras leyes, como la Ley Nro. 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, contienen artículos relacionados con temas de discapacidad.87 Las leyes imponen obligaciones a los actores gubernamentales, los municipios, las entidades comerciales, los medios de comunicación, los gremios transportistas públicos y privados, y los individuos. 

La más importante de estas leyes es la Ley Nro. 42, que abarca una amplia gama de temas en el contexto de los derechos. El artículo 54 establece que "cualquier persona natural o jurídica que incurra en actos de discriminación hacia una persona por razón de su discapacidad, o que limite su acceso a los servicios de salud, educación, empleo, información, comunicación, transporte, recreación, deportes y demás derechos que tiene el resto de la población, será sancionada de acuerdo con los perjuicios que causen con su acción, conforme a las leyes vigentes, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales correspondientes". Además, la ley dispone la participación de las personas con discapacidad en el proceso de formulación de políticas.  La Ley Nro. 42 fue reglamentada por el Decreto 88 el 12 de noviembre de 2002.88 

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad de Panamá informan que, en general, el cumplimiento de las leyes es muy bajo89.  Si bien no existe una organización central que lleve un registro de casos de abusos de los derechos, violencia o discriminación contra las personas con discapacidad, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad se encargan de atender las denuncias.90

Participación ciudadana

Todas las personas con discapacidad tienen derecho al voto. El Código Electoral de Panamá contiene un par de normas que se refieren específicamente a las personas con discapacidad. En primer término, establece que "La votación será secreta. Los notoriamente ciegos y los físicamente imposibilitados para actuar sin ayuda podrán hacerse acompañar por personas de su confianza".91 También dispone que "Los electores formarán fila fuera del recinto y se acercarán a la mesa uno a uno. El presidente de la mesa de votación dispondrá de lo necesario para que tengan prioridad y voten sin hacer fila los candidatos, las mujeres en estado grávido, los enfermos o impedidos físicos...siempre que tengan derecho a votar".92

La Ley Nro. 42 sobre Equiparación de Oportunidades establece que "el Tribunal Electoral tomará las medidas necesarias para asegurar que los ciudadanos con discapacidad puedan ejercer libremente el derecho a emitir su voto. Al efecto, habilitará áreas, centros y mesas de votación".93  A pesar de que existen todas estas disposiciones legales, se considera que menos del 20% de los centros de votación es accesible.94 No hay documentación en Braille para las personas ciegas o con discapacidad visual. El Tribunal Electoral ha iniciado un proyecto destinado a crear un registro de personas con discapacidad para que puedan votar en lugares que cuenten con condiciones de accesibilidad. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a ser elegidas para ocupar cargos públicos. De hecho, la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad, considerado el rector máximo en cuanto a políticas de discapacidad, funciona bajo la dirección de una persona con discapacidad visual. 

Inclusión

Comunicación

El gobierno no provee una versión en Braille de la Constitución y no existen otros documentos oficiales publicados en formatos alternativos. Los noticieros nacionales no se transmiten con subtítulos en consideración de los televidentes con discapacidad auditiva. No se observan iniciativas para crear redes de comunicación accesibles. 

La Biblioteca Nacional no provee materiales en formatos alternativos. Sin embargo, la biblioteca Simón Bolívar de la Universidad de Panamá cuenta con una sección especializada en Braille y libro parlante administrada por la Asociación de Ciegos Universitarios. También el Patronato Luz del Ciego ofrece el servicio de libro parlante y acceso a Internet a través del programa JAWS(r).

En la escuela de niños ciegos Hellen Keller del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), existen docentes especializados en sordo-ceguera que desarrollan un programa dirigido a esta población. El programa provee algunos recursos de comunicación alternativa para docentes y familiares de personas con múltiples discapacidades.95 Para otras discapacidades múltiples no se encontraron recursos ni servicios de apoyo. 
No hay un método o estrategia para que las personas con déficit del lenguaje y/o la audición puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastre natural, emergencia civil o ataque criminal.  En enero de 2000, el Comité Técnico Asesor del Acuerdo Municipal Nro. 19 llevó a cabo dos reuniones con directivos de la Compañía Telefónica Cable & Wireless, para el establecimiento del método TTY para personas con deficiencias auditivas. Sin embargo, a la fecha, aún no se ha podido materializar.96

Educación

El Ministerio de Educación no cuenta con programas para detectar discapacidades en los niños en edad escolar (6-16 años) ni se lleva un registro con el porcentaje de estudiantes que reciben educación especial. Desde 1951, el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) se ha encargado de la Educación Especial pero no existe una coordinación eficaz con el Ministerio de Educación que asegure que todos los niños reciban educación. 

El IPHE tiene un programa nacional de detección temprana de discapacidades auditivas y visuales, y desarrolla, además, un programa de prevención de estos dos tipos de deficiencias sensoriales. Sin embargo, no cubre otras clases de discapacidad ni tampoco incluye todas las regiones geográficas de Panamá.97 El IPHE también tiene un programa para padres de niños con discapacidad basado en el modelo de atención integral que procura educar, orientar legalmente, capacitar y brindar apoyo psicológico.

La ley Nro. 34, promulgada en 1995, y el Decreto Ejecutivo Nro. 1 de 2000 establecen la normativa para la educación inclusiva. Funcionarios del IPHE indican que "apenas se está implementando un programa diseñado para promover la educación inclusiva en un intento por superar el modelo segregacionista".98 Se considera que un 60% de los niños con discapacidad en edad escolar está en el proceso de inclusión. Aún no se puede corroborar esta información porque no existen registros al respecto.99 

En general, las escuelas con programas especiales sólo se encuentran en las ciudades principales de la República.100  En las áreas rurales, las oportunidades de educación son mínimas debido a los niveles de pobreza. 

La Ley Nro. 42 establece que las escuelas deben ser accesibles para personas con discapacidad en términos de infraestructura física, comunicación, capacitación docente y materiales didácticos en formatos alternativos. Según se informa, el porcentaje de las escuelas que cumplen con esta normativa es inferior al 20% en las áreas urbanas y rurales del país. Cabe resaltar, además, que las propias instalaciones del Ministerio de Educación no son accesibles a usuarios de sillas de ruedas. 

El edificio del Ministerio de Educación no es accesible para personas con discapacidad motriz

La formación docente en Educación Especial se imparte en tres establecimientos: el Instituto Superior de Especialización de la Universidad estatal de Panamá, la Universidad de Santa María la Antigua y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), un centro educativo privado.101 

Empleo

Según la última Encuesta de Hogares, la tasa de desempleo en Panamá es del 12,8% de la población total y del 18% en la población con discapacidad. Sin embargo, se consideró un gran porcentaje de la población con discapacidad como económicamente inactiva y, en consecuencia, no se la incluyó en las estadísticas del desempleo. Según un trabajo de investigación realizado por la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad, el nivel de desempleo entre las personas con discapacidad ronda el 40%.102 

Las normas referidas al empleo de las personas con discapacidad pueden encontrarse en el Decreto Ejecutivo 88 de 1993, que establece incentivos a favor de los empleadores que contraten a personas con discapacidad, y en varios artículos de la Ley Nro. 42, que prohíbe los actos de discriminación contra personas con discapacidad. En este orden de ideas, el artículo 41 dispone que "en los casos en que personas con discapacidad apliquen para un puesto de trabajo en igualdad de calificaciones, éstas deberán ser consideradas prioritariamente para la posición".103 Por su parte, la ley suprimió el literal 5 del art. 213 del Código de Trabajo, que permitía a los empleadores despedir a un trabajador en razón de su discapacidad.104 Además, el artículo 44 dispone que todo empleador que tenga cincuenta trabajadores o más, contratará y/o mantendrá trabajadores con discapacidad debidamente calificados, en una proporción no inferior al dos por ciento (2%) de su personal. También dispone que el gobierno nacional debe emplear a personas con discapacidad en todos sus ministerios y organismos.105

El gobierno financia algunos programas de capacitación y colocación de empleos para personas con discapacidad. Éstos están concentrados en la ciudad capital, razón por la cual su alcance es limitado. A la fecha de redacción de este informe, el gobierno había designado a una sola funcionaria para estos programas de colocación selectiva. Industrias de Buena Voluntad, una organización no gubernamental no religiosa, también ofrece programas de entrenamiento y colocación. Sin embargo, la capacitación de estos programas está limitada a personas con determinadas discapacidades y, en consecuencia, no está disponible para todos los miembros de la comunidad con discapacidad.106 

Servicios de salud

El Ministerio de Salud provee financiamiento específico para promover la atención médica y la rehabilitación de las personas con discapacidad, pero se constata que el financiamiento y los servicios son insuficientes y limitados. El Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación ofrece servicios de fisioterapia y rehabilitación física, atención médica y terapia del lenguaje, para niños y adolescentes con parálisis cerebral o problemas motrices hasta los 22 años. Las personas que adquieren una discapacidad en etapa adulta no cuentan con servicios completos de rehabilitación.  La mayoría de las instituciones de rehabilitación se encuentran en la ciudad capital. 

El servicio nacional de salud de Panamá no ha implementado la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC).107 No obstante, la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad adopta el enfoque de la estrategia de RBC en sus servicios y entrena a padres campesinos e indígenas con hijos con parálisis cerebral en terapias domiciliarias y en la confección de auxiliares técnicos para su desarrollo funcional.108 

El sistema de seguridad social no ofrece acceso a las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Puede obtenerse una cantidad limitada de materiales auxiliares a través de organismos públicos y privados, entre los cuales cabe mencionar: el Despacho de la Primera Dama, la Lotería Nacional, la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad, la Fundación Pro Impedidos, el Club de Leones y el Club Rotario.109
La carrera de Medicina no brinda a sus estudiantes entrenamiento referente a la atención de personas con discapacidad ni antes ni después de obtener su título profesional. Sin embargo, Panamá cuenta con algunos programas educativos especiales de capacitación en terapia física, terapia ocupacional y terapia del lenguaje.110 

No se han adoptado medidas para prevenir la discriminación en la cobertura del seguro médico para personas con discapacidad. 

Vivienda

En la actualidad, existe un serio déficit habitacional en Panamá.  El Ministerio de Vivienda estima que el déficit habitacional actual ronda las 200.000 viviendas y es particularmente crítico en la provincia de Panamá, la de mayor densidad poblacional del país. Los elevados costos de la tierra y de la construcción limitan la oferta, y los programas de viviendas de interés social no satisfacen la demanda.111

Resulta muy difícil para la comunidad de personas con discapacidad escoger libremente la vivienda de su preferencia. No existen viviendas adaptadas accesibles. No existen subsidios para la vivienda para personas con discapacidad ni tampoco ellas califican para optar por el alojamiento público. Se estima que el 70% de las personas con discapacidad vive con su familia, el 10% está ubicado en instituciones, el 15% está en hogares de caridad a cargo de órdenes religiosas, hogares privados o asilos de ancianos, y el 5% no tiene vivienda 

Institucionalización

En el cuadro 2 se indican las instituciones que ofrecen alojamiento y cuidados a largo plazo a personas con discapacidad. 

Cuadro 2: Instituciones en Panamá

Nombre de la Institución

Población con discapacidad a la que atiende
Tipo de financiamiento
Hogar Rayos de Luz 
Personas mayores de 18 años con retardo mental, síndrome de Down y autismo.
Privado

Hospital de Larga Estancia
Personas con discapacidad motriz y sensorial 
Ministerio de Salud
Hogar de la Esperanza
Personas con discapacidad motriz
Caja de Seguro Social
Hogar San José de Calcuta 
Personas con discapacidad en estado de abandono.
Orden religiosa

Hogar Bolívar 
Adultos mayores con discapacidad 
Orden religiosa
Residencial Nueva Vida 
Adultos mayores con discapacidad
Orden religiosa
Hogar San José de Malambo 
Personas con SIDA y con discapacidad motriz, sensorial en estado de abandono
Orden religiosa
Unión Nacional de Ciegos
Personas ciegas o con discapacidad visual
Subsidiado por el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia
Club de Ciegos de Colón
Personas ciegas o con discapacidad visual 
Subsidiado por el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.

Accesibilidad

La Ley Nro. 42 establece que los edificios ya existentes y los nuevos deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Esta exigencia se aplica tanto a los edificios públicos como a los privados. Sin embargo, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad estiman que sólo el 5% de los edificios públicos cumple con normas de accesibilidad.112 Por ejemplo, existen 72 estafetas de correo en la ciudad de Panamá y pocas reúnen condiciones de accesibilidad. La principal oficina de correo es inaccesible. 

Oficina de correo accesible, sucursal El Dorado	Oficina de correo inaccesible de Zona 1

No existen cursos sobre diseño universal en el país; sin embargo, se han dictado dos cursos básicos de accesibilidad al medio físico. Estos cursos fueron organizados por la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad (ONG de personas con discapacidad) y la Federación Nacional de Personas con Discapacidad, y contaron con el apoyo financiero del Real Patronato de España y la Organización Panamericana de la Salud en coordinación con la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad, el Colegio de Arquitectos y la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Mediante estos cursos, se formaron 70 profesionales vinculados a la industria de la construcción, en particular ingenieros y arquitectos.113 

Las organizaciones de personas con discapacidad participan en forma permanente en el Comité Técnico Asesor de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales expresando sus opiniones sobre la eliminación de barreras arquitectónicas. 

El sistema de transporte público en Panamá es deficiente para la población en general. Ni la ciudad capitalina ni las capitales de provincia tienen transporte adaptado para los usuarios de sillas de ruedas. Las personas con discapacidad motriz se ven obligadas a utilizar transporte propio o a viajar en taxi. 

La Ley Nro. 42 y el Decreto 88 que la reglamenta ofrecen incentivos fiscales para la adaptación y/o importación de vehículos especiales y contienen disposiciones específicas para que en el año 2004 se cuente con vehículos adaptados. También contienen normas relativas al transporte ferroviario y aéreo. Se constata, sin embargo, que pocos transportistas están cumpliendo con estas normas. 

Cultura, deportes y recreación

Los dirigentes de las organizaciones de personas con discapacidad indican que el gobierno tiene muy poca incidencia en facilitar el acceso de las personas con discapacidad al deporte, a la recreación y a la cultura.114 El Instituto Nacional de Deportes (INDE) es responsable a nivel nacional de desarrollar acciones y políticas en torno al deporte. El INDE apoya pocas actividades para personas con discapacidad por falta de programas y de presupuesto suficientes. Entre los organismos que facilitan la participación de personas con discapacidad en las áreas señaladas están: la Lotería Nacional, la Universidad de las Américas, que estableció una maestría en Educación Física para capacitar docentes que atienden a personas con necesidades educativas especiales, y las Olimpíadas Especiales, organización privada que está dirigida especialmente a las personas con discapacidad intelectual. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Las acciones a favor de los derechos de las personas con discapacidad son impulsadas fundamentalmente por una cantidad limitada de organismos del gobierno y por las organizaciones de y para personas con discapacidad. Las organizaciones de derechos humanos en general todavía no han incluido la protección y promoción sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad en sus agendas. Un sondeo informal realizado entre siete organizaciones defensoras de los derechos humanos reveló desconocimiento y baja conciencia de la vulnerabilidad de esta población y de la necesidad de que se promuevan sus derechos humanos.115 Aunque no se encuentra entre sus prioridades, estas organizaciones demostraron su voluntad de comprometerse con la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.116 

La Dirección Nacional de Personas con Discapacidad se encuentra entre las instituciones del gobierno más activas. Esta oficina organizó varios seminarios de sensibilización y concienciación en el tema de discapacidad dirigidos a la comunidad en general, a los representantes de organizaciones no gubernamentales y a los representantes de entidades públicas responsables del cumplimiento de las normas referentes a las personas con discapacidad.117 

Además, la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad ayudó a formular un Plan de Acción Nacional sobre Discapacidad con la estrecha colaboración de las organizaciones no gubernamentales del sector. El objetivo del plan es elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Panamá. Los datos recopilados en el Censo Nacional del año 2000 sirvieron de base del plan y en él se consideraron 10 áreas de intervención: prevención, detección de la discapacidad, acceso a los servicios, calidad de los servicios de rehabilitación, calidad de los servicios educativos, capacitación e inserción laboral, deportes, ocio y recreación, sensibilización a la comunidad, accesibilidad y transporte. El costo de ejecución del plan aún no se ha cuantificado pero implica erogaciones presupuestarias de varias instituciones a corto, mediano y largo plazo. Los responsables de asegurar la implementación del plan son los ministerios gubernamentales y la Federación Nacional de Personas con Discapacidad.

La Federación Nacional de Personas con Discapacidad (FENAPEDI) es una organización coordinadora que desde el año 2000 desarrolla la política sobre discapacidad. Está formada por 14 organizaciones de personas con discapacidad. Entre los objetivos de la FENAPEDI se encuentran: vigilancia para asegurar la participación de un representante de personas con discapacidad en todas las instancias en las que se discuten políticas y leyes que tienen que ver con personas con discapacidad, y fortalecimiento de la concienciación y sensibilización en el tema de discapacidad mediante la organización de campañas orientadas a la población en general y al gobierno. Todavía no ha asumido un papel significativo en la coordinación y el liderazgo de las iniciativas de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

Otras organizaciones importantes son el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), que se constituyó en un foro de formulación de políticas y planeamiento en materia de discapacidad, y la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, una organización no gubernamental internacional dirigida por personas con discapacidad. Además de las acciones orientadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, las actividades de la Fraternidad son: divulgación y educación a través de programas radiales semanales y de programas televisivos con cobertura nacional; organización de la conmemoración anual del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, e implementación de programas de formación para liderazgo. Los programas de esta institución se financian a través de donaciones y de actividades de autogestión.118

El Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia brinda apoyo económico a algunas organizaciones nacionales de personas con discapacidad.119 Otros grupos reciben apoyo financiero de organismos internacionales u ONG internacionales, o desarrollan actividades de autogestión.

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad señalan que las metas más importantes para el progreso de los derechos de las personas con discapacidad en Panamá son: sensibilización de actores clave del gobierno en torno a los derechos de las personas con discapacidad, promoción del desarrollo organizativo de los grupos e instituciones dedicados a la defensa de los derechos, sensibilización de la población en torno a la ley, e incorporación de los programas de inclusión en los planes de educación nacional.120 

Grupo promoviendo los derechos de las personas con discapacidad en Panamá

PARAGUAY

Factores clave: Desde 1998, Paraguay se encuentra en una situación financiera crítica y ante la necesidad de reducir el déficit fiscal, el gobierno ha postergado las inversiones en el área de política social y los programas de salud, educación e infraestructura. Los estudios socio-económicos reflejan que existen notorias deficiencias en la cobertura y la calidad de los servicios sociales. En consecuencia, si bien Paraguay ha sancionado una serie de leyes y ha creado instituciones destinadas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, no ha realizado los cambios necesarios para que este colectivo goce de igualdad de oportunidades. 

Terminología

En Paraguay se utiliza una serie de términos para hacer referencia a las personas con discapacidad. Si bien las asociaciones de personas con discapacidad utilizan la frase "personas con discapacidad", con frecuencia se utilizan otros términos en contextos oficiales. Por ejemplo, en las encuestas a personas con discapacidad del Departamento Central llevadas a cabo en el año 2002 se utilizó la frase "personas con capacidades diferentes".  Otros documentos jurídicos, incluida la Constitución, hacen referencia a "personas excepcionales" o a "personas con impedimentos".  El Código Electoral, en su artículo 210, utiliza el término "minusválidos". Varios documentos jurídicos y el Censo Nacional se sirven del término amplio "impedimentos" e incluyen designaciones tales como "mudos". Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de los documentos consultados, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

La mayoría de las definiciones de discapacidad utilizadas en el país se centran en las características del sujeto portador de una discapacidad y no en el ambiente o las barreras que determinan la incidencia de la discapacidad en dicho sujeto. La Ley de 1979 que crea el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO), por ejemplo, define a las personas con discapacidad como "toda persona que por causa congénita o adquirida, padezca de disminución de su capacidad mental o física, que afecte sus posibilidades de autosuficiencia, de aprendizaje o de trabajo".121 

La definición de "capacidades diferentes" adoptada por las encuestas del Departamento Central alude a una "limitación permanente en la capacidad de realizar una actividad de la vida diaria dentro de lo que se considera normal para un ser humano, debido a una deficiencia motora, sensorial o mental".122

Población con discapacidad

Según el Censo Nacional más reciente del año 2002, Paraguay tiene una población total de 5.183.080 habitantes.123 El Censo también incluyó una pregunta relacionada con la discapacidad a fin de identificar el número de personas con algún tipo de discapacidad en el país. La pregunta realizada fue "¿Existe en este hogar alguna persona con un impedimento permanente de índole físico o mental?"124 Aún no están contabilizados los datos recabados en este Censo. Los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad no esperan que los resultados del censo sean totalmente confiables. De acuerdo con informes recibidos por varias asociaciones de y para personas con discapacidad, los censistas en algunos lugares no habrían sido adecuadamente entrenados y, en algunos casos, no habrían hecho las preguntas sobre el tema "discapacidad".125

Ante la falta de una base confiable y válida acerca de la cantidad de personas con discapacidad en el país, algunos funcionarios recurren a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales las personas con discapacidad promedian alrededor del 10% de la población mundial. Por ende, estas estimaciones sugieren que la población con discapacidad rondaría las 500.000 personas en Paraguay.126

Si bien todavía no existen cifras nacionales, entre junio y julio de 2002 la Secretaría de Salud del Departamento Central realizó una encuesta entre las "personas con capacidades diferentes" que viven en dicha área. Este trabajo fue realizado con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO) y la Red de Atención a Personas con Capacidades Diferentes.127 

El tamaño de la muestra en todo el Departamento Central fue de 8000 viviendas particulares en los 19 distritos. En el cuadro 1 se consignan los resultados.

Cuadro 1: Distribución de los "impedimentos" entre los habitantes del Departamento Central128

Visión disminuida
18.532 
Oye menos 
7.273 
Problemas para hablar 
5.347 
No habla 
2.288 
Caminar, subir, levantarse, etc.
9.901 

Agarrar, levantar, cargar cosas
5.788 

Retraso mental 
5.370 
Ataques o convulsiones 
5.207 
Otros 
10.969 
Total 
70.675 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Paraguay adhiere a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA). Subscribió la convención el 8 de junio de 1999 y la ratificó el 28 de junio de 2002.129 Efectuó el depósito del instrumento de ratificación el 22 de octubre de 2002. Asimismo, el país ratificó el Convenio Nro. 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 2 de mayo de 1991.130 

El Presidente de Paraguay junto con otros jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) subscribió la Declaración Socio-Laboral del Mercosur en el marco del Tratado de Asunción. El artículo 2 de la Declaración establece que "las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma digna y no discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y laboral".131 

Por último, Paraguay asistió a la primera reunión del Comité Especial para considerar propuestas para una convención internacional en el marco de las Nacionales Unidas sobre la protección y promoción de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. La segunda reunión de este Comité Especial no contó con representantes de Paraguay.132

En el marco del derecho interno, la Constitución Nacional de Paraguay de 1992 contiene dos artículos referidos a las personas con discapacidad. El Capítulo IV garantiza en forma explícita la existencia del derecho de las personas con discapacidad a la salud, la educación, la recreación y la formación profesional. El artículo 58 dispone que "el Estado organizará una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, a quienes prestará el cuidado especializado que requieran. Se les reconocerá el disfrute de los derechos que esta Constitución otorga a todos los habitantes de la República, en igualdad de oportunidades, a fin de compensar sus desventajas".133

La Constitución también contiene una sección sobre los derechos laborales que incluye una cláusula contra la discriminación. El art. 88 expresa que "no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, de edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado".134 

Varias otras leyes también se centran en las personas con discapacidad. Una de las más antiguas es la Ley 780/79, que fue promulgada en 1979 y que creó el INPRO con el objeto de "proteger en forma integral a las Personas Excepcionales de tal modo de neutralizar las desventajas que su condición les provoca y de darles oportunidad, mediante su propio esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las personas normales".135 

Si bien fueron redactadas antes de que se adoptaran las Normas Uniformes de Naciones Unidas, varias leyes de Paraguay abordan algunos de los temas contemplados en las referidas Normas. La Ley 122/90 regula sobre los derechos y privilegios de las personas con discapacidad en las siguientes áreas: atención médica, en lo laboral, transporte público, en la educación y formación profesional, y atención inmediata en los lugares de concurrencia de personas.136  La Ley 1098/98 crea las normas sobre accesibilidad. 137  Por último, el Código Laboral, la Ley 213, que hace referencia específica a las personas con discapacidad, establece que "el Estado tomará a su cargo brindar educación profesional y técnica a trabajadores de modo de perfeccionar sus aptitudes para obtener mejores ingresos y una mayor eficiencia en la producción".138 

No existe en el país ninguna organización de derechos humanos que se dedique a temas referidos a los derechos de las personas con discapacidad.

Barreras legales

El Código Civil paraguayo en su art. 36 establece que "la capacidad de hecho consiste en la aptitud legal de ejercer uno por sí mismo o por sí solo sus derechos". En algunos casos, las personas con determinadas discapacidades pueden ser declaradas incapaces en juicio. Según el art. 37, pueden serlo los "enfermos mentales" y "los sordomudos que no saben darse a entender por escrito o por otros medios".139 Además, el art. 153 de la Constitución establece que el ejercicio de los derechos de la ciudadanía se suspenderá "por incapacidad declarada en juicio que impida obrar libremente y con discernimiento".140 

Las personas con discapacidad declaradas incapaces pierden todos sus derechos, inclusive el derecho al sufragio. 

Participación ciudadana

En Paraguay, las personas con discapacidad tienen derecho a votar. La Constitución Nacional establece que "son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin distinción, que hayan cumplido dieciocho años". Además, "todo ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido sin más restricciones que las que aquí se establecen".141 

El Código Electoral establece que deben adoptarse algunas medidas de adaptación según las necesidades de las personas con discapacidad a la hora de votar. Las personas con discapacidad que "estén impedidas de marcar los boletines e introducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones de una persona de su confianza".142 El art. 210 establece que:

Los electores votarán en el orden de su llegada, para cuyo efecto deberán formar fila de a uno. La mesa dará preferencia a: 
a. mujeres embarazadas y minusválidos;
b. enfermos; 
c. electores mayores de setenta y cinco años; y
d. autoridades electorales y candidatos. 

En la práctica, las personas con discapacidad no pueden ejercer efectivamente su derecho al voto debido a las barreras sociales y la falta de instalaciones accesibles. En general, las urnas no están ubicadas en la planta baja, lo que crea problemas para las personas con discapacidad motriz. Los dirigentes de las asociaciones de y para personas con discapacidad informan que, en general, las elecciones se realizan en escuelas públicas que suelen ser construcciones antiguas con escalones. Estiman que entre el 20% y el 40% de los lugares de votación del país son accesibles.143  

También constituye un problema la falta de comunicación accesible. Para las personas ciegas o con visión disminuida, los boletines de votación no están en Braille. Por su parte, las personas sordas carecen de acceso a la información sobre los candidatos. La comunicación inaccesible impide elegir una opción basada en información. El sector de la población más discriminado es el compuesto por las personas con discapacidad intelectual o retraso mental.144 

Los dirigentes de las asociaciones de y para personas con discapacidad informan que varias personas con discapacidad ni siquiera están empadronadas debido a que no pueden llegar al lugar donde se realizan los padrones para el sufragio. Informan que este problema es especialmente frecuente en el interior del país.145 Después de la última elección, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales recomendó que el gobierno brindara más información a los electores acerca de la ubicación de los lugares de votación en las listas y asegurara a las personas con discapacidad una mayor accesibilidad a los lugares de votación. 146  

Inclusión

Comunicación

Ni el gobierno ni la Biblioteca Nacional proveen una versión en Braille de la Constitución para las personas ciegas o con discapacidad visual. Tampoco existen otros materiales en formatos alternativos. Cuando las personas ciegas necesitan información sobre algún tema específico, deben ir a las bibliotecas acompañados de otra persona o les solicitan ayuda a las personas encargadas del lugar. 

Los noticieros nacionales no son transmitidos con subtítulos ni se cuenta con intérpretes de lengua de señas para las personas con deficiencias auditivas.147 

Educación

Según la legislación paraguaya, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a la educación que los demás miembros de la sociedad. Sin embargo, no se cuenta con información acerca del porcentaje de niños con discapacidad en edad de recibir educación en el nivel primario. 

El Ministerio de Educación y Cultura tiene un Departamento de Educación Especial que hasta ahora no ha formulado una política clara que posibilite la integración de las personas con discapacidad al sistema regular de educación y se asegure la igualdad de oportunidades educativas. Tampoco se cuenta con un programa nacional de detección temprana de discapacidades.148

En general, los niños con discapacidad escolarizados reciben educación en clases especiales en la escuela común o regular, en escuelas especiales de día o en hogares escuelas segregados.  El país cuenta con 1 escuela integrada, 5 escuelas con grado especial, 480 escuelas con aulas de apoyo, 21 escuelas especiales de día, 17 centros de educación especial, 3 centros de educación especial y rehabilitación, 4 centros integrales y 5 escuelas hogares. Las escuelas especiales se encuentran en las ciudades principales.149  Los estudiantes secundarios que presentan discapacidad física, visual o auditiva suelen recibir educación en escuelas regulares. 

Muchos niños son derivados a clases de apoyo sin ser evaluados adecuadamente y a veces con diagnósticos erróneos.  Las escuelas que cuentan con servicios de apoyo no admiten a niños con discapacidades múltiples o con retardo mental profundo, pues los maestros no están preparados para atender sus necesidades.150 

Varios docentes consultados por el IDRM informan que existiría un número elevado de niños con discapacidad que nunca asistieron a la escuela, pues existen puntos del país que no cuentan con escuelas especiales y a menudo las clases especiales tampoco existen. En las ciudades o pueblos pequeños, los niños con discapacidad asisten a la escuela sólo si los aceptan los maestros. Debido a que los maestros no cuentan con un programa especial, la mayoría de los estudiantes en esta situación concurre a la escuela a los fines de su integración más que de su educación.151  Las personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años, especialmente las que viven en la capital, pueden asistir a talleres de formación laboral.  

El plan nacional de formación docente no incluye la educación de niños con discapacidad. Los profesionales que quieren dedicarse al área deben especializarse fuera del país o por su propia cuenta.  En algunas carreras como psicopedagogía, psicología y sociología se dan algunas materias vinculadas con la discapacidad en forma muy general.152

Empleo

Si bien no existen datos específicos a nivel nacional respecto del empleo de las personas con discapacidad, Paraguay posee una alta tasa de desempleo general. El país actualmente atraviesa una severa recesión. En las áreas urbanas, el 71,3% de los hombres y el 44,5% de las mujeres tienen empleo153. En las áreas rurales, el 74,1% de los hombres y sólo el 19% de las mujeres tienen empleo.154 

La encuesta del año 2002 llevada a cabo en el Departamento Central ofrece información acerca de la situación laboral de las personas con discapacidad en la región, que se presenta a continuación en los cuadros dos y tres. 

Cuadro 2: Condición de Actividad de las Personas con Discapacidad en el Departamento Central155

Hombres
Mujeres
Total
Ctad. de personas
18.698
19.467
38.164

Condición

Ocupada
39,5%
23,6%
31,4%
Desocupada
  5,7%
  5,2%
  5,5%
Inactiva
53,9%
70,1%
62,2%
No Disponible
  0,9%
  1,1%
  1,0%

Cuadro 3: Categoría de Ocupación de las Personas con Discapacidad en el Departamento Central156

Hombres
Mujeres
Total
Nro.  de personas
7.379
4.603
11.982

Categoría de ocupación

Empleado público 
  8,2%
  9,8%
  8,8%
Empleado privado
38,9%
15,5%
29,9%
Trabajador independiente 
49,2%
46,3%
48,1%
Trabajador familiar no remunerado
  3,2%
  0,7%
  2,2%
Empleado doméstico
  0,5%
26,9%
10,7%
No disponible
-
  0,8%
  0,3%

Las estadísticas de empleo del Departamento Central no pueden extrapolarse para estimar la tasa de empleo de las personas con discapacidad en el resto del país. Sin embargo, estas estadísticas combinadas con los datos generales relativos al empleo sugieren categóricamente que el desempleo y el subempleo son fenómenos generalizados entre las personas con discapacidad. 

A la fecha de redacción de este informe, una cámara del Congreso había aprobado un proyecto de ley, según el cual los entes públicos estarán obligados a ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al dos por ciento (2%) de la totalidad de su personal.157 

Según lo informado por los dirigentes de las organizaciones del sector, los principales obstáculos para el empleo de las personas con discapacidad son la falta de formación, los ambientes de trabajo inaccesibles, la falta de transporte público adaptado y las barreras culturales.158 

La Asociación de Rehabilitación de Personas con Discapacidad Física del Paraguay (ARIFA) es la única organización que ha implementado un programa de capacitación para el empleo. ARIFA ha celebrado un convenio con la Universidad Católica y el Club Rotario de Paraguay, el que paga las cuotas de 10 personas con discapacidad física para que puedan hacer un curso de informática en dicha universidad.159 

No existe un programa de colocación de empleos a nivel nacional. El Ministerio de Educación y Cultura posee un centro de capacitación y el INPRO financia un taller laboral.160 Otras organizaciones que promueven talleres laborales o protegidos son la Fundación APADEM-TELETON, el Centro Comunitario APAPEX, la Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad del Alto Paraná (APAMAP), y la Asociación de Padres y Amigos de Quiindi de Personas Excepcionales (APAQUIPEX). Algunas de estas instituciones trabajan a nivel local.161

Algunas organizaciones se esfuerzan por insertar laboralmente a sus miembros en alguna entidad pública o privada. Por ejemplo, la Asociación de Ciegos del Paraguay, con la ayuda de Fundación ONCE de España, está construyendo unos kioscos para los asociados interesados. Según se informa, las colocaciones laborales a través de estas organizaciones tienen un alcance limitado.162

Servicios de salud

No existe una prohibición expresa de la discriminación contra las personas con discapacidad en los seguros médicos privados. Sin perjuicio de ello, las personas con discapacidad pueden acceder a la cobertura del seguro social del trabajador a nivel nacional. El Decreto Ley Nro. 18.701/18/02/1943 creó el Instituto de Previsión Social. Esta norma está reglamentada por el Decreto Ley Nro. 1860/1/12/1950. Entre las leyes que regulan los temas de seguridad social y la discapacidad cabe mencionar la ley 98, promulgada en diciembre de 1992, que dispone que el sistema de seguro social cubre a las personas con empleo en general.163 Paralelamente, existen sistemas especiales para los trabajadores del ferrocarril, los empleados bancarios, los representantes del parlamento y los empleados del sector público. Los beneficios incluyen atención general y especializada, internación, servicios de laboratorio, medicación, prótesis, atención odontológica y maternidad.  Las personas a cargo en virtud de este sistema son el cónyuge, hijos menores de 16 años solteros, hijos con discapacidad y padres a cargo de más de 60 años de edad.  Los servicios médicos se brindan directamente a los pacientes a través de los centros del Instituto de Previsión Social. La duración de los beneficios es de 26 semanas por cualquier enfermedad, que pueden extenderse a 52 semanas en casos especiales.

Los servicios de rehabilitación no forman parte de los servicios de salud general de Paraguay; por lo tanto, es mínimo el nivel de prestación. Sólo tres hospitales que reciben financiamiento del Estado cuentan con servicios de terapia física: el Hospital de Clínicas, el Hospital Nacional Itaguá y el Hospital de Emergencias Médicas.164 

Una entidad del gobierno, el INPRO, les ofrece a las personas con discapacidad diagnóstico y tratamiento, entrenamiento profesional, deportes y recreación, servicios radiológicos y análisis clínicos. El INPRO cuenta con un equipo multidisciplinario, formado por médicos con diferentes especialidades, psicólogos clínicos, terapeutas de familias, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, así como especialistas en estimulación temprana, fisioterapia, musicoterapia, etc. Es la única institución que brinda este tipo de servicios y está ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora. 

Además, el INPRO cuenta con una farmacia social, en la que los pacientes pueden comprar los medicamentos recetados por los médicos tratantes, y también cubre los gastos de estudios especializados y algunas cirugías. Otra institución que recibe apoyo del Estado es la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), que ofrece ayuda a las personas con discapacidad que tienen necesidades económicas. 

Existen otros dos centros de rehabilitación ubicados en Asunción: la Fundación APADEM-TELETON y el Centro de Rehabilitación para Niños Impedidos Físicos (CERENIF). Existen otras cinco instituciones de rehabilitación en todo el país. 

Algunas organizaciones con financiamiento privado, como el Club Rotario y el Club de Leones, también ayudan a las personas con discapacidad a satisfacer sus necesidades y a lograr una mayor independencia. El Club de Leones, por ejemplo, dona medicamentos, sillas de ruedas y anteojos, entre otras cosas. También, algunas organizaciones religiosas ayudan a los feligreses cuando estos necesitan apoyo económico. 

El Servicio Nacional de Salud no ha implementado aún una estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Desde 1995 hasta 1998 el INPRO contó con un programa de RBC. Sin embargo, la entidad lo abandonó debido a la falta de datos de evaluación y de continuidad así como a cambios en las autoridades.165 El Departamento de Bienestar Social está iniciando una prueba piloto con la colaboración del INPRO y se están realizando tareas de capacitación.

En Paraguay existe muy poco entrenamiento especializado para los médicos con relación a la atención de personas con discapacidad.  El 10 de octubre de 2003, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción y el INPRO formalizaron un convenio para llevar a cabo la "Capacitación Básica en Rehabilitación para Médicos Pasantes".166  En el año 2000, la Universidad Nacional de Asunción creó la carrera de fisioterapia con la colaboración de la Asociación de Fisioterapeutas del Paraguay. Una universidad privada ofrece cursos similares en terapia física.  No existe ninguna otra carrera de formación en las especialidades que se necesitan para llevar a cabo una rehabilitación integral, a saber: terapia ocupacional, fisiatría, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis. Por ello, los profesionales que trabajan en rehabilitación estudiaron o se especializaron fuera del país. 167  Esta falta general de oferta académica es uno de los principales factores por el cual son escasos los profesionales de la salud en el área de la discapacidad. 

Vivienda 

En la actualidad, no existen programas de viviendas adaptadas ni subsidios para que las personas con discapacidad puedan comprar sus viviendas.  No existe ningún centro de vida independiente que brinde orientación a personas con discapacidad por otras pertenecientes a este colectivo.  Los dirigentes de las organizaciones del sector informan que la mayoría de las personas con discapacidad vive con sus familias. Sólo las personas con discapacidad que trabajan, que son autosuficientes o que han decidido formar una nueva familia viven en otro lugar. 

Institucionalización

Paraguay cuenta con muy pocas instituciones que proveen alojamiento y cuidados de largo plazo a personas con discapacidad. El Hospital Psiquiátrico, ubicado en la ciudad de Asunción, es el único establecimiento financiado por el Estado que se dedica específicamente a la atención de personas con discapacidad. El Hospital, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, atiende a 450 internos. Se han documentado graves violaciones a los derechos humanos. Dos organizaciones, Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para "impedir las condiciones que ponen en peligro las vidas, la libertad y la seguridad de las personas de dos jóvenes de 17 y 18 años, y de otros 458 internos del Hospital Neuropsiquiátrico de Paraguay". Los dos jóvenes habían sido dejados aislados durante más de cuatro años sin vestimenta y en condiciones infrahumanas. La CIDH, desde entonces, ha ordenado a Paraguay que ponga fin a los abusos perpetrados en los establecimientos psiquiátricos nacionales.168 

Existen otras tres instituciones que ofrecen alojamiento a personas con discapacidad que han sido abandonadas, son huérfanas o pertenecen a familias muy pobres. El Hogar Luis Albino tiene 15 internos y está ubicado en Asunción. El Pequeño Cotolengo, a cargo de la congregación Guaneliana, cuenta con 35 internos y está ubicado en la localidad de Mariano Roque Alonso. El Hogar Norma, dependiente de una fundación religiosa sueca, cuenta con 25 internos y está ubicado en la ciudad de Ypacarai. También existen hogares para ancianos que son subsidiados por el Ministerio de Salud Pública a través del Departamento de Bienestar Social.169 

Las personas con discapacidad, ya sean adultas o menores, llegan a estas instituciones a través de un familiar o un vecino o por orden judicial en caso de que sean encontradas en la calle.170 

Accesibilidad 

Las normas reglamentarias nacionales sobre la "Supresión de Barreras Arquitectónicas y Promoción de la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad Física y Sensorial y Personas Mayores" disponen que: "la construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos se efectúen de tal forma que resulten accesibles para las personas con discapacidad física o sensorial o personas mayores"171. Este decreto fue refrendado por la Ministra de Educación y Cultura.172 

Los únicos edificios públicos accesibles para las personas con discapacidad son el correo, el nuevo edificio del Parlamento, el INPRO y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La Municipalidad de Asunción tiene una rampa pero no es accesible pues no cuenta con las medidas recomendadas y es muy empinada. Tampoco son accesibles las oficinas de ESAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.), el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud y Bienestar Social, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Palacio de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el de Relaciones Exteriores y el edificio de la telefónica (COPACO), entre otros. En general, es mayor la cantidad de edificios públicos no accesibles que los que sí lo son. 

No existen normas nacionales que establezcan que los edificios privados deben ser accesibles. Sin embargo, existen normas municipales, como por ejemplo en la Ciudad de Asunción, que se refieren a las adecuaciones que deben realizarse en las construcciones para asegurar su accesibilidad. 

No existen cursos sobre diseño universal para arquitectos o ingenieros en el país.173

Paraguay no cuenta con un sistema de transporte público adaptado para personas con discapacidad. Ni siquiera en la capital del país, los transportes existentes están adaptados para que sean accesibles a los usuarios de silla de ruedas.174 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

La dependencia que actualmente coordina la política de discapacidad a nivel nacional es el Instituto Nacional de Protección a las Personas Excepcionales (INPRO). Desde 1995, el INPRO viene coordinando la actividad de todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden a la comunidad de personas con discapacidad.175 A pesar de la extensa red de la organización, se considera que la política nacional es ineficiente e inadecuada.

El Instituto de Bienestar Social, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, posee una política de discapacidad cuyo objetivo es promover acciones de rehabilitación basada en la comunidad como parte de un plan nacional de rehabilitación integral. La política también prevé varias actividades de toma de conciencia acerca de la discapacidad. 

Los representantes de organizaciones no gubernamentales del sector conformaron una unidad coordinadora con el fin de formular una política de discapacidad adecuada. Sin embargo, este grupo no ha tenido todavía una influencia importante. 

La Federación Nacional de Personas con Discapacidad (FENADIS) agrupa a las diferentes asociaciones formadas por personas con discapacidad y asociaciones de padres de personas con discapacidad intelectual, con miras a trabajar con un enfoque coordinado. La FENADIS no cuenta con un local propio, por lo que la sede es rotativa y funciona en el local de la asociación que ejerza la presidencia. Las autoridades se eligen cada dos años y las asociaciones miembros son de la capital y otros puntos del país. La FENADIS se mantiene económicamente gracias a las cuotas sociales de las asociaciones socias. 

Las organizaciones de personas con discapacidad colaboran entre sí, especialmente en la ciudad capital, donde las principales asociaciones realizan actividades en forma conjunta en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. También existen actividades sociales conjuntas como la que se realiza para recordar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estas organizaciones también patrocinan reuniones con candidatos presidenciales durante las campañas electorales. En general, los dirigentes de las organizaciones consideran que una mayor coordinación es crucial para incluir el tema de la discapacidad en la agenda de los políticos. 

Perú 

Factores clave: En las dos últimas décadas, el terrorismo en Perú ha ocasionado una enorme pérdida de vidas humanas y lesiones traumáticas que incrementaron el número de personas con discapacidad en el país. La Comisión de la Verdad y Reconciliación reveló que "El Perú vivió un conflicto armado interno entre 1980 y 2000, el cual constituyó el episodio de violencia más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Se calcula que las víctimas de la violencia son alrededor de 69.280 personas".176

Terminología

La terminología utilizada para referirse a las personas con discapacidad varía en todo el Perú.  En general, se utiliza la frase "personas con discapacidad". Sin perjuicio de ello, aún se siguen utilizando otras frases para referirse a las personas con discapacidad. El término "minusválidos" es muestra de ello. Además, algunos documentos jurídicos utilizan terminología obsoleta en relación con las personas con discapacidad mental. El Código Civil peruano utiliza los términos "retardados mentales" y "deterioro mental". En el Código Civil también se hace referencia a "sordomudos," "ciegosordos" y "ciegomudos", términos que se consideran obsoletos. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial utiliza el término "mudos". Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de los documentos jurídicos y de las entrevistas, se conservó la terminología original. 

Definición de discapacidad

La Ley General de la Persona con Discapacidad ofrece la siguiente definición, que es la más utilizada:

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad.177

Una segunda definición, propuesta por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, se utiliza con menor frecuencia que la anterior. Según la definición del plan, la discapacidad es "una condición del ser humano que lo afecta sin considerar edad, sexo, color de piel, estatus socioeconómico o procedencia. Nadie está libre de encontrarse en un momento de su ciclo vital en condiciones de discapacidad".178

Población con discapacidad 

En la actualidad, no existen cifras exactas con respecto al número de personas con discapacidad en el Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que la población actual del Perú es de aproximadamente 27.148.000 personas.179 No existen estimaciones publicadas de la población con discapacidad.  Según el último censo realizado por el INEI, en 1993 Perú tenía una población total de 22.639.443 habitantes. De este total, el censo registró 288.526 personas con impedimentos severos y determinó que el 1,3% de la población presentaba algún impedimento físico.180 

Sin embargo, el INEI también utiliza los datos documentados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según los cuales la población de personas con discapacidad constituye alrededor del 13% de la población total, lo que equivale a aproximadamente 2.943.125 personas.181

Según el Instituto Especializado de Rehabilitación, el 31% de la población peruana presenta algún tipo de discapacidad, definida ésta sobre la base del documento CIDDM-I de la Organización Mundial de la Salud (OMS).182       

En 1993, el Instituto Nacional de Rehabilitación llevó a cabo un estudio para identificar la "prevalencia de las deficiencias, discapacidades y minusvalías en el Perú." 183 Este estudio arrojó que la prevalencia de discapacidad es mayor en la Costa, con una población con discapacidad del 39%. En la Selva, las personas con discapacidad representan el 37% y en la Sierra, el 28%. 

No se ha obtenido información sobre el número de personas con discapacidad de la amazonía y de las zonas andinas, lo que suscita inquietudes acerca del abuso de los derechos humanos de las personas con discapacidad en estas zonas. El ex Ministro de Salud confirmó esta situación en una exposición realizada ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República. En esa oportunidad señaló que: "En el mundo nativo amazónico las comunidades tienen un pensamiento muy particular, tienen un monte Taijeto, que se llama voltear la canoa. Cuando nace un niño minusválido, en mi experiencia de trabajo en la amazonía durante muchos años, la forma como estos niños eran eliminados era voltear la canoa. Se voltea la canoa, el niño se va al río. Eso puede estar falseando las cifras reales de discapacidad".184

Las personas con discapacidad en el Perú se encuentran en su mayoría en las zonas más pobres del país y pertenecen a los estratos de menores ingresos.185 A pesar de esta situación, en los últimos años se pusieron en marcha algunos servicios y programas para estas personas, que funcionan principalmente en la capital y, en menor medida, en las provincias.

Si bien se carece de datos estadísticos confiables en materia de discapacidad, los especialistas estiman que el número de personas con discapacidad ha aumentado más del 10% en los últimos cinco años. Entre las causas del aumento estimado cabe mencionar los efectos prolongados del conflicto armado interno así como el conflicto limítrofe con Ecuador, la continua inestabilidad política, los accidentes laborales, la contaminación ambiental, la ausencia de una política de prevención eficaz, y pobreza y desnutrición.186 

Los accidentes de tránsito representan otra causa importante del aumento de la población con discapacidad. Según lo informado por el ex Ministro de Salud ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, en el Perú la cantidad de accidentes de tránsito mortales aumentó de 2 mil a más de 4 mil en el término de dos años. En ese mismo período, los casos de amputaciones, parálisis y discapacidades físicas producto de los mencionados accidentes aumentaron de 20 mil a 40 mil.187

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Perú ratificó el Convenio Nro. 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Readaptación Profesional y al Empleo de Personas Minusválidas el 16 de junio de 1986 con la ley 24509.188 El 10 de julio de 2001, Perú ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante la Resolución Legislativa Nro. 27484 dada por el Congreso peruano.189 Se hizo el depósito del respectivo instrumento de ratificación el 30 de agosto de 2001.190

Un examen de la legislación nacional de Perú revela la existencia de una variedad de normas que contemplan trato preferente, atención, beneficios y medidas para la inclusión social de las personas con discapacidad. Gran parte de esta legislación se inspira en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas.191  

Perú, a través del tiempo, ha incorporado en sus Constituciones Políticas normas relativas a la protección y al reconocimiento de los derechos sociales, económicos y políticos a favor de las personas con deficiencia física, intelectual o sensorial o con "enfermedad mental". Esto ha sucedido especialmente en las dos últimas constituciones de los años 1979 y 1993, respectivamente. 

La Constitución vigente de 1993 es más amplia en cuanto a su cobertura y se refiere en forma específica a las áreas de seguridad social, salud, educación y trabajo. En su artículo 7 dispone que la persona con discapacidad tiene el derecho al respeto de su dignidad. Esta disposición reproduce casi textualmente la primera parte del artículo 19 de la Constitución de 1979 pero deroga una parte de dicho artículo sobre las exoneraciones tributarias concedidas a las organizaciones o los particulares que prestan servicios a las personas con discapacidad.192 

El artículo 16 de la Constitución de 1993 dispone sobre el deber del Estado de asegurar una "educación adecuada" a las personas con discapacidad y el artículo 23 establece la obligación del Estado de proteger los derechos laborales. El artículo 59 también contempla el derecho al trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Dispone que "El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades".193

Se ha dictado una serie de leyes, decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y decretos de alcaldías para implementar las normas constitucionales. Asimismo, con la finalidad de analizar, diagnosticar y hacer visible la problemática que viven las personas con discapacidad así como para hacer propuestas legislativas, fue creada la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad por el Congreso de la República el 18 de diciembre de 2002.194  Entre las normas vigentes cabe mencionar la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley Nro. 27050) y el Decreto Supremo Nro. 001-2003-PCM, que declaró el año 2003 como "Año de los Derechos de las Personas con Discapacidad" y la conmemoración del centenario del nacimiento de Jorge Basadre Grohmann. Por su parte, la ya citada Ley General de la Persona con Discapacidad, que modifica la ley Nº 23241, establece que la persona con discapacidad tiene iguales derechos que los que asisten a la población en general. Además, declara el 16 de octubre de cada año como el "Día Nacional de la Persona con Discapacidad" en recuerdo del 16 de octubre de 1980, fecha en la que las personas con discapacidad protagonizaron una protesta nacional ante el Congreso. Por último, cabe destacar que por la Ley General de la Persona con Discapacidad también se crea el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS ), la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) y una Oficina en la Defensoría del Pueblo.

Muchas de estas leyes son meras declaraciones de derechos ya que carecen de obligatoriedad. La mayoría de las leyes no prevé sanciones por incumplimiento, lo que dificulta su exigibilidad. La Ley General de la Persona con Discapacidad no establece sanciones por incumplimiento para las instituciones que no otorgan a las personas con discapacidad los beneficios previstos en la referida ley. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Cultura debe adaptar los monumentos considerados patrimonio nacional suministrando accesos, ambientes y señalizaciones para el desplazamiento y uso de las personas con discapacidad. Esta ley fue dada en el año 1998. A cinco años y medio de su vigencia, no se ha hecho casi nada para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los museos o a otra institución considerada de patrimonio cultural.  

Barreras legales

Según el Código Civil peruano, la curatela se instituye para las personas con discapacidad mayores de edad que no puedan ejercer sus derechos por sí mismas.195 Una vez que una persona es declarada incapaz, su representante legal ejerce sus derechos civiles. Dicho representante es nombrado según las normas referentes a la patria potestad, tutela y curatela. 

En el artículo 564 del Código Civil peruano se establece que estarán sujetos a curatela:

 Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.
 Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. 
 Los retardados mentales.
 Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad.196

Participación ciudadana

En el Perú las personas con discapacidad tienen el derecho al sufragio. En la ley Orgánica de Elecciones (ley Nro. 26859) se protege el derecho que tiene toda persona a ser elegida y a elegir libremente a sus representantes.197

Sin embargo, en el ámbito profesional se observan algunas restricciones a la participación ciudadana. Por ejemplo, existen restricciones que obstaculizan el acceso de las personas con discapacidad a la carrera judicial. En efecto, el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial198 establece los requisitos para ser Magistrado y dispone que el candidato debe reunir las siguientes condiciones: "no ser ciego, sordo, mudo, ni adolecer de enfermedad mental, o incapacidad física permanente que le impida ejercer el cargo de la diligencia necesaria".199 

También se les restringe a las personas con discapacidad la carrera diplomática, conforme a la Directiva para los exámenes médico, psicotécnico y psicológico que se toman en la Academia Diplomática del Perú.200

Inclusión

Comunicación

La Biblioteca del Congreso de la República y la Biblioteca Nacional tienen una versión en Braille de la Constitución política del Perú. Sin embargo, no cuentan con otros documentos oficiales en Braille ni en ningún otro formato alternativo para personas ciegas o con deficiencias visuales.201

Por ley, se estableció que los programas informativos, educativos y culturales transmitidos por el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) deben incorporar medios de comunicación visual tales como lengua de señas o subtítulos para personas con deficiencias auditivas.  Mediante Decreto Supremo Nro. 011-2003-MTC de fecha 5 de marzo de 2003, se establece que el IRTP deberá contar con medios de comunicación visual en por lo menos unos de sus programas informativos diarios de producción nacional.202 Además, cabe destacar que es optativa la incorporación de estos medios alternativos por parte de otros canales de televisión de aire o cable.203

Pese a la legislación existente, la mayoría de los noticieros, incluidos los emitidos por IRTP, sólo colocan los títulos de cada noticia. Un solo canal (RED GLOBAL) hace un resumen de las noticias con subtítulos.

Educación

No se cuenta a nivel nacional con datos sobre la población porcentual estudiantil entre las edades de 6 y 16 años que presente alguna discapacidad; sin embargo, se sabe que muchos niños con discapacidad son excluidos del sistema educativo.204 

El ex Viceministro de Gestión Pedagógica manifestó en una exposición realizada en enero de 2003 ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República lo siguiente:

En el Perú, según las estimaciones estadísticas, el 13% de la población, es decir más de 3 millones de personas, tienen alguno tipo de la llamada "discapacidad" o de las capacidades diferenciadas. 

En el año 2002, se han atendido en centros educativos públicos y privados, a no más de 30 mil estudiantes, esto del universo de la población discapacitada implica sólo la atención del 1,1%, o sea, ese es un hecho macizo que está hablando por sí mismo. Hay mucho terreno por recorrer para construir esta política de educación.205

Asimismo, el ex Viceministro señaló que "existe un sector de la población con discapacidad que sufre total abandono y olvido".206  Un estudio realizado por la Asociación Ann Sullivan, con la participación del personal técnico del Ministerio de Educación, demostró que "hay poblaciones que no están siendo atendidas en estos momentos por el Estado peruano, como son las personas con retardo severo, autismo y parálisis cerebral. Son territorios temáticos que tenemos que cumplir por ausencias, lagunas completas en este territorio".207

La modalidad de educación especial se instituyó en el Perú en 1971 y se incorporó a la estructura orgánica del Ministerio de Educación como Dirección Especial.  En la actualidad, la educación especial depende de la Unidad de Educación Especial, que forma parte de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria.208

La nueva Ley General de Educación dispone la obligatoriedad de la educación inclusiva de los niños con discapacidad. Esta ley establece:

Artículo 39°.- Educación Básica Especial
La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la sociedad. Se dirige a:

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje regular.
b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos.

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requieran.

El tránsito de un grado a otro estará en función de las competencias y la edad cronológica, respetando el principio de integración educativa y social.209

En el artículo 23 de la Ley General de la Persona con Discapacidad se establece que el Perú debe trabajar para lograr la integración e inclusión educativas de los niños con discapacidad.  En consecuencia, los centros educativos públicos y privados no podrán negar el acceso a las personas con discapacidad.  En el artículo 22 establece las adaptaciones curriculares necesarias que permitan dar una respuesta educativa pertinente a la diversidad de alumnos, incluidos los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Pese a la existencia de esta legislación, los órganos ejecutores del Ministerio de Educación no llevan a cabo lo dispuesto en la ley. No se aplican las políticas de educación a favor de las personas con discapacidad, en parte debido a la escasa asignación presupuestaria para este sector. 

Los niños y jóvenes con deficiencias auditivas, visuales y mentales suelen recibir educación en escuelas especiales segregadas. La educación especial tiene una cobertura de atención que comprende desde el nacimiento hasta los 20 años de edad. Entre los servicios que forman parte de este esquema educativo cabe mencionar el Programa de Intervención temprana (PRITE), las aulas de educación inicial y de educación primaria, y la formación laboral.210 

En un informe Defensorial titulado "Situación de la Educación Especial en el Perú, Hacia una Educación de Calidad", se señala que existen 397 centros de educación especial. De estos centros el 92% se ubica en la zona urbana y un 8% se encuentra en el área rural.  En lo que respecta a su gestión, el 79% de estos centros son de gestión estatal y el 21% corresponden a la gestión privada de organizaciones no gubernamentales.211

La educación especial en el Perú atraviesa cierto abandono. Los maestros de educación especial no reciben una bonificación adecuada por su dedicación al trabajo, por lo cual resulta más difícil convocar docentes e incentivar su formación en esta área.212 

El Congresista de la República y presidente de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, Dr. Javier Diez Canseco, expresó lo siguiente: 

No hay igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Las instalaciones no están aptas. Los colegios no tienen asignados a los profesores de educación especial en ese terreno.
Es dramático pero el Instituto Superior Pedagógico de Educación Especial del Estado, el único que hay, el "María Madre", no tiene un colegio de aplicación. Tiene que andar viendo dónde van a hacer sus prácticas los alumnos.213

Los docentes que se desempeñan en la modalidad de educación común no reciben formación especializada sobre el abordaje de alumnos con discapacidad. 

Empleo

No existen estadísticas actuales respecto de la tasa de desempleo de las personas con discapacidad. El último estudio realizado por el Instituto Nacional de Rehabilitación en 1993 reveló que el 64% de la población con discapacidad no trabaja. De aquellos que lo hacen, el 45% son trabajadores independientes y el 19% son trabajadores familiares no remunerados.  El escaso número de personas con discapacidad empleadas realiza labores ocupacionales que no necesitan adaptaciones.214

El artículo 23 de la Constitución Política del Perú dispone que el Estado protege el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En concordancia con esta norma, la ley General de la Persona con Discapacidad, en su capítulo VI sobre la promoción y el empleo, asegura la participación e integración de las personas con discapacidad en la vida económica de la nación. Además, dispone que tienen todos los derechos y beneficios que otorga la legislación laboral para los trabajadores, y prohíbe todo tipo de discriminación en los diversos aspectos de la actividad laboral.

La referida ley también establece beneficios para las personas con discapacidad y las organizaciones que los contraten.  En los concursos para la contratación del personal del sector público las personas con discapacidad obtienen una bonificación de determinado número de puntos favorables que se consideran en el concurso de méritos para cubrir la vacante.

Las micro y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad pueden obtener créditos preferenciales o financiamiento procedentes de organismos financieros nacionales e internacionales.  Las empresas e instituciones del sector público deben dar preferencia a los productos manufacturados por estas micro y pequeñas empresas, y a los servicios prestados por ellas. 

Asimismo, las entidades públicas y privadas que den empleo a personas con discapacidad pueden obtener beneficios económicos. Estas entidades pueden deducir de la renta bruta un porcentaje de las remuneraciones que paguen a estas personas. El monto adicional deducido será fijado por el Ministerio de Economía. 

Pese a que se encuentran vigentes las normas antedichas, en el Perú existe una gran tasa de desempleo para la población con discapacidad.  Muy pocas personas con discapacidad están empleadas en el sector público. Se solicitó información específica sobre el empleo al CONADIS y esta entidad no ha respondido. 

Según el Director del Centro de Rehabilitación Profesional (CERP- ESSALUD), existen algunos programas de capacitación y colocación de empleos para personas con discapacidad en el Perú. Son servicios gratuitos y los gastos de funcionamiento así como la remuneración de los profesionales son cubiertos por el presupuesto de ESSALUD.215

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo administra varios programas de empleo que brindan servicios a las personas con discapacidad. Según los lineamientos, por los menos un 10% de los beneficiarios en las especialidades que ofrecen los Centros de Formación Profesional del MTPE deben ser personas con discapacidad. Entre los centros que ofrecen capacitación cabe mencionar: el Centro de Rehabilitación Profesional de Lima y Callao, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Unión Nacional de Ciegos (MASAJES) y el Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima.  El cuadro 1 refleja la eficacia de los programas del MTPE tendientes a lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad. 

Cuadro 1: Participación de personas con discapacidad en programas de empleo del MTPE (Programas del Ministerio de Trabajo de 2002)

Programa	Total de beneficiarios	        Personas con discapacidad

PROJOVEN		                 4.500			           104
Empleos temporales                  5.000			           244
PROEMPLEO	               18.000			             11
BONOPYME		     7.961			           119

En el programa PROJOVEN se premia a las entidades de capacitación con una bonificación si capacitan y logran prácticas de jóvenes con discapacidad en empresas.  Otro programa, la red CIL - Pro empleo, se encarga de mejorar la empleabilidad de las personas de difícil inserción laboral, a través de la articulación adecuada entre las empresas que requieren personal y los trabajadores que están desempleados o subempleados.216 

Esta red atiende principalmente a sectores vulnerables de la población como las personas con discapacidad. Por último, el programa BONOPYME ofrece subsidios a pequeñas empresas para que puedan contratar diferentes servicios de capacitación y asistencia técnica. Si bien ayuda a algunas personas con discapacidad, este programa no se ocupa de ellas de manera exclusiva. 

Según se indica en el cuadro 1, la cantidad de personas con discapacidad que accede a servicios de capacitación y empleo es bajo.  La inaccesibilidad de los lugares de trabajo es otra barrera importante al empleo, al igual que la falta de transporte público para trasladarse al lugar de trabajo. En Lima, muchos locales carecen de rampas, servicios higiénicos e infraestructura adecuada para personas con discapacidad. En el interior del país, esta infraestructura es casi inexistente.217 

Servicios de salud

En el país existen 73 establecimientos que ofrecen servicios de medicina física y rehabilitación. De ellos, 38 dependen del Ministerio de Salud, 26 dependen de ESSALUD, 7 de las fuerzas armadas y policiales, y 2 son privados. La infraestructura de muchos de estos servicios es insuficiente.218

La ley General de la Persona con Discapacidad, en el artículo 18, establece que "las prótesis, aparatos ortopédicos, medicinas, drogas y toda ayuda compensatoria para la rehabilitación física de las personas con discapacidad serán proporcionados por los servicios de medicina física [del Ministerio de Salud], con el apoyo y coordinación del CONADIS".219  Sin embargo, las normas no se cumplen.220  

La escasa partida presupuestaria asignada al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), hoy Instituto Especializado de Rehabilitación del Ministerio de Salud, es el principal factor que limita su accionar. El presupuesto proyectado por el INR para el año 2003 era de $19.072.894 y el presupuesto asignado fue de $17.348.025, lo cual representa menos del 1% del presupuesto total del Ministerio de Salud.221

Hace diez años que el Instituto Nacional de Rehabilitación viene trabajando la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Hasta la fecha, ha celebrado convenios con más de 70 centros de salud del Ministerio de Salud (MINSA). En la práctica, la estrategia sólo funciona como plan piloto dado que todavía no está incluida en los programas de salud que brinda el Estado y, por tanto, carece de presupuesto propio.222

En el Perú, la falta de asignación presupuestaria es un problema grave para la provisión de servicios de salud a las personas con discapacidad. Además de los pocos recursos que se destinan a los servicios de rehabilitación, los fondos para los programas de prevención son insuficientes. Si bien el 87% de los casos de discapacidad son adquiridos, se observa escaso interés en invertir en estos programas.223 

En lo que respecta a la cobertura médica, la Oficina de Estadística e Informática del Ministerio de Salud informó que: "La cobertura de atención de los pacientes con deficiencias y discapacidades se realiza principalmente en los establecimientos dependientes del Ministerio de salud, con un 62%, seguido por ESSALUD (con un 33%) y el número de atenciones que brinda el sub-sector privado es todavía escaso".224 

En el Perú también existe el Seguro Integral de Salud (SIS) destinado a personas de escasos recursos, incluidas las personas con discapacidad. Las principales condiciones para acceder a este seguro son no tener ningún tipo de seguro alternativo de salud y no pertenecer a ESSALUD. El SIS no cubre las enfermedades congénitas ni otorga ayuda protésica.225 

El Decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Privada de San Martín de Porres señaló que dentro de la currícula académica de las facultades de medicina de las universidades peruanas se encuentra el curso de medicina física y rehabilitación. Este curso incluye el tratamiento y la rehabilitación física del paciente con discapacidad, y terapia ocupacional. También se dicta el curso de psicología humana, el cual se aboca especialmente a la psicoterapia para pacientes con discapacidad. Todos los médicos asisten a cursos básicos sobre estos temas durante su pregrado. También pueden tomarse durante el posgrado.226

En cuanto al porcentaje de médicos que se benefician con este entrenamiento en rehabilitación, no se cuenta con cifras globalizadas, ya que cada universidad maneja sus propias estadísticas. Se solicitó esta información al Ministerio de Salud y este organismo no pudo proporcionarla.

Vivienda

En el Perú no existe alojamiento a largo plazo propiamente dicho para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad intelectual o con discapacidades múltiples, en general, viven con sus familias.227  En el Perú no se han proyectado, menos aún se han construido, viviendas técnicamente adecuadas para personas con discapacidad. Los padres de las personas con discapacidad no cuentan con una institución donde puedan alojar a sus hijos, por ejemplo, en casos de viajes por un período corto.228

Sin embargo, el gobierno peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha creado un plan nacional de vivienda denominado "Vivienda para todos".  Como consecuencia de este plan, nació el programa "Techo Propio", el cual está destinado a atender a la población de menores recursos con viviendas de bajo costo. El Estado otorga un Bono Familiar Habitacional (BFH) que cubre una parte del valor total de la vivienda. Para obtener este bono familiar existe un proceso de calificación. Las personas que postulan al referido bono y que tienen a su cargo una persona con discapacidad obtienen entre 10 y 20 puntos adicionales, que se otorgan de acuerdo con diferentes criterios dentro del puntaje de calificación.229  

Institucionalización

Los niños y adolescentes con discapacidad en estado de abandono son llevados a los albergues del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF).  Las personas con discapacidad mental que son abandonadas por sus familiares son dejados en los hospitales psiquiátricos  Las personas con discapacidad de la tercera edad en estado de abandono son albergados en los asilos de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.230 

Accesibilidad

El Reglamento Nacional de Construcciones fue aprobado por Resolución Ministerial en el año 1978. Forman parte de este reglamento obligatorio las Normas Técnicas de Edificación U-190 y U-060 denominadas "Adecuación Urbanística para Limitados Físicos" y "Adecuación Arquitectónica para Limitados Físicos".  Toda construcción debe ser diseñada conforme a estas disposiciones.231 

Posteriormente, se dictaron otras disposiciones sobre la accesibilidad y se incorporaron a la ley General de la Persona con Discapacidad.  En el artículo 43 se establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y las Municipalidades coordinarán la adecuación progresiva del diseño urbano de las ciudades, adaptándolas y dotándolas de los elementos técnicos modernos para el uso y fácil desplazamiento de las personas con discapacidad.

En el artículo 44 de dicha Ley, se establece que: "Toda infraestructura de uso comunitario, público y privado, que se construya con posterioridad a la promulgación de la presente ley, deberá estar dotada de acceso, ambientes, corredores de circulación, e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad".232 Además, la ley dispone que los propietarios y administradores de establecimientos, locales y escenarios donde se realicen actividades o espectáculos públicos, así como los organizadores de dichas actividades o espectáculos tienen la obligación de habilitar y acondicionar, para la realización de cada evento, el acceso, las áreas, los ambientes y las señalizaciones pertinentes para el libre desplazamiento de personas con discapacidad.

Asimismo, la referida ley estableció un plazo para la adaptación de las infraestructuras de uso comunitario, público y privado, construidas con anterioridad a su promulgación. Se dispuso un plazo máximo de dos años para acondicionar los accesos, ambientes, corredores de circulación, para el desplazamiento y uso de personas con discapacidad. 

La ley Nro. 27920, publicada el 14 de enero de 2003, amplió dicho plazo en 6 meses contados a partir del día siguiente de su publicación. Asimismo, estableció que vencido el plazo, la municipalidad del sector debía inhabilitar el uso público de la edificación u obra urbana que no hubiera sido adecuada con arreglo a la ley hasta su cumplimiento. En el artículo 4 se establecen sanciones por incumplimiento, las que consisten en una multa de un 5% y 10% del valor de la obra.233 

El órgano encargado de la aplicación de las sanciones y del destino de las multas son las municipalidades. Los montos que se recauden deben ser destinados a programas que aseguren el cumplimiento de la ley así como también a proyectos y programas locales a favor de las personas con discapacidad.  El órgano fiscalizador es el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), el que debe informar a las autoridades municipales correspondientes sobre la comisión de infracciones para su sanción.234

El plazo fijado venció en junio de 2003; sin embargo, muy pocas edificaciones se han adecuado totalmente y no se conoce de ninguna multa impuesta por ninguna municipalidad en el Perú.  En el caso de las instituciones públicas, las adaptaciones se han limitado a la instalación de una rampa y, en algunos lugares, un teléfono público en el ingreso de algunos edificios. 

En cuanto al transporte público, muchas personas con discapacidad, en particular las que usan sillas de rueda, no pueden utilizarlo. Patrick P. Allemant, Director General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones manifestó: "No existe norma alguna que regule las condiciones de acceso de las personas en sillas de ruedas al servicio público de transporte terrestre de pasajeros, así como tampoco alguna que permita la incorporación de vehículos especiales para las personas con discapacidad al sistema de transporte público, dada la inexistencia de vehículos en el mercado nacional acondicionados para tal fin ni de condiciones que lo permitan".235 

Las barreras arquitectónicas son los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad y les impide ejercer sus derechos libremente, como el derecho a votar y trabajar. Todo ello, a su vez, impide ejercer derechos humanos básicos como estudiar, trabajar en un ambiente accesible, recrearse, asistir a un centro médico o participar en el deporte y la cultura.236  

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad 

En Perú, el CONADIS es la organización coordinadora nacional que formula la política sobre discapacidad. Sin embargo, pocas personas con discapacidad ocupan posiciones de importancia en este organismo. En fecha reciente, el CONADIS designó un nuevo presidente, que es una persona con discapacidad. Había otros dos empleados con discapacidad pero fueron despedidos, de manera que sólo dos personas con discapacidad trabajan en la actualidad en esta entidad. 

Un plan nacional, denominado Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PIO), se aprobó en 2003 mediante el Decreto Supremo Nro. 009-2003-MINDES. Este plan es el fruto de un trabajo coordinado y concertado entre diversos ministerios.237 

El PIO tiene por finalidad contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad. Se concentra en la prevención, atención preferente, medidas antidiscriminación, y el fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes. El plan debe servir de instrumento de gestión y acción ejecutivo, a fin de que las instancias nacionales y locales incorporen la perspectiva de la discapacidad en todos sus planes de desarrollo. 

El plan contempla objetivos específicos en las áreas de salud, educación, empleo, vivienda, transporte y comunicaciones e integración social.

Con respecto a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad son de naturaleza privada y no reciben recursos del Estado. Sus fuentes de financiamiento son privadas, donaciones y legados. Muy pocas reciben apoyo financiero del extranjero, tanto de gobiernos como de otros entes privados.  Las organizaciones de personas con discapacidad no trabajan en colaboración debido a la escasez de recursos. La falta de vinculaciones entre las diferentes entidades y las relaciones deficientes con algunos dirigentes dificultan aún más la cooperación. Las organizaciones trabajan en conjunto en situaciones muy excepcionales o por pedidos específicos del gobierno.

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad llegaron a la conclusión de que las estrategias más eficaces para abordar los casos de violaciones a los derechos humanos y de discriminación en contra de las personas con discapacidad son: la sanción de una ley antidiscriminación, campañas de sensibilización de los demás miembros de la sociedad, el fortalecimiento de los gremios, la difusión de información sobre los derechos de las personas con discapacidad por los medios de prensa, y la ejecución de garantías constitucionales como acciones de cumplimiento, acciones de amparo u otras acciones, según sea procedente.238 

La Confederación Nacional de Discapacitados del Perú (CONFENADIP) visita el Congreso en Lima, Perú, en julio de 2003

República de Surinam

La frontera de Surinam se encuentra actualmente en litigio 

Factores clave: Los derechos de las personas con discapacidad no representan una prioridad en la agenda política de Surinam. El desarrollo de servicios para personas con discapacidad se muestra estancado. El gobierno carece de iniciativas y estrategias de acción destinadas a este grupo, y manifiesta un apoyo limitado a las iniciativas promovidas por las organizaciones no gubernamentales.

Definición de discapacidad

Existe una definición que goza de mayor predicamento y es utilizada por el Ministerio de Asuntos Sociales de Surinam y el gobierno nacional en su conjunto. Según esta definición, discapacidad es "toda limitación de la capacidad que una persona experimenta al realizar una actividad que es considerada "normal" en la comunidad a la cual pertenece.  Puede tratarse de limitaciones para aprender, hablar, oír, ver, caminar o para realizar otras actividades cotidianas." 1 

Población con discapacidad

El gobierno de Surinam llevó a cabo un censo nacional en el año 2003. Sin embargo, gran parte de la información puede haberse perdido como consecuencia de un incendio que tuvo lugar en la Dirección de Censos. Por consiguiente, no se cuenta actualmente con datos recientes de alcance nacional sobre el número de personas con discapacidad en Surinam.  Con anterioridad, el censo de 1980 reveló que el 2,7 por ciento del conjunto de la población estaba conformada por personas con discapacidad.2 Seis años más tarde, en 1986, el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública confeccionó un registro nacional de personas con discapacidad. La proyección estadística basada en los resultados del registro también arrojó una tasa de población con discapacidad del 2,7 por ciento, por lo cual se estima que hay 10.693 personas con discapacidad. Si la tasa de personas con discapacidad se ha mantenido uniforme desde la década del '80 y se considera que la población actual es de 435.449, hay alrededor de 11.757 personas con discapacidad en Surinam.3

1. Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública, Policy Document 2001-2005 [Documento sobre Políticas para el período 2001-2005], (2001); Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública, Folder Disability Care Division [Carpeta de la División para la Atención de Personas con Discapacidad]; Dirección General de Estadística, Cuestionario del Censo 2003, 2003.

2. Universidad de Surinam, Oficina del V Censo General, "People with disabilities in Suriname" [Personas con discapacidad en Surinam], (Paramaribo, 1981), 40.

3.  CIAWorld Factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ns.html.

Surinam

342

Con respecto al número de niños con discapacidad, un estudio de UNICEF llevado a cabo en Surinam en el año 2000 reveló que hay un 1,3 por ciento de niños de entre 1 y 8 años con discapacidad.4  Este resultado coincide con los del Censo de 1980, que también estimó que la tasa de discapacidad era del 1,3 % en niños de menos de 4 años, 1,4 % en niños de 5 a 9 años, 2,1 % en niños de 10 a 14 años y 2,5 % en jóvenes de 15 a 19 años.5  Se informó que el estudio de UNICEF utilizó muestras y cuestionarios cuyas planificaciones son aceptadas a nivel internacional. Sin embargo, cabe destacar que sólo dos distritos de Surinam fueron incluidos en la muestra. En consecuencia, debido a que existen marcadas diferencias entre los diez distritos de Surinam y sus poblaciones, no pueden extrapolarse los resultados a nivel nacional.

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Surinam no ha suscripto la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA y tampoco ha emitido una declaración de apoyo a la creación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Según lo informado por el Ministerio de Asuntos Sociales, las Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad sirven de guía para las políticas sobre discapacidad de Surinam.6 En la práctica, no obstante, las leyes de Surinam no cumplen con las Normas Uniformes. 

En Surinam, no hay ninguna ley nacional que específicamente aborde y proteja los derechos de las personas con discapacidad. Si bien existen garantías constitucionales que protegen los derechos humanos y prohíben la discriminación en general, en ellas no se mencionan específicamente a las personas con discapacidad. El artículo 8 de la Constitución de 1987 fue modificado en 1992 y dispone: "Ninguna persona será discriminada en razón de su origen, sexo, raza, idioma, creencia religiosa, educación, ideas políticas, posición económica o cualquier otra condición."7 Asimismo, el artículo 10 establece que "Toda persona, en caso de sufrir una violación de sus derechos o libertades, tendrá derecho a ser oída en juicio público con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez independiente e imparcial".8

En caso de sufrir una violación de sus derechos, todo ciudadano de Surinam puede presentar una demanda en la Procuraduría. Según el Ministerio de Justicia, no se tiene conocimiento de haber recibido alguna vez alguna demanda relacionada con la violación de derechos de personas con discapacidad. 

4. UNICEF, Situational Analysis of Children with Disabilities in the Caribbean - Suriname [Análisis Situacional de los niños con discapacidad en el Caribe - Surinam], (Barbados, 2000), 105.

5. "People with disabilities in Surinam" [Personas con discapacidad en Surinam].

6. Steven Powell (División de Investigación Científica y Planeamiento, Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública), entrevistado por el autor.

7. Constitución de Surinam de 1987 con las reformas de 1992, www.oas.org/juridico/MLA/ en/sur/en_ sur-int-text-const.pdf.

8. Ibídem.

Barreras legales

La designación de un curador sólo puede ser realizada por un tribunal, cuando una persona es declarada incapaz para representarse a sí misma debido a su estado físico o mental. La persona puede impugnar la designación de un curador o representante legal a través del sistema judicial. La división del Ministerio de Justicia que se ocupa de estos temas informó que no tenía conocimiento de haber recibido alguna impugnación o solicitud para que se deje sin efecto la designación del representante legal.  En su opinión, los tribunales se conducen con extremada cautela en estos casos y, en general, fundan sus decisiones en criterios médicos.9 

Participación ciudadana

En Surinam las personas con discapacidad tienen derecho al voto. Asimismo, las personas con discapacidad tienen derecho a ser elegidas o designadas para ocupar un cargo público. El artículo 3 de la Constitución establece que "Todos los ciudadanos de Surinam podrán ser designados para ocupar cargos públicos sin discriminación alguna".10 

Los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad estiman que entre el 60 y el 80 por ciento de todos los centros de votación son accesibles. Para las últimas elecciones, se capacitó al personal que trabajó en el proceso electoral y se brindó información a través de los medios de comunicación sobre las medidas especiales adoptadas para los mayores adultos y las personas con discapacidad. En general, las personas con discapacidad visual son acompañadas por un familiar de su confianza para que las ayude a emitir su voto o solicitan ayuda a los funcionarios electorales a tal efecto.

Inclusión

Comunicación

El gobierno de Surinam no cuenta con una versión en Braille de la Constitución y en general tampoco comunica sus actividades en formatos alternativos. La biblioteca nacional sí brinda materiales en formatos alternativos, aunque estos materiales y documentos no son actualizados periódicamente.  La mayoría son regalos y donaciones. Entidades tales como la Escuela Kennedy para niños con discapacidad auditiva y el Instituto para Ciegos ofrecen un acceso limitado a libros, películas y otros materiales a personas con discapacidad visual y auditiva. El Instituto para Ciegos también les ofrece a adultos con discapacidad visual oportunidades limitadas para acceder a formación profesional, libros y recursos informáticos. 

9.  Ministerio de Justicia.

10. Constitución de Surinam de 1987 con las reformas de 1992.

Surinam

344

Los noticieros nacionales no ofrecen subtitulado en consideración de los televidentes con impedimentos auditivos y no hay iniciativas por parte del gobierno para crear redes de comunicación accesibles. No existe ningún método o estrategia de alcance nacional para que las personas con deficiencias auditivas o del lenguaje puedan comunicarse con las autoridades en caso de desastre natural, emergencia civil o ataque criminal.

Educación

Según el Anuario de Estadística de 2001, hay 21 escuelas de educación especial básica y 11 escuelas de educación especial secundaria. Durante el año lectivo 2001/2002, 740 niños recibieron educación especial primaria y 460 jóvenes recibieron educación especial secundaria.11 La División de Planeamiento e Investigación del Ministerio de Educación estima que alrededor del 90 por ciento de los niños con discapacidad que asisten a la escuela concurren a escuelas especiales, la mayoría de las cuales están ubicadas en las ciudades principales.12 La educación inclusiva, en que los niños con discapacidad son integrados en las aulas comunes, no está muy difundida y a veces puede observarse en zonas donde no existen escuelas especiales. En el momento en que se llevó a cabo la encuesta de UNICEF, había niños con discapacidad integrados en 26 escuelas comunes, nueve de las cuales eran de nivel secundario.13 

Muy pocos niños con discapacidad continúan sus estudios en el nivel secundario. Dado que hay menos escuelas secundarias para alumnos con necesidades especiales, con frecuencia los alumnos con discapacidad deben concurrir a escuelas comunes para poder cursar sus estudios secundarios.

La capacitación para enseñar a niños con discapacidad forma parte del plan nacional de estudios de la carrera docente, pero no todos los docentes reciben esta capacitación. El Ministerio de Educación también ofrece un programa de educación especial de dos años de duración para aquellos que eligen esta especialización.

Los programas de detección temprana son organizados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Educación ha desarrollado un programa que cuenta con dos partes para detectar discapacidades en niños. El Programa de la Enfermera Escolar contempla controles físicos periódicos. Actualmente menos del 20 por ciento de los alumnos participa en este programa.14 Además, el Ministerio ha puesto al Instituto de Pedagogía a disposición de más del 80 por ciento de las escuelas de Surinam. El Ministerio de Salud, a través de sus Clínicas para Niños menores de cinco años detecta discapacidades motoras, sensoriales y del desarrollo. Cuando se identifica una discapacidad a través de la detección temprana, los niños son derivados a la entidad correspondiente y los padres reciben asesoramiento profesional.15

No se conocen programas que integren a la familia en la educación de niños con discapacidad. En muchos casos, los niños son separados de sus hogares si las familias pueden encontrar el lugar adecuado.16

11. Dirección General de Estadística, 2001 Statistical Yearbook (Anuario de Estadística de 2001), 2002.

12. Prya Hirasingh (Ministerio de Educación), entrevistado por el autor.

13. Situational Anaysis of Children with Disabilities in the Caribbean - Suriname [Análisis situacional de niños con discapacidad en el Caribe - Surinam]. 

14. Ministerio de Educación.

15. Ibídem.

16. Ibídem.

Empleo

El gobierno, el mayor empleador de Surinam, no tiene una política que establezca que las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas en razón de su discapacidad.

El gobierno central o las organizaciones no gubernamentales ofrecen un número acotado de programas de formación profesional. Entre los diversos programas de capacitación laboral para personas con discapacidad intelectual se encuentran los de agricultura, artesanías, carpintería y otros oficios.  

Servicios de salud

Existen limitaciones en la cobertura del seguro médico que dan como resultado la discriminación de aquellas personas que necesitan una atención médica prolongada. No obstante, las personas con discapacidad pueden acceder a un servicio médico gratuito a través del Ministerio de Asuntos Sociales. El Ministerio de Salud también asigna recursos para atención médica, servicios de rehabilitación, terapia física, orientación y alquiler de equipos auxiliares por medio del Centro de Revalidación.17  Si bien el gobierno central ha financiado algunos servicios de rehabilitación en las principales ciudades de Surinam, no ha implementado programas de rehabilitación basada en la comunidad.

No se ofrece capacitación relativa a la atención de personas con discapacidad para médicos antes o después de obtener su título profesional. Existen algunos programas especializados en terapia física, prótesis y órtesis. 18 

Vivienda

Las personas con discapacidad pueden acceder a una vivienda pública que esté integrada a la comunidad. Asimismo, hay centros administrados por organizaciones no gubernamentales (ONG) que ofrecen orientación de personas con discapacidad por otras pertenecientes a su colectivo. Sin embargo, en Surinam no hay subsidios que ayuden a las personas con discapacidad a acceder a una vivienda.

Institucionalización

Existen trece instituciones en Surinam que tienen como misión específica brindar alojamiento y cuidados a largo plazo a personas con discapacidad. Estas instituciones ofrecen servicios tales como orientación psicológica y psiquiátrica, servicios de rehabilitación, educación y capacitación. 

17. Marian Macnack (Dirección de Educación Médica, Ministerio de Salud), entrevistada por el autor.

18. Ibídem.

Surinam

Entre las instituciones se encuentran las siguientes: 

? Esther Stichting ? Huize Betheljada, que tiene 18 residentes ? Fundación para los Ciegos ? Fundación "In de Ruimte", que tiene 10 residentes ?  Fundación Mr. Huber, que cuenta con 26 residentes ? Fundación Esther  ? Huize Tyl Tyl ? Fundación Kennedy, que tiene 33 residentes ? Matoekoe, con 28 residentes ? Institución de Atención Psiquiátrica (PCS, Psychiatric Care Institution) ? Fundación Kraberie, con 47 residentes ? STIGESU, con 8 residentes ? Fundación Wi Oso.

En teoría, las personas tienen derecho a rechazar un tratamiento en estas instituciones. Sin embargo, a veces las personas con discapacidad son internadas contra su voluntad, principalmente en los casos de discapacidad mental o cuando los padres no pueden hacerse cargo del cuidado de su hijo con discapacidad.  

La división para la Atención de Personas con Discapacidad dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales tiene la responsabilidad de brindar apoyo a las personas con discapacidad que viven en instituciones y la de recibir quejas y denuncias de abuso.19 En la práctica, esta división casi no está funcionando y no satisface plenamente las necesidades de las personas con discapacidad institucionalizadas. Hay algunas entidades privadas dedicadas a la defensa de los derechos que están actuando a favor de las personas con discapacidad. Durante el año pasado no hubo ninguna investigación acerca de la incidencia de muerte y abuso en estas instituciones. Hay pocas pruebas que acompañen las denuncias de abuso y tratamiento coercitivo en las instituciones mencionadas anteriormente, con la excepción de PCS. PCS es una institución gubernamental para personas con enfermedad mental y los pacientes suelen ser violentos o no responden a los tratamientos. 

Accesibilidad

Surinam no tiene una política de alcance nacional ni normas que establezcan que los edificios públicos, incluidos los establecimientos escolares y los edificios del gobierno, deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Según una investigación informal de los edificios realizada por el IDRM, se estima que sólo entre el 20% y el 30% de los edificios públicos son accesibles.  La oficina de correo principal es accesible. 

346

19. Wil Bergtop (Coordinador, División para la Atención de Personas con Discapacidad, Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública), entrevistado por el autor.

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Se considera que el Ministerio de Asuntos Sociales es el organismo coordinador de las políticas y la planificación sobre discapacidad. Este ministerio coordina el Consejo Nacional de Discapacidad y la división dedicada al tema. El Consejo Nacional de Discapacidad es el organismo asesor a nivel nacional. Asesora al gobierno sobre políticas y programas referidos a personas con discapacidad.20 Otros ministerios tienen oficinas propias que se encargan de temas de discapacidad. El Ministerio de Educación tiene una oficina de educación especial. El Ministerio de Salud tiene diferentes departamentos asignados a la prestación de servicios para personas con discapacidad, tales como la Dirección de Educación Médica para niños con discapacidad educativa y problemas de conducta. Lamentablemente, no hay indicios de integración y coordinación entre los ministerios. 

No existe un plan de acción nacional sobre discapacidad; no obstante, las personas con discapacidad son mencionadas específicamente en la mayor parte de los documentos sobre políticas actuales, en particular el Plan Plurianual de Desarrollo, la Declaración sobre Política Gubernamental y los documentos emanados de distintos ministerios. La Declaración Gubernamental para el período 2000-2005 señala a las personas con discapacidad como un grupo prioritario en los esfuerzos emprendidos para erradicar la pobreza.21 El Documento sobre Políticas para el período 2001-2005 del Ministerio de Trabajo, Tecnología y Medio Ambiente identifica a las personas con discapacidad como una población prioritaria para la formación profesional y el microemprendimiento. El Documento sobre Políticas para el período 2001-2005 del Ministerio de Asuntos Sociales establece que las Normas Uniformes de las Naciones Unidas serán utilizadas como marco de referencia para elaborar un plan plurianual sobre políticas que permita mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad.22 

Por último, las políticas de alcance nacional para el período 2001-2005 reconocen el hecho de que las personas con discapacidad y sus familias son marginadas, se encuentran en inferioridad de condiciones y no están debidamente protegidas por las leyes y las políticas de Surinam. 

A través de la Federación de Entidades Sociales Privadas, una red de organizaciones no gubernamentales de Surinam, el país es miembro de la Asociación Caribeña para Movilizar Recursos y Oportunidades a favor de las Personas con Discapacidad del Desarrollo. Uno de los objetivos principales de la asociación es monitorear la situación de las personas con discapacidad y apoyar las iniciativas nacionales destinadas a mejorar el desarrollo de servicios para y con personas con discapacidad en los países miembros.23  La asociación trabaja en colaboración con Inclusión Internacional y en fecha reciente se ha sumado a la división Inclusión Interamericana. 

20. Marja Themen y Hugo Soekhlal (Consejo Nacional de Discapacidad), entrevistados por el autor.

21. 2000-2005 Government Policy Declaration [Declaración sobre Política Gubernamental para el período 2001 - 2005], 69.

22. Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda Pública, Policy Document 2001-205 [Documento sobre Políticas para el período 2001 - 2005], (Paramaribo, 2001).

23. Caribbean Association for Mobilizing Resources and Opportunities for people with Developmental Disabilities (CAMRODD) [Asociación Caribeña para Movilizar Recursos y Oportunidades a favor de las Personas con Discapacidad del Desarrollo], Blueprint: Guideline for the 21st Century [Programa: Lineamientos para el siglo XXI], segunda edición, (2000).

Uruguay

Factores clave: Uruguay se encuentra atravesando una crisis económica y social debido a una serie de causas externas e internas. Desde el año 2000, el índice de pobreza aumentó un 45% y el Peso uruguayo fue devaluado en junio de 2002. Ese mismo año, el salario real disminuyó en promedio un 10,7% respecto a 2001. Más de 70.000 uruguayos emigraron en búsqueda de oportunidades de trabajo. Paralelamente, el gobierno intenta controlar el gasto público y, en consecuencia, no existen acciones orientadas hacia la inclusión e integración social de las personas con discapacidad.239

Terminología

La terminología utilizada para referirse a las personas con discapacidad varía en el marco de la legislación uruguaya. Si bien algunas normas de reciente sanción utilizan la frase "personas con discapacidad", también se utilizan otros términos. Por ejemplo, la Ley 16095 utiliza tanto "personas con discapacidad" como "discapacitada".240 La ley 13102 utiliza la palabra "lisiado". 241 También lo hace la norma 644. Por su parte, el Código Civil en su artículo 1279 utiliza el término "sordomudos". Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de documentos jurídicos, se conservó la terminología original 

Definición de discapacidad 

Una de las principales definiciones legales de discapacidad se encuentra en la Ley 16095 de Equiparación de Oportunidades. Esta ley ofrece la siguiente definición: "Se considera discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral".242  Diversos organismos dentro del país, entre los cuales se encuentra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Deporte y Juventud, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Educación y Cultura, la Biblioteca Nacional y la Universidad Católica, suelen utilizar esta definición. La Oficina Nacional del Servicio Civil, que tiene a su cargo el contralor del cumplimiento de parte de la Ley 16095, también utiliza esta definición de discapacidad.

Brindó asistencia en la investigación el Lic. Alfredo Martinote.

Si bien la definición es muy utilizada, no todas las organizaciones la han adoptado. Según el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, no existe una clasificación de discapacidad que se utilice oficialmente. La Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UDELAR) utiliza las definiciones de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).243  

La definición de discapacidad utilizada por la División de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal de Montevideo, capital de Uruguay, pertenece a la Ley 13102 y al Decreto 22515.244 En estas normas se establece que "se considerará lisiado a quien adolezca de alguna deficiencia importante y definitiva o transitoria que pueda prolongarse por un lapso aproximado de 5 años, en la funcionalidad de sus extremidades".245

Población con discapacidad

El último censo nacional de Uruguay, realizado en 1996, arrojó una población de 3.163.763 habitantes, con más de la mitad de la población del país concentrada en Montevideo, la capital.246 El Instituto Nacional de Estadística (INE) no posee aún estadísticas oficiales relativas a la discapacidad, aunque en fecha reciente se llevó a cabo una encuesta destinada a identificar la cantidad de personas con discapacidad. En coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) el INE diseñó la Encuesta Nacional de personas con discapacidad 2003-2004, que se está realizando y se finalizará en septiembre de 2004. Los datos se recopilan mediante un módulo adicional de la Encuesta Continua de Hogares.247

Si bien no existen cifras oficiales, las distintas organizaciones poseen sus propias estimaciones del número de personas con discapacidad. La CNHD estima que el 10% del total de la población presenta algún tipo de discapacidad.248 

Por su parte, el Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo (CINTERFOR/OIT-Uruguay) informa que el porcentaje de personas con discapacidad de entre 16 y 40 años es de 15,5% sobre el total de la población.249 La oficina uruguaya de la OPS señala que el porcentaje real de personas con discapacidad podría ascender a un 25%.250
Sin información de referencia sobre la cantidad de personas con discapacidad, es imposible determinar con precisión si se ha modificado el porcentaje de población con discapacidad. Sin embargo, algunos datos sugieren que la cantidad ha aumentado en los últimos años. El Banco de Seguros del Estado ha registrado una mayor cantidad de accidentes y el Banco de Previsión Social informa que la cantidad de solicitudes de pensiones a causa de accidentes o enfermedades ha aumentado.251 Además, el Instituto Nacional del Menor (INAME) registra un aumento de los niños con discapacidad bajo su jurisdicción.252  

Legislación y derechos de las personas con discapacidad 

Protecciones legales

En Uruguay existen diversos documentos jurídicos generales y específicos que protegen a las personas con discapacidad. En el marco internacional, Uruguay ha firmado y ratificado diversos instrumentos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y demás organizaciones comprendidas en el sistema de las Naciones Unidas. A diferencia de los tratados, algunos instrumentos, como las Normas Uniformes de Naciones Unidas, no tienen un efecto vinculante.253 Sin embargo, Uruguay ha votado a favor y ha copatrocinado varias resoluciones que protegen los derechos de la persona con discapacidad, lo cual indica un fuerte compromiso con el tema.254 Uruguay firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 22 de noviembre de 1969 y la ratificó mediante la sanción de la Ley 15737 el 19 de abril de 1985. Asimismo, Uruguay firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.255 Entre los instrumentos de la OIT adoptados por Uruguay, se encuentra el Convenio 159, que fue ratificado el 13 de enero de 1988, y el Convenio 128, que fue ratificado el 28 de junio de 1973.

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes el 2 de mayo de 2001 mediante la Ley 17330.256 El instrumento de ratificación fue depositado el 20 de julio del mismo año. En cuanto al cumplimiento de la convención, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que su control estará a cargo de un Comité de Delegados del país, aunque el comité no ha sido creado aún. Además, en los informes que Uruguay debe presentar respecto de la implementación interna de tratados no específicamente enfocados en temas de discapacidad, siempre se incluye información específica sobre discapacidad. 257

Se puede interpretar que la Constitución Nacional garantiza la protección de las personas con discapacidad.258 El artículo 46 establece que "El Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que, por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. El Estado combatirá por medio de la Ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales".259

Con respecto a las leyes específicas sobre discapacidad, la Ley 16095, que fue sancionada en octubre de 1989, se basó en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Esta ley ofrece protección integral a las personas con discapacidad y creó la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado como organismo coordinador de la política sobre discapacidad. El Decreto 431/999 establece mecanismos para verificar el cumplimiento de algunos artículos de la ley original. 260  Otros artículos no han sido reglamentados aún y algunas normativas resultan hoy anacrónicas. Sin embargo, la falta de reglamentación no debiera afectar el cumplimiento. Los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución establecen que las leyes se deben cumplir aun cuando no hayan sido reglamentadas. 

La Ley 16095 también hace referencia explícita a los derechos de las personas con discapacidad. Entre los derechos enumerados, se encuentran los siguientes: 

derecho al respeto a su dignidad humana, a disfrutar de una vida decorosa, a la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía, a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, formación y readaptación profesionales y a su colocación laboral; a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso, a vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto, a ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante; a contar con el beneficio de una asistencia letrada competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.261

	En relación con estos derechos, la ley consagra disposiciones específicas en una amplia gama de temas, entre las cuales se encuentran todas las áreas de servicio enumeradas anteriormente, así como también los programas en materia de transporte, accesibilidad, capacitación de los prestadores de servicios, previsión social, prevención de discapacidad y toma de conciencia.

Con respecto a la legislación relativa a la seguridad social, la ley 16713 permite la jubilación de la persona que adquiere una discapacidad y establece la prestación asistencial no contributiva, tanto por vejez como por invalidez. 262  
La Ley 16074 creó el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.263 

La Ley 17266 establece que una persona con discapacidad puede continuar percibiendo una pensión por invalidez mientras desempeña una actividad laboral. 264

La Ley 17497 dispone que todos los edificios construidos por convenio con el Estado deben ser accesibles para las personas con discapacidad. 265  La Resolución Nro. 878/98, Acta Nro. 1748 de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) ofrece una determinada cantidad de pulsos telefónicos sin cargo a las personas con discapacidad que sean titulares de una línea telefónica.266 La Ley 17378 establece la protección de las personas sordas y reconoce oficialmente la lengua de señas uruguaya.267  Además, existe una resolución municipal de Montevideo que contiene una protección destinada a evitar la discriminación en el otorgamiento de licencias de conducir a personas sordas.268

El Instituto Nacional del Menor recibe y registra todos los informes de abuso o maltrato de niños con discapacidad. Una vez verificado el caso, se lo documenta por separado cuando se trata de un caso de discapacidad. No existen registros similares respecto de adultos con discapacidad.

Barreras legales

El Código Civil fue modificado en junio de 2001; sin embargo, aún contiene disposiciones relativas a ciertos tipos de discapacidades.269 El artículo 1279 declara que "son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas, según lo establecido en la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso la intervención del intérprete de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad".  El artículo 432 sobre curatela, que utiliza una redacción similar, establece que "están sujetos a curaduría general los incapaces mayores de edad. Hállanse en este caso los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos, y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas según lo establecido en la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención de intérprete de lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela".270

Además, la Constitución Nacional de 1996, en su artículo 80, sección 1, establece que la ciudadanía "se suspende por ineptitud física o mental que impida obrar libre y reflexivamente."271

También siguen en vigencia algunas leyes anacrónicas. Podemos mencionar, por ejemplo, la Ley 9581 de 1936 sobre la Asistencia de Enfermos Mentales y la Ley 11139 de 1948 mediante la cual se crea el Patronato de Psicópatas. 272  Ambas leyes fueron sancionadas en su momento con el fin de resolver los problemas de asilo de las personas con discapacidad psiquiátrica, pero ninguna de ellas ha sido reformada o actualizada para reflejar ideas más actuales respecto de las discapacidades psiquiátricas. 

Participación ciudadana 

El artículo 173 de la Ley Electoral de 1999 protege el derecho al sufragio de todos los ciudadanos uruguayos y establece que ninguna persona puede impedir que un ciudadano ejerza este derecho. El artículo 95 de la ley dispone que las personas ciegas y las que no puedan caminar por sus propios medios podrán hacerse acompañar por alguien de su confianza para votar.273 Las únicas restricciones existentes se aplican a las personas antes mencionadas que han sido privadas de sus derechos civiles y políticos. 

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos uruguayos, inclusive para las personas con discapacidad. Sin embargo, por lo general existe una serie de obstáculos que las personas con discapacidad deben sortear para llegar a las urnas. Cabe destacar que la información referente a las campañas políticas no se encuentra disponible como para que algunas personas con discapacidad puedan elegir adecuadamente entre los candidatos que se postulan. Por ejemplo, no hay información en Braille, ni en lengua de señas o subtitulado en la TV referente a las elecciones. Cuando un ciudadano no vota, se le exige que realice un trámite en persona para justificar su inasistencia.  Sin embargo, las personas con discapacidad deben sortear barreras arquitectónicas y medios de transporte y comunicación inaccesibles que con frecuencia dificultan tanto el ejercicio del derecho al sufragio como la realización de dicho trámite. Según afirmaron funcionarios de la Corte, una de las mayores barreras para el acceso al voto son las escaleras.274 

Inclusión

Comunicación

La Biblioteca Nacional cuenta con una versión en Braille de la Constitución Nacional de 1996, la cual incluye una comparación con la versión de 1967.275  Este documento está disponible sólo para consultas en el sector de atención al público. También cuenta con materiales adicionales en formatos alternativos, tales como el sistema Braille, impresión en letra grande, copias escaneadas o en microfilms, o fotocopias destinadas a facilitar la lectura. Estos materiales se actualizan en la medida que ingresan en cumplimiento de la Ley de Depósito Legal. La última actualización se realizó en el año 2003. Las personas que necesitan materiales en formatos alternativos deben presentar una solicitud ante la Sección Referencia y Bibliografía del Departamento de Servicios Públicos. Las recursos disponibles para la comunicación alternativa de personas con discapacidades múltiples y sus cuidadores constan en catálogos.  

Sin embargo, la biblioteca no comunica sus actividades en formatos alternativos. Las instalaciones de la biblioteca, como por ejemplo, los ficheros, salas de lectura, dispositivos de búsqueda de información y baños no se encuentran adaptados para las personas con discapacidad. Si bien es posible ingresar al edificio a través de una puerta lateral, la entrada principal de la biblioteca tiene grandes escalones. Las personas con discapacidad que visitan la biblioteca reciben la asistencia que necesitan para trasladarse dentro de la institución. La biblioteca reconoce la existencia de estas barreras.276

La transmisión de los noticieros nacionales no se realiza con subtítulos en consideración de los televidentes con impedimentos auditivos. Los datos sobre los intentos de brindar información accesible son contradictorios. La CNHD manifestó que existen algunas iniciativas gubernamentales pero que todas enfrentan barreras económicas.277 El Ministerio de Educación y Cultura, por otra parte, señaló que no existen iniciativas del gobierno para crear redes de comunicación accesibles.278

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) informó que existe un sistema de emergencia integrado por operadores idóneos para comunicarse con personas con déficit del lenguaje o la audición.279  Sin embargo, el Sistema de Emergencia Nacional no ha impartido instrucciones específicas para asistir a las personas con discapacidad en casos de evacuaciones de emergencia. El comité de emergencia aclaró que cada organismo que interviene en el Sistema de Emergencia, como por ejemplo, los ministerios del gobierno, municipalidades y organizaciones no gubernamentales, asumen responsabilidades independientes respecto del desarrollo de planes para atender las necesidades de las personas con discapacidad de acuerdo con sus propios roles dentro del sistema en su conjunto.280

Educación

No existe información sobre el número de niños con discapacidad. Sin embargo, el Consejo Directivo Central (CODICEN) estima que el porcentaje de estudiantes con discapacidad de 6 a 16 años que asisten a escuelas públicas es del 2,76%.281 Esta cifra es baja si se la compara con las estimaciones del total de la población con discapacidad, lo que sugiere que es probable que un gran número de niños con discapacidad no asista a la escuela. Asimismo, el INAME ha manifestado que más de la mitad de los niños de entre 6 y 16 años atendidos por la organización presenta alguna discapacidad.282 Ante la falta de información sistemática sobre el número de niños con discapacidad en edad escolar, la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad debería aportar datos de utilidad cuando se den a conocer sus resultados. 

El objetivo general de la Política Nacional Educativa es incrementar las oportunidades de inclusión en el sistema educativo para los niños con discapacidad mediante la capacitación docente, una mayor accesibilidad y la provisión de materiales didácticos en formatos alternativos. Sin embargo, no existen registros oficiales sobre el número de estudiantes con discapacidad que recibe educación inclusiva. En términos generales, los niños con discapacidad concurren a escuelas oficiales, ubicadas en las principales ciudades y capitales de departamentos. El número de estudiantes que concurren a escuelas especiales en todo el país alcanza los 8809 alumnos. No existen en el país hogares escuela.283 

En la actualidad, la capacitación en educación especial no se incluye como una materia regular en los planes nacionales de estudios de la carrera docente. Antes de 1996, los maestros podían asistir a un programa de posgrado de dos años en el Instituto Magisterial Superior, que les permitía especializarse en la enseñanza de niños con discapacidad. Pero el instituto cerró sus puertas en 1996. Si bien se ha ofrecido un curso de capacitación privado de tres meses, no ha podido reemplazar en su totalidad la capacitación que brindaba el Instituto Magisterial. En consecuencia, se carece de recursos humanos especializados en el campo de la educación especial.284  

El CODICEN ofrece algunos cursos de capacitación a docentes en ejercicio de la educación especial. En el año 2003, se desarrollaron cuatro cursos centrados en personas con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje, discapacidades múltiples y discapacidades sensoriales. En el año 2002 se dictaron cursos de capacitación para docentes que atendían a alumnos con discapacidades motrices y con déficit de audición.285 La Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) dispone de personal permanente para orientar a los alumnos con discapacidad. Los equipos multidisciplinarios que cubren todo el país están integrados por psicólogos, asistentes sociales y maestros especializados. Si bien en su mayoría los servicios de los programas están concentrados en la ciudad capital de Montevideo, existen algunos equipos dirigidos en forma privada que trabajan en el interior del país, principalmente con niños de la escuela básica. La Universidad Católica también ofrece a sus docentes y personal capacitación en metodologías relativas a la educación de personas con discapacidad.  

Las barreras arquitectónicas existen aún en numerosos edificios educativos antiguos, a pesar de la inclusión de la accesibilidad como uno de los objetivos de la política educativa. Todos los edificios nuevos deben ser accesibles para las personas con discapacidad motriz; por lo tanto, las escuelas construidas a partir del año 2001 son accesibles.286 Sin embargo, el CODICEN manifestó que las escuelas construidas antes de la entrada en vigencia de las nuevas normas aún son inaccesibles.287 No existen datos precisos acerca del número de escuelas inaccesibles. La mayoría de los organismos gubernamentales vinculados a la educación también es inaccesible. A pesar de que una fuente del Ministerio de Educación y Cultura declaró que sus instalaciones son accesibles, luego de visitar las oficinas del ministerio, el IDRM pudo constatar que no son totalmente accesibles. La sede central del CODICEN también es inaccesible. En cambio, el Consejo de Educación Primaria ha adaptado sus instalaciones para usuarios de sillas de ruedas.

Por lo general, las universidades tampoco cuentan con edificios totalmente accesibles. Sólo un porcentaje reducido de las instalaciones de la Universidad del Trabajo (UTU) son accesibles. Por otra parte, los representantes de la Universidad Católica manifestaron que sus instalaciones son accesibles. El departamento de educación del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República no es accesible para usuarios de sillas de ruedas, si bien las entradas de emergencia de dicho hospital son accesibles.288  La Escuela Nacional de Enfermería de la universidad es inaccesible.289 No existen cursos a nivel universitario sobre políticas de discapacidad, derechos de las personas con discapacidad u otros temas afines.

Uruguay cuenta con diversos programas de detección de discapacidades. Estos servicios se ofrecen a través del CODICEN, el INAME, la ANEP y el Banco de Previsión Social. El servicio de diagnóstico del CODICEN abarca tanto a niños de nivel preescolar como de la escuela primaria. Una vez detectada una discapacidad de un niño preescolar se realiza la orientación del maestro que atiende al niño. Los niños de 3 a 5 años reciben atención en escuelas especiales. En el caso de niños de escuelas primarias, si bien el diagnóstico está abierto a todos los alumnos, no todos pueden ser atendidos en centros de educación especial una vez finalizado el diagnóstico dada la escasez de recursos.290

El programa del INAME abarca todas las discapacidades y edades.291 En él intervienen equipos multidisciplinarios encargados de diagnosticar las discapacidades y su implementación está a cargo de Centros de Atención para Niños y sus Familias (CAIF), centros de atención diurna para niños de hasta cinco años y Centros de Amparo y Convivencia.292  

No existen datos respecto del número de niños atendidos en este programa. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene a su cargo un programa de detección temprana que se implementa a través de un Centro de Estimulación Temprana que funciona en la Escuela 206 de Educación Especial. 293  El Banco de Previsión Social cubre a niños de 0 a 14 años. 

La participación de la familia en la rehabilitación y educación de jóvenes con discapacidad es estimulada de diversas formas. Las escuelas especiales ofrecen orientación familiar.294 El CODICEN integra a la familia en el proceso de rehabilitación a través del Curso de Multimpedidos. 295  Dentro del ámbito de sus competencias, el Banco de Previsión Social, Oficina de Prestaciones Sociales, promueve la participación de la familia con las organizaciones no gubernamentales a las que asesora. La educación de alumnos con discapacidad que no concurren a la escuela debe ser llevada a cabo por un miembro de su familia.296

Entrada principal del Ministerio de Educación

Trabajo

Si bien no existen estimaciones oficiales de la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, un informe del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) titulado "Situación de las Personas con Discapacidad 1997" refiere que en ese momento la desocupación estimada era de un 90%, mientras que la estimada entre los trabajadores no discapacitados era de un 13%.297

La Ley 16095 estableció pautas generales para las políticas nacionales, que están complementadas por otras leyes, entre ellas la Ley 17216 y la Ley 16736, las que crearon un registro para personas con discapacidad destinado a ampliar su inserción laboral. El artículo 42 de la Ley 16095 establece que el 4% de los cargos vacantes del gobierno será cubierto por personas impedidas que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. Asimismo, la ley dispone que "tales impedidos gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciales cuando ello sea estrictamente necesario". 298  Si bien las leyes 16127 y 17226 ratifican la necesidad de cumplir con este componente de la ley 16095, los funcionarios del PROCLADIS afirman que aún no se aplica y el sector público no cumple con el cupo establecido.299  Cuando existen puestos vacantes en la administración central, la selección de los postulantes se realiza mediante concurso o por sorteo.300 Los dirigentes de las organizaciones de personas con discapacidad afirmaron que el número de personas con discapacidad que obtuvieron empleo a través de este proceso es bajo.301 

El artículo 43 también exige la contratación de personas con discapacidad calificadas "siempre que se conceda u otorgue el uso de bienes del dominio público o privado, del estado o de los gobiernos departamentales, para la explotación de pequeños comercios". La Oficina Nacional del Servicio Civil centraliza información sobre la contratación de personas con discapacidad por parte de organizaciones gubernamentales. En el año 2000, sólo tres personas con discapacidad fueron empleadas por la Administración Central. En muchos casos, las personas contratadas presentaban discapacidades menores, como por ejemplo, personas que habían perdido la extremidad de una oreja o un dedo.  En otros casos, existían restricciones en cuanto a la edad de quienes podían postularse al cargo.302 

No existe una ley o reglamentación específica que exija el empleo de personas con discapacidad por parte de empresas del sector privado. Además, no existe una prohibición específica que establezca que una persona con discapacidad no puede ser discriminada en razón de su discapacidad, al solicitar empleo en el sector privado.303 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no cuenta con un departamento especial que tenga a su cargo la implementación de políticas relacionadas con la discapacidad. Las dos oficinas que trabajan en temas de discapacidad son la Dirección Nacional de Empleo y la Dirección Nacional de Coordinación.304 

Por su parte, la Junta Nacional de Empleo financia el Programa de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad (PROCLADIS), implementado por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ). A través de este programa, se ofrecen cursos de capacitación e inserción laboral para personas con cualquier tipo de discapacidad. Desde el lanzamiento del programa, se brindaron más de 40 cursos a alrededor de 600 participantes. Se capacita en temas específicos para los siguientes puestos de trabajo: telemarketer, auxiliar administrativa, operario de cosecha, operario de empaque, cajero de supermercado, auxiliar para estaciones de servicios, operador para establecimientos lecheros y operario de armado de piezas eléctricas. Un promedio de 200 personas se benefician anualmente con la capacitación. La tasa de inserción laboral formal de los participantes del programa ha alcanzado un 40%, superando ampliamente la meta inicial prevista del 30%. Durante los tres años de implementación del programa, las actividades de capacitación fueron suspendidas en dos oportunidades, la primera vez a comienzos del año 2000 y la segunda durante el primer semestre de 2002.305
Otro programa importante de capacitación laboral es el Programa "Integra" de Capacitación Regional para Personas Ciegas y de Baja Visión. Este programa cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), y se está implementando en Chile, Argentina y Uruguay. A junio de 2002, los cursos de capacitación consistieron en talleres de orientación laboral, así como también cursos de informática, digitación, telemarketing y ventas. Setenta y siete (77) personas asistieron al taller preocupacional, 19 a los cursos de digitación y 44 finalizaron los cursos de informática. El curso de ventas convocó a 9 participantes. Quince (15) personas con discapacidad visual han realizado o realizan pasantías en diferentes empresas y dependencias estatales. Estos programas de pasantías fueron el fruto de numerosas reuniones con empresarios y altos funcionarios gubernamentales, en las que se expusieron las ventajas que aportaría la inserción de un pasante.306

El Banco de Previsión Social cuenta con un programa destinado a promover una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el apoyo de su integración social y laboral. El objetivo del programa es propiciar la participación en la educación, propender a una equiparación de oportunidades más eficaz y eliminar las barreras arquitectónicas. El programa se enmarca en la Ley 15800, que reinstitucionaliza y regula el Banco de Previsión Social.307

Según lo expresado por funcionarios del programa PROCLADIS, las barreras más habituales que deben enfrentar las personas con discapacidad desocupadas están relacionadas con la profunda crisis que afecta a muchas empresas del país. A pesar de que los empleadores han demostrado una mayor toma de conciencia y la voluntad de contratar a personas con discapacidad que hayan sido capacitadas para el trabajo, la situación de déficit e incertidumbre general complican la búsqueda de empleo.308 La empresa privada TATA SA, el mayor empleador privado de personas con discapacidad, afirmó que una de las barreras más frecuentes para el empleo es la falta de programas de capacitación.309 

Otras barreras son la falta de personal de apoyo y los problemas económicos. 

Servicios de salud

	En Uruguay, los servicios de salud son prestados por entidades públicas y privadas. El Ministerio de Salud Pública ofrece servicios directos a través de diversos hospitales y centros de atención así como financiamiento a otros organismos. Por lo general, el acceso a entidades privadas está limitado a quienes pueden afrontar un seguro médico a través de una de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) u otro seguro médico privado. Algo menos de la mitad de los uruguayos tienen seguros médicos a través de las IAMC. La Comisión Integrada del Sindicato Médico del Uruguay señala que recibe reclamos de las personas con discapacidad rechazadas por otras IAMC.310 Si bien el costo de las IAMC es generalmente alto, la calidad de la atención que reciben los pacientes suele ser superior a la atención prestada en hospitales públicos. De este modo, sólo aproximadamente el 40% de la población cuenta con cobertura médica a través de un organismo público, mientras que el 11% carece de todo tipo de cobertura formal.311 

A pesar de que no existen cifras específicas sobre la cantidad de personas con discapacidad que no cuenta con ningún tipo de cobertura médica, los dirigentes de las organizaciones del sector afirman que muy pocas personas con discapacidad pueden pagar un seguro médico. Dado que los costos de atención médica son muy altos para las personas con discapacidad, muchas recurren a centros de asistencia médica pública o carecen de cobertura.

Gran parte de los recursos destinados a servicios de salud para las personas con discapacidad proviene del Ministerio de Salud Pública. Todos los hospitales del sector público destinan parte de su presupuesto a la atención de personas con discapacidad. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas tiene un área de rehabilitación para pacientes con lesiones neurológicas y accidentados. El Ministerio de Salud Pública también brinda apoyo financiero a la CNHD, tanto para el personal como para las actividades relacionadas con la salud.312 

El Banco de Previsión Social destina fondos para la atención de la salud de las personas con discapacidad a través de los departamentos de Prestaciones Sociales y Prestaciones Económicas. El departamento de Prestaciones Sociales ofrece apoyo financiero tanto para necesidades institucionales básicas como para proyectos especiales en instituciones con talleres de rehabilitación. El departamento de Prestaciones Económicas ofrece ayudas especiales a los centros dedicados a la atención de personas con discapacidad.313 En el año 2002, la ayuda ofrecida alcanzó la suma de 145.757.980 pesos uruguayos. El Banco de Previsión Social también financia algunos servicios de rehabilitación en todo el país. 

También se puede acceder a servicios de rehabilitación financiados por el Estado a través del Ministerio de Deporte y Juventud, la Casa de Gardel y el Hospital de Clínicas. 314  El INAME destina parte de sus recursos a la atención de la salud y la rehabilitación de niños con discapacidad que atiende.315 Las personas con discapacidad pueden acceder a servicios de rehabilitación en instituciones privadas y ONG; sin embargo, la oferta de servicios no es suficiente para satisfacer la demanda actual y será necesario crear nuevos centros. En una reciente campaña para recaudar fondos se apeló al aporte de los ciudadanos para crear un Centro de Rehabilitación para niños con discapacidad motriz. No existe información oficial respecto de estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad.

En cuanto a las ayudas técnicas, la CNHD implementó un programa en noviembre de 2003 que todavía no estaba en funcionamiento a la fecha de redacción del presente informe. El programa solicitó sillas de ruedas, 12 audífonos para una escuela que integra niños sordos y la compra de 2 computadoras para apoyar el desarrollo de jóvenes con discapacidad intelectual. Algunas organizaciones no gubernamentales proveen materiales auxiliares y aparatos a personas con discapacidad motriz mediante el uso de fondos privados, entre las que se encuentran el Club de Leones, Rotarios y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.316 

A pesar de la variedad de servicios públicos disponibles, los defensores de los derechos de las personas con discapacidad manifiestan que algunos segmentos de la población quedan excluidos de las prestaciones elementales. La disponibilidad de algunos servicios está concentrada en la zona que circunda la capital del país, mientras que otros servicios son inaccesibles para quienes no cuentan con un seguro médico.317 

En Uruguay se dictan cursos de capacitación en la atención de personas con discapacidad en especialidades como terapia física, terapia ocupacional, fisiatría, prótesis y órtesis, y terapia del lenguaje. Aproximadamente 300 alumnos de pregrado y 20 de posgrado por año reciben capacitación en la atención de personas con discapacidad.318 

Vivienda 

Si bien la División Social del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente coordina programas relacionados con la discapacidad con otras organizaciones, no cuenta con un departamento específico encargado del tema. Uno de estos programas es el Programa del Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), que fue creado en 1993. A través de este programa, las personas con discapacidad son ponderadas en forma especial y se les da prioridad en el otorgamiento de viviendas subsidiadas por el Estado. Las madres jefas de hogar con hijos menores y/o personas con discapacidad a su cargo son consideradas parte de la población vulnerable y también reciben un tratamiento prioritario. A fin de verificar si el solicitante es una persona con discapacidad, se debe presentar un certificado emitido por cualquiera de las siguientes organizaciones públicas: el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguros del Estado, una Tarjeta Verde emitida por la Municipalidad de Montevideo o el Carnet de Lisiado.319

La oficina de Prestaciones Sociales del Banco de Previsión Social tiene un programa para pensionados y jubilados que no sean autoválidos. La no autovalidez se dictamina a través de un equipo técnico de Prestaciones Sociales.320 El Banco de Previsión Social no otorga subsidios para el alojamiento o vivienda de personas con discapacidad que provengan de otras regiones de la República fuera de la capital. 

Según lo informado por los dirigentes de la comunidad de personas con discapacidad, a pesar de la existencia de estos programas, la mayoría de las personas con discapacidad vive con su familia. Algunos viven en casas adquiridas mediante planes gubernamentales. Además, informaron que un gran número de personas con discapacidad vive en instituciones.321  No existen centros de vida independiente que ofrezcan orientación por y para personas con discapacidad.

Institucionalización

El Banco de Previsión Social informó que lleva un registro nacional de instituciones, pero que no existen mecanismos específicos para denunciar casos de abuso y/o muerte en estas instituciones. A veces las denuncias se tramitan en el ámbito de la justicia penal. El número de personas que se atienden en las diversas instituciones oscila entre 10 y 150. Los centros Cotolengo Don Orione para Hombres y Mujeres son mencionados como referentes. Según las fuentes consultadas, las instituciones ofrecen servicios de atención psicológica y psiquiátrica, servicios de rehabilitación, educación y capacitación. Sin embargo, la CNHD pudo verificar que muy pocas instituciones ofrecen estos servicios a sus pacientes institucionalizados. Las personas con discapacidad tienen derecho a rechazar un tratamiento. Si una persona adulta fue declarada incapaz en juicio, el derecho a rechazar el tratamiento puede ser ejercido por su curador.322

El Instituto Nacional del Menor (INAME) posee un registro a nivel nacional de las instituciones privadas que tienen convenio con el Instituto para atender a niños, niñas, y adolescentes con discapacidad. Se trata de instituciones que ofrecen atención integral de tiempo parcial y tiempo completo. El reglamento de los convenios regula la atención de los niños y no permite los tratamientos de tipo coercitivo. Las instituciones deben informar a la oficina regional del INAME de inmediato toda situación grave, hospitalización o muerte de los pacientes cubiertos por el convenio, y deben presentar la documentación pertinente. El INAME monitorea y controla todas las instituciones a través de su División de Convenios. El INAME lleva sus propios registros de casos de abuso o violencia contra niños con discapacidad. Una vez verificado un caso, se lo documenta por separado si se trata de un caso de discapacidad.323 

El enfoque institucional de las personas con discapacidad ha sufrido cambios, pero el asilo como modelo aún continúa vigente. Un artículo reciente sobre la institucionalización de personas con discapacidad psiquiátrica señala que "el Hospital Psiquiátrico -en Montevideo- y la Colonia de Alienados en Santa Lucía -a 70 km de Montevideo- constituyeron durante un siglo el problema más importante de salud mental del Uruguay". Según informes, las condiciones eran muy deficientes. Algunos de los cambios registrados en los últimos años son la disminución de la población institucionalizada, la atención basada en la comunidad y una "clara distinción entre las necesidades de hospitalización y las de asilo o albergue".324

Accesibilidad 

Además de la ley 16095, que contiene disposiciones sobre accesibilidad, existen otras normativas vigentes a nivel nacional y departamental. El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) ha elaborado una serie de normas de accesibilidad que constituyen lineamientos básicos en Uruguay.325 La Ley 17497 obliga a las instituciones sociales, culturales y deportivas a construir los edificios públicos de acuerdo con las normas de accesibilidad. Una Ordenanza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas exige la aplicación de las normas de accesibilidad del UNIT a todos los proyectos del ministerio.326 El CODICEN y la ANEP han elaborado un proyecto de normativas de accesibilidad para todos los edificios educativos y espacios públicos.327

La municipalidad de Montevideo dictó el Decreto 22463 sobre "disposiciones especiales para proyectos y acondicionamientos urbanos para personas discapacitadas" en 1989. La ordenanza se aplica totalmente a las nuevas edificaciones. Los edificios existentes se deberán reformar en la medida que puedan adaptarse. Esta normativa recién comenzó a exigirse con carácter obligatorio en marzo de 2002, al entrar en vigencia el nuevo sistema de gestión de los permisos de construcción. Sin embargo, muchos aspectos de la ley no han sido reglamentados aún, lo cual dificulta su aplicación. Si bien no existen sanciones específicas por el incumplimiento de estas normativas, los permisos de construcción no se aprueban hasta tanto no se demuestre el cumplimiento de todas las normativas.328 

El gobierno local está comenzando a supervisar el cumplimiento de las normativas a través de un nuevo sistema para la tramitación de permisos de construcción. Otras municipalidades, como Canelones, Maldonado, Salto y San José también tienen reglamentaciones vigentes sobre accesibilidad.

La División Edificaciones de la Intendencia Municipal de Montevideo no respondió a los pedidos de información del IDRM sobre el número de edificios públicos accesibles para las personas con discapacidad motriz. La Sociedad de Arquitectos informó que, a través de un estudio sobre el acceso a edificios públicos en Montevideo realizado por la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se pudo comprobar que sólo el 5% de los edificios es accesible para personas con discapacidad.329 El IDRM no pudo obtener una copia de los resultados del estudio. En unas jornadas recientes sobre accesibilidad, la Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos presentó información sobre la accesibilidad de una muestra de centros de salud de la ciudad de Montevideo. Ninguno de los seis centros relevados podía obtener la categoría de accesible. Si bien las construcciones más recientes han incorporado el concepto de accesibilidad, aún no cumplen totalmente con los requisitos de accesibilidad.330 

Entrada inaccesible de una oficina de correos de Uruguay

La accesibilidad no está incluida en el plan de estudios de la Facultad de Arquitectura (UDELAR) como una materia específica, sino como un concepto que se integra en la formación general de los estudiantes. La Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos, cuyo lema es "Diseño para Todos", incorpora en sus cursos el concepto de diseño universal. 

Los artículos 56 y 57 de la ley 16095 contienen disposiciones específicas sobre la accesibilidad del transporte público a nivel nacional. La ley también establece que se debe otorgar asistencia para que las empresas privadas puedan adaptar sus vehículos. Hasta septiembre de 2003, las empresas privadas de transporte no habían presentado ninguna propuesta de adaptación.331

No existe ningún mecanismo que asegure la adecuación necesaria de los vehículos.

Hasta octubre de 2003, el sistema de transporte colectivo de Montevideo no contaba con unidades adaptadas o diseñadas para el traslado de usuarios de sillas de ruedas. Montevideo renovó su flota hace diez años. En aquel momento, la municipalidad no pudo reemplazar gradualmente su antigua flota de ómnibus. A comienzos de 1993, existía una imperiosa necesidad de adquirir vehículos usados en condiciones operativas, dado que la flota era obsoleta. Se operó un cambio masivo de ómnibus que no pudo incluir criterios de accesibilidad. En Uruguay, no existen plantas armadoras de vehículos; por lo tanto, los costos de las adaptaciones serían muy altos.332
 
La División de Tránsito y Transporte de Montevideo señaló que algunas organizaciones de personas con discapacidad ofrecen servicios de transporte para sus asociados pero con escaso alcance. Existe transporte adaptado en camionetas particulares que trasladan a personas con discapacidad que pueden afrontar el costo de este servicio.333 
Todos los medios de transporte público de pasajeros deben reservar un asiento individualizado para personas con discapacidad.334 Algunos de los beneficios otorgados a las personas con discapacidad en el Uruguay son: la exoneración de patente automotor, beneficios en empadronamientos, beneficios de estacionamiento, tarjetas de libre tránsito y rebajas en boletos urbanos del transporte público de pasajeros.335 

Cultura, deportes y recreación

Desde 1986, se realizan actividades recreativas a través de organizaciones no gubernamentales y en plazas de deportes que integran a los jóvenes con discapacidad. Cientos de atletas de 9 años en adelante han participado en las "Jornadas de la Amistad" y practicado deportes como natación, fútbol, handball y atletismo. Las personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años pueden participar en las Paraolimpíadas. El Ministerio de Deporte y Juventud tiene un Departamento de Servicios Especiales que atiende el 82% de las escuelas especiales en la capital y el 55% de las escuelas especiales del interior del país. El departamento maneja actividades recreativas, predeportivas y deportivas.336

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

La Comisión Honoraria del Discapacitado (CNHD) es el organismo que tiene a su cargo la planificación y coordinación de la política sobre discapacidad a nivel nacional, y a tal fin brinda recomendaciones a los diversos entes gubernamentales, coordina las actividades de instituciones sin fines de lucro y estimula la toma de conciencia en la materia. La Ley 16095 creó la CNHD, estableció sus cometidos y definió su composición. La comisión está integrada por delegados de distintos ministerios del gobierno nacional, del Congreso de Intendentes, de las Facultades de medicina y odontología, del CODICEN, del INAME, y de "cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados".337 Sus integrantes ocupan sus cargos durante cinco años. El veinticinco por ciento de los integrantes de la actual comisión son personas con discapacidad. Sin embargo, a pesar de la existencia de la CNHD, en general, la coordinación es insuficiente tanto dentro del propio gobierno como entre el gobierno y el sector privado.

Sólo algunas entidades públicas, como el ANEP y el INAME, cuentan con oficinas específicas sobre discapacidad. El reducido número de organizaciones gubernamentales con oficinas específicas dedicadas a la discapacidad sugiere que el tema de la discapacidad no constituye una prioridad en Uruguay. Además, no existe un plan de acción nacional sobre discapacidad.338

En el plano nacional, existen varias organizaciones no gubernamentales para personas con distintos tipos de discapacidad. Entre ellas cabe mencionar el Plenario Nacional del Impedido (PLENADI), el Capítulo Uruguayo, integrante de la red internacional del Grupo latinoamericano para la Participación, Integración e Inclusión de las Personas con Discapacidad (GLARP-IIPD), la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Tacurarembó (APADISTA) y el Centro Casa Gardel. Las organizaciones de derechos humanos más generales en ocasiones intervienen en cuestiones concretas relacionadas con la discapacidad, pero sin continuidad. 

Por lo general, las organizaciones de y para personas con discapacidad son financiadas mediante aportes del gobierno destinados a la prestación de servicios sociales y de rehabilitación, y de fundaciones nacionales e internacionales. La colaboración existente entre las organizaciones de discapacidad es en general positiva en algunas áreas, principalmente en las actividades recreativas. Sin embargo, la falta de coordinación y la frecuente superposición de tareas hacen que el movimiento a favor de los derechos de las personas con discapacidad sea menos eficiente.339 

Estados Unidos de Norteamérica1

Factores clave: Las leyes estadounidenses relativas a la discapacidad han suscitado interés en todo el mundo, en particular desde la sanción, en 1990, de la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos (ADA por su sigla en inglés), una norma federal de carácter integral que afecta la vida de las personas con discapacidad.2 El paradigma en el que se sustentaban las leyes relativas a la discapacidad fue cambiando y se pasó de un enfoque médico a uno centrado en los derechos civiles.3 Las políticas y leyes contemporáneas sobre discapacidad acentúan la participación social y económica de las personas con discapacidad y la reducción de su dependencia de los programas de asistencia pública. Sin embargo, a pesar de las protecciones legales que existen a favor de las personas con discapacidad, de los avances tecnológicos y en materia de transporte, de la educación integrada, de la accesibilidad de la vivienda y de la defensa de los derechos, en Estados Unidos las personas con discapacidad están en una situación de desventaja en comparación con las personas sin discapacidad.4

1. Informe elaborado por James Schmeling, Helen Schartz y Peter Blanck. James Schmeling es Director Asociado del Centro de Derecho, Política de la Salud y Discapacidad (LHPDC por su sigla en inglés) de la Universidad de Iowa; abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa. Helen Schartz es Directora de Investigación del LHPDC; doctora en psicología clínica y abogada, Universidad de Iowa. Peter Blanck es Profesor de Derecho en la cátedra Charles M. & Marion Kierscht y Director del LHPDC; doctor en psicología, Universidad de Harvard; abogado, Universidad de Stanford. Para obtener mayor información acerca de las actividades del Centro, véase http://disability.law.uiowa.edu.

2. Véase Peter Blanck, Eve Hill, Charles Siegal y Michael Waterstone, Disability Civil Rights Law and Policy [Legislación y Política sobre los Derechos Civiles de las Personas con Discapacidad] 2003, en el presente informe se lo denomina "el Tratado". 

3. Peter Blanck, (Ed.) Employment, Disability, And The Americans With Disabilities Act: Issues In Law, Public Policy, And Research [Empleo, discapacidad y ley de personas con discapacidad de Estados Unidos: Temas de derecho, política pública e investigación] 2000. Véase también Peter Blanck y Michael Millender. "Before Disability Civil Rights: Civil War pensions and the Politics of Disability in America" [Historia del movimiento por los derechos civiles de las personas con discapacidad: Pensiones para los veteranos discapacitados de la guerra civil y la política sobre discapacidad en Estados Unidos]. Alabama Law Review, 52, 1-50 (2000).

4.  El movimiento por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos tiene más de 50 años de historia. Este capítulo se basa en una recopilación de los trabajos de investigación realizados en Estados Unidos con fines informativos y los estudios de los autores de este capítulo, según corresponda. No se efectuaron entrevistas a figuras prominentes del ámbito de la discapacidad sino que la información fue tomada de encuestas e informes de la Dirección de Censos de Estados Unidos y de la encuesta de la Organización Nacional para la Discapacidad (NOD por su sigla en inglés)/Harris 2004, y de la legislación y las políticas relativas a la discapacidad o que afectan a las personas con discapacidad. 

Estados Unidos 

350

Definición de discapacidad5

En virtud de la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos de 1990 (ADA por su sigla en inglés), se entiende que una persona tiene una discapacidad si queda comprendida en una de las siguientes categorías: se trata de una persona con una discapacidad real, una persona con antecedentes de discapacidad, o una persona que se la considera como si tuviera una discapacidad ("se la considera como si"). 6 Además de poseer una discapacidad, para gozar de la tutela que confieren los Títulos I y II de la ADA, un individuo debe ser una persona calificada con discapacidad. La ADA define a una "persona calificada con discapacidad" como aquélla que puede desempeñar funciones laborales esenciales con la ayuda de medidas de adaptación que tengan razonablemente en cuenta sus necesidades o sin ella. (§ 12111 (8)).

En 1999, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que las medidas morigeradoras, las cosas que pueden hacerse para corregir o morigerar las deficiencias de un individuo, deben considerarse al determinar si una persona tiene una discapacidad en virtud de la ADA (Sutton vs. United Air Lines, Inc., 1999). El Tribunal sostuvo que una persona puede tener una discapacidad en virtud de lo dispuesto en el apartado § 12102(A) de la ADA si sufre limitaciones sustanciales en una actividad importante de la vida aunque se adopten medidas morigeradoras. Por ejemplo, en el caso Bragdon vs. Abbott (1998), el Tribunal falló que en la redacción de la ADA la enfermedad por VIH asintomática constituye una discapacidad. El Tribunal afirmó que a partir del momento en que se contrae la infección, la enfermedad asintomática constituye un impedimento físico que limita sustancialmente una importante actividad de la vida: la reproducción, y en consecuencia, es una discapacidad contemplada por la ADA.  Por último, para determinar si una persona tiene una discapacidad en virtud de la ADA, es necesario realizar un estudio personalizado en cada caso. 

Posteriormente, en la causa Toyota Motor Manufacturing vs. Williams (2002) el objeto de la controversia fue la interpretación de la frase "limitación sustancial" de la ADA. La Corte Suprema sostuvo que a los efectos de considerar que la actora sufre una limitación sustancial para realizar tareas manuales, debe acreditar la existencia de un impedimento o una deficiencia que restrinja o limite severamente la realización de actividades esenciales de la vida diaria. Las tareas domésticas, bañarse y cepillarse los dientes se encuentran entre las tareas manuales esenciales de la vida diaria de las personas (Toyota Motor Manufacturing vs. Williams, p. 202).

En Estados Unidos, los programas de beneficios de la Administración del Seguro Social, la que implementa los programas del gobierno federal, incluidos los programas de seguros por discapacidad y el programa de subsidios sociales complementarios (SSI por su sigla en inglés) para las personas mayores, ciegas y con discapacidad, utilizan definiciones de discapacidad diferentes de las que utiliza la ADA8. El programa del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI por su sigla en inglés) ofrece ayuda económica a un individuo asegurado que se encuentra "en una situación de discapacidad" (Ley del Seguro Social, 42 U.S.C. § 423 (a)(1) (2000)). La discapacidad se define como la "incapacidad para realizar cualquier actividad sustancial remunerada en razón de una ... deficiencia física o mental que previsiblemente durará un período continuado de no menos de 12 meses" (§ 423 (d)(2)(A)).

5. Esta sección se basa en la Parte 2, Capítulo 3, Sección 3.1 de Blanck y col., nota 2 supra. Para un análisis completo de la definición de discapacidad de la ADA y sus complejas derivaciones, véase todo el Capítulo 3 del Tratado. 

6. 42 U.S.C. § 12102(2)(A) (2000);#Id. § 12102(2)(B);#Id. § 121022(C).

7. Id. § 12111(8).

8. Véase el sitio Web del Seguro Social en línea para obtener información general, http://www.ssa.gov/org/ssaorg.htm.

La deficiencia del individuo debe revestir "tal gravedad que el individuo no sólo no pueda realizar su trabajo anterior sino que no pueda, considerando su edad, educación y experiencia laboral, realizar ningún trabajo sustancial remunerado que exista en la economía nacional" (§ 423 (d)(1)(A)).

Población con discapacidad

Existen varias fuentes de información sobre la población con discapacidad de Estados Unidos, cada una con definiciones particulares de discapacidad. Entre los estudios realizados sobre discapacidad cabe mencionar la Encuesta Nacional de Salud (NHIS por su sigla en inglés), la Encuesta de Ingresos y Participación en Programas (SIPP por su sigla en inglés) y la Encuesta de la Población Actual (CPS por su sigla en inglés).9 La Encuesta Nacional de Salud y Discapacidad (NHIS-D por su sigla en inglés) es un estudio especial que se realizó mediante entrevistas hace unos diez años. La Organización Nacional para la Discapacidad (NOD por su sigla en inglés) está realizando un estudio sobre temas de discapacidad para la Encuesta NOD/Harris10. El Censo 2000 incluyó preguntas relacionadas con la discapacidad en el formulario censal largo, que se utiliza cada diez años. La Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS por su sigla en inglés), que realiza la Dirección de Censos, incluye las mismas preguntas. Se prevé que esta encuesta reemplazará el formulario largo y se llevará a cabo todos los años. Este capítulo se basa en datos del Censo 2000 debido a la amplia participación que tuvo y en la Encuesta NOD/Harris 2004 debido a su actualidad. 

El Censo 2000 utiliza dos preguntas con seis subpreguntas para identificar a las personas con discapacidad. Se informa que una persona tiene una discapacidad si responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas o subpreguntas [parafraseado]: 

Pregunta 16. ¿Esta persona presenta alguno de los siguientes problemas permanentes?: 

a. ¿Ceguera, sordera o una deficiencia visual o auditiva grave? 

b. ¿Un problema que limite en forma sustancial una o más actividades físicas básicas como caminar, subir o bajar escaleras, alcanzar, levantar o cargar objetos?

Pregunta 17. Debido a un problema físico, mental o emocional de seis meses de duración o más, ¿esta persona tiene alguna dificultad para realizar alguna de las siguientes actividades?:

a. ¿Aprender, recordar o concentrarse?

b. ¿Vestirse, bañarse, o desplazarse por la casa?

c. ¿Salir de la casa sola para hacer compras o ir al médico [para personas de 16 años o más]?

d. ¿Tener un trabajo o un negocio [para personas de 16 años o más]? 

9. Encuesta Nacional de Salud, http://www.cdc.gov/nchs/nhis.htm; Encuesta de Ingresos y Participación en Programas, http://www.sipp.census.gov/sipp/; Encuesta de la Población Actual, http:// www.bls.census.gov/cps/cpsmain.htm.

10. Encuesta Nacional de Salud y Discapacidad, 14 de junio de 2004, http://www.cdc.gov/nchs/ about/major/nhis_dis/nhis_dis.htm; Encuesta NOD/Harris a Estadounidenses con Discapacidad 2000, http://www.nod.org/content.cfm?id=1035; Encuesta NOD/Harris a Estadounidenses con Discapacidad 2004, http://www.nod.org/content.cfm?id=1527.

Estados Unidos 

352

Los informes del Censo de Estados Unidos se basan en las personas que viven en sus hogares y excluyen a aquéllas que viven en geriátricos, instituciones y hogares colectivos. Una publicación del Censo indica que alrededor de 7.800.000 personas residen en viviendas grupales, 4.059.039 en instituciones y 3.719.594 en entornos no institucionalizados11.

Al excluirse este segmento de la población, es posible que la cantidad de personas con discapacidad identificadas por el censo no refleje adecuadamente la real.

En el Cuadro 1 se indica la población civil no institucionalizada con discapacidad, desglosada por grupo etario, según datos del Censo 2000.12 

El total para estos grupos etarios, 19,3% de la población, es similar al porcentaje citado en la Ley de Personas con Discapacidad de 1990: una de cada cinco personas. 

Cuadro 1: Porcentaje y frecuencia de la discapacidad por edad en la población de Estados Unidos 

Grupo Etario	Porcentaje de la población	Cantidad

5 a 20	8,1%	5.214.334

21 a 64	19,2% 	0.553.796

65 en adelante	41,9%	13.978.118

Total	19,3%	49.746.248

Según las cifras del Censo, la pobreza es un fenómeno generalizado entre las personas con discapacidad. Alrededor del 17,6% (8.700.000) de las personas con discapacidad (de 5 años o más) vive en la pobreza comparado con el 10,6% de las personas sin discapacidad. La distribución de las personas con discapacidad en la pobreza es mayor para los niños: los niños con discapacidad de entre 5 y 15 años se asociaron con una tasa de pobreza del 25% comparada con el 15,7% de los niños sin discapacidad. En caso del grupo etario de entre 16 y 64 años, el 18,8% de las personas con discapacidad vive en la pobreza comparado con el 9,6% de las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad de 65 años o más se asociaron con una tasa de pobreza del 13,2% comparada con una del 7,4% para las personas sin discapacidad del mismo grupo etario.13  

Waldrop y Stern analizaron los datos sobre discapacidad del Censo 2000 en su trabajo "Situación de la Discapacidad 2000, Reseña del Censo 2000". Estos autores observan que los datos sobre discapacidad son utilizados por los organismos federales para desarrollar programas y distribuir fondos destinados a la atención de personas mayores y con discapacidad. Entre los programas se encuentran los establecidos en la Ley de Formación Profesional y Tecnología Aplicada Carl D. Perkins, en la Ley de Asistencia para el Abordaje de la Deserción Escolar, en la Ley de Rehabilitación y en la Ley de Adultos Mayores Estadounidenses, las iniciativas de alfabetización estaduales, los programas de empleo y capacitación laboral para veteranos de guerra en virtud del Programa de Extensión para los Veteranos con Discapacidad, los de Medicare y Medicaid, y los programas nacionales de educación14.

11. Población total en hogares y viviendas grupales, por sexo y grupos etarios seleccionados, de Estados Unidos: 2000, http://www.census.gov/population/cen2000/grpqtr/grpqtr01.pdf.

12. U.S. Summary: 2000, Census 2000 Pro?le [Resumen de Estados Unidos: 2000, Perfil del Censo 2000]. Cuadro DP-2. Perfil de características sociales seleccionadas: 2000, http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kprof00-us.pdf.

13. Ibídem.

14. Judith Waldrop y Sharon M. Stern. Disability Status: 2000, Census 2000 Brief [Situación de la discapacidad: 2000, Reseña del Censo 2000] (Marzo de 2003), http://www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-17.pdf.

La Encuesta NOD/Harris 2004 utilizó las siguientes preguntas para identificar a las personas con discapacidad: 

1. ¿EN LA ACTUALIDAD un problema de salud, una discapacidad o una minusvalía le impide a usted o a cualquier persona de este hogar de 18 años o más participar en forma plena en el trabajo, la educación, las tareas del hogar o en cualquier otra actividad? 

[Si responde Sí a la pregunta 1:]

2. ¿Existe alguna persona en este hogar de 18 años o más, incluida/o a usted con: una discapacidad educativa de cualquier tipo; un trastorno o una discapacidad emocional o mental; una minusvalía o discapacidad que limite su capacidad para hablar o comunicarse con los demás; una minusvalía o discapacidad que limite su audición; una minusvalía o discapacidad visual, con la excepción del uso de anteojos comunes; o una minusvalía o discapacidad física que limite el uso de las piernas, los brazos o las manos?

[Si responde No a la pregunta 1:]

3. ¿Existe alguna persona en este hogar de 18 años o más, incluida/o usted: con una minusvalía o discapacidad física diferente de las mencionadas, que se considere una persona discapacitada o a la que la mayoría de las personas consideraría una persona con discapacidad?

Se registrará que una persona tiene una discapacidad si responde afirmativamente a cualquiera de las tres preguntas. La encuesta también indaga acerca de la gravedad de la discapacidad y de la edad que tenía la persona cuando comenzó la discapacidad. Los datos relativos al nivel de gravedad y al inicio de la discapacidad son importantes porque la discapacidad es una categoría heterogénea. Muchos factores, como por ejemplo, los ingresos, el nivel de educación, el ser propietario de una casa, el estado de salud y la posibilidad de tener un seguro, pueden variar según la gravedad, el tipo de discapacidad y la edad que tiene la persona cuando comienza la discapacidad. 

En concordancia con los resultados obtenidos en el Censo, la Encuesta NOD/Harris 2004 determinó que la cantidad de personas con discapacidad que vive en hogares de bajos recursos es superior a la de personas sin discapacidad que vive en esas condiciones. El 26% de las personas con discapacidad tiene ingresos de US$15.000 o menos en comparación con el 9% de las personas sin discapacidad.15  

15 Véase la Encuesta NOD/Harris a Estadounidenses con Discapacidad 2004, nota 18 supra.

Estados Unidos

354

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

En cuanto al Derecho Internacional, Estados Unidos no ha adherido a los instrumentos más importantes. No ha subscripto la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA) y el gobierno ha expresado que no formará parte de la Convención propuesta de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.16  No obstante, en respuesta a la solicitud de información formulada por el Relator Especial, Estados Unidos informó que aplica las Normas Uniformes de las Naciones Unidas.17 

En el ámbito nacional, Estados Unidos ha sancionado más de 100 leyes relativas a la discapacidad desde 1956, varias de ellas en las áreas de accesibilidad al medio físico, empleo, transporte y vivienda.18 Quizá la más importante de estas leyes sea la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos de 1990 (ADA). Esta ley se divide en seis secciones o títulos. El prefacio § 12101 identifica a las personas con discapacidad como "una minoría heterogénea y aislada que enfrenta restricciones y limitaciones, sometida a un tratamiento desigual deliberado y relegada a una posición de impotencia política en nuestra sociedad"(§ 12101(a)(7)). El prefacio establece el objetivo de garantizar "la igualdad de oportunidades, la plena participación, la vida independiente y la autonomía económica" (§ 12101(a)(8)) para las personas con discapacidad. La ADA también protege a las personas contra las represalias que pudieran sobrevenir por hacer valer los derechos en nombre de las personas con discapacidad o por alentar o ayudar a las personas con discapacidad a hacer valer sus derechos.19 Por último, cada sección de la ADA protege a los individuos vinculados con personas con discapacidad.20

La ADA tiene por objeto "establecer un mandato claro e integral para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad a nivel nacional" (§ 12101(b)(1)) y asegurar que el gobierno federal desempeñe un papel central en el cumplimento de estas normas (§ 12101(b)(3)). 

En el Título I de la ADA se prohíbe la discriminación en materia de empleo y al efecto dispone que: "Ninguna entidad alcanzada por la ley discriminará a un trabajador calificado con discapacidad en los procedimientos de selección del personal, la contratación, ascensos, o despido de los trabajadores, remuneración, capacitación laboral y demás condiciones y privilegios laborales en razón de su discapacidad" (§ 12112). 

16. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (OEA) 1999, http://www.oas.org/juridico/english/ga-res99/eres1608.htm; "Declaración de Ralph F. Boyd, Procurador General Adjunto en Derechos Civiles de Estados Unidos ante la Comisión Especial encargada de preparar una convención internacional amplia e integral para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas". (Comunicado de prensa de la Misión Estadounidense ante las Naciones Unidas), 18 de junio de 2003. 

17. Dimitris Michailakis, Government Action on Disability Policy: A Global Survey [Acción de los gobiernos respecto de las políticas sobre discapacidad: Un estudio a nivel mundial] (Liber Publishing House: Estocolmo) 1997.

18. Este capítulo se basa, en gran parte, en la lista de legislación relativa a la discapacidad de Robert Silverstein. "Emerging Disability Policy Framework: A Guidepost for Analyzing Public Policy" [Marco de la política sobre discapacidad emergente: Guía para analizar la política pública], 85 Iowa Law Review 1691 (2000), http://disability.law.uiowa.edu/lhpdc/rrtc/documents/silverstein/IA_LAW_ OVERVIEW_SEPT_11_00.doc. Se reorganiza por área temática y se omiten varias leyes que tienen una relación menos directa con los derechos de las personas con discapacidad, que simplemente introducen cambios menores en las leyes vigentes, o que reautorizan normas sin cambios sustanciales. 

19. Id. § 12203.

20. Id. § 12112(b)(4); 28 C.F.R. §§ 35.130(g), 36.205 (2003).

Las entidades alcanzadas por la ley son los empleadores, las agencias de empleo, las organizaciones sindicales y las comisiones mixtas de gestión laboral (§ 12111). Si bien una entidad alcanzada por la ley tiene prohibido discriminar, no está obligada a tomar medidas de adaptación que le signifiquen una "carga excesiva" en términos económicos o administrativos (§ 12111(10)) o que le generen una situación en la que un trabajador implique un riesgo significativo para la salud o la seguridad de terceros (o la propia, según la interpretación de la ley de la Suprema Corte) en el trabajo. 

En virtud de la ADA, los empleadores no están obligados a contratar o conservar a trabajadores que impliquen una amenaza directa a la salud o la seguridad de los demás trabajadores. En el caso Chevron U.S.A., Inc. vs. Echazabal (2002), la Corte analizó la defensa de la amenaza directa prevista en la ADA y debió decidir si dicha defensa se aplica a un empleador que se niega a contratar a una persona con discapacidad en razón de que el trabajo puede poner en peligro la propia salud del candidato. La Corte sostuvo que la ADA admite que un empleador se niegue a contratar a un candidato si se acredita que el desempeño de las tareas laborales en cuestión pone en peligro la propia salud del candidato. 

El Título II de la ADA prohíbe la discriminación por parte de los gobiernos estaduales o locales. La Parte A establece que: "queda prohibido que las entidades públicas excluyan a las personas calificadas con discapacidad de participar en los beneficios de los servicios, programas o actividades que ofrecen, les nieguen dichos beneficios o que las sometan a discriminación en razón de su discapacidad" (ADA, 42 U.S.C. § 12132 (2000)). La Parte B se dedica a las circunstancias y las medidas que deben adoptarse en el transporte público para evitar la discriminación. Un elemento central del Titulo II es el "mandato de integración" que surge del fallo Olmstead, el que se analiza más adelante. 

El Título III de la ADA establece las condiciones que deben reunir las instalaciones y los servicios que ofrecen las entidades privadas para no incurrir en la discriminación de las personas con discapacidad. Se dispone que "ninguna persona será discriminada en razón de su discapacidad respecto del goce pleno y en un pie de igualdad de los bienes, servicios, instalaciones, privilegios, ventajas o comodidades de cualquier local de uso público por parte de cualquier persona que posea, alquile (o dé en alquiler) o maneje un local de uso público" (ADA, 42 U.S.C. § 12182(a) (2000)). 

El responsable del local de uso público deberá realizar las modificaciones necesarias en sus políticas, prácticas y procedimientos a menos que demuestre que el hacerlo significaría introducir cambios sustanciales de la naturaleza de sus bienes, servicios o instalaciones. En las edificaciones más antiguas deben eliminarse las barreras arquitectónicas en "la medida de lo posible" (ADA, 42 U.S.C. § 12182(b)(2)(A)(iv) (2000)), mientras que en las edificaciones (o modificaciones) posteriores a la sanción de la ADA deben incorporase las medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad en "la máxima medida posible" (§ 12183(a)(2)).

Otra serie de leyes nacionales aborda el tema de la discapacidad. La Ley del Seguro Social, a través de varias leyes y modificaciones, ha establecido el Programa del Seguro por Discapacidad del Seguro Social. Las modificaciones de la Ley del Seguro Social de 1965 (L.P. 89-97) autorizaron los programas Medicare y Medicaid. Las modificaciones de la referida ley de 1972 (L.P. 92-603) autorizaron el acceso a Medicare de los beneficiarios del SSI con discapacidad luego de un período de espera y establecieron el Programa de Subsidios Sociales Complementarios, que ofrece ayuda económica para las personas mayores, ciegas o con discapacidad, incluidos los niños que tengan una discapacidad, cuya gravedad sea similar a la de los beneficiarios adultos. 

Las modificaciones de la Ley del Seguro Social de 1980 (L.P. 96-265) utilizan incentivos laborales para ayudar a los beneficiarios a trabajar autorizando pagos en efectivo continuados (artículo 1619(a)) y ofreciendo la posibilidad de acceder a Medicaid (artículo 1619(b)) a los beneficiarios del SSI que puedan desempeñar tareas laborales sustanciales con remuneración. La Ley de Oportunidades Laborales para Estadounidenses con Discapacidad (L.P. 99-643) otorgó permanencia a estos incentivos laborales. 

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La Ley de Reconciliación sobre Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (L.P. 104-193) redefinió el concepto de discapacidad del SSI en relación con los niños y dispuso que periódicamente debían efectuarse evaluaciones de la discapacidad hasta que el niño cumpliera los 18 años. La Ley de Presupuesto Equilibrado de 1997 (L.P. 105-33) modificó el sistema de evaluaciones periódicas y estableció que en el plazo de un año, una vez que el niño beneficiario cumple los 18 años, debe efectuarse una evaluación de la discapacidad aplicando los criterios utilizados para los adultos, a fin de determinar si puede continuar percibiendo los beneficios del SSI.  La Ley de Acceso al Trabajo y de Mejora de los Incentivos Laborales de 1999 (L.P. 106-170) creó un programa para que las personas con discapacidad puedan acceder a servicios relacionados con el empleo.

La Ley de Declaración de Derechos y de Asistencia a Personas con Discapacidad del Desarrollo (L.P. 94-103) consagró expresamente los derechos de este sector poblacional y creó un sistema de organizaciones de protección y defensa en cada estado con el objeto de facilitar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. A fin de aumentar la protección de las personas con discapacidad, las modificaciones de la Ley de la Comisión de Derechos Civiles de 1978 (L.P. 95-444) ampliaron la competencia de la Comisión habilitándola para brindar protección contra la discriminación por motivos de discapacidad. La Ley de Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas (L.P. 96-247) extendió la protección legal a las personas institucionalizadas y autorizó al Departamento de Justicia a hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidad internadas en hospitales o centros psiquiátricos. La Ley de Personas con Discapacidad del Desarrollo de 1984 (L.P. 98-527) autorizó a las organizaciones de protección y defensa a acceder a las historias clínicas de las personas con discapacidad del desarrollo que residen en instituciones, con lo que se arbitran los medios para proteger los derechos civiles de estas personas. 

También hay leyes estaduales que protegen los derechos de las personas con discapacidad. California es un ejemplo de un estado con una historia, inclusive previa a la ADA, de protecciones legales a favor de las personas con discapacidad. La norma antidiscriminación de California, la Ley de Equidad en el Empleo y la Vivienda ("FEHA" por su sigla en inglés), prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad en el empleo público y privado, y dispone que deben tomarse medidas de adaptación razonables según las necesidades de las personas con discapacidad.21  

Otra ley de California, la Ley Unruh de Derechos Civiles, dispone que en los establecimientos comerciales deben tomarse medidas de adaptación que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.22 

Luego de que la jurisprudencia de la Corte Suprema limitara la interpretación de la definición de discapacidad de la ADA, California respondió distinguiendo sus propias protecciones legales de los límites federales. Las modificaciones de la FEHA del año 2000 ofrecen mayor protección que la ADA de varias maneras.23 

21. Véase, en general, el Código del Gobierno de California §§ 12900-12996 (2003).

22. Véase el Código Civil de California § 51 (2003) (la expresión "establecimiento comercial" fue interpretada en sentido amplio y abarca hasta los organismos públicos); véase Gibson vs. County of Riverside, 181 F.Supp.2d 1057 (C.D. Cal. 2002); véase también Código Civil de California § 54 (Igualdad de derechos para acceder a los edificios públicos) y § 55 (Derecho al pleno acceso a los edificios públicos); véase el Código del Gobierno de California § 11135 (que prohíbe la discriminación por parte de los organismos públicos y de los beneficiarios de fondos públicos).

23. Puede consultarse una excelente comparación de la FEHA y sus modificaciones con la ADA en Legal Aid Soc'y Emp. L. Ctr., Disability Discrimination in the Workplace - State Versus Federal Law Protections [Discriminación por discapacidad en el trabajo - Protección legal federal comparada con la estadual], www. employmentlawcenter.org/adafehachart.pdf.

La definición de discapacidad mental y física de la FEHA exige que exista una "limitación" en una actividad de la vida diaria importante, a diferencia de la "limitación sustancial" que exige la ADA.24  Las modificaciones introducidas en la FEHA rechazan el análisis de las medidas morigeradoras y disponen que "en virtud de la ley de este Estado, el hecho de que una condición limite una actividad importante de la vida diaria se determinará con prescindencia de toda medida morigeradora".25 

Además, en las modificaciones de la FEHA se dispone que "el trabajo" es una actividad importante de la vida y que una persona que sufre una limitación para trabajar no necesariamente está impedida para realizar una clase o amplia gama de tareas laborales.26 

Barreras legales

La barrera legal más significativa a la hora de obtener protección en virtud de la ADA es la determinación de si una persona tiene una discapacidad contemplada por la ley y si está calificada para el empleo, programa o servicio de que se trate. Según se analizó en párrafos anteriores, los principales casos relativos a la ADA que debió resolver la Corte Suprema de Estados Unidos se centran en las interpretaciones de la definición de discapacidad que hace la ley. Este régimen de determinación de la situación de discapacidad y su cobertura es diferente de los regímenes de protección de otros derechos civiles, en los cuales la situación en cuestión y su cobertura suelen ser evidentes. 

Participación ciudadana

La participación ciudadana de las personas con discapacidad se manifiesta en el ejercicio del derecho al voto y el acceso a la justicia. La Ley de Accesibilidad al Voto de los Ancianos y los Minusválidos (L.P. 98-435) dispuso que los lugares de empadronamiento y votación para las elecciones nacionales deben ser accesibles para las personas con discapacidad. La Ley Nacional de Empadronamiento del Elector de 1993 (L.P. 103-31) amplió las posibilidades de empadronamiento al disponer que los electores pueden empadronarse por correo o, en el caso de las personas con discapacidad, en las oficinas en las que reciben servicios, como por ejemplo, oficinas de asistencia pública y centros de rehabilitación profesional. La Ley Electoral de Estados Unidos (HAVA por su sigla en inglés) de 2002 es una ley integral que regula la administración de las elecciones federales, las terminales y los lugares de votación, y el empadronamiento.27 La HAVA contiene disposiciones relativas a la accesibilidad de los lugares y las terminales de votación, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en el proceso electoral y votar en forma independiente y secreta. La HAVA establece que los estados deben adoptar procedimientos electorales, incluido el voto provisional, bases de datos con los padrones de electores y mecanismos de identificación de los electores. 

24. Compárese el Código del Gobierno de California § 12926(c) con 42 U.S.C. § 12102(2)(A) (2000) y 29 C.F.R. Pt. 1630(j) (2003).

25. Código del Gobierno de California § 12926.1 (2003).

26. Código del Gobierno de California § 12926.1. Esta norma es concordante con otro artículo de la ley que dispone que "las actividades importantes de la vida se interpretarán en un sentido amplio e incluirán actividades físicas, mentales y sociales, y el trabajo."  Id. §§ 12926(i)(1)(C), (k)(1)(B)(iii).

27. Puede consultarse el texto completo de la HAVA en línea en el sitio de la Comisión de Elecciones Federales, http://www.fec. gov/hava/law_ext.txt.

Estados Unidos

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Al igual que en las elecciones, cuando los juzgados no ofrecen condiciones físicas y programas accesibles, se impide que las personas con discapacidad participen de manera significativa en los procesos judiciales. El Título II de la ADA garantiza la participación plena y significativa de las personas con discapacidad en el sistema judicial estadual.28 El Título II prohíbe a los gobiernos estaduales y locales, incluidos los tribunales estaduales, discriminar contra personas calificadas con discapacidad y dispone que las instalaciones y los programas deben ser accesibles.29 El Titulo II y las normas reglamentarias del Departamento de Justicia disponen la eliminación de los estrados para testigos, las tribunas del jurado, los cuartos de deliberación del jurado, los toilettes y los lugares de estacionamiento que son inaccesibles.30  

Los tribunales estaduales deben modificar las políticas, prácticas o procedimientos para permitir la participación de las personas con discapacidad cuando no puedan eliminarse las barreras de otra forma; por ejemplo, el tribunal se trasladará a una sala accesible.31 

Debido a que las barreras arquitectónicas no agotan los problemas de accesibilidad, el Título II de la ADA establece que deben ofrecerse los medios para garantizar la comunicación eficaz con las personas con discapacidad.32 Por esta razón, el Departamento de Justicia dispuso que las entidades públicas tienen la obligación de brindar ayudas técnicas, preferentemente a elección del usuario, con el fin de satisfacer las necesidades de comunicación de las personas con discapacidad.33

28. El Título II dispone que los tribunales deben suministrar estacionamientos y entradas para el público que sean accesibles; "los toilettes, bebederos y cabinas telefónicas también deben ser accesibles para las personas con discapacidad si se ofrecen al público en general. . . [además,] los sistemas de alarmas deben poder utilizarse. . . " Jeanne A. Dooley y Erica F. Wood, "'Program Accessibility': How Courts Can Accommodate People with Disabilities," [Accesibilidad de los Programas: Cómo los tribunales pueden tomar medidas de adaptación que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad] 76 Judicature, (1993)250 .

29. Keri K. Gould, "And Equal Participation for All . . . The Americans with Disabilities Act in the Courtroom" [Participación para todos en un pie de igualdad... la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos en los juzgados] 8 J.L. & Health 123, 132-33 (1993-1994) ("Al sancionar la ADA, el Congreso procuró ... incluir a los tribunales estaduales y locales en la definición de servicios públicos".) En cambio, el Título II de la ADA no abarca los programas y servicios de los tribunales federales. Id. en 133 n.79. Pero véase Id. (téngase en cuenta que esto se debe a que los programas y servicios deben cumplir con la Ley de Rehabilitación de 1973). La Conferencia Judicial de Estados Unidos dispuso que deben tomarse medidas de adaptación que tengan en cuenta las necesidades de las personas con deficiencias auditivas y con dificultades de comunicación. Véase en general, Comunicado de Prensa, U.S. Bankruptcy Ct., W.D.N.Y. 1 (1 de diciembre de 2000), http://www.nywb.uscourts.gov/ notices/nta0005.pdf (que cita Guidelines for Providing Services to the Hearing-Impaired and Other Persons with Communications Disabilities [Pautas para brindar servicios a las personas con deficiencias auditivas y a otras personas con dificultades de comunicación] en A Guide To Judicial Policies And Procedures [Guía para las políticas y los procedimientos judiciales] Capítulo III, p. H, en 37). Además, los edificios federales deben ser accesibles en virtud de la Ley de Barreras Arquitectónicas, 42 U.S.C. §§ 4151-4156 (2000), que se basa en las Normas Uniformes Federales de Accesibilidad y las Pautas de Accesibilidad de la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos. Administración de Servicios Generales, Design And Construction: Accessibility For The Disabled [Diseño y construcción: Accesibilidad para las personas con discapacidad], http://www.gsa.gov/ Portal/gsa/ep/contentView.do?contentId=8152&contentType=GSA_OVERVIEW.

30. Véase Gould, nota 42 supra, en 152. El Titulo II dispone que una entidad pública debe ofrecer programas accesibles, a menos que el hacerlo pudiera significar un "cambio sustancial de la naturaleza [del] ... programa ... o imponer cargas económicas y administrativas excesivas". 28 C.F.R. § 35.150(a)(3) (2003).

31. Véase Gould, nota 42 supra, en 147-49. Véase también Peter Blanck, Ann Wilichowski y James Schmeling, Disability Civil Rights Law and Policy: Accessible Courtroom Technology [Legislación y política sobre los derechos civiles de las personas con discapacidad: Tecnología para juzgados accesibles], 3 William & Marybill of Rights J., 825-42 (2004).

32. Véase 28 C.F.R. § 35.160(a).

33. La entidad pública deberá dar "atención prioritaria" al medio que elija la persona. Id. § 35.160(b)(2). "A menos que pueda demostrar que existe otro medio eficaz de comunicación o que el uso del medio elegido no es obligatorio en virtud de lo dispuesto en el apartado § 35.164." Id. p. 35, apéndice A, § 35.160. Id. p. 35, apéndice A, § 35.102 ("Por ejemplo, los sistemas de educación pública deben suministrar ... las ayudas técnicas y los servicios adecuados siempre que sea necesario para asegurar una comunicación eficaz. . .").

Según la normativa del Departamento de Justicia, las ayudas técnicas y los servicios para las personas con discapacidad comprenden los servicios de intérpretes calificados, anotadores, materiales escritos, amplificadores, subtitulado y teletipos (TTY).34 Para las personas con deficiencias visuales, las ayudas o servicios abarcan lectores calificados, textos grabados y material en Braille, y para las personas con déficit en el lenguaje, incluyen "TDD, TTY, computadoras, sintetizadores de voz y pizarras de comunicación".35 

Inclusión

Comunicación

La comunicación puede ser personal o electrónica. La ADA contempla la comunicación en el empleo, para acceder a programas y servicios públicos, y para acceder a las adaptaciones. Por lo general, se considera que los servicios de interpretación, las comunicaciones en formatos alternativos, como el Braille, la impresión con letra grande, etc., son medidas de adaptación que tienen razonablemente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.  La Ley de Telecomunicaciones para las Personas con Discapacidad de 1982 (L.P. 97-410) establece que los teléfonos de los empleos utilizados por las personas con deficiencias auditivas y los teléfonos para emergencias deben ser compatibles con los audífonos. La Ley de Compatibilidad de Audífonos de 1988 (L.P. 100-394) dispone que la mayoría de los teléfonos fabricados en Estados Unidos o importados deben ser compatibles con los audífonos equipados con telecoil. La Ley de Mejora de la Accesibilidad en las Telecomunicaciones (L.P. 100-542) garantiza la accesibilidad del sistema nacional de telecomunicaciones para las personas con deficiencias auditivas o del lenguaje. 

La Ley de Asistencia Tecnológica para Personas con Discapacidad (L.P.100-407, Ley de Tecnología) de 1988, en reconocimiento de los gastos, la complejidad y la dificultad que deben afrontar las personas para acceder a la tecnología, dispuso un sistema de subsidios para los programas de ayudas técnicas que ofrecen los estados. En 1994, las modificaciones de la Ley de Asistencia Tecnológica para Personas con Discapacidad (L.P. 103-218) reautorizaron la citada ley de 1988. Esta reautorización se centró en el cambio de los sistemas y en la defensa de los derechos, asegurando la participación del consumidor, a fin de incrementar el acceso a las ayudas técnicas. La Ley de Ayudas Técnicas de 1998 (L.P. 105-394) reautorizó los programas de la Ley de Asistencia Tecnológica para Personas con Discapacidad y limitó a 13 años el período por el cual los estados pueden acceder a los subsidios para cambios de sistemas. La reautorización de la Ley de Tecnología todavía está en trámite en el Congreso. El debate para la reautorización de 2004 está centrado en los educadores y en los estudiantes con discapacidad, los proveedores de servicios para adultos y sus clientes, y los empleadores y trabajadores. Los cambios propuestos compatibilizarían la Ley de Tecnología con otras leyes relativas a la discapacidad, incluida la Ley de Personas con Discapacidad y la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo. 

34. Por ejemplo, las normas se refieren a "las copias asistidas por computadora", que en forma casi simultánea exhiben información transcripta del procedimiento para las personas sordas o con deficiencias auditivas. Sin embargo, las normas también establecen que en algunos casos puede justificarse la intervención de un intérprete. Id. p. 35, apéndice A, § 35.160.Id. § 35.104(1).

35. Id. § 35.104(2). Departamento de Justicia, Americans with Disabilities Act: Title II, Technical Assistance Manual [Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos: Titulo II, Manual de Asistencia Técnica], en II-7.1000 (1993), http://www.usdoj.gov/crt/ada/ taman2.html.

Estados Unidos

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Según la Encuesta NOD/Harris 2004, más de ocho de cada diez personas con discapacidad (83%) y sin discapacidad (87%) utilizan teléfonos inalámbricos o con altavoz. Asimismo, se determinó que las personas con discapacidad utilizan otros tipos de tecnología accesible a niveles similares a los registrados entre las personas sin discapacidad, a saber: el subtitulado cerrado (15%), los dispositivos para abrir automáticamente las puertas o las luces a control remoto (26%), la letra grande en las pantallas de las computadoras (16%), los depósitos automáticos de cheques (62%) y la banca en línea (34%). Sin embargo, uno de cada seis (17%) individuos con discapacidad encuestados informó que había elementos de tecnología accesible que necesitaba pero que no tenía. Entre la tecnología accesible de telecomunicaciones que necesitaban cabe mencionar los programas de computación (5%) y los audífonos (15%). 

La Ley de Decodificadores de Televisión (L.P. 101-431) establece que los televisores deben incluir circuitos para subtitulado cerrado, los cuales fueron ampliamente adoptados tanto por personas con discapacidad como sin discapacidad y están cambiando la forma en que los noticieros informan a los televidentes, con la presentación de los titulares en la parte inferior de la pantalla. Parte de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 (L.P. 104-104) asegura que los fabricantes de equipos de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de telecomunicaciones ofrecerán, en la medida de lo posible, productos y servicios que sean accesibles para las personas con discapacidad.  

Por su parte, el artículo 508 de la Ley de Rehabilitación, sancionado como parte de la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo de 1998 (WIA por su sigla en inglés), dispone que la tecnología de la información y electrónica, como por ejemplo, los sitios web, las telecomunicaciones, los programas de computación y los kioscos de información federales, debe ser accesible para las personas con discapacidad.36 La implementación del artículo 508 tiene por objeto impulsar la innovación en toda la industria del comercio electrónico. Los organismos federales no pueden comprar, mantener o utilizar tecnología de la información y electrónica que no sea accesible para las personas con discapacidad, a menos que la accesibilidad les imponga una carga excesiva. Las Normas de Accesibilidad a la Tecnología de la Información y Electrónica establecen los requisitos que deben cumplir los organismos federales.37 No obstante, el artículo 508 no obliga a las empresas privadas que le venden tecnología al gobierno federal a modificar los productos tecnológicos que utilizan sus propios empleados ni a adaptar sus sitios de Internet para las personas con discapacidad.38 

36. Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo de 1998, Ley Pública 105-220, 112 Stat. 936 (1998); véase Blanck y col., nota 2 supra en Parte 9, Capítulo 27, donde se encontrará un análisis de la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo; 29 U.S.C. § 701(b)(1) (2000).

37. Consejo para la Eliminación de las Barreras Arquitectónicas y del Transporte, Electronic and Information Technology Accesibility Standards [Normas de Accesibilidad de la Tecnología de la Información y Electrónica], 23 de julio de 2003, http://www.access-board.gov/sec508/508standards. htm.

38. Departamento de Justicia, Information Technology and People With Disabilities: The Current State of Federal Accessibility, Executive Summary & Recommendations [Tecnología de la Información y Personas con Discapacidad: Estado Actual de la Accesibilidad a nivel Federal, Resumen Ejecutivo y Recomendaciones] (Informe de la Procuradora General, Janet Reno, al Presidente Bill Clinton, abril de 2000), http://www.usdoj.gov/crt/508/report/exec. htm.

Educación

Las leyes sobre educación establecen la obligación de los estados y distritos escolares de brindar educación a los niños y niñas con discapacidad, incluida la educación profesional. La Ley de Educación del Minusválido (EHA por su sigla en inglés) de 1970 regula la educación de los niños con discapacidad. La Ley de Educación para Todos los Niños Minusválidos (L.P. 94-142) prevé la educación pública libre y apropiada para los niños con discapacidad con prescindencia del tipo de discapacidad. En las modificaciones de la Ley de Educación Superior de 1986 (L.P. 99-498) se consagra un régimen de subsidios y préstamos para la construcción o renovación de las instituciones de educación superior, a fin de cumplir con la Ley de Barreras Arquitectónicas de 1968 y con el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 

En 1990, las modificaciones de la Ley de Formación Profesional y Tecnología Aplicada Carl D. Perkins (L.P. 101-392) ofrecen a los estudiantes con discapacidad el acceso a programas y servicios de formación laboral. En las modificaciones de la Ley de Educación del Minusválido de 1990 (L.P. 101-476) se dispuso que se enseñe a los estudiantes con discapacidad a desempeñarse en la vida cotidiana y laboral. Las modificaciones de la Ley de Educación de las Personas con Discapacidad (IDEA) (dentro de las modificaciones de la Ley de Educación del Minusválido de 1990 L.P. 101-476) cambiaron la denominación de la EHA para reflejar la nueva terminología en uso(" personas con discapacidad" en lugar de "minusválidos") y establecieron mejores servicios de transición y acceso a las ayudas técnicas. La Ley de Oportunidades de la Escuela al Empleo de 1994 (L.P.103-239) se centró en la transición entre la escuela y el trabajo, e incluyó a los jóvenes con discapacidad en las actividades contempladas. 

La educación constituye la base de la transición a la educación superior y al empleo. Las iniciativas de la Administración del Seguro Social, como por ejemplo el proyecto de ayuda en la transición para jóvenes, asisten a los jóvenes con discapacidad para que potencien su autonomía económica cuando pasan de la escuela al trabajo. El referido proyecto está destinado a jóvenes con discapacidad de entre 14 y 25 años que reciben o podrían recibir los beneficios SSI, SSDI, o para la Niñez Discapacitada, y promueve la colaboración entre los organismos estaduales, locales y federales, a fin de brindar servicios y apoyo en la transición. El Departamento de Trabajo financia un centro nacional dedicado a jóvenes con discapacidad con el fin de brindar asistencia técnica en esta área (Proyecto de Colaboración Nacional sobre Fuerza de Trabajo y Discapacidad / Jóvenes, 2004).

Existen programas estaduales de rehabilitación profesional que guardan estrecha relación con la educación y el empleo. La Ley de Rehabilitación de 1973 (L.P. 93-112) modificó el sistema de financiación de los programas de rehabilitación profesional. El artículo 504 de la ley prohibió la discriminación contra las personas calificadas con discapacidad respecto de programas o actividades que reciban fondos federales, incluidos los empleadores y las instituciones educativas. Las modificaciones de la Ley de Rehabilitación de 1986 (L.P. 99-506) permiten el empleo con apoyo como consecuencia de la rehabilitación profesional. En estas modificaciones se dispuso que los estados deben efectuar planificaciones en relación con las personas que pasan de la escuela al trabajo. La Ley de Restablecimiento de los Derechos Civiles (L.P. 100-259) modificó la definición que la ley brindaba de "persona con discapacidad" y aplicó el artículo 504 en un sentido amplio a las universidades en general y no a los departamentos de las universidades que recibían los fondos federales. Las modificaciones de la Ley de Rehabilitación de 1992 (L.P. 102-569) incrementaron el acceso de las personas con discapacidad severa a los sistemas estaduales de rehabilitación profesional y les proporcionaron un mayor control de su propia rehabilitación así como también oportunidades de desarrollo de una carrera. 

Estados Unidos

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Empleo

Según el Censo 2000, el 56,6% de los adultos con discapacidad de entre 21 y 64 años tenía empleo, en comparación con el 77,2% de las personas sin discapacidad. Entre los hombres, el 79,9% de los que no presentaban una discapacidad trabajaba, en comparación con el 60,1% de los que presentaban una discapacidad.38 El 67,3% de las mujeres sin discapacidad trabajaba en comparación con el 51,4% de las mujeres con discapacidad. El Censo determinó que 10.400.000 hombres con discapacidad trabajaban mientras que 8.200.000 mujeres con discapacidad lo hacían.39

Según la Encuesta NOD/Harris 2004, el 35% de las personas con discapacidad de entre 18 y 64 años de edad trabaja en empleos de jornada completa o parcial, lo que implica un aumento del 3% respecto de la encuesta de 2000.40 Entre los que no trabajan según la Encuesta 2004, casi dos tercios (63%) de las personas con discapacidad preferiría trabajar.41 Entre las personas con discapacidad que no trabajan, dos tercios (67%) informan que no pueden trabajar debido a un problema de salud o a una discapacidad. Una proporción menor (8%) informa que no trabaja porque no puede encontrar un empleo que se adapte a su discapacidad. 

Además de las disposiciones antidiscriminatorias de la ADA, el tema del empleo es abordado por varias leyes estadounidenses. Las modificaciones de la Ley de la Pequeña Empresa de 1972 (L.P. 92-595) dispusieron un régimen de préstamos destinado a talleres protegidos y a personas con discapacidad para que comiencen su propia microempresa. En 1977, la Ley de Reducción y Simplificación Impositiva (L.P. 95-30) autorizó el uso del crédito fiscal para promover el empleo de las personas con discapacidad, alentando a las empresas a contratar a personal con discapacidad, jóvenes en situación de desventaja, beneficiarios de programas asistenciales y desempleados crónicos. La Ley del Comité Asesor Federal (L.P. 96-523) contempla servicios de asistencia personal para empleados con discapacidad de la administración pública federal. La Ley de Cooperación para la Capacitación Laboral (L.P. 97-300, JTPA por su sigla en inglés) sustituyó la Ley Integral de Empleo y Capacitación e hizo hincapié en la capacitación para puestos del trabajo del sector privado. La Ley de Reconciliación Presupuestaria General de 1990 (L.P. 101-508) continuó con el uso de beneficios fiscales y creó el crédito para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, a fin de que las pequeñas empresas pudieran cumplir con la ADA. La Ley de Derechos Civiles de 1991 (L.P. 102-166) se sancionó con el fin de autorizar los juicios por jurado y los daños y perjuicios resarcitorios y punitivos en los procesos por discriminación en el trabajo, revirtiendo las restricciones impuestas por la Corte Suprema. 

La Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo de 1998 (L.P. 105-220) consolidó varios programas de capacitación laboral y dispuso que las personas con discapacidad fueran contempladas sin ser discriminadas en el sistema de inversión en la fuerza de trabajo. La ley reautorizó la Ley de Rehabilitación de 1973 y la vinculó al sistema laboral. Agregó medidas para rendir cuentas a los contribuyentes. 

38. U.S. Summary: 2000, Census 2000 Pro?le [Resumen de Estados Unidos: 2000, Perfil del Censo 2000]. Cuadro DP-2. Perfil de características sociales seleccionadas: 2000, http://www.census.gov/prod/2002pubs/c2kprof00-us.pdf.

39. Véase Waldrop y Stern, nota 21 supra.

40. Comparado con el 78% de personas sin discapacidad con empleo, según se determinó en la Encuesta 2004. La definición de discapacidad utilizada en la Encuesta NOD/Harris varía respecto de la utilizada en el Censo; por ello, los resultados obtenidos no son directamente comparables. 

41. Comparado con el 42% de personas sin discapacidad que preferiría trabajar, según la Encuesta 2004. 

Mediante la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo (WIA por su sigla en inglés) se crearon los Consejos de Inversión en la Fuerza de Trabajo a nivel local, los que tienen la misión de desarrollar un sistema integral de servicios de empleo accesibles, completos e innovadores. Estos consejos trabajan mancomunadamente con organismos, empresas y programas de capacitación laboral y rehabilitación profesional, con el fin de ayudar a las comunidades locales a aumentar su nivel de empleo.42  Entre los servicios que se ofrecen cabe mencionar la asistencia en las actividades de búsqueda laboral, planeamiento de carrera, evaluaciones de aptitudes profesionales y capacitación, y recursos para el cuidado de niños. Los sistemas integrales también brindan recursos de capacitación laboral y empresarial, asistencia en temas de transporte y vivienda, y acceso a una cobertura médica económica.43 La Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo prevé la implementación de servicios integrales destinados a mejorar el empleo y la educación de los jóvenes con discapacidad. 

Asimismo, la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo está concebida para ayudar a las personas con discapacidad a encontrar empleo y lograr su autonomía económica e inclusión en la sociedad (29 U.S.C. § 701(b)(1) (2000)). Constituye el instrumento nacional de financiamiento para que los estados suministren servicios de rehabilitación y oportunidades laborales a las personas con discapacidad.44 Una persona calificada con discapacidad tiene derecho a recibir los beneficios y servicios previstos en esta ley. Los sistemas integrales y los proveedores de servicios deben administrar sus programas en un ambiente lo más integrado posible (Implementación de las disposiciones antidiscriminación e igualdad de oportunidades de la Ley de Inversión en la Fuerza de Trabajo de 1998, 29 C.F.R. § 37.7(d) (2003)), y no fijar criterios que excluyan a las personas con discapacidad (§ 37.7(i)). Deben tomar medidas de adaptación que tengan en cuenta las necesidades de los solicitantes, participantes y empleados calificados con discapacidad, a menos que el hacerlo implique una carga excesiva. También deben introducir modificaciones razonables en las políticas y prácticas con el fin de evitar la discriminación. (§ 37.8(a)-(b)).

La Administración de Empleo y Capacitación (ETA por su sigla en inglés) del Departamento de Trabajo supervisa el sistema integral de desarrollo de la fuerza de trabajo. Su misión es "contribuir al funcionamiento más eficiente del mercado de trabajo estadounidense brindando capacitación laboral, empleo, información del mercado laboral y servicios de apoyo económico de alta calidad, principalmente a través de sistemas de desarrollo de la fuerza de trabajo a nivel estadual y local".45  El centro integral "one-stop" es el principal instrumento para brindar servicios al consumidor en el sistema de desarrollo de la fuerza de trabajo. El fortalecimiento de este sistema mejorará las oportunidades laborales del gran grupo de personas calificadas con discapacidad que quiere trabajar. Casi la mitad (42%) de las personas con discapacidad entrevistadas en la Encuesta NOD/Harris informó conocer los centros integrales del sistema de desarrollo de la fuerza de trabajo.46  Cabe destacar que las personas con discapacidad no sólo conocen estos centros, sino que tanto ellas como las personas sin discapacidad utilizan sus servicios en niveles similares.47

42. Véase Blanck y col., nota 2 supra.

43. Michael Morris y Laura Farah, "Building relationships at a community level: Lessons learned from work incentive grantees [Creando relaciones a nivel de la comunidad: Experiencias de los beneficiarios de incentivos laborales] (Rep. No. 1), (documento de trabajo, LHPDC, Universidad de Iowa, Facultad de Derecho, Iowa, IA, 2002), http://disability.law. uiowa.edu/lhpdc/projects/dol_techdocs/PolicyBrief_Lessons_Learned.doc.

44. Lex Frieden, Carta al Honorable Sr. John A. Boehner, Presidente de la Comisión de Educación y Fuerza de Trabajo, (18 de marzo de 2003), http://www.ncd.gov/newsroom/correspondence/boehner_03-18-03.html.

45. http://www.doleta.gov/etainfo/mission.cfm.

46. Comparado con el 41% de las personas sin discapacidad.

47. Es decir, el 26% de las personas con discapacidad en comparación con el 22% de las personas sin discapacidad. 

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Asimismo, se ofrecen incentivos fiscales federales y estaduales a los empleadores y a las personas con discapacidad, con el fin de aumentar las oportunidades laborales. En 2002, el Tribunal de Cuentas (GAO por su sigla en inglés) informó que se utilizaban muy poco los incentivos fiscales para empresas (como por ejemplo, el crédito para el fomento de las oportunidades laborales, el crédito para garantizar el acceso de las personas con discapacidad y la deducción por eliminación de barreras).48  Un factor citado es el desconocimiento de los incentivos. Entre las estrategias referidas por el GAO para dar a conocer los incentivos y aumentar su uso cabe mencionar la de mejorar su difusión mediante la coordinación y explicación de los requisitos que deben cumplirse para acceder a los incentivos. Según el GAO, la Encuesta NOD/Harris 2004 determinó que el 12% de las personas con discapacidad reclama los créditos o las deducciones disponibles, tales como las deducciones y los créditos fiscales federales y estaduales concebidos para asistir a las personas con discapacidad en materia de empleo.49 Las deducciones y los créditos fiscales pueden utilizarse para pagar los gastos derivados de las adaptaciones del lugar de trabajo o los servicios de asistencia personal. 

Un componente de la autonomía económica relacionada con el trabajo es la posibilidad de acumular activos por medio del ahorro. La Encuesta NOD/Harris 2004 revela que la mayoría de las personas con discapacidad son "pobres de activos" (por ejemplo, el 58% de los encuestados, comparado con el 36% de las personas sin discapacidad). Las personas pobres de activos y sus familias tienen recursos económicos insuficientes para sustentarse en el nivel de pobreza durante tres meses sin otra forma de apoyo.50 Los mecanismos para aumentar la acumulación de activos de los estadounidenses de bajos ingresos se han centrado en la educación en materia de finanzas y estrategias de ahorro, tales como las cuentas de desarrollo individual (IDA por su sigla en inglés), que son cajas de ahorro con depósitos adicionales para personas de bajos recursos. Sin embargo, sólo el 6% de las personas con discapacidad encuestadas informa tener una IDA, en comparación con algo más del doble (13%) de las personas sin discapacidad. Uno de los objetivos de la Ley de Activos para la Autonomía de 1998 (AFIA por su sigla en inglés) es capacitar a las personas con discapacidad en situación de pobreza por medio de los programas de IDA.

Servicios de salud

En general, los estadounidenses acceden a los servicios médicos a través de un seguro privado de su propio empleo o del empleo de un familiar, de Medicaid, de Medicare, o de un seguro médico privado. Muchas personas carecen de un seguro médico. Además de los sistemas Medicaid y Medicare que prevé la Ley del Seguro Social, la Ley de Licencia Familiar y Médica (L.P. 103-3) les otorga a los trabajadores hasta doce semanas de licencia (sin goce de sueldo o con goce de sueldo si utilizan la licencia por enfermedad, según corresponda) para recuperarse de una enfermedad grave, para cuidar a un familiar que tiene una enfermedad grave, o para el caso de nacimientos o adopciones. 

48 Informe GAO GAO-03-39 Business Tax Incentives: Incentives to Employ Workers with Disabilities Receive Limited Use and Have an Uncertain Impact [Incentivos fiscales para empresas: Los incentivos para contratar a trabajadores con discapacidad son poco usados y tienen un impacto incierto] (2002). (Una de 790 personas jurídicas (empresas) y 1 de 3.450 personas físicas titulares de empresas unipersonales utilizaron el crédito para el fomento de las oportunidades laborales en 1999. Sólo 1 de 680 personas jurídicas (empresas) y 1 de 1.570 personas físicas titulares de empresas unipersonales informaron haber utilizado el crédito para garantizar el acceso de las personas con discapacidad).

49. De este 12%, el 55% solicitó los incentivos federales y estaduales, y el 25%, sólo los incentivos federales. 

50. Véase Assets for Independence [Activos para la autonomía], un programa de la Dirección de Servicios a la Comunidad de la Administración de Minoridad y Familia dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, http://www.acf.hhs.gov/assetbuilding/ assets.html.

La Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos de 1996 (L. P.104-191) autoriza la disponibilidad y renovabilidad del seguro médico privado, y limita las exclusiones de enfermedades preexistentes. La Ley de Paridad de Prestaciones de Salud Mental de 1996 (L.P. 104-204) (las disposiciones que reglamentan la ley agregadas en L.P. 105-34) prohíbe a las compañías de seguros limitar las prestaciones o los beneficios vitalicios por enfermedad mental a niveles inferiores a los reconocidos para otras enfermedades. 

La Ley de Presupuesto Equilibrado de 1997 (L.P. 105-33) extendió la cobertura de los seguros a los niños de familias de bajos recursos no cubiertos por Medicaid mediante la creación del Programa Estadual del Seguro Médico Infantil (SCHIP por su sigla en inglés). En esta norma se dispuso que los estados debían continuar con la cobertura de Medicaid de los niños con discapacidad que recibían beneficios SSI al 22 de agosto de 1996 y que reunían los requisitos establecidos salvo que no lo hicieren por no satisfacer los nuevos criterios del SSI para los niños con discapacidad antes mencionados. También creó los primeros programas para el pago de Medicaid, por los cuales los estados pueden permitir a las personas con discapacidad empleadas cuyo ingreso familiar se encuentre por debajo del nivel de pobreza en un 250% contratar la cobertura del seguro Medicaid. Las primas están basadas en los ingresos. La ley mantuvo entre la población beneficiaria del SSI a los "extranjeros calificados" no ciudadanos con residencia legal en Estados Unidos, que recibían el SSI al 22 de agosto de 1996. Además, les otorgó a los "extranjeros calificados" acceso al SSI si residían en forma legal en Estados Unidos al 22 de agosto de 1996 y si satisfacían los requisitos de la definición del SSI de discapacidad o ceguera. Permitió que los estados requirieran la participación de los adultos en el cuidado administrado de Medicaid, con algunas excepciones. 

En su conjunto, estas iniciativas de política nacional tienen por objeto disminuir las barreras de la atención médica que obstaculizan el acceso al trabajo de las personas con discapacidad que quieren trabajar y que pueden hacerlo (Jensen & Silverstein, 2000; Silverstein, 2000). La Ley de Acceso al Trabajo y de Mejora de los Incentivos Laborales (L.P. 106-170) (TWWIIA por su sigla en inglés), por ejemplo, aumenta de varias formas la disponibilidad de la cobertura médica para las personas con discapacidad. Los estados pueden permitir que las personas con discapacidad con ingresos un 250% superiores al nivel de pobreza contraten programas de seguro médico Medicaid si califican por algún otro motivo para el SSI. Las personas cuya enfermedad haya mejorado, por lo que no califican para el SSI o el SSDI, pueden contratar Medicaid si continúan teniendo un impedimento severo determinable. En virtud de la referida ley, las primas de Medicaid y demás cuota partes de los gastos se determinan en una escala móvil. En el caso de las personas con ingresos ubicados entre el 250% y el 450% del nivel de pobreza, las primas no pueden superar el 7,5% de sus ingresos. Al mes de febrero de 2004, veintiocho estados implementaron los programas para el pago de Medicaid y otros cinco estados los han autorizado.51 

Asimismo, la ya citada Ley de Acceso al Trabajo y de Mejora de los Incentivos Laborales extiende la cobertura de Medicaid a las personas reinsertadas laboralmente que provienen del régimen del SSDI por un período de 8 años y medio sin que paguen la prima de la Parte A de Medicare. Transcurrido el mencionado período -cuatro años y medio más que el período anterior- la persona puede continuar recibiendo Medicare si paga las primas de la Parte A y la Parte B. 

Los cambios introducidos en las alternativas del seguro médico tratan de estimular la reinserción laboral de los beneficiarios del SSDI (por ejemplo, luego de un accidente de trabajo) sin arriesgar la pérdida del seguro médico al mantener la cobertura de Medicare.52

Además, la Ley de Acceso al Trabajo y de Mejora de los Incentivos Laborales dispone que las personas que fueron beneficiarias del SSDI, que en su momento dejaron de percibir los beneficios por desempeñar tareas laborales remuneradas y que se ven obligadas a dejar de trabajar en razón de una discapacidad tienen derecho a la pronta restauración de los beneficios. El beneficiario puede recibir el SSDI durante un período de hasta seis meses mientras la Administración del Seguro Social considera la nueva solicitud. 

52. Véase Blanck y col., nota 2 supra.

51. Allen Jensen, State Medicaid Buy-In Programs Summary Table: Implementation, Authorization, Studies and Enrollments [Cuadro sinóptico de programas estaduales para el pago de Medicaid: Implementación, Autorización, Estudios y Afiliaciones], 23 de febrero de 2004, actualización, http://www.uiowa.edu/~lhpdc/work/ summary_tables/StateMedBuyIn_summarytable.doc.

Estados Unidos

366

La atención médica también desempeña un papel significativo en la adquisición de ayudas técnicas. La Encuesta NOD/Harris indica que un alto porcentaje de personas supieron de la existencia de las ayudas técnicas que utilizan gracias a los médicos (49%) u otros profesionales de la salud (22%), como por ejemplo, fisioterapeutas y especialistas en rehabilitación. En la actualidad, se procura informar a las personas con discapacidad respecto de las ayudas técnicas a través de programas públicos (4%), centros comunitarios y organizaciones de y para personas con discapacidad (4%), los medios de comunicación (13%) e Internet (5%).  Si bien estas fuentes de información son importantes, junto con la familia y los amigos (14%), y otras personas con discapacidad (6%), los profesionales de la salud representan la principal fuente de información para las personas con discapacidad. No obstante, al igual que en el área de las comunicaciones, muchas personas con discapacidad carecen de las ayudas técnicas que necesitan, desde aparatos como andadores o bastones (8%) y asistencias no mecánicas como barandas y vallas (9%) hasta aparatos más complejos como sillas de ruedas motorizadas (19%) y asistencias mecánicas tales como ascensores y sillas elevadoras (7%).

Sólo alrededor de la mitad (57%) de las personas que necesitan dispositivos o aparatos de asistencia intentó obtenerlos. Dentro del 43% que no intentó obtener estos aparatos, el 61% no intentó hacerlo porque los aparatos son demasiado caros. De los que intentaron obtener los aparatos, más de la mitad (54%) informó que no podía pagarlos. Cabe recordar que las ayudas técnicas permiten que las personas con discapacidad mejoren su participación en la sociedad. De los encuestados que necesitaban ayudas técnicas que no tenían, el 37% manifestó que las ayudas le permitirían vivir en forma independiente, el 25% que podría dejar su hogar y el 18% que podría socializar con su familia y sus amigos. 

Vivienda

Según se mencionó en párrafos anteriores, el Título II de la ADA prohíbe la discriminación por parte de los gobiernos estaduales o locales. La Parte A establece que: "queda prohibido que las entidades públicas excluyan a las personas calificadas con discapacidad de participar en los beneficios de los servicios, programas o actividades que ofrecen, que les nieguen dichos beneficios o que las sometan a discriminación en razón de su discapacidad" (ADA, 42 U.S.C. § 12132 (2000)). La Parte B se dedica a las circunstancias y las medidas que deben adoptarse en el transporte público para evitar la discriminación. Un elemento central del Titulo II es el "mandato de integración".

Quizá el caso Olmstead vs. L.C. ex rel. Zimring (1999) sea el de mayor importancia en relación con el tema de la vivienda. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que, según lo dispuesto en el Título II de la ADA, los estados deben dar prioridad a la ubicación de una persona con discapacidad mental en un entorno comunitario respecto de una institución cuando los profesionales tratantes hayan determinado que el entorno comunitario es conveniente, la persona afectada no se oponga al traslado y pueda implementarse esta medida, considerando los recursos del estado de que se trate y las necesidades de otras personas con discapacidad mental. En respuesta al fallo del caso Olmstead, el Presidente George W. Bush dictó el Decreto 13217 (Alternativas basadas en la comunidad para personas con discapacidad]).53

53. http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/06/20010619.html..

El decreto ofrece una guía para los organismos federales y establece que el Procurador, los Secretarios de Salud y Servicios Humanos, de Educación, Trabajo y Vivienda y Desarrollo Urbano, así como también el Director de la Administración del Seguro Social deben trabajar en forma conjunta para implementar lo decidido en el caso Olmstead. También dispone que el gobierno federal debe brindar asistencia técnica a los estados para que efectivamente implementen lo resuelto en el mencionado caso. El Departamento de Salud y Servicios Humanos publicó una compilación de los informes relativos a la labor realizada con el fin de eliminar las barreras y promover la integración en la comunidad por los departamentos de Justicia, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Educación, Asuntos de los Veteranos de Guerra, la Administración del Seguro Social y la Dirección de Administración de Personal.54 Muchos se centran en la vivienda y la integración en la comunidad. 

Los estados reaccionaron en forma dispar ante el fallo Olmstead. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estaduales publicó el informe "Respuesta de los Estados al Fallo Olmstead: ¿Cómo lo están cumpliendo?".55 En el informe se demuestra que se ha progresado y que se han dictado nuevas normas a nivel estadual para garantizar su cumplimiento. También se da cuenta de las dificultades emergentes de la situación fiscal de los estados vinculada con los desafíos económicos que se enfrentan en todo el país. Además, se señala que los estados centran sus iniciativas en el logro de diversos objetivos, a saber: ayudar a las personas a pasar de las instituciones a la comunidad, promover la construcción de viviendas económicas y accesibles, mejorar la selección y la retención de trabajadores de atención directa, asignar recursos a la persona según sus necesidades en lugar de asignarlos a los proveedores de servicios y mejorar el transporte a fin de que cumpla con lo dispuesto por la ADA.

Un dato alentador de la Encuesta NOD/Harris 2004 es que más de la mitad (58%) de las personas con discapacidad (y el 61% de las personas sin discapacidad) informan ser propietarias de sus hogares. La vivienda de las personas con discapacidad es un tema abordado por una serie de leyes y programas, entre ellas las leyes relativas a la vivienda y los programas especiales de Medicaid. Las modificaciones de la Ley de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de 1974 (L.P. 93-383) incorporan a las personas con discapacidad al programa de subsidios para alquileres previsto en el artículo 8. También en virtud del artículo 202 se otorgan préstamos directos para financiar proyectos de organizaciones sin fines de lucro para personas con discapacidad mental o física. 

Por su parte, la Ley de Reconciliación Presupuestaria General (L.P. 97-35), otra manifestación de las iniciativas a favor de la vida en comunidad, autorizó que los programas domiciliarios y de base comunitaria sustituyeran la atención institucional si los costos para hacerlo eran equivalentes a los demandados por las instituciones o menores que ellos. La Ley de Reconciliación Presupuestaria General Consolidada de 1985 (L.P. 99-272) extendió el régimen de los programas domiciliarios y de base comunitaria a los servicios preocupacionales y al empleo con apoyo de las personas antes institucionalizadas, y autorizó los servicios especiales para los niños dependientes de ventiladores que, de lo contrario, deberían seguir institucionalizados. La Ley de Presupuesto Equilibrado de 1997 (L.P. 105-33) extendió la disponibilidad de los servicios de habilitación de los programas domiciliarios y de base comunitaria a las personas que nunca fueron institucionalizadas, con lo cual las personas integradas en la comunidad pueden acceder a estos servicios y se evita la institucionalización innecesaria. 

54. http://www.hhs.gov/newfreedom/?nal/.

55. http://www.ncsl.org/programs/health/forum/olmsreport.htm.

Estados Unidos

368

La Ley de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de 1987 (L.P. 100-242) estableció que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano asignara el 15% de los fondos que dispone el artículo 202 a las personas no ancianas con discapacidad. En las modificaciones de la Ley de Equidad en la Vivienda de 1988 (L.P. 100-430) se extendió la protección contra la discriminación en materia de vivienda a las personas con discapacidad y se dispuso que éstas fueran autorizadas a modificar sus hogares a fin de satisfacer sus necesidades de accesibilidad y seguridad. En 1990, la Ley Nacional de Vivienda Social (L.P. 101-625) creó el organismo de financiación de viviendas con apoyo para personas con discapacidad.

Accesibilidad

La accesibilidad de los edificios está contemplada en la Ley de Barreras Arquitectónicas de 1968 (L.P. 90-480), según la cual los edificios federales deben ser accesibles para las personas con discapacidad. El artículo 502 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (L.P. 93-112) creó el Consejo para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas y del Transporte para hacer cumplir la ley antes mencionada. La ADA también aborda el acceso físico a los edificios. 

El transporte para las personas con discapacidad fue tratado en relación con el tránsito masivo (Modificaciones de la Ley de Transporte Masivo Urbano de 1970 (L.P. 91-453)). La Ley de Ayuda Federal para la Construcción de Autopistas de 1973 (L.P. 93-87) dispuso que en el marco del programa de construcción de autopistas se construyeran rampas en las veredas y demás elementos de seguridad para las personas con discapacidad física, y que se incorporaran paradas de descanso accesibles. La Ley de Mejora del Transporte Ferroviario de 1973 (L.P. 93-146) asegura el transporte interurbano en Amtrak para las personas mayores o con discapacidad. La Ley de Acceso al Transporte Aéreo (L.P. 99-435) prohíbe a las compañías aéreas discriminar a las personas con discapacidad y dispone que el Departamento de Transporte es el responsable de hacer cumplir la norma. La Ley de Eficiencia en el Transporte Intermodal Terrestre de 1991 (L.P. 102-240) aumentó los fondos a fin de garantizar la accesibilidad en el transporte para las personas con discapacidad. 

El Consejo para la Eliminación de Barreras Arquitectónicas y del Transporte (Consejo de Acceso) elabora pautas de accesibilidad en virtud de la ADA. El Departamento de Justicia reglamenta la mayor parte de los Títulos II y III de la ADA, mientras que el Departamento de Transporte reglamenta las disposiciones de los Títulos II y III que son de su incumbencia. En 1991, el Consejo de Acceso publicó las Pautas de Accesibilidad de la Ley de Personas con Discapacidad de Estados Unidos (ADAAG por su sigla en inglés) para las nuevas construcciones y modificaciones de locales públicos y establecimientos comerciales.56 Estas pautas establecen los requisitos que deben cumplir la mayoría de los edificios e instalaciones (secciones 1 a 4) y ciertos tipos de edificios e instalaciones contemplados por el Título III de la ADA, restaurantes y bares (sección 5), hospitales y centros médicos (sección 6), establecimientos comerciales (sección 7), bibliotecas (sección 8), lugares de alojamiento temporal (sección 9), e instalaciones relativas al transporte (sección 10). En 1998, se agregaron dos secciones a estas Pautas en relación con los edificios públicos estaduales y locales alcanzados por el Título II y se refieren a los edificios del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de los entes reguladores (sección 11), y a los centros correccionales y de detención (sección 12).57 

56. 36 CFR parte 1191.

57. 63 FR 2000.

Además de las pautas antes reseñadas, la Ley de Barreras Arquitectónicas de 1968 (42 U.S.C. 4151 y siguientes) dispone que los edificios federales (esto es, los diseñados, construidos, modificados o alquilados con fondos federales) deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Las Pautas del Consejo de Acceso constituyen la base de las normas dictadas por el Departamento de Defensa, la Administración de Servicios Generales, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Servicio Postal. Las Normas Federales Uniformes de Accesibilidad (UFAS por su sigla en inglés) fueron elaboradas por estos organismos a fin de implementar la Ley de Barreras Arquitectónicas. Otros organismos federales utilizan las UFAS, a fin de cumplir con el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 

Otro avance en materia de accesibilidad al medio físico es la adopción de normas relativas a la accesibilidad y visitabilidad de las viviendas a nivel municipal y estadual. En general, estas normas están consagradas en los códigos locales de edificación o en las leyes estaduales. Los códigos de visitabilidad establecen los elementos de accesibilidad que deben tener las edificaciones, como por ejemplo, accesos a las casas sin escalones o escaleras, portales interiores y pasillos lo suficientemente amplios como para que pueda pasar una silla de ruedas, ubicación y función de los interruptores de luz, ubicación de los enchufes y dispositivos especiales en los baños. Algunos códigos son de cumplimiento obligatorio mientras que otros son de cumplimiento voluntario, si bien algunos programas voluntarios contemplan incentivos. Además, los códigos varían en función de si la vivienda es construida con un subsidio o con fondos privados exclusivamente. 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

Según se analizó en párrafos anteriores, el programa del Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) define la discapacidad como la incapacidad de realizar una "actividad sustancial remunerada" y exige una evaluación médica de la situación de discapacidad. En sus orígenes, la Ley de Rehabilitación de 1973 adoptó un enfoque médico de la discapacidad y promovió la concepción de las personas con discapacidad como impedidas y necesitadas de cura por medio de la rehabilitación. En cambio, el modelo de los derechos se centra en el ambiente circundante que subordina a las personas con discapacidad y, desde este punto de vista, el gobierno debe asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad.59 

A partir de los años setenta, los conceptos de la filosofía de vida independiente se integraron a la política nacional sobre discapacidad. Mediante el Título VII de la Ley de Rehabilitación se comenzaron a financiar los servicios de vida independiente o Centros de Vida Independiente (CIL por su sigla en inglés). 

58. Leyes y programas estaduales vigentes, recopilados por el RERC sobre Diseño Universal de Buffalo, http://www.ap.buffalo.edu/idea/visitability/existing%20state%20laws.htm, y leyes y programas locales vigentes, http://www.ap.buffalo.edu/idea/visitability/existing%20city%20laws.htm. Para obtener información sobre las pautas y un análisis del concepto de visitabilidad, véase http://www.ap.buffalo.edu/idea/visitability/ y su publicación en http://www.ap.buffalo.edu/rercud/Visitability/VisBk%20Ver3-7-03.pdf.

59. Véase Blanck y Millender, nota 3 supra.  Véase también Kate D. Seelman, "Employment of individuals with disabilities-opportunities and challenges-The best of times/the worst of times" [El empleo de las personas con discapacidad - Oportunidades y desafíos - El mejor momento/El peor momento] (trabajo presentado ante el Employment and Disability Policy Summer Institute, Cornell University, Ithaca, NY, 17 de julio de 2000); véase también Richard K. Scotch y K. Schriner, "Disability as human variation: Implications for policy" [La discapacidad como diversidad humana: Implicancias para la política] Annals of the American Academy of Political and Social Science [Anales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Estados Unidos], 549, 148-159 (1997).

Estados Unidos

370

Los centros de vida independiente no sólo brindaban servicios para personas con discapacidad sino que también eran manejados por personas pertenecientes a este colectivo.60 La política de inclusión en constante evolución propició el dictado de leyes federales y estaduales que abarcan una amplia gama de temas desde la accesibilidad en las elecciones y en el transporte aéreo hasta la autonomía en la educación y la vivienda. Este proceso alcanzó su punto culminante cuando se sancionó la ADA, acompañada de normas complementarias federales y estaduales de carácter general y específico.61 

Para respaldar la política nacional de discapacidad, se creó el Consejo Nacional de Discapacidad (NCD por su sigla en inglés), que es un organismo nacional autónomo que efectúa recomendaciones al Presidente y al Congreso sobre temas que afectan a los estadounidenses con discapacidad. En su informe de 1986 "Hacia la independencia", el NCD propuso al Congreso sancionar una ley de derechos civiles para las personas con discapacidad. En 1990, cuando la ADA se convirtió en ley, el NCD comenzó a dedicarse a promover políticas, programas y procedimientos que garanticen la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y a potenciar el ejercicio de sus derechos a fin de realizar los objetivos de autonomía económica, vida independiente, inclusión e integración. 

Entre los grupos de defensa de los derechos de las personas con discapacidad de Estados Unidos cabe mencionar la Organización Nacional para la Discapacidad (NOD por su sigla en inglés), el Fondo para la Educación y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (DREDF por su sigla en inglés), el centro de Defensores de los Derechos de las Personas con Discapacidad (DRA por su sigla en inglés), el Consejo Nacional de Vida Independiente (NCIL por su sigla en inglés) y el Centro Bazelon de Estudios Legales sobre Salud Mental. El DREDF es un centro que se dedica a promover los derechos civiles de las personas con discapacidad a través de la legislación, acciones judiciales, defensa, asistencia técnica y capacitación de abogados, defensores, personas con discapacidad y padres de hijos con discapacidad. El DRA es una organización de estudios legales sin fines de lucro que se dedica también a promover los derechos civiles de las personas con discapacidad. Creado por personas con discapacidad y manejado por ellas, el DRA procura realizar su misión a través de trabajos de investigación, educación y promoción y defensa de los derechos. La misión del DRA es asegurar la dignidad, la igualdad y las oportunidades de las personas con discapacidad de Estados Unidos y de todo el mundo. El Consejo Nacional de Vida Independiente es la organización de base comunitaria más antigua que integra diversas discapacidades. Está a cargo de personas con discapacidad que orientan a otras personas con discapacidad. El NCIL representa a alrededor de 700 organizaciones y personas, incluidos los Centros de Vida Independiente (CIL por su sigla en inglés), los Consejos Estaduales de Vida Independiente (SILC por su sigla en inglés), las personas con discapacidad y demás organizaciones que defienden los derechos humanos y civiles de las personas con discapacidad en todo el territorio del país. 

Corpuscle Danse, exhibido en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts durante la ceremonia de inauguración del Festival de Arte VSA Internacional 2004. 

60. ILRU Directorio de Centros y Consejos Estaduales de Vida Independiente, Vol. 26 (2004).

61. Consejo Nacional de Discapacidad. Achieving Independence: The Challenge For The 21st Century: A Decade Of Progress In Disability Policy: Setting An Agenda For The Future [Cómo lograr la independencia: El desafío para el siglo XXI: Una década de avances en política sobre discapacidad: Definición de una agenda para el futuro] (1996).

Venezuela

Factores clave: El marco legal que protege los derechos de las personas con discapacidad en la República Bolivariana de Venezuela es bastante amplio y el gobierno actual está dispuesto a comprometerse para satisfacer las necesidades de este sector de la población. Sin embargo, los obstáculos que deben enfrentarse, como las barreras arquitectónicas y la inaccesibilidad de las comunicaciones, dificultan en extremo la eliminación de las desigualdades en la vida cotidiana. 

Terminología

En general, la mayoría de los documentos jurídicos de Venezuela utiliza la expresión "personas incapacitadas" para referirse a las personas con discapacidad. Sin embargo, aún existen algunas discrepancias. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo, Capítulo II, artículo 26, utiliza el término "minusválidos". Cabe destacar que en las citas tomadas directamente de estos documentos, se conservó la terminología original.

Definición de discapacidad 

No existe una sola definición de discapacidad en Venezuela. Las distintas entidades y leyes utilizan sus propias definiciones. No obstante, todas ellas tienen en común la característica de concentrarse en las deficiencias. 

La definición legal más importante puede encontrarse en la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas.  Esta ley define a las personas con discapacidad como "todas aquellas cuyas posibilidades de integración social estén disminuidas en razón de un impedimento físico, sensorial o intelectual en sus diferentes niveles y grados que límite su capacidad de realizar cualquier actividad". 340 

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Atención Integral a Personas con Discapacidad utiliza una definición bastante similar que identifica a las personas con discapacidad como aquéllas "...que por diversas razones, genéticas, congénitas o adquiridas como consecuencia de accidentes paranatales, laborales, de tránsito, domésticos o de otro tipo, de medicamentos, exposición a sustancias o ambientes contaminantes, evidencian una disminución de diverso valor estadístico, o ausencia prolongada o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices o intelectuales".341 

Los entes públicos elaboraron sus propias definiciones. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), "la discapacidad se refiere a cualquier pérdida o anomalía de uno o más órganos o miembros, o de las funciones propias de esos órganos o miembros, que haya dado lugar a una o varias discapacidades, a las limitaciones producidas por enfermedades que afecten de manera permanente la actividad de la persona".342

Según la definición utilizada en la Defensoría del Pueblo, la discapacidad es "una limitación en la parte sensorial, motora o cognitiva, que limita un poco la capacidad para acceder al mundo social".343 

Población con discapacidad

La población total de Venezuela es de 24.200.000 millones, según el censo más reciente realizado en el año 2001.344 Este censo incluyó dos preguntas destinadas a cuantificar la población con discapacidad en el país.  Por cada persona en el hogar, la primera pregunta que se utilizó para detectar la discapacidad fue si la persona tenía "ceguera total", "sordera total", "retardo mental", "pérdida o discapacidad de extremidades superiores", "pérdida o discapacidad de las extremidades inferiores", "otras" o "ninguna". La segunda pregunta fue "¿necesita usar silla de ruedas?" Según el censo, la cantidad de personas con discapacidad es de 927.392, o el equivalente al 4,4% de la población total.345  Este dato es un punto de discusión. Las preguntas utilizadas para identificar a las personas con discapacidad también fueron criticadas durante el censo de 1991, el primero en incluir este tipo de preguntas. 

El Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas maneja cifras diferentes. Estima que hay 1.600.000 personas discapacitadas, lo cual equivale al 6% del total de la población.346  Por su parte, el Programa Especial de Análisis de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugiere una tasa aún mayor y estima que la población con discapacidad oscila entre el 12% y el 14% de la población total en los países en desarrollo. 

Las principales causas de la discapacidad adquirida son las lesiones por armas de fuego y los accidentes de tránsito. Además, el Coordinador del Programa de Inserción Social del Discapacitado de la Alcaldía del Municipio de Chacao comentó que el desastre ambiental de La Guaira en 1999 provocó un aumento de la cantidad de personas con discapacidad motora y de orden psicológico. 347 

Legislación y derechos de las personas con discapacidad

Protecciones legales

Venezuela ha firmado la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el 8 de junio de 1999. Sin embargo, aún no ha depositado el instrumento de ratificación pertinente ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).348 Además, delegados de Venezuela participaron en actividades de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica (RIICOTEC).349

A nivel nacional, se encuentra vigente un amplio marco legal que reconoce los derechos de todos los ciudadanos venezolanos. En particular, las personas con discapacidad están amparadas por la Constitución Nacional, que las considera de manera específica en sus artículos 81 y 101.350 Asimismo, cuentan con la protección emanada de otras normas, a saber: la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, la Ley de Seguridad Social, la Ley del Seguro Social y la Ley Orgánica del Trabajo.351  

La Comisión Venezolana de Normas Industriales emitió una serie de pautas, conocidas como Normas de Covenin, acerca de la accesibilidad del medio físico para personas con discapacidad.352 Además, debido a que Venezuela es una república, cada estado tiene potestades para dictar sus propias normas así como ejecutar planes y programas que garanticen la igualdad de oportunidades en sus regiones. Hay leyes estadales y algunas ordenanzas municipales que contemplan normas de construcción y adaptación, y la accesibilidad de edificios públicos y privados.

Estas protecciones legales no están muy difundidas y por ello muchas personas con discapacidad desconocen sus derechos y los medios a los que pueden acudir en caso de que se los vulnere. Este desconocimiento y la falta de información limitan la eficacia de las protecciones mencionadas.353 

Existen entes públicos que protegen los derechos humanos de la población en general así como algunas entidades que se dedican exclusivamente a los derechos de las personas con discapacidad, a saber: el Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas (CONAPI) y la Defensoría del Pueblo. Las denuncias de violaciones de los derechos de las personas con discapacidad primero deben realizarse en CONAPI. Los abogados de CONAPI deben atender y registrar la denuncia. Sólo si CONAPI no maneja el caso, intervendrán los abogados de la Defensoría del Pueblo. Si bien es la responsabilidad de las dos organizaciones denunciar violaciones, en la práctica se han hecho pocas denuncias y las entidades no describen la actividad de exigir el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad como su principal misión. 

Participación ciudadana

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, incluido el derecho a votar y a la asociación.  Sin embargo, la limitada accesibilidad del medio físico y de las comunicaciones constituyen barreras para el ejercicio de estos derechos. En el caso del sufragio, no hay papeletas electorales para poder garantizar el voto secreto de las personas ciegas. Tampoco se cuenta con servicio de intérpretes para las personas sordas y las escaleras, entradas estrechas y otras barreras arquitectónicas dificultan el acceso de muchas personas con discapacidad a los centros electorales. 

Inclusión

Comunicación 

El Ministerio de Educación posee una imprenta Braille. También dispone de un salón llamado "Libro Hablado" en la Biblioteca Central de Yaracuy, donde puede escucharse la actual Constitución Nacional, entre otros documentos de interés. En total hay 21 bibliotecas públicas que poseen material auxiliar para personas ciegas.354  En la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez de Caracas hay versiones en Braille de la Constitución anterior. No disponen de una versión en Braille de la Constitución actual. En la Biblioteca Nacional sólo existen 71 títulos en sistema Braille. La mayoría de estos títulos son cuentos y no hay copias de ninguna otra ley. Las organizaciones de personas ciegas, como es el caso de la Federación Venezolana de Instituciones para Ciegos (FEVIC), ayudan con textos auxiliares, material en Braille y libros hablados.

Los libros hablados al igual que los programas informáticos para personas con discapacidad visual están cobrando mucho auge actualmente en el país. En la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Comisión para la Integración de Ucevistas con Discapacidades está considerando la instalación de estos programas en las computadoras de la Biblioteca Central.355 

No hay noticieros en formatos alternativos como lengua de señas o subtitulación. Además, se está discutiendo en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Contenido en que se demanda a los canales televisivos la incorporación de subtítulos (closed caption) o intérpretes de Lengua de Señas Venezolana (LSV) para las personas con deficiencias auditivas. La Federación de Sordos de Venezuela también está trabajando en el tema.356

Tampoco hay un método, como el TTY, para que las personas sordas puedan comunicarse con las autoridades en casos de desastre natural o emergencias.  Según se informó, los bomberos de Caracas están estudiando cómo ayudar a las personas con problemas auditivos en situaciones de desastre y emergencias. Además, se informa que en algunos municipios y estados se están dando cursos de inducción para policías, bomberos y policías de tránsito, con la finalidad de que aprendan la Lengua de Señas Venezolana.  El IDRM no pudo confirmar esta información con las autoridades pertinentes. 

El Instituto Postal Telegráfico no ofrece material en Braille ni acceso a la comunicación para las personas con deficiencias auditivas.357 La Defensoría Especial para Personas con Discapacidad informó que se están introduciendo recomendaciones sobre las comunicaciones accesibles en la nueva Ley de Servicio Postal, ya en discusión para su aprobación en la Asamblea Nacional.

Los demás servicios públicos en su mayoría son igualmente inaccesibles. El sistema de transporte Metro de Caracas no posee señalización para las personas con discapacidad auditiva. Tampoco existen los servicios de interpretación en juzgados o notarías. Sólo si el interesado decide solicitar personalmente el servicio de intérprete y conoce a algún profesional que pueda facilitárselo, contará con la interpretación. A nivel nacional los recursos humanos dedicados a este fin son escasos. 

Existen diversas iniciativas incipientes a nivel municipal. La Alcaldía del Municipio Los Guayos en Valencia tiene un proyecto para la incorporación de intérpretes de LSV, el cual sería financiado por la misma alcaldía.  Además, esta Alcaldía promueve el aprendizaje de la Lengua de Señas entre sus empleados y se muestra interesada en la enseñanza de esta lengua entre la comunidad.358  

En otra iniciativa regional, el Estado Yaracuy sancionó una ley que promueve talleres concebidos para "oyentes, como medio para concretar el establecimiento de un sistema de comunicación que permita la integración de este sector de discapacitados, dentro de la sociedad".359 

Educación

Venezuela reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación.  Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir educación, aunque en su mayoría los estudiantes acuden a centros de educación especial en lugar de escuelas integradas comunes. El Ministerio de Educación no maneja información exacta sobre el porcentaje de niños y jóvenes ubicados en el programa de Educación Especial. En las escuelas se lleva el número de matrículas pero no se calculan estadísticas acumulativas.360

En Venezuela, la educación de las personas con discapacidad incluye la atención temprana de niños. El Centro de Desarrollo Infantil ofrece programas de estimulación temprana y atención integral hasta los 6 años.  Para los estudiantes de nivel básico o elemental, las escuelas especiales y las integradas realizan algunas adaptaciones curriculares para los estudiantes con discapacidad. También pueden recibir orientación de una unidad educativa según el tipo de discapacidad de que se trate. La modalidad de Educación Especial no está disponible en todas las ciudades del país. En algunos estados, los centros sólo se encuentran en la capital del estado o en las ciudades más grandes. Los niños con discapacidad que viven en zonas lejanas al centro tienen dificultad para acceder a la educación.361

Los estudiantes pueden acceder al segundo nivel de educación o bachillerato en escuelas especiales o regulares; sin embargo, suele ser difícil para los estudiantes con discapacidad proseguir este nivel de estudios. La modalidad de educación especial del segundo nivel es excepcional y las adaptaciones y asistencia a las escuelas regulares son poco comunes. En general, el proceso de integración incluye estudiantes sin discapacidad intelectual. Por su parte, CONAPI ha exigido una política nacional que establezca la absoluta accesibilidad de todas las instalaciones educativas, lo que sugiere que las actuales condiciones de accesibilidad aún no son adecuadas.362

Las organizaciones de personas con discapacidad consideran que la educación especial no es eficaz. Por este motivo, algunas instituciones de personas con discapacidad no cooperan ni coordinan trabajos con el Ministerio de Educación, aunque el Ministerio ha manifestado que está dispuesto a cambiar el diseño curricular.363  Las ONG también promueven una mayor participación de la familia en la educación de los niños con discapacidad. La Directora de la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial Complementaria (ASODECO) señaló que "tenemos jóvenes excelentes con familias que no cooperan y son jóvenes con los cuales el trabajo es más difícil".364

La Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) es el ente principal que forma docentes en el área de Educación Especial. También se ofrece capacitación docente por medio de cursos de extensión.  En algunos estados, como Cojedes, existe un convenio de capacitación de maestros regulares en educación especial.365 

Existen algunos talleres laborales para jóvenes que se ofrecen como parte del sistema educativo. En estos talleres se les da capacitación manual y se trata de enseñarles un oficio. Un convenio de cooperación entre los Ministerios de Educación y Trabajo da cuenta de la importante relación que existe entre educación y empleo.366 Existen otras oportunidades para jóvenes estudiantes, entre ellas cabe mencionar los estudios universitarios, los internados privados, los institutos privados o cursos en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación (INCE).367

La Universidad Central de Venezuela y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador tienen un convenio para la aceptación de personas con discapacidad dentro de estos planteles universitarios. Hay un pequeño grupo de jóvenes con discapacidad cursando estudios en cada institución. Sin embargo, los estudiantes manifiestan que la mayoría de los centros universitarios no están preparados para atender a las personas con discapacidad. Las universidades no ofrecen cursos sobre temas relacionados con la discapacidad. En la Universidad Central de Venezuela, no se imparte ningún curso sobre discapacidad, pero hay algunos seminarios o talleres para los docentes o estudiantes interesados en el tema.368 Por otra parte, esta misma universidad tiene una Cátedra Libre sobre Discapacidad, donde, desde una perspectiva interdisciplinaria, se brinda información a todos los estudiantes y personas interesadas y se procura su sensibilización en la problemática.369 La Cátedra es coordinada por el Prof. Manuel Aramayo y se dicta en la facultad de humanidades y educación de la UCV con el apoyo de la facultad de medicina.370

Empleo

La falta de empleo es un grave problema que enfrentan muchas personas con discapacidad. Si bien ninguna de las instituciones consultadas por el IDRM ha podido suministrar un porcentaje certero de la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, según la Directora del CERPIC, "se estima un 90% desempleado a nivel de empleo formal y un 80% desempleado a nivel de empleo informal".371  En este caso, el empleo formal incluye el trabajo en entidades o empresas públicas o privadas que ofrecen beneficios sociales. Mientras que el empleo informal incluye la actividad de buhoneros o vendedores y, en general, toda forma de autoempleo. 

Las normas y políticas nacionales relativas al empleo de personas con discapacidad están receptadas en líneas generales en la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas. El artículo 18 consagra una declaración de derechos amplia al disponer que "Las personas incapacitadas gozarán del pleno ejercicio de sus derechos, los incapacitados físicos, sensoriales o intelectuales no podrán ser coartados por razones de nivel y grado en el pleno ejercicio de sus derechos".  El artículo 23 de la misma ley aborda concretamente el tema del empleo al establecer que "Las personas incapacitadas tienen derecho al trabajo sin más limitaciones que las derivadas de su aptitud y capacitación laboral". 

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo ofrece un marco legal en el que se plasman los derechos al trabajo. En el capítulo II, artículo 26, consagra una prohibición general de la discriminación, aunque no se refiere de manera específica a las personas con discapacidad como integrantes de los grupos protegidos.372 También consagra la legalidad de las iniciativas orientadas a promover el empleo de las personas con discapacidad al disponer que: "No se consideran discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad y la familia, y las encaminadas a la protección de menores, ancianos y minusválidos". 

La Ley Orgánica del Trabajo también establece que por cada 50 empleados, el patrono debe contratar a una persona con discapacidad. En pocos casos se cumple con esta disposición porque tanto las empresas como las personas con discapacidad desconocen la normativa.373  No existen políticas específicas por las cuales el Estado deba contratar a personas con discapacidad; sin embargo, algunos entes lo hacen.374  

Algunos municipios están adoptando medidas concretas para dar respuesta al problema que enfrentan muchas personas con discapacidad por la falta de oportunidades laborales.  A través de nuevas ordenanzas se establece la exoneración de impuestos para las empresas que contratan a personas con discapacidad.  Algunas alcaldías ofrecen cursos de capacitación para personas con discapacidad en áreas como informática.  En varias oficinas de la Alcaldía de Baruta trabajan personas con discapacidad motora o con síndrome de Down. En la Alcaldía de Chacao se está impulsando a otras compañías del municipio para que contraten a personal con discapacidad.375  

Respecto de la capacitación, la Ley de Seguridad Social contempla la creación del Instituto Nacional de Empleo y una de sus competencias es la de "capacitar y facilitar la reinserción de los trabajadores discapacitados, que hayan sufrido accidentes o enfermedades ocupacionales o de cualquier origen".376

Existen otros programas de capacitación financiados por el gobierno que se llevan a cabo en conjunto con el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, el Centro de Rehabilitación Profesional para Incapacitados (CERPIC) y el INCE. Se han obtenido mejores resultados en el interior del país que en la capital. Hasta ahora, CERPIC ha logrado colocar a sólo cuatro 4 personas a través de estos programas.377

La Asociación para la Educación Especial Complementaria (ASODECO) capacita a personas con discapacidad entre leve y moderada. Posee un programa, "Empleo con Apoyo Creando Independencia", que conlleva una campaña concientizadora y de sensibilización. El programa ha permitido lograr convenios con aproximadamente 17 empresas para la incorporación de personal con discapacidad. Entre estas empresas están Ferre Total, McDonalds, Pollo Arturo's, Burguer King, Pre Escolar Las Lomitas, Museo de Los Niños y Circuito de Cine Cinex. ASODECO constató que McDonalds posee alrededor de seis empleados que trabajan en virtud de este convenio. ARTURO'S posee 4 empleados con discapacidad y el Museo de Los Niños tiene uno que realiza la labor de amigo-guía del museo.378   

Además de ASODECO, organizaciones, como la Buena Voluntad, realizan una labor similar con empresas tales como Wendy's, Panamco y Praxair. Estas empresas no poseen una política específica que establezca que no deben discriminar a la persona por su discapacidad al solicitar un empleo. Sin embargo, son empresas que voluntariamente han decidido abrir las puertas al personal con discapacidad.379 

Por último, cabe señalar que existen algunas iniciativas privadas, como lo es el "Autolavado Integración", donde trabajan en condiciones de igualdad tanto personas con discapacidad intelectual, síndrome de Down y deficiencia auditiva como personas sin discapacidad. El proyecto fue iniciado por una familia con una hija sorda, como fruto de sus propias experiencias en el campo de la discapacidad. Todos los implementos usados en este lugar son específicos para personas con discapacidad, al igual que la adaptación del lugar. "Las condiciones laborales son exactamente iguales que para los chicos normales, ganan un sueldo básico, si rinden en la semana se les da una bonificación adicional y la propina ... es repartida equitativamente entre todos los empleados... estamos tratando de que cumplan las mismas horas que los demás... dependiendo del caso y de la capacidad del muchacho, trabaja un poco más de horas o trabaja menos horas".380 

Servicios de salud

Venezuela reconoce la responsabilidad legal de brindar atención médica a las personas con discapacidad. Una abogada del gobierno explicó el fundamento de esta responsabilidad en estos términos: "Nuestra Constitución es la base de la pirámide, también están los acuerdos internacionales y los tratados bilaterales que se reconocen, donde se garantiza la salud como parte del derecho a la vida, como las personas con discapacidad son personas sujetos de derecho, el Estado tiene que garantizarles, entendiendo que salud es calidad de vida, por lo tanto tenemos que darles atención a estas personas con discapacidad".381

Los servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad se ofrecen en 42 centros según su planificación. Los servicios se prestan por medio de diversos organismos públicos, entre ellos, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), el Ministerio de Defensa y el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación. El presupuesto debe cubrir los gastos para pago de personal, equipos, funcionamiento y mantenimiento de los servicios.382  Sin embargo, informes del Instituto Nacional de Rehabilitación sugieren que los fondos para rehabilitación son insuficientes. Un artículo de prensa sobre la situación que atraviesa el Instituto señaló que "...sólo gracias a la Asociación Civil "Ayuda al Minusválido", el Instituto no ha colapsado. Desde hace un año sólo cuentan con el dinero para cancelar salarios, pero no reciben el presupuesto que permite cubrir costos ...hace ya muchos años que los pacientes contribuyen con un pago mínimo, actualmente de tres mil bolívares por consulta.... si no tenemos la colaboración de los pacientes, tendríamos que cerrar el Instituto".383  

Los servicios de rehabilitación en Venezuela se caracterizan como ineficaces e insuficientes.384  Además, las personas con discapacidad a veces desconocen la ubicación de los centros de rehabilitación y las ayudas técnicas brindadas por organismos estatales y privados son en general insuficientes. En noviembre de 2003, las personas con discapacidad protestaron por las irregularidades en los servicios del IVSS y la distribución de medicamentos para algunas personas con discapacidad crónica. 

En el proyecto de Ley Orgánica de Atención Integral para las Personas con Discapacidad se contempla la rehabilitación basada en la comunidad (RBC) como eje de la atención de las personas con discapacidad en Venezuela. En la actualidad, en sólo tres estados se han implementado programas de RBC (Lara, Zulia y el Distrito Capital) e incluso estos programas no tienen supervisión adecuada.385

Entre las organizaciones financiadas con fondos públicos que proveen ayudas técnicas a las personas con discapacidad se encuentra el CONAPI que hace entrega sin cargo de prótesis auditivas, sillas de ruedas y bastones para personas ciegas. También lo hacen algunas alcaldías, gobernaciones, la Fundación Pueblo Soberano, la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial del Ministerio de Educación., la Fundación Fondo Único Social y el Ministerio de Educación y Salud. Entre las organizaciones privadas cabe mencionar la Fundación Polar, la Fundación Telcel, INAGER, Banco de Sillas de Ruedas (BANDESIR), Fundación Pro-cura de la Parálisis, Asociación Regálame una Sonrisa, Fundación Internacional Héctor Briceño, la Fundación Mevorah Florentin, la Fundación Hospital Ortopédico Infantil y la Sociedad de Amigos Ciegos. Todas ellas ofrecen ayudas técnicas, servicios de rehabilitación, orientación psicológica a personas con discapacidad y sus familias, o talleres de capacitación como de costura o computación. La Fundación Regálame una Sonrisa facilita perros de asistencia.386

No existen datos sobre el porcentaje de profesionales de la salud que han recibido capacitación para la atención de personas con discapacidad. Se estima que han sido los médicos primarios en lugar de los especialistas lo más beneficiados. Por otra parte, el Centro Nacional de Rehabilitación ofrece entrenamiento de posgrado en fisiatría a 12 médicos al año.387  

En Venezuela existen los siguientes programas de capacitación para profesionales: terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, fisiatría para enfermeras y otros profesionales de la salud, y en prótesis y órtesis. El menos desarrollado de estos programas es el de capacitación en órtesis y prótesis que se ofrece a nivel de técnico medio. Ya existen propuestas para elevarlo a Técnico Superior.388 

En el Hospital Ortopédico Infantil se ofrece un programa de pasantía en el que los profesionales de la salud pueden familiarizarse con la discapacidad. Este Hospital es una fundación privada sin fines de lucro que atiende a las familias de escasos recursos. Posee un Laboratorio de Marcha, uno de los dos que existen en Latinoamérica.389 

Vivienda 

En Venezuela no existe ningún programa nacional destinado a proveer viviendas para personas con discapacidad. Tampoco existe, a nivel nacional, ningún tipo de subsidio ni ayuda para las personas con discapacidad que desean obtener su vivienda. 

Cada Estado está trabajando en la elaboración de sus propias leyes sobre viviendas para personas con discapacidad, supervisados por la Defensoría Especial para personas con Discapacidad, que revisa y hace observaciones o recomendaciones a estas leyes antes de su aprobación y promulgación. Por ejemplo, la ley estadal de Mérida dice lo siguiente: "Los organismos encargados de llevar a cabo los programas habitacionales en el Estado Mérida están obligados a hacer apartado de cupo para las personas con discapacidad. Los mismos deberán ser otorgados previo estudio de su condición social y económica".390

Otras legislaturas estadales, como la de Yaracuy, Vargas y Zulia, adoptaron disposiciones similares en relación con la vivienda. En casi todas las leyes, se define al gobierno estadal, las municipalidades o las alcaldías como los entes encargados de promover o fomentar el acceso a la vivienda. Asimismo, estos entes son los encargados de facilitar el otorgamiento de subsidios, créditos u otras facilidades para la adquisición o mejora de viviendas. 

Algunas de estas leyes locales y regionales son muy recientes y, por lo tanto, no han sido puestas en práctica aún. Los entes de control y cumplimiento están trabajando para la pronta implementación de estas leyes, reglamentos y ordenanzas. 

No existen centros de vida independiente, si bien algunos estados del país los tienen contemplados en sus leyes. Por ejemplo, en Mérida la ordenanza sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que "La alcaldía promoverá la creación de Centros Residenciales para personas con discapacidad que deseen vivir una vida independiente de sus familiares o que por su situación de abandono así lo requieran."391

Institucionalización

En Venezuela, existen varias instituciones que proveen alojamiento y cuidado a largo plazo para personas con discapacidad. Se trata de hospitales, internados escuelas así como instituciones que ofrecen atención continua para las personas que ya no residen en ellas.

El Centro Nacional de Rehabilitación provee alojamiento y cuidado de cuatro meses a un año para las personas con discapacidad. Aun cuando ésta no es su misión específica, suele alojar un promedio de 70 pacientes por mes. La institución ofrece servicios de orientación psicológica, psiquiatría, rehabilitación, educación /capacitación, órtesis y prótesis.  Es el único hospital que ofrece servicios a largo plazo.392

La Casa Hogar de Niñas Ciegas Francisco de Asís en el Junquito es un centro educativo católico privado con internado. El hogar se financia por medio de donaciones privadas y una pequeña subvención que recibe a través de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC). Como centro educativo integral, atiende a niños y niñas ciegas hasta el quinto año de educación secundaria. También recibe alumnos que no poseen discapacidad visual, propiciando así el intercambio entre los dos grupos. Además, funciona como casa hogar sólo de niñas ciegas, alojando un número bastante grande de niñas cuyos padres viven en otras ciudades lejanas del país y de niñas abandonadas.393 

Existen 28 Institutos Nacionales de Geriatría y Gerontología (INAGER) que dependen del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, de los cuales 15 se distribuyen en la ciudad capital. En estos centros, que se financian con aportes privados, se reciben personas de la tercera edad, que en su mayoría no tienen familia.394 Los que tienen familia permanecen durante el día y se marchan luego a sus hogares. Estas personas reciben atención integral en estos institutos, desde comida y medicinas hasta rehabilitación. 

Los centros psiquiátricos, como el Centro de Atención al Esquizofrénico y Familiares en Maracaibo, atienden a las personas con discapacidad mental crónica. Estos centros ofrecen internación y atención ambulatoria. Luego de su recuperación, se motiva a los pacientes a buscar empleo. Se reúnen en el Centro para compartir inquietudes y ver la forma de reintegrarse. El Centro de Mava cuenta con un programa radial al cual asisten médicos y pacientes recuperados, y a través de este espacio informan y educan a la comunidad. Aun cuando el modelo ha sido reconocido internacionalmente, este centro no cuenta con ayuda del Estado.395

Una Defensora Especial en Salud y Seguridad Social inspecciona los centros antes mencionados. Representantes documentan las condiciones existentes durantes sus visitas a estos centros.396 Este material pasa a formar parte de un registro de control, a través del cual la defensoría hace recomendaciones y/u observaciones sobre las condiciones encontradas en dichos lugares. No hay registros de internación de personas contra su voluntad o abusos, ni tampoco investigaciones ad hoc.397

Accesibilidad

El artículo 32 de la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas establece que "la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados al uso, que implique la concurrencia del público, así como la planificación y urbanización de vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a las personas incapacitadas".  Entre las normas que determinan que las edificaciones deben ser accesibles cabe mencionar las Ordenanzas del Cabildo Metropolitano de Caracas y las de algunos otros Municipios. Estas ordenanzas regulan todo lo atinente a las barreras arquitectónicas, incluidas las pertinentes a la parte estructural y las que tienen que ver con la conducta de los ciudadanos en el uso de los espacios públicos. Por ejemplo, los buhoneros con sus bultos pueden impedir el libre tránsito de personas en sillas de ruedas y de personas invidentes. En el Municipio Sucre del Estado Miranda, se está trabajando para retirar los kioscos de las aceras.398 

Toda la normativa que reglamenta la accesibilidad y toda la información general sobre este tema puede encontrarse en FONDO NORMA, una organización sin fines de lucro que compila información sobre normas técnicas. También puede encontrarse en esta entidad la normativa sobre accesibilidad para personas sordas o ciegas, incluidas aquellas normas para la señalización en ascensores y pasillos.399

El equipo de investigación llegó a la conclusión de que la normativa sobre accesibilidad se cumple en muy pocos casos. La mayoría de las oficinas públicas son inaccesibles para las personas con discapacidad. Por ejemplo, ninguna de las oficinas del Instituto Postal Telegráfico es accesible.400 

La falta de cumplimiento de esta normativa se debe en gran parte al desconocimiento de los requisitos de accesibilidad que hay entre los funcionarios y gran parte de la comunidad de personas con discapacidad. En la actualidad, Venezuela no tiene el ente de control que se necesita para supervisar el cumplimiento y la implementación de la normativa vigente.401 

En la facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia se ofrecen talleres sobre accesibilidad que poco a poco han ido despertando mayor interés. No existen números exactos pero la materia comenzó con una matrícula de 5 estudiantes. En la actualidad, hay dos secciones y tres profesores a cargo. También se dicta una materia dirigida a los arquitectos llamada "Arquitectura sin Barreras".402 

Las universidades de Caracas no tienen talleres o cursos obligatorios con respecto al tema de la accesibilidad en las carreras de arquitectura e ingeniería. Se ofrece una materia sobre diseño universal que es electiva.403

Además de las condiciones de inaccesibilidad arquitectónicas, los dirigentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad señalaron que el transporte público, incluido el sistema de Caracas, no es accesible. El Metro de Caracas ofrece un buen ejemplo de un sistema que es accesible en parte. Las personas con discapacidad pueden acceder con facilidad al tren desde la plataforma. Sin embargo, no hay elevadores que transporten personas desde la calle hasta la plataforma en ninguna de las estaciones del Metro de Caracas. Sólo hay escaleras mecánicas, por lo que las estaciones no son accesibles para las personas que usan sillas de rueda.404 

El Metro de Caracas imparte cursos de capacitación a su personal, en los que se enseña cómo tratar a las personas con discapacidad.405  Además, esta compañía informó que está trabajando en nuevas medidas para la inclusión de las personas con discapacidad. En las nuevas estaciones se incorporarán medidas de accesibilidad. También se agregarán rampas y ascensores y elevadores especiales en el sistema del Metro. Se incorporarán botoneras en sistema Braille en algunas de las líneas más nuevas. Además, existe un proyecto para la incorporación de "sillas salva escaleras" en algunas estaciones de las líneas viejas. Igualmente, Metro de Caracas está contemplando la adquisición de 50 colectivos equipados para prestar servicios a las personas con discapacidad. 406  

Otras compañías de transporte masivo, como Metro de Valencia, Metro de Maracaibo, Trolebús de Mérida, Metro Los Teques, Metro Anzoátegui y el Instituto Nacional de Ferrocarriles, están considerando la necesidad de incorporar la accesibilidad en los sistemas de transporte.  La Alcaldía del Municipio Los Guayos, en Valencia, trasladará a las personas con discapacidad a las instituciones donde les prestan servicios, como a centros de rehabilitación, consultorios médicos o a los planteles educativos. Debido a que ha aumentado la demanda del servicio, se contempla la posibilidad de adquirir otra unidad más grande.407

El Fondo de Transporte Urbano (FONTUR) inició un programa piloto en 22 ciudades para la colocación de transporte público colectivo accesible a las personas con discapacidad. Sin embargo, una urbanista del Fondo destacó los problemas generales de transporte que enfrentan las personas con discapacidad y señaló que "las personas con discapacidad no son tratadas de una manera específicamente especial, puede ser que haya reglas y normas donde, por ejemplo, se le da el puesto a una persona embarazada o a una persona con una muleta, una madre con un niño, una persona mayor, pero no es un sistema que contemple a las personas con discapacidad específicamente".408

En una inspección realizada por la Defensoría Especial para Personas con Discapacidad, se constató que aun cuando el Aeropuerto Internacional de Maiquetía posee diversas instalaciones al servicio de las personas con discapacidad, algunas de ellas no son las correctas o están deterioradas. Estas observaciones son válidas tanto para la terminal Nacional como para la Internacional.  Las rampas se encuentran en mal estado y la señalización de los puestos de estacionamiento es deficiente. Además, los teléfonos públicos son muy altos al igual que las barras de apoyo en los baños, y la información sonora no se oye bien. Sin embargo, cabe mencionar aspectos positivos, como la existencia de elevadores apropiados para el acceso de una silla de ruedas, los que tienen tableros que están en sistema Braille y a la altura correcta.409 

Acción y toma de conciencia sobre el tema de la población con discapacidad

En Venezuela, el Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas (CONAPI) es el organismo coordinador de la política de discapacidad. Además de desarrollar las políticas nacionales referentes al tema, elabora proyectos de ley y reglamentos al respecto. Actualmente, CONAPI está trabajando en la reforma de la Ley para la Integración de Personas Incapacitadas vigente y está encargado de planificar y ejecutar el Plan de Atención 2004. Asimismo, el Consejo asesora a órganos del poder público y al sector privado sobre capacitación, accesibilidad y todos los demás temas relativos a la atención integral de la población con discapacidad. También debe llevar registros sobre la condición y situación de las personas con discapacidad en el país.410

Además de su rol asesor, CONAPI ejecuta un programa por medio del cual se otorgan ayudas técnicas. Patrocina eventos sociales y actividades deportivas, campañas de prevención de la discapacidad e investigación en la materia. En los programas se incluyen todas las discapacidades así como también todo aquel que sea portador de una enfermedad o trastorno discapacitante. El Consejo conoce sobre casos de discriminación y debe adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las sanciones pertinentes.

A pesar del mandato de CONAPI, falta coordinación y cooperación entre los entes del gobierno y las organizaciones de y para personas con discapacidad. Asimismo, la cooperación entre las mismas instituciones a veces es dificultosa. No hay actividades interinstitucionales sistemáticas orientadas hacia la concientización y defensa de los derechos. En última instancia, esta falta de coordinación general se traduce en una menor disponibilidad de programas y servicios para las personas con discapacidad. 

Se llevaron a cabo algunas campañas de concientización a nivel local y regional. Por ejemplo, la Alcaldía del Municipio Chacao ha realizado campañas de concientización sobre el tema específico de la accesibilidad. En un caso "se colocó una silla de ruedas en la entrada de la alcaldía y se invitaba a la comunidad a asumir el reto haz tu cotidianidad de hoy en una silla de ruedas".411

El Consejo Regional para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Estado Zulia (CORIPDIS-Zulia) realiza talleres de sensibilización como el de "Ponte en mi lugar". En estos talleres se hace hincapié en que la integración de las personas con discapacidad es un problema de derechos. En la universidad de Zulia también se realizan talleres sobre educación inclusiva y la responsabilidad del sistema educativo de que la inclusión se haga realidad.

Apéndices

José Isola de CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) visita a nativos de la tribu Yagua en las cercanías del río Sinchicuy (tributario del río Amazonas) en el marco de un programa de turismo accesible en Perú.

Apéndice A

408

Apéndice A: Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad412

A/RES/48/96 85° sesión plenaria 

Cuadragésimo octavo período de sesiones
Tema 109 del programa

20 de diciembre de 1993 
RESOLUCIÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL
[sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/627)]

48/96.	Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

La Asamblea General,

Recordando la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social, de 24 de mayo de 1990, en la que el Consejo autorizó a la Comisión de Desarrollo Social a que examinara, en su 32° período de sesiones, la posibilidad de establecer un grupo especial de trabajo de expertos gubernamentales de composición abierta, financiado con contribuciones voluntarias, para que elaborara normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad, en estrecha colaboración con los organismos especializados, otros órganos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con discapacidad, y en la que pidió a la Comisión que, en caso de que decidiera establecer un grupo de trabajo de esa índole, concluyera el texto de esas normas para su examen por el Consejo en 1993 y para su presentación a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones,

Recordando también que la Comisión de Desarrollo Social, en su resolución 32/2, de 20 de febrero de 1991, decidió establecer un grupo especial de trabajo de expertos gubernamentales de composición abierta, de conformidad con la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social 1/, (1/ Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1991, Suplemento No. 6 (E/1991/26), cap. I, secc. D.)

Tomando nota con reconocimiento de la participación de muchos Estados, organismos especializados, entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con discapacidad, en las deliberaciones del grupo de trabajo,

Observando con reconocimiento las generosas contribuciones financieras hechas por los Estados Miembros al grupo de trabajo,

Acogiendo con beneplácito el hecho de que el grupo de trabajo haya podido cumplir su mandato dentro de tres períodos de sesiones de cinco días laborables cada uno,

Agradeciendo el informe del grupo especial de trabajo de composición abierta encargado de elaborar normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 2/, (2/ E/CN.5/1993/5, anexo.)

Tomando nota de las deliberaciones de la Comisión de Desarrollo Social en su 33° período de sesiones sobre el proyecto de normas uniformes 3/, (3/ Véanse Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1993, Suplemento No. 4 (E/1993/24), cap. III, secc. E.) contenido en el informe del grupo de trabajo, 

1. Aprueba las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que figuran en el anexo de la presente resolución;

2. Pide a los Estados Miembros que apliquen las Normas Uniformes al elaborar programas nacionales sobre la discapacidad; 

3. Insta a los Estados Miembros a que faciliten la información sobre la aplicación de las Normas Uniformes solicitada por el Relator Especial 4/; (4/ Véase en el anexo de la presente resolución, secc. IV, párr. 2.)

4. Pide al Secretario General que promueva la aplicación de las Normas Uniformes y que presente un informe al respecto a la Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones;

5. Insta a los Estados Miembros a que presten apoyo financiero y de otra índole a la aplicación de las Normas Uniformes.

ANEXO

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y necesidades actuales
Medidas internacionales anteriores 
Hacia la formulación de normas uniformes
Finalidad y contenido de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
Conceptos fundamentales de la política relativa a la discapacidad

PREÁMBULO

I. REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN

Artículo 1. Mayor toma de conciencia
Artículo 2. Atención médica
Artículo 3. Rehabilitación
Artículo 4. Servicios de apoyo

II. ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN

Artículo 5. Posibilidades de acceso
Artículo 6. Educación
Artículo 7. Empleo
Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social
Artículo 9. Vida en familia e integridad personal
Artículo 10. Cultura
Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas
Artículo 12. Religión

III. MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Artículo 13. Información e investigación
Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación
Artículo 15. Legislación
Artículo 16. Política económica
Artículo 17. Coordinación de los trabajos
Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad
Artículo 19. Capacitación de personal
Artículo 20. Supervisión y evaluación a nivel nacional de los programas sobre discapacidad en lo relativo a la aplicación de las Normas Uniformes
Artículo 21. Cooperación económica y técnica
Artículo 22. Cooperación internacional

IV. MECANISMO DE SUPERVISIÓN

INTRODUCCIÓN

Antecedentes y necesidades actuales

1. En todas partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay personas con discapacidad.  El número total de personas con discapacidad en el mundo es grande y va en aumento.

2. Tanto las causas como las consecuencias de la discapacidad varían en todo el mundo.  Esas variaciones son resultado de las diferentes circunstancias socioeconómicas y de las distintas disposiciones que los Estados adoptan en favor del bienestar de sus ciudadanos.

3. La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la evolución registrada a lo largo de los 200 últimos años.  En muchos aspectos refleja las condiciones generales de vida y las políticas sociales y económicas seguidas en épocas diferentes.  No obstante, en lo que respecta a la discapacidad, también hay muchas circunstancias concretas que han influido en las condiciones de vida de las personas que la padecen: la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo son factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su desarrollo.

4. Con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de cuidados elementales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad y a la rehabilitación de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta.  Gracias a la educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto cada vez más activas y se han convertido en una fuerza motriz en la promoción constante de la política en materia de discapacidad.  Se han creado organizaciones de personas con discapacidad, integradas también por sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores condiciones de vida para ellas.  Después de la segunda guerra mundial, se introdujeron los conceptos de integración y normalización que reflejaban un conocimiento cada vez mayor de las capacidades de esas personas.

5. Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con discapacidad que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo concepto de la discapacidad.  En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones que experimentaban esas personas, el diseño y la estructura de su entorno y la actitud de la población en general.  Al mismo tiempo, se pusieron cada vez más de relieve los problemas de la discapacidad en los países en desarrollo.  Según las estimaciones, en algunos de ellos el porcentaje de la población que sufría discapacidades era muy elevado y, en su mayor parte, esas personas eran sumamente pobres.

Medidas internacionales anteriores

6. Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran atención en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales durante mucho tiempo.  El resultado más importante del Año Internacional de los Impedidos (1981) fue el Programa de Acción Mundial para los Impedidos 5/, (5/ A/37/351/Add.1 y Corr.1, anexo, secc. VIII, recomendación 1 (IV).) aprobado el 3 de diciembre de 1982 por la Asamblea General en su resolución 37/52.  El Año Internacional y el Programa de Acción Mundial promovieron enérgicamente los progresos en esta esfera.  Ambos subrayaron el derecho de las personas con discapacidad a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos y a disfrutar en un pie de igualdad de las mejoras en las condiciones de vida resultantes del desarrollo económico y social.  También por primera vez se definió la discapacidad como función de la relación entre las personas con discapacidad y su entorno.

7. En 1987 se celebró en Estocolmo la Reunión Mundial de Expertos para examinar la marcha de la ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos al cumplirse la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos.  En la Reunión se sugirió la necesidad de elaborar una doctrina rectora que indicase las prioridades de acción en el futuro.  Esta doctrina debía basarse en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

8. En consecuencia, la Reunión recomendó a la Asamblea General que convocara una conferencia especial a fin de redactar una convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad para que la ratificasen los Estados al finalizar el Decenio.

9. Italia preparó un primer esbozo de la convención y lo presentó a la Asamblea General en su cuadragésimo segundo período de sesiones.  Suecia presentó a la Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones otras propuestas relativas a un proyecto de convención.  Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones pudo llegarse a un consenso sobre la conveniencia de tal convención.  A juicio de muchos representantes, los documentos sobre derechos humanos ya existentes parecían garantizar a las personas con discapacidad los mismos derechos que a las demás.

Hacia la formulación de normas uniformes

10. Guiándose por las deliberaciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, en su primer período ordinario de sesiones de 1990, convino finalmente en ocuparse de elaborar un instrumento internacional de otro tipo.  En su resolución 1990/26, de 24 de mayo de 1990, el Consejo autorizó a la Comisión de Desarrollo Social a que examinara en su 32° período de sesiones la posibilidad de establecer un grupo especial de trabajo de expertos gubernamentales de composición abierta, financiado con contribuciones voluntarias, para que elaborara normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad, en estrecha colaboración con los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, otras entidades intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con discapacidad.  El Consejo pidió también a la Comisión que finalizase el texto de esas normas para examinarlas en 1993 y presentarlas a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones.

11. Los debates celebrados en la Tercera Comisión de la Asamblea General durante el cuadragésimo quinto período de sesiones pusieron de manifiesto la existencia de un amplio apoyo para la nueva iniciativa destinada a elaborar normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

12. En el 32° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa sobre las normas uniformes recibió el apoyo de gran número de representantes y los debates culminaron con la aprobación, el 20 de febrero de 1991, de la resolución 32/2, en la que se decidió establecer un grupo especial de trabajo de composición abierta, de conformidad con la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social.

Finalidad y contenido de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

13. Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992) 6/ (6/ Proclamado por la Asamblea General en su resolución 37/53.).  El fundamento político y moral de estas Normas se encuentra en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos 7/, (7/ resolución 217 A (III).) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 8/ (8/ Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8/, y también en la convención sobre los Derechos del Niño 9/ (9/ resolución 44/25, anexo.) y la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 10/, (10/ Resolución 34/180, anexo.) así como en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos.

14. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional.  Llevan implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la igualdad de oportunidades.  Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción y cooperación.  Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad.  Estas Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con discapacidad y para sus organizaciones.  También sientan las bases para la cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

15. La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás.  En todas las sociedades del mundo hay todavía obstáculos que impiden que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en las actividades de sus respectivas sociedades.  Es responsabilidad de los Estados adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos.  Las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan deben desempeñar una función activa como copartícipes en ese proceso.  El logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad constituye una contribución fundamental al esfuerzo general y mundial de movilización de los recursos humanos.  Tal vez sea necesario prestar especial atención a grupos tales como las mujeres, los niños, los ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las personas con dos o más discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías étnicas.  Además, existe un gran número de refugiados con discapacidad que tienen necesidades especiales, a las cuales debe prestarse atención.

Conceptos fundamentales de la política relativa a la discapacidad

16. Los conceptos indicados a continuación se utilizan a lo largo de todas las Normas.  Se basan esencialmente en los conceptos enunciados en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos.  En algunos casos, reflejan la evolución registrada durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

Discapacidad y minusvalía

17. Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo.  La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.  Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio.

18. Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás.  La palabra "minusvalía" describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno.  Esa palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

19. El empleo de esas dos palabras, "discapacidad" y "minusvalía", debe considerarse teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad.  Durante el decenio de 1970, los representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de profesionales en la esfera de la discapacidad se opusieron firmemente a la terminología que se utilizaba a la sazón.  Las palabras "discapacidad" y "minusvalía" se utilizaban a menudo de manera poco clara y confusa, lo que era perjudicial para las medidas normativas y la acción política.  La terminología reflejaba un enfoque médico y de diagnóstico que hacía caso omiso de las imperfecciones y deficiencias de la sociedad circundante.

20. En 1980, la Organización Mundial de la Salud aprobó una clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que sugería un enfoque más preciso y, al mismo tiempo, relativista.  Esa clasificación 11/, (11/ No se publicó en español.  Para el texto en inglés, véase World Health Organization, International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps: A manual of classification relating to the consequences of disease (Geneva, 1980).) que distingue claramente entre deficiencia, discapacidad y minusvalía, se ha utilizado ampliamente en esferas tales como la rehabilitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la demografía, la sociología, la economía y la antropología.  Algunos usuarios han expresado preocupación por el hecho de que la definición del término minusvalía que figura en la clasificación puede aún considerarse de carácter demasiado médico y centrado en la persona, y tal vez no aclare suficientemente la relación recíproca entre las condiciones o expectativas sociales y las capacidades de la persona.  Esas inquietudes, así como otras expresadas por los usuarios en los 12 años transcurridos desde la publicación de la clasificación, se tendrán en cuenta en futuras revisiones. 

21. Como resultado de la experiencia acumulada en relación con la ejecución del Programa de Acción Mundial y del examen general realizado durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, se profundizaron los conocimientos y se amplió la comprensión de las cuestiones relativas a la discapacidad y de la terminología utilizada.  La terminología actual reconoce la necesidad de tener en cuenta no sólo las necesidades individuales (como rehabilitación y recursos técnicos auxiliares) sino también las deficiencias de la sociedad (diversos obstáculos a la participación).

Prevención

22. Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención secundaria).  La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal y postnatal, educación en materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos armados.

Rehabilitación

23. La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes.  La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una limitación funcional.  El proceso de rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar.  Abarca una amplia variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional. 

Logro de la igualdad de oportunidades

24. Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad.

25. El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación.

26.  Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a permanecer en sus comunidades locales.  Deben recibir el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales.

27. A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben también asumir las obligaciones correspondientes.  A su vez, con el logro de esos derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad.  Como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben establecerse disposiciones para ayudar a esas personas a asumir su plena responsabilidad como miembros de la sociedad.

PREÁMBULO

Los Estados,

Conscientes de que los Estados, en la Carta de las Naciones Unidas, se han comprometido a actuar individual y colectivamente en cooperación con la Organización para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social,

Reafirmando el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia social y la dignidad y el valor de la persona humana, proclamado en la Carta,

Recordando en particular las normas internacionales en materia de derechos humanos que se enuncian en la Declaración Universal de Derechos Humanos 7/, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 8/ y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 8/,

Destacando que esos instrumentos proclaman que los derechos en ellos reconocidos se deben conceder por igual a todas las personas sin discriminación,

Recordando las disposiciones de la convención sobre los Derechos del Niño 9/, que prohíben la discriminación basada en la discapacidad y que requieren la adopción de medidas especiales para proteger los derechos de los niños con discapacidad, y la convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 12/, (12/ resolución 45/158, anexo.) que establece algunas medidas de protección contra la discapacidad, 

Recordando asimismo las disposiciones de la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 10/ destinadas a salvaguardar los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad,

Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos de los Impedidos 13/, (13/ resolución 3447 (XXX).) la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental 14/, (14/ resolución 2856 (XXVI).) la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 15/, (15/ resolución 2542 (XXIV).) los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental 16/ (16/ resolución 46/119, anexo.) y otros instrumentos pertinentes aprobados por la Asamblea General,

Teniendo en cuenta también las recomendaciones y los convenios pertinentes aprobados por la Organización Internacional del Trabajo, en especial los que se refieren a la participación en el empleo, sin discriminación alguna, de las personas con discapacidad,

Conscientes de la labor y las recomendaciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular la Declaración Mundial sobre Educación para Todos 17/, (17/ Rapport final de la Conférence mondiale sur l'e'ducation pour tous: Répondre aux besoins e'ducatifs fondamentaux, Jomtien, Taïlande, 5-9 mars 1990, Commission interinstitutions (PNUD, UNESCO, UNICEF, Banque Mondiale) pour la Conférence mondiale sur l'e'ducation pour tous, New York, 1990, appendice 1.) de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y de otras organizaciones interesadas,

Teniendo en cuenta el compromiso contraído por los Estados con respecto a la protección del medio ambiente, 

Conscientes de la devastación causada por los conflictos armados y deplorando que de los escasos recursos disponibles se utilicen para la producción de armamentos, 

Reconociendo que el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la definición de igualdad de oportunidades que figura en él representan la firme y sincera aspiración de la comunidad internacional de lograr que esos diversos instrumentos y recomendaciones internacionales sean prácticos y revistan una importancia concreta,

Reconociendo que el objetivo del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992) de ejecutar el Programa de Acción Mundial sigue teniendo validez y requiere la adopción de medidas urgentes y sostenidas, 

Recordando que el Programa de Acción Mundial se basa en conceptos que tienen igual validez para los países en desarrollo que para los países industrializados,

Convencidos de que hay que intensificar los esfuerzos si se quiere conseguir que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de los derechos humanos en condiciones de igualdad,

Subrayando nuevamente que las personas con discapacidad, sus padres, tutores o quienes abogan en su favor, y las organizaciones que los representan deben participar activamente, junto con los Estados, en la planificación y ejecución de todas las medidas que afecten a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 

Cumpliendo lo dispuesto en la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social y basándose en las medidas concretas que se requieren para que las personas con discapacidad se hallen en condiciones de igualdad con los demás, detalladas en el Programa de Acción Mundial, 

Han aprobado las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que se enuncian más adelante, con el objeto de:

a) Poner de relieve que todas las medidas en la esfera de la discapacidad presuponen un conocimiento y una experiencia suficientes acerca de las condiciones y necesidades especiales de las personas con discapacidad;

b) Destacar que el proceso mediante el cual cada uno de los aspectos de la organización de la sociedad se pone a disposición de todos es un objetivo fundamental del desarrollo socioeconómico;

c) Señalar aspectos decisivos de las políticas sociales en la esfera de la discapacidad, incluido, cuando proceda, el fomento activo de la cooperación económica y técnica;

d) Ofrecer modelos para el proceso político de adopción de decisiones necesario para la consecución de la igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la existencia de una gran diversidad de niveles económicos y técnicos, así como el hecho de que el proceso debe reflejar un profundo conocimiento del contexto cultural en el que se desarrolla y el papel fundamental que las personas con discapacidad desempeñan en dicho proceso;

e) Proponer la creación de mecanismos nacionales para establecer una estrecha colaboración entre los Estados, los órganos del sistema de las Naciones Unidas, otros órganos intergubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad;

f) Proponer un mecanismo eficaz de supervisión del proceso por medio del cual los Estados tratan de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

I. REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN

Artículo 1. Mayor toma de conciencia

Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y su contribución.

1. Los Estados deben velar por que las autoridades competentes distribuyan información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales que trabajen en esta esfera y el público en general.  La información para las personas con discapacidad debe presentarse en forma accesible.

2. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas referentes a las personas con discapacidad y a las políticas en materia de discapacidad a fin de difundir el mensaje de que dichas personas son ciudadanos con los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás, y de justificar así las medidas encaminadas a eliminar todos los obstáculos que se opongan a su plena participación.

3. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que presenten una imagen positiva de las personas con discapacidad; se debe consultar a ese respecto a las organizaciones de esas personas.

4. Los Estados deben velar por que los programas de educación pública reflejen en todos sus aspectos el principio de la plena participación e igualdad.

5. Los Estados deben invitar a las personas con discapacidad y a sus familias, así como a las organizaciones interesadas, a participar en programas de educación pública relativos a las cuestiones relacionadas con la discapacidad.

6. Los Estados deben alentar a las empresas del sector privado a que incluyan en todos los aspectos de sus actividades las cuestiones relativas a la discapacidad.

7. Los Estados deben iniciar y promover programas encaminados a hacer que las personas con discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y posibilidades.  Una mayor autonomía y la creación de condiciones para la participación plena en la sociedad permitirán a esas personas aprovechar las oportunidades a su alcance.

8. La promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir una parte importante de la educación de los niños con discapacidad y de los programas de rehabilitación.  Las personas con discapacidad también pueden ayudarse mutuamente a cobrar mayor conciencia participando en las actividades de sus propias organizaciones.

9. La promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte integrante de la educación de todos los niños y ser uno de los componentes de los cursos de formación de maestros y de la capacitación de todos los profesionales.

Artículo 2. Atención médica

Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben esforzarse por proporcionar programas dirigidos por equipos multidisciplinarios de profesionales para la detección precoz, la evaluación y el tratamiento de las deficiencias.  En esa forma se podría prevenir, reducir o eliminar sus efectos perjudiciales.  Esos programas deben asegurar la plena participación de las personas con discapacidad y de sus familias en el plano individual y de las organizaciones de personas con discapacidad a nivel de la planificación y evaluación.

2. Debe capacitarse a los trabajadores comunitarios locales para que participen en esferas tales como la detección precoz de las deficiencias, la prestación de asistencia primaria y el envío a los servicios apropiados.

3. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás miembros de la sociedad.

4. Los Estados deben velar por que todo el personal médico y paramédico esté debidamente capacitado y equipado para prestar asistencia médica a las personas con discapacidad y tenga acceso a tecnologías y métodos de tratamiento pertinentes.

5. Los Estados deben velar por que el personal médico, paramédico y personal conexo sea debidamente capacitado para que pueda prestar asesoramiento apropiado a los padres a fin de no limitar las opciones de que disponen sus hijos.  Esa capacitación debe ser un proceso permanente y basarse en la información más reciente de que se disponga. 

6. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad reciban regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o aumentar su capacidad funcional.

Artículo 3. Rehabilitación*

(* La rehabilitación, uno de los conceptos fundamentales de la política en materia de discapacidad, se define en el párrafo 23 de la introducción.)

Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de autonomía y movilidad.

1. Los Estados deben elaborar programas nacionales de rehabilitación para todos los grupos de personas con discapacidad.  Esos programas deben basarse en las necesidades reales de esas personas y en los principios de plena participación e igualdad.

2. Esos programas deben incluir una amplia gama de actividades, como la capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada o a compensar dicha función, el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus familias, el fomento de la autonomía y la prestación de servicios ocasionales como evaluación y orientación.

3. Deben tener acceso a la rehabilitación todas las personas que la requieran, incluidas las personas con discapacidades graves o múltiples.

4. Las personas con discapacidad y sus familias deben estar en condiciones de participar en la concepción y organización de los servicios de rehabilitación que les conciernan.

5. Los servicios de rehabilitación deben establecerse en la comunidad local en la que viva la persona con discapacidad.  Sin embargo, en algunos casos, pueden organizarse cursos especiales de rehabilitación a domicilio, de duración limitada, si se estima que esa es la forma más apropiada para alcanzar una determinada meta de capacitación. 

6. Debe alentarse a las personas con discapacidad y a sus familias a participar directamente en la rehabilitación, por ejemplo, como profesores experimentados, instructores o asesores.

7. Los Estados deben valerse de la experiencia adquirida por las organizaciones de las personas con discapacidad cuando formulen o evalúen programas de rehabilitación.

Artículo 4. Servicios de apoyo

Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. 

1. Entre las medidas importantes para conseguir la igualdad de oportunidades, los Estados deben proporcionar equipo y recursos auxiliares, asistencia personal y servicios de intérprete según las necesidades de las personas con discapacidad.

2. Los Estados deben apoyar el desarrollo, la fabricación, la distribución y los servicios de reparación del equipo y los recursos auxiliares, así como la difusión de los conocimientos al respecto.

3. Con ese fin, deben aprovecharse los conocimientos técnicos de que se disponga en general.  En los Estados en que exista una industria de alta tecnología, ésta debe utilizarse plenamente a fin de mejorar el nivel y la eficacia del equipo y recursos auxiliares.  Es importante estimular el desarrollo y la fabricación de recursos auxiliares más sencillos y menos costosos, en lo posible mediante la utilización de materiales y medios de producción locales.  Las personas con discapacidad podrán participar en la fabricación de esos artículos.

4. Los Estados deben reconocer que todas las personas con discapacidad que necesiten equipo o recursos auxiliares deben tener acceso a ellos según proceda, incluida la capacidad financiera de procurárselos.  Puede ser necesario que el equipo y los recursos auxiliares se faciliten gratuitamente o a un precio lo suficientemente bajo para que dichas personas o sus familias puedan adquirirlos.

5. En los programas de rehabilitación para el suministro de dispositivos auxiliares y equipo, los Estados deben considerar las necesidades especiales de las niñas y los niños con discapacidad por lo que se refiere al diseño y a la durabilidad de los dispositivos auxiliares y el equipo, así como a su idoneidad en relación con la edad de los niños a los que se destinen.

6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de asistencia personal y de servicios de interpretación, especialmente para las personas con discapacidades graves o múltiples.  Dichos programas aumentarían el grado de participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar de trabajo, la escuela y durante su tiempo libre.

7. Los programas de asistencia personal deben concebirse de forma que las personas con discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de ejecutar dichos programas.

II. ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACIÓN

Artículo 5. Posibilidades de acceso

Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad.  Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación.

a) Acceso al entorno físico

1. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la participación en el entorno físico.  Dichas medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices y en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, los edificios, los servicios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y otros lugares al aire libre. 

2. Los Estados deben velar por que los arquitectos, los técnicos de la construcción y otros profesionales que participen en el diseño y la construcción del entorno físico puedan obtener información adecuada sobre la política en materia de discapacidad y las medidas encaminadas a asegurar el acceso.

3. Las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y la construcción del entorno físico.

4. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se elaboren normas y disposiciones para asegurar el acceso.  Dichas organizaciones deben asimismo participar en el plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máximo las posibilidades de acceso.

b) Acceso a la información y la comunicación

5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa sobre el diagnóstico, los derechos y los servicios y programas disponibles. Esa información debe presentarse en forma que resulte accesible para las personas con discapacidad.

6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad.  A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas.  De igual modo, deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión.

7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben prestarse servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas.

8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras discapacidades de comunicación. 

9. Los Estados deben estimular a los medios de información, en especial a la televisión, la radio y los periódicos, a que hagan accesibles sus servicios.

10. Los Estados deben velar por que los nuevos sistemas de servicios y de datos informatizados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo accesibles a las personas con discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas.

11. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se elaboren medidas encaminadas a proporcionar a esas personas acceso a los servicios de información.

Artículo 6. Educación

Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza.

1. La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados corresponde a las autoridades docentes en general.  La educación de las personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar.

2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados.  Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades.

3. Los grupos o asociaciones de padres y las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en todos los niveles del proceso educativo.

4. En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves.

5. Debe prestarse especial atención a los siguientes grupos:

a) niños muy pequeños con discapacidad;

b) niños de edad preescolar con discapacidad;

c) adultos con discapacidad, sobre todo las mujeres.

6. Para que las disposiciones sobre instrucción de personas con discapacidad puedan integrarse en el sistema de enseñanza general, los Estados deben:

a) Contar con una política claramente formulada, comprendida y aceptada en las escuelas y por la comunidad en general;

b) Permitir que los planes de estudio sean flexibles y adaptables y que sea posible añadirles distintos elementos según sea necesario; 

c) Proporcionar materiales didácticos de calidad y prever la formación constante de personal docente y de apoyo.

7. Los programas de educación integrada basados en la comunidad deben considerarse como un complemento útil para facilitar a las personas con discapacidad una formación y una educación económicamente viables.  Los programas nacionales de base comunitaria deben utilizarse para promover entre las comunidades la utilización y ampliación de sus recursos a fin de proporcionar educación local a las personas con discapacidad.

8. En situaciones en que el sistema de instrucción general no esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza general.  La calidad de esa educación debe guiarse por las mismas normas y aspiraciones que las aplicables a la enseñanza general y vincularse estrechamente con ésta.  Como mínimo, se debe asignar a los estudiantes con discapacidad el mismo porcentaje de recursos para la instrucción que el que se asigna a los estudiantes sin discapacidad.  Los Estados deben tratar de lograr la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general.  Se reconoce que, en algunos casos, la enseñanza especial puede normalmente considerarse la forma más apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad. 

9. Debido a las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y de las sordas y ciegas, tal vez sea más oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de las escuelas de instrucción general.  Al principio sobre todo, habría que cuidar especialmente de que la instrucción tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la máxima autonomía.

Artículo 7. Empleo

Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de empleo.  Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo.

1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no deben discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo.

2. Los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.  Este apoyo activo se podría lograr mediante diversas medidas como, por ejemplo, la capacitación profesional, los planes de cuotas basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o subvenciones para empresas pequeñas, contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia técnica y financiera para las empresas que empleen a trabajadores con discapacidad.  Los Estados han de estimular también a los empleadores a que hagan ajustes razonables para dar cabida a personas con discapacidad. 

3. Los programas de medidas estatales deben incluir:

a) Medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma que resulten accesibles a las personas que tengan diversos tipos de discapacidad;

b) Apoyo a la utilización de nuevas tecnologías y al desarrollo y la producción de recursos, instrumentos y equipos auxiliares, y medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a esos medios, a fin de que puedan obtener y conservar su empleo;

c) prestación de servicios apropiados de formación y colocación y de apoyo como, por ejemplo, asistencia personal y servicios de interpretación.

4. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas para sensibilizar al público con miras a lograr que se superen las actitudes negativas y los prejuicios que afecten a los trabajadores aquejados de discapacidad.

5. En su calidad de empleadores, los Estados deben crear condiciones favorables para el empleo de personas con discapacidad en el sector público.

6. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de contratación y ascenso, condiciones de empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a mejorar el ambiente laboral a fin de prevenir lesiones y deterioro de la salud, y medidas para la rehabilitación de los empleados que hayan sufrido lesiones en accidentes laborales.

7. El objetivo debe ser siempre que las personas con discapacidad obtengan empleo en el mercado de trabajo abierto.  En el caso de las personas con discapacidad cuyas necesidades no puedan atenderse en esa forma, cabe la opción de crear pequeñas dependencias con empleos protegidos o reservados.  Es importante que la calidad de esos programas se evalué en cuanto a su pertinencia y suficiencia para crear oportunidades que permitan a las personas con discapacidad obtener empleo en el mercado de trabajo.

8. Deben adoptarse medidas para incluir a personas con discapacidad en los programas de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructurado.

9. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben cooperar con las organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas encaminadas a crear oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario flexible, la jornada parcial, la posibilidad de compartir un puesto, el empleo por cuenta propia, y el cuidado de asistentes para las personas con discapacidad.

Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social

Los Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del ingreso para las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en materia de ingresos a las personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a factores relacionados con ésta, hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo.  Los Estados deben velar por que la prestación de apoyo tenga en cuenta los gastos en que suelen incurrir las personas con discapacidad, y sus familias, como consecuencia de su discapacidad. 

2. En países donde exista o se esté estableciendo un sistema de seguridad social, de seguros sociales u otro plan de bienestar social para la población en general, los Estados deben velar por que dicho sistema no excluya a las personas con discapacidad ni discrimine contra ellas.

3. Los Estados deben velar asimismo por que las personas que se dediquen a cuidar a una persona con discapacidad tengan un ingreso asegurado o gocen de la protección de la seguridad social.

4. Los sistemas de seguridad social deben prever incentivos para restablecer la capacidad para generar ingresos de las personas con discapacidad.  Dichos sistemas deben proporcionar formación profesional o contribuir a su organización, desarrollo y financiación.  Asimismo, deben facilitar servicios de colocación.

5. Los programas de seguridad social deben proporcionar también incentivos para que las personas con discapacidad busquen empleo a fin de crear o restablecer sus posibilidades de generación de ingresos.

6. Los subsidios de apoyo a los ingresos deben mantenerse mientras persistan las condiciones de discapacidad, de manera que no resulten un desincentivo para que las personas con discapacidad busquen empleo. Sólo deben reducirse o darse por terminados cuando esas personas logren un ingreso adecuado y seguro.

7. En países donde el sector privado sea el principal proveedor de la seguridad social, los Estados deben promover entre las comunidades locales, las organizaciones de bienestar social y las familias el establecimiento de medidas de autoayuda e incentivos para el empleo de personas con discapacidad o para que esas personas realicen actividades relacionadas con el empleo.

Artículo 9. Vida en familia e integridad personal

Los Estados deben promover la plena participación de las personas con discapacidad en la vida en familia.  Deben promover su derecho a la integridad personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las personas con discapacidad en lo que se refiere a las relaciones sexuales, el matrimonio y la procreación. 

1. Las personas con discapacidad deben estar en condiciones de vivir con sus familias.  Los Estados deben estimular la inclusión en la orientación familiar de módulos apropiados relativos a la discapacidad y a sus efectos para la vida en familia.  A las familias en que haya una persona con discapacidad se les deben facilitar servicios de cuidados temporales o de atención a domicilio.  Los Estados deben eliminar todos los obstáculos innecesarios que se opongan a las personas que deseen cuidar o adoptar a un niño o a un adulto con discapacidad. 

2. Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos.  Teniendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y para fundar una familia, los Estados deben promover el establecimiento de servicios de orientación apropiados.  Las personas con discapacidad deben tener el mismo acceso que las demás a los métodos de planificación de la familia, así como a información accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuerpo.

3. Los Estados deben promover medidas encaminadas a modificar las actitudes negativas ante el matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad de las personas con discapacidad, en especial de las jóvenes y las mujeres con discapacidad, que aún siguen prevaleciendo en la sociedad.  Se debe exhortar a los medios de información a que desempeñen un papel importante en la eliminación de las mencionadas actitudes negativas.

4. Las personas con discapacidad y sus familias necesitan estar plenamente informadas acerca de las precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y otras formas de maltrato.  Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables al maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y necesitan que se les eduque sobre la manera de evitarlo para que puedan reconocer cuándo han sido víctimas de él y notificar dichos casos.

Artículo 10. Cultura

Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad se integren y puedan participar en las actividades culturales en condiciones de igualdad.

1. Los Estados velarán por que las personas con discapacidad tengan oportunidad de utilizar su capacidad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.  Son ejemplos de tales actividades la danza, la música, la literatura, el teatro, las artes plásticas, la pintura y la escultura.  En los países en desarrollo, en particular, se hará hincapié en las formas artísticas tradicionales y contemporáneas, como el teatro de títeres, la declamación y la narración oral.

2. Los Estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios culturales tales como los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y cuidar de que esas personas puedan asistir a ellos.

3. Los Estados deben iniciar el desarrollo y la utilización de medios técnicos especiales para que la literatura, las películas cinematográficas y el teatro sean accesibles a las personas con discapacidad.

Artículo 11. Actividades recreativas y deportivas

Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas y deportivas.

1. Los Estados deben iniciar medidas para que los lugares donde se llevan a cabo actividades recreativas y deportivas, los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los gimnasios, entre otros, sean accesibles a las personas con discapacidad.  Esas medidas abarcarán el apoyo al personal encargado de programas de recreo y deportes, incluso proyectos encaminados a desarrollar métodos para asegurar el acceso y programas de participación, información y capacitación.

2. Las autoridades turísticas, las agencias de viaje, los hoteles, las organizaciones voluntarias y otras entidades que participen en la organización de actividades recreativas o de viajes turísticos deben ofrecer sus servicios a todo el mundo, teniendo en cuenta las necesidades especiales de las personas con discapacidad.  Debe impartirse formación adecuada para poder contribuir a ese proceso.

3. Debe alentarse a las organizaciones deportivas a que fomenten las oportunidades de participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas.  En algunos casos, las medidas encaminadas a asegurar el acceso podrán ser suficientes para crear oportunidades de participación.  En otros casos se precisarán arreglos especiales o juegos especiales.  Los Estados deberán apoyar la participación de las personas con discapacidad en competencias nacionales e internacionales.

4. Las personas con discapacidad que participen en actividades deportivas deben tener acceso a una instrucción y un entrenamiento de la misma calidad que los demás participantes.

5. Los organizadores de actividades recreativas y deportivas deben consultar a las organizaciones de personas con discapacidad cuando establezcan servicios para dichas personas.

Artículo 12. Religión

Los Estados deben promover la adopción de medidas para la participación de las personas con discapacidad en la vida religiosa de sus comunidades en un pie de igualdad.

1. Los Estados, en consulta con las autoridades religiosas, deben promover la adopción de medidas para eliminar la discriminación y para que las actividades religiosas sean accesibles a las personas con discapacidad.

2. Los Estados deben promover la distribución de información sobre cuestiones relacionadas con la discapacidad entre las organizaciones e instituciones religiosas.  Los Estados también deben alentar a las autoridades religiosas a que incluyan información sobre políticas en materia de discapacidad en los programas de formación para el desempeño de profesiones religiosas y en los programas de enseñanza religiosa.

3. Los Estados deben también alentar la adopción de medidas para que las personas con deficiencias sensoriales tengan acceso a la literatura religiosa.

4. Los Estados o las organizaciones religiosas deben consultar a las organizaciones de personas con discapacidad cuando elaboren medidas encaminadas a lograr la participación de esas personas en actividades religiosas en un pie de igualdad.

III. MEDIDAS DE EJECUCIÓN

Artículo 13. Información e investigación

Los Estados deben asumir la responsabilidad final de reunir y difundir información acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y fomentar la amplia investigación de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben reunir periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo, y otras informaciones acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  Esas actividades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente con los censos nacionales y las encuestas por hogares, en estrecha colaboración con universidades, institutos de investigación y organizaciones de personas con discapacidad.  Los cuestionarios deben incluir preguntas sobre los programas y servicios y sobre su utilización.

2. Los Estados deben examinar la posibilidad de establecer una base de datos relativa a la discapacidad, que incluya estadísticas sobre los servicios y programas disponibles y sobre los distintos grupos de personas con discapacidad, teniendo presente la necesidad de proteger la vida privada y la integridad personales.

3. Los Estados deben iniciar y fomentar programas de investigación sobre las cuestiones sociales, económicas y de participación que influyan en la vida de las personas con discapacidad y de sus familias.  Las investigaciones deben abarcar las causas, los tipos y la frecuencia de la discapacidad, la disponibilidad y eficacia de los programas existentes, y la necesidad de desarrollar y evaluar los servicios y las medidas de apoyo.

4. Los Estados deben elaborar y adoptar terminología y criterios para llevar a cabo encuestas nacionales, en cooperación con las organizaciones que se ocupan de las personas con discapacidad.

5. Los Estados deben facilitar la participación de las personas con discapacidad en la reunión de datos y en la investigación.  Para la realización de esas investigaciones, deben apoyar particularmente la contratación de personas con discapacidad calificadas.

6. Los Estados deben apoyar el intercambio de experiencias y conclusiones derivadas de las investigaciones.

7. Los Estados deben adoptar medidas para difundir información y conocimientos en materia de discapacidad a todas las instancias políticas y administrativas a nivel nacional, regional y local.

Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación

Los Estados deben velar por que las cuestiones relativas a la discapacidad se incluyan en todas las actividades normativas y de planificación correspondientes del país.

1. Los Estados deben emprender y prever políticas adecuadas para las personas con discapacidad en el plano nacional y deben estimular y apoyar medidas en los planos regional y local.

2. Los Estados deben hacer que las organizaciones de personas con discapacidad intervengan en todos los casos de adopción de decisiones relacionadas con los planes y programas de interés para las personas con discapacidad o que afecten a su situación económica y social.

3. Las necesidades y los intereses de las personas con discapacidad deben incorporarse en los planes de desarrollo general en lugar de tratarse por separado.

4. La responsabilidad última de los Estados por la situación de las personas con discapacidad no exime a los demás de la responsabilidad que les corresponda.  Debe exhortarse a los encargados de prestar servicios, organizar actividades o suministrar información en la sociedad a que acepten la responsabilidad de lograr que las personas con discapacidad tengan acceso a esos servicios.

5. Los Estados deben facilitar a las comunidades locales la elaboración de programas y medidas para las personas con discapacidad.  Una manera de conseguirlo consiste en preparar manuales o listas de verificación, y en proporcionar programas de capacitación para el personal local.

Artículo 15. Legislación

Los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad.

1. En la legislación nacional, que consagra los derechos y deberes de los ciudadanos, deben enunciarse también los derechos y deberes de las personas con discapacidad.  Los Estados tienen la obligación de velar por que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, incluidos sus derechos civiles y políticos, en un pie de igualdad con los demás ciudadanos.  Los Estados deben procurar que las organizaciones de personas con discapacidad participen en la elaboración de leyes nacionales relativas a los derechos de las personas con discapacidad, así como en la evaluación permanente de esas leyes.

2. Tal vez sea menester adoptar medidas legislativas para eliminar las condiciones que pudieran afectar adversamente a la vida de las personas con discapacidad, entre otras, el acoso y la victimización.  Deberá eliminarse toda disposición discriminatoria contra personas con discapacidad.  La legislación nacional debe establecer sanciones apropiadas en caso de violación de los principios de no discriminación.

3. La legislación nacional relativa a las personas con discapacidad puede adoptar dos formas diferentes.  Los derechos y deberes pueden incorporarse en la legislación general o figurar en una legislación especial.  La legislación especial para las personas con discapacidad puede establecerse de diversas formas:

a) Promulgando leyes por separado que se refieran exclusivamente a las cuestiones relativas a la discapacidad;

b) Incluyendo las cuestiones relativas a la discapacidad en leyes sobre determinados temas;

c) Mencionando concretamente a las personas con discapacidad en los textos que sirvan para interpretar las disposiciones legislativas vigentes.

Tal vez fuera conveniente combinar algunas de esas posibilidades. Podría examinarse la posibilidad de incluir disposiciones sobre acción afirmativa respecto de esos grupos.

4. Los Estados podrán considerar la posibilidad de establecer mecanismos reglamentarios oficiales para la presentación de demandas, a fin de proteger los intereses de las personas con discapacidad.

Artículo 16. Política económica

La responsabilidad financiera de los programas y las medidas nacionales destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad corresponde a los Estados.

1. Los Estados deben incluir las cuestiones relacionadas con la discapacidad en los presupuestos ordinarios de todos los órganos de gobierno a nivel nacional, regional y local. 

2. Los Estados, las organizaciones no gubernamentales y otras entidades interesadas deben actuar de consuno para determinar la forma más eficaz de apoyar proyectos y medidas que interesen a las personas con discapacidad.

3. Los Estados deben estudiar la posibilidad de aplicar medidas económicas, esto es, préstamos, exenciones fiscales, subsidios con fines específicos y fondos especiales, entre otros, para estimular y apoyar la participación en la sociedad de las personas con discapacidad en un pie de igualdad.

4. En muchos Estados tal vez sea conveniente establecer un fondo de desarrollo para cuestiones relacionadas con la discapacidad, que podría apoyar diversos proyectos experimentales y programas de autoayuda en las comunidades.

Artículo 17. Coordinación de los trabajos

Los Estados tienen la responsabilidad de establecer comités nacionales de coordinación o entidades análogas que centralicen a nivel nacional las cuestiones relacionadas con la discapacidad.

1. El comité nacional de coordinación o la entidad análoga debe tener carácter permanente y basarse en normas jurídicas y en un reglamento administrativo apropiado.

2. Para lograr una composición intersectorial y multidisciplinaria es probable que lo más conveniente sea una combinación de representantes de organizaciones públicas y privadas.  Esos representantes podrán provenir de los ministerios correspondientes, las organizaciones de personas con discapacidad y las organizaciones no gubernamentales.

3. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ejercer una influencia apreciable sobre el comité nacional de coordinación, a fin de asegurar que sus preocupaciones se transmitan debidamente.

4. El comité nacional de coordinación debe contar con la autonomía y los recursos suficientes para el desempeño de sus funciones en relación con la capacidad de adoptar decisiones y debe ser responsable ante la instancia superior de gobierno.

Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad

Los Estados deben reconocer el derecho de las organizaciones de personas con discapacidad a representar a esas personas en los planos nacional, regional y local.  Los Estados deben reconocer también el papel consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad en lo que se refiere a la adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

1. Los Estados deben promover y apoyar económicamente y por otros medios la creación y el fortalecimiento de organizaciones que agrupen a personas con discapacidad, a sus familiares y a otras personas que defiendan sus derechos.  Los Estados deben reconocer que esas organizaciones tienen un papel que desempeñar en la elaboración de una política en materia de discapacidad.

2. Los Estados deben mantener una comunicación permanente con las organizaciones de personas con discapacidad y asegurar su participación en la elaboración de las políticas oficiales.

3. El papel de las organizaciones de personas con discapacidad puede consistir en determinar necesidades y prioridades, participar en la planificación, ejecución y evaluación de servicios y medidas relacionados con la vida de las personas con discapacidad, contribuir a sensibilizar al público y a preconizar los cambios apropiados.

4. En su condición de instrumentos de autoayuda, las organizaciones de personas con discapacidad proporcionan y promueven oportunidades para el desarrollo de aptitudes en diversas esferas, el apoyo mutuo entre sus miembros y el intercambio de información. 

5. Las organizaciones de personas con discapacidad pueden desarrollar su función consultiva de muy diversas maneras, ya sea ostentando una representación permanente en los órganos directivos de los organismos financiados por el gobierno, ya sea formando parte de comisiones públicas o aportando conocimientos especializados sobre diferentes proyectos.

6. El papel consultivo de las organizaciones de personas con discapacidad debe ser permanente a fin de desarrollar y profundizar el intercambio de opiniones y de información entre el Estado y las organizaciones.

7. Esas organizaciones deben tener representación permanente en el comité nacional de coordinación o en entidades análogas.

8. Se debe desarrollar y potenciar el papel de las organizaciones locales de personas con discapacidad para que puedan influir en las cuestiones que se ventilan a nivel comunitario.

Artículo 19. Capacitación del personal

Los Estados deben asegurar la adecuada formación, a todos los niveles, del personal que participe en la planificación y el suministro de servicios y programas relacionados con las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben velar por que todas las autoridades que presten servicios en la esfera de la discapacidad proporcionen formación adecuada a su personal.

2. En la formación de profesionales en la esfera de la discapacidad, así como en el suministro de información sobre discapacidad en los programas de capacitación general, debe reflejarse debidamente el principio de la plena participación e igualdad.

3. Los Estados deben elaborar programas de formación en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad, esas personas, a su vez, deben poder participar como profesores, instructores o asesores en programas de formación del personal.

4. La formación de trabajadores de la comunidad tiene gran importancia estratégica, sobre todo en los países en desarrollo.  Debe impartirse también a las personas con discapacidad e incluir el perfeccionamiento de los valores, la competencia y las tecnologías adecuados así como de las aptitudes que puedan poner en práctica las personas con discapacidad, sus padres, sus familiares y los miembros de la comunidad.

Artículo 20. Supervisión y evaluación a nivel nacional 
de los programas sobre discapacidad en lo relativo a la
aplicación de las Normas Uniformes

Los Estados son responsables de evaluar y supervisar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

1. Los Estados deben evaluar periódica y sistemáticamente los programas nacionales en la esfera de la discapacidad y difundir tanto las bases como los resultados de esas evaluaciones.

2. Los Estados deben elaborar y adoptar terminología y criterios sobre la evaluación de servicios y programas relativos a la discapacidad.

3. Esos criterios y esa terminología deben elaborarse en estrecha cooperación con las organizaciones de personas con discapacidad desde las primeras etapas de la formulación de conceptos y de la planificación.

4. Los Estados deben participar en la cooperación internacional encaminada a elaborar normas comunes para la evaluación nacional en la esfera de la discapacidad.  Los Estados deben alentar a los comités nacionales de coordinación a que participen también en esa actividad. 

5. La evaluación de los diversos programas en la esfera de la discapacidad debe comenzar en la fase de planificación para que pueda determinarse la eficacia global de los programas en la consecución de sus objetivos de política.

Artículo 21. Cooperación técnica y económica

Los Estados -tanto los países industrializados como los países en desarrollo- tienen la obligación de cooperar y de adoptar medidas para mejorar las condiciones de vida de todas las personas con discapacidad en los países en desarrollo.

1. Las medidas encaminadas a lograr la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, incluidos los refugiados con discapacidad, deben incorporarse en los programas de desarrollo general. 

2. Esas medidas deben integrarse en todas las formas de cooperación técnica y económica, bilateral y multilateral, gubernamental y no gubernamental.  Los responsables deben traer a colación las cuestiones relativas a la discapacidad en las deliberaciones con sus homólogos sobre cooperación.

3. Al planificar y examinar programas de cooperación técnica y económica, debe prestarse especial atención a los efectos de esos programas para la situación de las personas con discapacidad.  Es sumamente importante que se consulte a las personas con discapacidad y a sus organizaciones sobre todos los proyectos de desarrollo destinados a esas personas.  Unas y otras deben participar directamente en la elaboración, ejecución y evaluación de dichos proyectos.

4. Entre las esferas prioritarias para la cooperación económica y técnica deben figurar:

a) El desarrollo de los recursos humanos mediante el perfeccionamiento de los conocimientos, las aptitudes, y las posibilidades de las personas con discapacidad y la iniciación de actividades generadoras de empleo para esas personas;

b) El desarrollo y la difusión de tecnologías y conocimientos técnicos apropiados en relación con la discapacidad.

5. Se exhorta asimismo a los Estados a que apoyen el establecimiento y el fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad.

6. Los Estados deben adoptar medidas para que el personal que participe, a todos los niveles, en la administración de programas de cooperación técnica y económica aumente sus conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

Artículo 22. Cooperación internacional

Los Estados participarán activamente en la cooperación internacional relativa al logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

1. En las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales interesadas, los Estados deben participar en la elaboración de una política relativa a la discapacidad.

2. Cuando proceda, los Estados deben incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad en las negociaciones de orden general sobre, entre otras cosas, normas, intercambio de información y programas de desarrollo.

3. Los Estados deben fomentar y apoyar el intercambio de conocimientos y experiencias entre: 

a) Organizaciones no gubernamentales interesadas en cuestiones relativas a la discapacidad;

b) Instituciones de investigación e investigadores cuya labor se relacione con cuestiones relativas a la discapacidad;

c) Representantes de programas sobre el terreno y de grupos profesionales en la esfera de la discapacidad;

d) Organizaciones de personas con discapacidad;

e) Comités nacionales de coordinación.

4. Los Estados deben procurar que las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como todos los órganos intergubernamentales e interparlamentarios de carácter mundial y regional, incluyan en su labor a las organizaciones mundiales y regionales de personas con discapacidad.

IV. MECANISMO DE SUPERVISIÓN

1. La finalidad del mecanismo de supervisión es promover la aplicación efectiva de las Normas Uniformes.  Dicho mecanismo prestará asistencia a todos los Estados en la evaluación de su grado de aplicación de las Normas Uniformes y en la medición de los progresos que se alcancen.  La supervisión debe ayudar a determinar los obstáculos y a sugerir medidas idóneas que contribuyan a una aplicación eficaz de las Normas.  El mecanismo de supervisión tendrá en cuenta las características económicas, sociales y culturales que existen en cada uno de los Estados.  Un elemento importante debe ser también la prestación de servicios de consultoría y el intercambio de experiencias e información entre los Estados.

2. Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad deben supervisarse dentro del marco de los períodos de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social.  En caso necesario, se nombrará, por un período de tres años y con cargo a los recursos presupuestarios, a un relator especial que cuente con amplia experiencia en materia de discapacidad y en organizaciones internacionales para que supervise la aplicación de las Normas Uniformes.

3. Se invitará a organizaciones internacionales de personas con discapacidad reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social y a organizaciones que representen a personas con discapacidad que todavía no hayan formado sus propias organizaciones a que, teniendo en cuenta los diferentes tipos de discapacidad y la necesaria distribución geográfica equitativa, integren un grupo de expertos, en el cual dichas organizaciones tendrán mayoría, con el cual el Relator Especial y, cuando proceda, la Secretaría, puedan celebrar consultas.

4. El Relator Especial exhortará al grupo de expertos a que examine la promoción, aplicación y supervisión de las Normas Uniformes, comunique los resultados y proporcione asesoramiento y sugerencias al respecto.

5. El Relator Especial enviará una lista de preguntas a los Estados, a las entidades del sistema de las Naciones Unidas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad.  La lista de preguntas debe referirse a los planes de aplicación de las Normas Uniformes en los Estados.  Las preguntas deben ser de carácter selectivo y abarcar un número determinado de normas específicas para hacer una evaluación a fondo.  El Relator Especial debe prepararlas en consulta con el grupo de expertos y la Secretaría.

6. El Relator Especial procurará entablar un diálogo directo no sólo con los Estados sino también con las organizaciones no gubernamentales locales, y recabará sus opiniones y observaciones sobre toda información que se proyecte incluir en los informes.  El Relator Especial prestará asesoramiento sobre la aplicación y supervisión de las Normas Uniformes, y ayudará a preparar las respuestas a las listas de preguntas.

7. El Departamento de Coordinación de políticas y Desarrollo Sostenible de la Secretaría, en su calidad de centro de coordinación de las Naciones Unidas sobre las cuestiones relativas a la discapacidad, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras entidades y mecanismos del sistema de las Naciones Unidas, como las comisiones regionales, los organismos especializados y las reuniones entre organismos, cooperarán con el Relator Especial en la aplicación y supervisión de las Normas Uniformes en el plano nacional.

8. El Relator Especial, con ayuda de la Secretaría, preparará informes que serán presentados a la Comisión de Desarrollo Social en sus períodos de sesiones 34° y 35°.  Al preparar esos informes, el Relator Especial consultará al grupo de expertos.

9. Los Estados deben alentar a los comités nacionales de coordinación o a las entidades análogas a que participen en la aplicación y supervisión.  En su calidad de centros de coordinación de los asuntos relativos a la discapacidad en el plano nacional, debe exhortárseles a que establezcan procedimientos destinados a coordinar la supervisión de las Normas Uniformes.  Es menester estimular a las organizaciones de personas con discapacidad a que participen activamente en la supervisión a todos los niveles del proceso. 

10. Si se dispusiera de recursos extrapresupuestarios, convendría crear uno o más puestos de Asesor Interregional sobre las Normas Uniformes a fin de prestar servicios directos a los Estados, por ejemplo, en:

a) La organización de seminarios nacionales y regionales de formación sobre el contenido de las Normas Uniformes;

b) La elaboración de directrices en apoyo de las estrategias para la aplicación de las Normas Uniformes;

c) La difusión de información sobre las prácticas óptimas en cuanto a la aplicación de las Normas Uniformes.

11. En su 34° período de sesiones, la Comisión de Desarrollo Social establecerá un grupo de trabajo de composición abierta encargado de examinar el informe del Relator Especial y de formular recomendaciones sobre formas de mejorar la aplicación de las Normas Uniformes.  Al examinar el informe del Relator Especial, la Comisión, por conducto de su grupo de trabajo de composición abierta, celebrará consultas con las organizaciones internacionales de personas con discapacidad y con los organismos especializados, de conformidad con los artículos 71 y 76 del reglamento de las comisiones orgánicas del Consejo Económico y Social.

12. En el período de sesiones siguiente a la terminación del mandato del Relator Especial, la Comisión de Desarrollo Social examinará la posibilidad ya sea de renovar ese mandato, de nombrar a un nuevo Relator Especial o de establecer otro mecanismo de supervisión, y formulará las recomendaciones apropiadas al Consejo Económico y Social.

13. Con objeto de promover la aplicación de las Normas Uniformes, debe alentarse a los Estados a que contribuyan al Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Impedidos.

Apéndice B: Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad413

OEA/Ser. P AG/RES. 1608 (XXIX-O/99)
7 junio 1999
Original: español

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Aprobada en la primera sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1999)

LA ASAMBLEA GENERAL, 

VISTO el informe del Consejo Permanente sobre el Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CP/CAJP-1532/99); 

CONSIDERANDO que durante su vigésimo sexto período ordinario de sesiones, la Asamblea General, mediante resolución AG/RES. 1369(XXVI-0/96) "Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano", encomendó al Consejo Permanente que, a través de un Grupo de Trabajo respectivo, preparara un "Proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razones de Discapacidad"; 

TENIENDO EN CUENTA que la discapacidad puede dar origen a situaciones de discriminación, por lo que resulta necesario propiciar el desarrollo de acciones y medidas que permitan mejorar sustancialmente la situación de las personas con discapacidad en el Hemisferio; 

RECORDANDO que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre proclama que todos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que los derechos y libertades deben ser respetados sin distinción alguna; 

TENIENDO EN CONSIDERACIÓN que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" reconoce que "toda persona afectada por una disminución en sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad"; 

TOMANDO NOTA que la resolución AG/RES. 1564 (XXVIII-0/98) reitera "la importancia de adoptar una Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad" y solicita además que, se hagan todos los esfuerzos necesarios para que ese instrumento jurídico sea aprobado y suscrito en el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, 

RESUELVE: 

Adoptar la siguiente Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad:

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCIÓN, 

REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano; 

CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j) establece como principio que "la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera"; 

PREOCUPADOS por la discriminación de que son objeto las personas en razón de su discapacidad; 

TENIENDO PRESENTE el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución Nº 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95)); y el Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96); y 

COMPROMETIDOS a eliminar la discriminación, en todas sus formas y manifestaciones, contra las personas con discapacidad, 

HAN CONVENIDO lo siguiente: 

ARTÍCULO I 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 

1. Discapacidad 

El término "discapacidad" significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

2. Discriminación contra las personas con discapacidad 

a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

b) No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia. En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación. 

ARTÍCULO II 

Los objetivos de la presente Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. 

ARTÍCULO III 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa: 

a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de administración; 

b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad; 

c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y 

d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente Convención y la legislación interna sobre esta materia, estén capacitados para hacerlo. 

2. Trabajar prioritariamente en las siguientes áreas: 

a) La prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles; 

b) La detección temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación, educación, formación ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un nivel óptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con discapacidad; y 

c) La sensibilización de la población, a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el respeto y la convivencia con las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO IV 

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a: 

1. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad. 

2. Colaborar de manera efectiva en: 

a) la investigación científica y tecnológica relacionada con la prevención de las discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y 

b) el desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia e integración total, en condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO V 

1. Los Estados parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus respectivas legislaciones nacionales, la participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales que trabajan en este campo o, si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para aplicar la presente Convención. 

2. Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las organizaciones públicas y privadas que trabajan con las personas con discapacidad los avances normativos y jurídicos que se logren para la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad. 

ARTÍCULO VI 

1. Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convención se establecerá un Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte. 

2. El Comité celebrará su primera reunión dentro de los 90 días siguientes al depósito del décimo primer instrumento de ratificación. Esta reunión será convocada por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la misma se celebrará en su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede. 

3. Los Estados parte se comprometen en la primera reunión a presentar un informe al Secretario General de la Organización para que lo transmita al Comité para ser analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentarán cada cuatro años. 

4. Los informes preparados en virtud del párrafo anterior deberán incluir las medidas que los Estados Miembros hayan adoptado en la aplicación de esta Convención y cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Los informes también contendrán cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de la presente Convención. 

5. El Comité será el foro para examinar el progreso registrado en la aplicación de la Convención e intercambiar experiencias entre los Estados parte. Los informes que elabore el Comité recogerán el debate e incluirán información sobre las medidas que los Estados parte hayan adoptado en aplicación de esta Convención, los progresos que hayan realizado en la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, las circunstancias o dificultades que hayan tenido con la implementación de la Convención, así como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comité para el cumplimiento progresivo de la misma. 

6. El Comité elaborará su reglamento interno y lo aprobará por mayoría absoluta. 

7. El Secretario General brindará al Comité el apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO VII 

No se interpretará que disposición alguna de la presente Convención restrinja o permita que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos por el derecho internacional consuetudinario o los instrumentos internacionales por los cuales un Estado parte está obligado. 

ARTÍCULO VIII 

1. La presente Convención estará abierta a todos los Estados Miembros para su firma, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha, permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en la sede de la Organización de los Estados Americanos hasta su entrada en vigor. 

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. 

3. La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación de un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. 

ARTÍCULO IX 

Después de su entrada en vigor, la presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que no la hayan firmado. 

ARTÍCULO X 

1. Los instrumentos de ratificación y adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 

2. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 

ARTÍCULO XI 

1. Cualquier Estado parte podrá formular propuestas de enmienda a esta Convención. Dichas propuestas serán presentadas a la Secretaría General de la OEA para su distribución a los Estados parte. 

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO XII 

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas. 

ARTÍCULO XIII 

La presente Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados parte podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, y permanecerá en vigor para los demás Estados parte. Dicha denuncia no eximirá al Estado parte de las obligaciones que le impone la presente Convención con respecto a toda acción u omisión ocurrida antes de la fecha en que haya surtido efecto la denuncia. 

ARTÍCULO XIV 

1. El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténtica de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

2. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiesen.

Apéndice C

444

Apéndice C: Informe regional de las Américas 2004 IDRM - Preguntas de la tarjeta para calificar países

Apoyo a la Convención

¿Ha emitido el gobierno de su país alguna declaración que apoye la creación de una Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad?

Protecciones legales

¿Existe una ley nacional que específicamente haga referencia a los derechos de las personas con discapacidad y los proteja?

¿Hay alguna organización coordinadora nacional que elabore la política sobre discapacidad?

Educación y empleo

¿Se incluye alguna capacitación en educación especial en el plan nacional de estudios de la carrera docente?

¿El mayor empleador del sector privado tiene una política que establezca que una persona con discapacidad no puede ser discriminada en razón de su discapacidad al solicitar empleo?

Accesibilidad

¿Es accesible para los usuarios de silla de ruedas el sistema de transporte público en la ciudad capital?

¿Es accesible para los usuarios de silla de ruedas la oficina de correos en la ciudad capital?

Servicios de salud y vivienda

¿Se encuentra disponible algún entrenamiento para médicos referente a la atención de personas con discapacidad, tanto antes como después de obtener su título profesional?

¿Hay en su país algún centro de vida independiente o equivalente (orientación de personas con discapacidad por otras pertenecientes a su colectivo) cuyo personal esté formado por personas con discapacidad?

Comunicación

¿Ofrece el gobierno una versión en Braille de la Constitución?

¿Se transmiten los noticieros nacionales con subtítulos en consideración de los televidentes con impedimentos auditivos?
1 Juan Carlos Lorenti (Subdirector de la Unidad de Rehabilitación del IGSS y miembro suplente de esa institución ante el Consejo de Delegados de CONADE), entrevistado por la autora, Guatemala, 4 de septiembre de 2003.  
2 Ibídem.
3 Instituto Nacional de Estadística. Censo Nacional de Población. Guatemala, 1994.
4 Instituto Nacional de Estadística. XI Censo Nacional de Población y VI Censo Nacional de Vivienda. Guatemala 2002.
5 Carlos Pérez (Presidente del Directorio de CONADI), entrevistado por la autora, Guatemala, 19 de agosto de 2003; Aníbal Robles (Director General de CONADI), entrevistado por la autora, Guatemala, 19 de agosto de 2003. Para estimar la cantidad de personas con discapacidad, CONADI no aplicó la estimación de la OMS ni la del BID (17% de la población de América Latina) sino que utilizó un porcentaje intermedio entre ambas cifras. 
6 Juan Carlos Lorenti. 
7Ibídem.
8 Organización Internacional del Trabajo. Convenio Nro. 159, Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo (Personas Inválidas), 1983, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
9 Luis Fernando Astorga Gatjens, "Catorce países han ratificado la Convención Interamericana" Disability World 19 (2003). Disponible en http://www.disabilityworld.org/06-08_03/gov/interamerican.shtml
10 Signatarios del Protocolo de San Salvador, http://www.cidh.oas.org/Basicos/basic6.htm.
11 La Constitución Política de la República de Guatemala que se encuentra actualmente vigente fue redactada y publicada en 1985. 
12 Decreto Legislativo 135-96, Diario de Centroamérica, 9 de enero de 1997.
13 Decreto 295. "Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social". Diario de Centroamérica, Guatemala, 30 de octubre de 1946; Decreto 27-2003. Diario de Centroamérica, 18 de julio de 2003.
14 CALDH. Un dolor silencioso, Guatemala, 2002.
15 Decreto-Ley 106, Código Civil, Diario de Centroamérica, 14 de septiembre de 1963.
16 Helen de Bonilla (Directora de la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex), entrevistada por la autora, Guatemala, 5 de agosto de 2003.  
17 Entrevista a un miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Nacional de Salud Mental, Guatemala, 18 de septiembre de 2003.
18 Guatemala llevó a cabo elecciones generales el 9 de noviembre de 2003. CONADI, a través de su Comité de Participación Ciudadana, mantuvo un diálogo permanente con las autoridades del Tribunal Supremo Electoral sobre las condiciones de accesibilidad física que debían presentar los centros de votación para permitir la participación de las personas con discapacidad en los comicios. Si bien se llegó a un acuerdo para garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad para las personas con discapacidad, la experiencia de ese día demostró que el acuerdo no se cumplió.  
19 Entrevista con el Procurador de los Derechos Humanos (Defensoría de las Personas con Discapacidad, Procuraduría de los Derechos Humanos), septiembre de 2003.
20 Ibídem.
21 Gabriela de Búrbano (Directora de ASCATED), entrevistada por la autora, Guatemala, 22 de agosto de 2003.
22 Silvia de DeLeón (Directora de la Dirección de Educación Especial), entrevistada por la autora, Guatemala, 17 de septiembre de 2003. Proporcionó información sobre la Política y Normativa de Acceso a la Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales. Si bien esta política aún no ha sido aprobada ni publicada, la entrevistada manifiesta que ya se está ejecutando. 
23 Gabriela de Búrbano.
24 Ronald Solís (Secretario de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala y delegado suplente de esa institución ante el Consejo de Delegados de CONADE), entrevistado por la autora, Guatemala, 27 de septiembre de 2003. 
25 Ada Melgar.
26 Aníbal Robles.
27 Ibídem.
28 Gabriela de Búrbano.
29 Estuardo Aldana (Jefe de la Unidad de Empleo al Trabajador con Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social), entrevistado por la autora, Guatemala, 26 de agosto de 2003.
30 Gabriela de Búrbano.
31 Estuardo Aldana. 
32 Entrevista con un funcionario del IGSS que solicitó no ser identificado.
33 Juan Carlos Lorenti. 
34 Ibídem.
35 Ada Melgar y Gustavo Muñoz (Programa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), entrevistados por la autora, Guatemala, 19 de agosto de 2003.
36 El Banco Nacional de la Vivienda dejó de funcionar en 1994. El IDRM solicitó copias del acuerdo original pero el Comité Prociegos y Sordos de Guatemala no respondió al pedido.
37 Sebastián Toledo.
38 Gabriela de Búrbano; Defensoría de las Personas con Discapacidad, Procuraduría de los Derechos Humanos.
39 Defensoría de las Personas con Discapacidad, Procuraduría de los Derechos Humanos.
40 Constitución Política de la República de Guatemala, Guatemala, 1985.
41 Álvaro Véliz (Consultor del Departamento del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala y Consultor Principal del Plan de Manejo del Centro Histórico de Guatemala), entrevistado por la autora, Guatemala, 25 de agosto de 2003.
42 Ibídem.
43 Ibídem.
44 Defensoría de las Personas con Discapacidad, Procuraduría de los Derechos Humanos. 
45 Ibídem. 
46 Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Human Development Report 2002: 
Deepening democracy in a fragmented world [Informe sobre Desarrollo Humano 2002: Profundizar la democracia en un mundo fragmentado], Oxford University Press, Nueva York, 2002.
47 Ministerio de Salud, "Políticas Sociales de Prevención de la Discapacidad, Atención y Rehabilitación Integral de la Discapacidad y la Promoción y Protección de sus Derechos y Deberes", 4 de mayo de 2004. 
48 Decreto 184-87 del Congreso Nacional, 22 de diciembre de 1987. 
49 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares, septiembre de 2002. La muestra incluyó 21.935 hogares. 
50 Organización Mundial de la Salud, "Día internacional de las personas discapacitadas: 3 de diciembre de 2002", Comunicado de Prensa, 3 de diciembre de 2002, http://www.who.int/mediacentre/notes/np9/en/; http://www. ops.org.ni/opsnil/tematicas/rehabilita/resumen_americas.htm#cifras_discapacidad.
51 Oscar Salomón Núñez (Director General de Asuntos Especiales, Ministerio de Relaciones Exteriores), entrevistado por la autora, 21 de octubre de 2003. 
52 Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras. Informe sobre los derechos de las personas con discapacidad en Honduras, octubre de 2003.  Puede consultarse información sobre las ratificaciones en http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
53 Armando Sánchez Padilla (Coordinador general de la Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras), entrevistado por la autora, 21 de octubre de 2003. 
54 Biblioteca Nacional, entrevista realizada por la autora, 9 de julio de 2003.  
55 Canal 48, el canal de televisión católico, transmite muchos de sus programas con subtítulos para los televidentes sordos.
56 Orquídea Centeno (Directora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Sordos), entrevistada por la autora, 20 de octubre de 2003. 
57 Yolanda de Coello (Directora Ejecutiva de FUHRIL), entrevistada por la autora, 20 de octubre de 2003. 
58 INE, XXVI Encuesta del Instituto Nacional de Estadística, septiembre de 2003. 
59 Yolanda de Coello. También se obtuvo información en Handicap Honduras. 
60 Marien de Romero (Directora Ejecutiva del Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc), entrevistada por la autora, 15 de octubre de 2003. 
61 Nery Madrid (Directora del Programa SED, UNAH); Rina Lobo (ex Directora de la Fundación Teletón), entrevistada por la autora, 4 de noviembre de 2003. 
62 Carlos Ávila (Ministro de Educación, Ministerio de Educación Pública), entrevistado por el autor, 9 de julio de 2003.
63 Carlos Ávila (Ministro de Educación). 
64 Encuesta de Hogares. El término "subempleo" se refiere a las personas que trabajan 36 horas o más por semana y que no perciben una remuneración básica mínima. La expresión "subempleo visible" se refiere a los que están ocupados pero que trabajan menos de una jornada completa. La expresión "desempleo abierto" se refiere a las personas que buscan empleo y que no están ocupadas.
65 Armando Sánchez Padilla. 
66 Dra. María del Carmen Sevilla (Jefe del Departamento de Atención de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud), entrevistada por la autora, 10 de julio de 2003; Miguel Cáliz (Asistente del Viceministro de Gobierno y Justicia, Ministerio de Gobierno y Justicia), entrevistado por la autora, 21 de octubre de 2003. 
67 Datos de investigación provistos por FUHRIL y Handicap Honduras.
68 Nery Madrid.
69 Fausto Ramírez García (Director Ejecutivo, Fondo Social de Vivienda), entrevistado por la autora, 5 de noviembre de 2003.
70 Armando Sánchez Padilla. Meneka Mencia se encuentra a cargo del proyecto.
71 Yolanda de Coello.
72 Armando Sánchez Padilla; Yolanda de Coello.
73 Manual de Accesibilidad elaborado por el Grupo solidario para la Accesibilidad en Honduras. Este manual se compiló tomando como base las publicaciones sobre accesibilidad de otros países.
74 Maricela Turcios (Coordinadora de la Comisión de Accesibilidad de la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa), entrevistada por la autora, 12 de enero de 2004. 
75 Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, 9 de septiembre de 2003. 
76 Dra. María del Carmen Sevilla (Jefe del Departamento de Atención de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud), entrevistada por la autora, 10 de julio de 2003.
77 Armando Sánchez Padilla. 
78 Ley Nro. 42, Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Gaceta Oficial, Nro. 23876, 1996.
79 Código Electoral de Panamá, Gaceta Oficial, Nro. 24748, 22 de febrero de 2003.
80 Ley 34, 1995
81 Contraloría General de la República. Censo Nacional de Población y Vivienda, 14 de mayo de 2000.
82 Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, conducido por la autora, Patronato Luz del Ciego, 27 de agosto de 2003.
83 Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia. II Informe Nacional "Clara González", Situación de la Mujer en Panamá, 1999.
84 Luis Fernando Astorga Gatjens, "Catorce países han ratificado la Convención Interamericana" Disability World, 8 de junio de 2003, www.disabilityworld.org.
85 Entrevista con un funcionario de la Defensoría del Pueblo, Panamá, octubre de 2003.
86 Fausto Pérez (Director Nacional de Discapacidad.  Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la familia), entrevistado por la autora, Panamá, 24 de junio de 2003.
87 Ley Nro. de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, Capítulo XII, sección VII, art. 28, Gaceta Oficial No. 23729. 
88 Decreto 88. Gaceta Oficial, No. 24682.
89 Panel de discusión.
90 La Dirección Nacional de Personas con Discapacidad depende del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y fue creada por la Ley Nro. 42, 19 de noviembre de 1997.
91 Código Electoral de Panamá, Tribunal Electoral de Panamá, art. 265, Gaceta Oficial, No. 24748, 22 de febrero de 2003.
92 Código Electoral de Panamá, art. 266.
93 Ley Nro. 42, art. 10, 1999.
94 Panel de discusión.
95 Entrevista a personal docente del Instituto Panameño de Habilitación Especial, Panamá, 5 de septiembre de 2003. 
96 Entrevista con funcionarios de la Compañía de Telecomunicaciones Cable & Wireless y de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, Panamá, año 2000.
97 Entrevista con funcionaria del Departamento de Servicios Técnicos y Médicos del Instituto Panameño de Habilitación Especial, Panamá, 5 de septiembre de 2003
98 Ibídem.
99 Ibídem.
100 Entrevista con funcionaria de la Dirección Nacional de Educación Especial del Ministerio de Educación, Panamá, 12 de septiembre de 2003. 
101 La Universidad Santa María La Antigua es una institución privada que ha ofrecido cursos de formación docente y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) es una institución oficial, dedicada a la educación superior, que ofrece formación docente. 
102 Fausto Pérez.
103Ley Nro. 42, art. 41, 1999.
104 Código de Trabajo, http://www.legalinfo-panama.com/legislacion/laboral/codtrabA6.pdf
105 Ley Nro. 42, art. 44, 1999.
106 En los programas de Industrias Buena Voluntad suelen participar personas con discapacidad intelectual o motriz y algunas personas sordas.
107 Entrevista con funcionario de la Dirección Nacional de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, Panamá, 1 de septiembre de 2003. 
108 Fausto Pérez.
109 Presidencia de Panamá, http://www.presidencia.gob.pa/dpd/index.htm; Lotería Nacional, http://www.loterianacional.com.pa/dirección_de_desarrollo_social_y.htm; Fausto Pérez; Embajada de Panamá en Estados Unidos, "Donación de Sillas de Ruedas por la Fundación Pro Impedidos," (comunicado de prensa, 2003, http://usembassy.state.gov/panama/press0903.html); Club de Leones, http://www.leonesparquelefevre.8m.com/actividades.html; Wheelchair Foundation, http://www.wheelchairfoundation.org/news/enewsletter/article.cfm?article_id=10
110 Fausto Pérez.
111 Bleixen Caballero, "Miles de Panameños no Tienen Viviendas Dignas" El Panamá América, 26 de octubre de 2003, sec. C, C9.
112 Panel de discusión
113 Curso básico sobre accesibilidad (con seguridad) del medio físico, dictado en el Patronato Luz del Ciego, Panamá, 30 al 31 de mayo de 2000 y en la Universidad Santa María La Antigua, Panamá, 5 a 6 de agosto de 2002.
114 Panel de discusión.
115 Demetrio Solís (Comisión de Justicia y Paz), entrevistado por la autora, Panamá, 18 de septiembre de 2003.
116 Maribel Jaén (Directora Ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz), entrevistada por la autora, 30 de octubre de 2003.
117 Fausto Pérez.
118Juan Bello (Coordinador nacional de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad), entrevistado por la autora, Panamá, 2 de octubre de 2003.
119 Fausto Pérez. 
120 Panel de discusión.
121 Ley 780/79, 30 de noviembre de 1979, http://www.iin.oas.org/badaj/docs/l780py79.htm.
122 Censo Nacional, Encuestas a personas con Capacidades Diferentes del Departamento Central, agosto de 2002, 9, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
123 Censo Nacional, Principales Resultados del Censo 2002 Vivienda y Población, 2002.
124 Encuestas a personas con Capacidades Diferentes del Departamento Central. El trabajo incluye la siguiente lista de "impedimentos" posibles: "parálisis o disminución en la fuerza de extremidades inferiores o superiores; falta de una parte del cuerpo, audición inexistente, audición disminuida, necesita o usa audífono, mutismo (no habla), habla con mucha dificultad; ceguera en ambos ojos (no ve nada), ceguera de un solo ojo, dificultad en la visión (aun con anteojos), síndrome de Down, retraso mental, demencia". Por último, el censo brinda la siguiente lista de posibles causas de discapacidad: "discapacidad de nacimiento, enfermedad, accidente, producto de la edad, otra causa".
125 Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, facilitado por la autora, Asunción, 11 de septiembre de 2003.
126 Gloria González (Centro de Información de la Dirección General de Estadística), entrevistada por la autora, 2 de agosto de 2003. 
127 Encuestas a personas con Capacidades Diferentes del Departamento Central.
128 Ibídem.
129 Ley 1925. 
130 Ley 36/90.
131 CINTEFOR/ILO, Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional, http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/worker/doc/otros/iii/.
132 Documento de las Naciones Unidas, A/AC.265/2003/ Inf./ 1.
133 Constitución Nacional de la República del Paraguay, 11.
134 Constitución Nacional de la República del Paraguay, Cap. VIII Del Trabajo, Título I, 14.
135 Ley 780/79. 
136 Ley 122/90, http://www.iin.oas.org/badaj/docs/ldispy90.htm.
137 Ley 1098/98, Gazeta oficial de la República del Paraguay 228, Asunción, 27 de noviembre de 1998, 4.
138 Ley 213, Código Laboral, Cap. II, art. 16.
139 Código Civil paraguayo, Ley Nro. 1136/86, 10.
140 Constitución Nacional de la República del Paraguay, Cap. III, 22.
141 Constitución Nacional de la República del Paraguay, Cap. X, 18. 
142 Código Electoral, Ley 01/90, 39.
143 Panel de discusión.
144 Centro de Estudios Cívicos y Electorales, Justicia Electoral del Paraguay, El Derecho al Sufragio de la Persona con Discapacidad, (Paraguay, 2002).
145 Panel de discusión.
146 Ley 01/90, http://www.ifes.org/pressroom/Press%20Releases/04_28_2003_paraguay_elections2.pdf.
147 Selva Recalde (Vicepresidenta de la Asociación de Ciegos del Paraguay), entrevistada por la autora, 9 de septiembre de 2003; Francisco Garay Soto (Director de la Biblioteca Nacional), entrevista telefónica, 10 de febrero de 2004; Emilio Pineda (Coordinador de la Asociación de Sordomudos del Paraguay), entrevistado por la autora, 2 de septiembre de 2003. 
148 UNESCO, Educación Especial - Paraguay, 2000. 
149 Sonia Ferreira, (Ministerio de Educación y Cultura, Departamento de Educación Especial), entrevistada por la autora, 28 de agosto de 2003; Educación Especial 2003, septiembre de 2003.
150 Ibídem.
151 Myriam Aguilar (Departamento de Estadística de Educación Especial, Ministerio de Educación y Cultura), entrevistada por la autora, 19 de septiembre de 2003.
152 Myriam Melgarejo (Psicóloga, Escuela Especial Nro. 1 Máximo Arellano), entrevistada por la autora, 23 de septiembre de 2003.
153 Encuesta de hogares. Principales Resultados EPH 2002. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Asunción, julio de 2003.
154 Ibídem.
155 Encuestas a personas con Capacidades Diferentes del Departamento Central, 18.
156 Ibídem, 20.
157 Nota enviada por la Cámara de Senadores al Presidente del Paraguay para someter a consideración el Proyecto de Ley (fotocopia ofrecida por la Secretaría del Senado), 16 de octubre de 2003. 
158 Panel de discusión.
159 Club Rotario Asunción, http://www.quanta.net.py/rotaryasuncion/Programas_del_Club/Programas_Permanentes/rotaryquprogramas_permanentes.html.
160 Ruth Irala de Kurz, "Derechos civiles y políticos" en Derechos Humanos en Paraguay 1997 (Nizkor 1997).
161 Fundación Ashoka,  http://www.ashoka.org/fellows/viewprofile.cfm?PersonID=1474; Global Giving: http://www.globalgiving.com/proj59p.html.
162 Fundación ONCE, http://foal.once.org/FOAL/Castellano/Asi+somos/Origen+y+Trayectoria/OrigenYTrayec-2.htm.
163 Administración de Seguridad Social, Social Security Programs Throughout the World: The Americas, 2003 [Programas de Seguridad Social en el Mundo: Las Américas, 2003], (Marzo de 2004), http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002-2003/americas/paraguay.html. 
164 Palmira Soto (Coordinadora del Departamento de Tercera Edad y Discapacidad de Bienestar Social, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), entrevistada por la autora, 28 de octubre de 2003.
165 Ibídem.
166 Lourdes de Ratti (Directora del Área Técnica del INPRO), entrevistada por la autora, 20 de octubre de 2003.  El convenio es el resultado de la Resolución HCD 423/03. 
167 Ibídem.
168 Mental Disability Rights International. "OAS Human Rights Commission orders Paraguay to end horrendous abuses in national psychiatric facility" [La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ordena al Paraguay poner fin a los abominables abusos perpetrados en establecimiento psiquiátrico nacional] (comunicado de prensa, 18 de diciembre de 2003), http://www.mdri.org/projects/americas/paraguay/pressrelease.htm.
169 Maria Gloria Zapattini (Departamento de Construcción de la Comisión Nacional para la Vivienda), entrevistada por la autora, 25 de noviembre de 2003.
170 Miryan Azuaga (Jefe del Dpto. de Psicología, Hospital Psiquiátrico, Hogar Albino Luis), entrevistada por la autora; Gustavo Sostoa, médico (Pequeño Cotolengo), entrevistado por la autora, 18 de diciembre de 2003; Hermano Omar Bertea (Director del Hogar Norma), entrevista telefónica, 18 de agosto de 2003; César Cubillas, médico, entrevista telefónica, 19 de agosto de 2003.
171 Decreto Ley 1098/98, art. 1, Gazeta o?cial de la República del Paraguay  228, Asunción, 27 de noviembre de 1998. 
172 Ibídem.
173 Amado Franco Navon (Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción), entrevista telefónica, 20 de noviembre de 2003; Andrés Cubilla (Jefe del Departamento de Construcción del INPRO), entrevistado por la autora, 25 de septiembre de 2003.
174 Panel de discusión.
175 Organización Panamericana de la Salud, Paraguay General Studies and Trends [Estudios Generales y Tendencias - Paraguay], 1998. www.paho.org/english/HIA1998/Paraguay.pdf.
176 Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, 28 de agosto de 2003, http://www.cverdad.org.pe.  
177 CONADIS, Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad (PIO) 2003 - 2007, 2003.
178 Ibídem.
179 Instituto Nacional de Estadística, Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2050; Urbana-Rural 1970-2025, Boletín de Análisis Demográfico 35, Lima, agosto de 2001, http://www.inei.gob.pe.
180 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Censo Nacional de Vivienda y Población, 1993, http://www.inei.gob.pe. 
181 Farid Matuk (Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática), Oficio Nro. 120-2003-INEI/DTDIS. 
182 Rómulo Alcalá Ramírez (Director General del Instituto Especializado de Rehabilitación), Oficio Nro. 774-DG-INR-2003, septiembre de 2003. 
183 Ibídem.
184 Fernando Carbone Campoverde (Ministro de Salud), exposición realizada el 3 de febrero de 2003, http://www.congreso.gob.pe/discapacidad.htm
185 J.M. Cosar Camacho, "Derechos Humanos y Protección Jurídicas de las Personas con Discapacidad en el Perú" (Tesis de la maestría, Universidad Privada de San Martín de Porres, 2002).
186 International Campaign to Ban Landmines. Landmine Monitor Report 2003: Toward a Mine-Free World, [Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres. Informe 2003 del Monitor de Minas Terrestres: Hacia un mundo libre de minas], 2003.
187 Exposición del Ministro de Salud, (transcripción de la exposición realizada por el Ministro de Salud ante la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, Lima, Departamento de transcripción, 3 de febrero de 2003), www.congreso.go.pe/discapacidad.htm 
188 OIT, Convenio Nro. 159, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
189 Luis Fernando Astorga Gatjens. "Catorce países han ratificado la Convención Interamericana", Disability World 19, Junio-Agosto de 2003, http://www.disabilityworld.org/06-08_03/gov/interamerican.shtml.
190 OEA, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/OASpage/humanrights.htm.
191 Carlos Manuel Román Heredia (Director de Derechos Humanos), Oficio RE(DHU) 0-4-A/323. 
192 Constitución Política del Perú, 1993, http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Peru/per93.html.
193 Constitución Política del Perú, art. 23.
194 Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad, http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/c-principios.htm.
195 Alicia Rodríguez Berrocal (Juez de Paz del Distrito de la Molina), entrevistada por la autora, Lima, 25 de octubre de 2003.
196 Decreto Legislativo Nro. 295, artículo 564; Alicia Rodríguez Berrocal. 
197 Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, Diario Oficial El Peruano, Octubre de 1997; Luz Elena Foronta Merino (Gerente de Planeamiento de la Organización Nacional de Procesos Electorales), Oficio Nro. 174-2003-GP/ONPE.
198 Ley 767, Ley Orgánica del Poder Judicial, Diario Oficial El Peruano, 29 de noviembre de 1991.
199 Mario Álvarez Quispe (encargado de la Secretaria General del Consejo Nacional de la Magistratura), Oficio Nro. 1320-2003-SG-CNM.
200 Resolución Ministerial Nro. 0516-RE del 21 diciembre 1984, información de la Dirección de los Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores.  
201 Segundo Soto Coronel (Director de la Biblioteca del Congreso de la República), Oficio Nro. 221-2003-DIRGPI/CR; Margarita Ordinola Martínez (Directora Ejecutiva de Servicios Bibliotecarios Públicos), Oficio s/n.
202 Ley 27471, Diario Oficial El Peruano, 5 de junio de 2001; Carlos Valdez Velásquez (Secretaria de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones), Oficio Nro. 965-2003-MTC/03.01.
203 Ley 27471.
204 Sonia Ascue Bravo (Jefa de la Unidad de Educación Especial), Oficio Nro. 157-UEE-2003.
205 Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad, www.congreso.gob.pe/discapacidad.htm,
(Transcripción de la exposición del Ministro de Educación realizada el 29 de enero de 2003), 3.
206 Ibídem..  
207 Ibídem.  
208 Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria, Unidad de Educación Especial, http://www.minedu.gob.pe/gestion_pedagogica/dir_edu_inicial_primaria/unidades/dir.php?obj=educa_especial.htm.
209 Ley 28044, Ley General de Educación, Diario Oficial El Peruano, 28 de julio de 2003.  
210 Sonia Ascue Bravo.
211 Defensoría del Pueblo, La situación de la educación especial en Perú: Hacia una Educación de Calidad, Lima, diciembre de 2003. 
212 Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad.
213 Ibídem.
214 Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad, "Trabajo y Desarrollo: hacia una vida independiente", 11 de julio de 2003, http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/discapacidad01.htm
215 José Farías Aseng (Director del Centro de Rehabilitación Profesional), carta 1417-CERP-LV-GDLI-Essalud-2003.
216 Leonardo Ojeda Zañartu (Director General de la Oficina de Administración del Ministerio de Trabajo), carta 051-2003-MTPE/SG/OA.
217 Panel de discusión con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, facilitado por la autora.
218 Rómulo Alcalá Ramírez. Se considera que la cantidad informada de establecimientos privados es inferior a la real.
219 Exposición del Ministro de Salud. 
220 Javier Diez Canseco (Presidente de la Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad). 
221 Exposición del Ministro de Salud.
222 Rómulo Alcalá Ramírez.
223 Comisión de Salud de Lima, Comisión Especial de Estudios sobre Discapacidad.  Revertir la falta de inversión para mejorar la condición de las personas con discapacidad, 2003.
224 Oficina de Estadística e Informática, Reporte Estadístico de la Discapacidad en el Perú 1999 - 2000. Ministerio de Salud, 2000, 25.
225 Exposición del Ministro de Salud.
226 Dr. Frank Lizaraso Caparó (Decano de la Facultad de Medicina Humana, Universidad Privada de San Martín de Porres), Oficio Nro. 296-03-D-FMH.
227 Panel de discusión.
228 Celia Orpella (Presidente de la Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad de Perú), entrevistada por la autora, 3 de septiembre de 2003.  
229 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Programa "Techo propio", http://www.techopropio.gob.pe.
230 Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), Dirección de Gerencia de Protección, área de Psicología Integral, agosto de 2003.
231 Patrick P. Allemant F. (Dirección General de Circulación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones), Oficio Nro. 2692-2003-MTC/15. 
232 Ley 27050.
233 Ley 27920, Diario Oficial El Peruano, enero de 2003.  
234 Ibídem.
235 Patrick P. Allemant.
236 Panel de discusión.
237 Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad (PIO).
238 Panel de discusión.
239 Daniel Olesker, Informe sobre la Evolución de la Pobreza en el Uruguay: 1998-2000, www.?ng.edu.uy/ad?/mail/adur/doc00044. doc
240 Ley 16095, Ley de Equiparación de Oportunidades, artículo 2, 26 de octubre de 1989.
241 Ley 13102, Automóviles para Lisiados, 18 de octubre de 1962; Felipe Martín (Director, Municipalidad de Montevideo, División de Tránsito y Transporte), entrevistado por la autora, 20 de octubre de 2003.
242 Ley 16095.
243 Organización Mundial de la Salud (OMS), CIF, 22 de mayo de 2001, www.who.int/classification/icf/whares/wha-en.pdf; http://cm.coe.int/ta/rec/1992/92r6.htm.
244 Felipe Martín.
245 Ley 13102.
246 Instituto Nacional de Estadística y Censo, Censo de 1996, http://www.ine.gub.uy/.
247 Orual Andina (Director General, INE), entrevistado por la autora, Montevideo, Uruguay, 14 de agosto de 2003.
248 Profesora Ana Stasiuc (Presidente de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado), entrevistada por la autora, 14 de octubre de 2003.
249 Proyecto "RLA/94 /MO5/SPA/Proyecto", Apoyo a la integración normalizada de las personas con discapacidad en las instituciones de formación profesional en latinoamerica, información proporcionada por Pedro Weinberg (Director, CINTERFOR) y Fernando Vargas (Consultor, CINTERFOR), Montevideo,Uruguay, 12 de septiembre de 2003.
250 Organización Panamericana de la Salud (OPS), Uruguay.
251 Dr. Daniel Delgado Sicco (Director del Banco de Seguros del Estado), entrevistado por la autora, 11 de agosto de 2003.
252 Dra. Stella López (Directora del Instituto Nacional del Menor Fuente), Proyecto de Apoyo y Promoción Integral con Base a la Comunidad (SIAPSI).  El instituto reconoció que además del aumento de la población con discapacidad, la mayor demanda de sus servicios también puede estar relacionada con la agudización de la pobreza o con la respuesta inadecuada de los demás organismos.
253 Dra. Silvia Izquierdo (Asesora de la Dirección General de Asuntos Políticos, Directora, Sección de Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores), entrevistada por la autora, 1 de agosto de 2003.
254 Ministerio de Relaciones Exteriores.
255 Ley 15737, Convención Americana sobre Derechos Humanos, http://www.parlamento.gub.uy/Leyes/Ley17330.htm; Ley 13751, 10 de julio de 1969. 
256 Ley 17330, Apruébase la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, artículo 1, 9 de mayo de 2001, http://www.parlamento.gub.uy/Leyes/Ley17330.htm; http://www.sordos.com.uy/legislacion/l17330.htm; 
257 Ministerio de Relaciones Exteriores.
258 Constitución de la República Oriental del Uruguay, 
www.parlamento.gub.uy/constituciones/const997.htm; www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Uruguay/uruguay96.html.
259 http://www.factum.com.uy/document/constit/sec02.html.
260 Decreto 431/999, Dispónese el efectivo cumplimiento del sistema de protección integral de las personas con discapacidad, D.O. 10 de enero de 2000, www.sordos.com.uy/legislacion/d431.htm.
261 Ley 16095, Ley de Equiparación de Oportunidades, 26 de octubre de 1989, 
www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16095.htm.
262 Ley 16713, Creación del Sistema Provisional, art. 14, 3 de septiembre de 1995,
www.bcu.gub.uy/autoriza/afesen/ley16713.htm.
263 Ley 16074, Seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, art. 1, 10 de octubre de 1989, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16074.htm. 
264 Ley 17266, 22 de septiembre de 2000, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17266.htm. 
265 Ley 17497, Establecimiento de facilidades de acceso a personas con capacidades diferentes en obras por convenio con el Estado, art. 1, 28 de mayo de 2002, www.presidencia.gub.uy/ley/2002052802.htm.
266 Resolución 878/98, Resolución del Director de ANTEL, Acta No. 1748, 15 de abril de 1998, www.sordos.com.uy/legislacion/res_ANTEL.htm
267 Ley 17.378, Reconócese a todos los efectos a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades, artículo 1, 25 de julio de 2001, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17378.htm. 
268 http://www.sordos.com.uy/legislacion/resol_imm_libreta_conducir.htm. 
269 Ley 16603, Código Civil, 19 de octubre de 1994.
270 Ley 16603, Apruébanse las modificaciones dispuestas al texto del Código Civil, 1996, http://www.parlamento.gub.uy/Codigos/CodigoCivil/1996/Cod_Civil. 
271 Constitución de la República Oriental del Uruguay, Sección III, Cap. IV. Art. 80, www.parlamento.gub.uy/constituciones/const997.htm.
272 Ley 9581, Asistencia de los Enfermos Mentales, 8 de agosto de 1936, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09581.htm; Ley 11139, Patronato de Psicópatas, 16 de noviembre de 1948, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley11139.htm
273 http://www.electionaccess.org/LR/Countries%20M-Z/Uruguay.htm.
274 Dr. Carlos Alberto Urruty (Presidente de la Corte Electoral), entrevistado por la autora, 8 de octubre de 2003.
275 Departamento de Estado de los EE.UU., Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Background Note [Nota Documental]: Uruguay, mayo de 2003, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2091.htm; http://www.factum.com.uy/document/constit/cons1997.html
276 Raúl Ballarino (Director de la Biblioteca Nacional), entrevistado por la autora, 25 de septiembre de 2003.
277 Profesora Ana Stasiuc.
278 Leonardo Guzmán (Ministro de Educación y Cultura), entrevistado por la autora, septiembre de 2003; Estela Costabile (Directora, Departamento de Educación), entrevistada por la autora, septiembre de 2003.
279 Oscar González Alvarez (Director de ANTEL).
280 General Retirado José Maria Rivero (Director, Sistema de Emergencia Nacional, Dirección Técnica y Operativa Permanente), entrevistado por la autora, octubre de 2003.
281 Sirio Nadruz, (Asesor del Consejo Directivo Central), entrevistado por la autora, 13 de agosto de 2003.
282 El INAME atiende a jóvenes de hasta 21 años. La mayoría de los beneficiarios son niños en edad escolar y sólo el 5% de los niños asistidos en dicho organismo son menores de 5 años.
283 Consejo Directivo Central (CODICEN).
284 Ibídem.
285 Ibídem.
286 Resolución 2504 /02, expediente 5788/02, Proyecto de Normativas sobre Accesibilidad, Franqueabilidad y Uso de Edificios y Espacios.
287 CODICEN.
288 Profesora Sara Mascheroni (Directora, Universidad del Trabajo del Uruguay, Departamento de Gestión Escolar), entrevistada por la autora, 5 de septiembre de 2003; Gelli Campo (Secretario General de Comunicaciones, Universidad Católica del Uruguay), entrevistado por la autora, 3 de septiembre de 2003.  .
289 Lic. Ayda Ballestrino (Directora de la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad de la República), entrevistada por la autora, 30 de septiembre de 2003.
290 CODICEN.
291 Dra. Stella López.
292 Ibídem.
293 Administración Nacional de Educación Pública, 
http://www.anep.edu.uy/ANEP/anep_sobre_anep.htm; Ministerio de Educación y Cultura
294 CODICEN
295 Ibídem.
296 Ibídem.
297 Servicio de Paz y Justicia, http://www.serpaj.org.uy/inf97/disca1.htm. 
298 Ley 17216, Sustitúyese el inciso final del artículo 42 de la ley Nº 16.095, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17216.htm; Ley 16736, Ley de Presupuesto Nacional, 2 de enero de 1996, www.todoelderecho.com/Uruguay/penal.htm.
299 Ley 16127, 7 de agosto de 1990, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16127.htm#art32; Ley 17226, 3 de enero de 2000, www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17226.htm
300 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Para los concursos, los organismos de la Administración nacional convocan periódicamente a personas que cumplen los requisitos necesarios para puestos específicos. Luego, las personas deben rendir un examen escrito y el candidato que obtiene el mayor puntaje es el que queda confirmado en el cargo. 
301 Panel de discusión.
302 Santos Marichal (Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil), entrevistado por la autora, 18 de septiembre de 2003.
303 Sergio Echeverría (Director de la Unidad Coordinadora del Interior, Ministerio de Trabajo y Previsión Social), entrevistado por la autora, 15 de septiembre de 2003. 
304 Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
305 Dra. Gabriela Zubeldía (Psicóloga y Coordinadora General, PROCLADIS), entrevistada por la autora, 8 de septiembre de 2003. 
306 Integra, http://fbraille.com.uy/integra/. 
307 Ley 15800, específicamente en el artículo 4, incisos 9, 10, 11 y 13. 
308 Dra. Gabriela Zubeldía.
309 Psic. Fernanda Brignone (Directora de Discapacidad del Departamento de Recursos Humanos, TATA SA), entrevistada por la autora, 1 de octubre de 2003.
310 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.
311 OPS, "Situación General de la Salud y Tendencias en Uruguay," La Salud en las Américas, 2002.
312 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.
313 Daniel Delgado Sicco.
314 Profesora Ana Stasiuc (Directora del Departamento de Servicios Especiales, Ministerio de Deporte y Juventud), entrevistada por la autora, 22 de septiembre de 2003; Dra. Graciela Ubach (Directora del Hospital de Clínicas), entrevistada por la autora, 17 de octubre de 2003. 
315 Dra. Stella López.
316 CNHD; los materiales auxiliares y aparatos provistos son sillas de ruedas, bastones y andadores.
317 Panel de discusión.
318 Graciela Ubach. 
319 Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, División Social.
320 Daniel Delgado Sicco.
321 Panel de discusión.
322 Banco de Previsión Social; CND.
323 INAME.
324 Angel M. Gines, "Desarrollo y Estado Actual de la Psiquiatría en el Uruguay", 12 de junio de 2000, http://www.sitiomedico.com.uy/artnac/2000/09/04.htm.
325 Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, www.unit.org.uy.
326 Perla Coppola (Presidenta del Comité Directivo, Sociedad de Arquitectos del Uruguay), entrevistada por la autora, 9 de septiembre de 2003. 
327 Resolución 2504/02, expediente 5788/02, ANEP, CODICEN.
328 Ibídem.
329 Ibídem.
330 Comisión de Accesibilidad de la Sociedad de Arquitectos, Jornada sobre accesibilidad a los centros de salud (realizada en el Sindicato Médico del Uruguay, 29 de junio de 2002). 
331 Contador Jorge Chapital, entrevistado por la autora, Montevideo, 26 de agosto de 2003. 
332 Felipe Martín.
333 Ibídem.
334 Felipe Martín; Resolución 8679/85; Decreto 24582; Decreto 365/91-16 de Julio de 1991 artículo 1; Decreto 95/87- 14 de febrero de 1987- artículo 1; Decreto 99/86 -13 de febrero de 1986 - artículo 45; Decreto 24022.- 1 de agosto de 1988- artículo 1; Decreto 25787- 30 de septiembre de 1992- artículo 32 - volumen V. Digesto Municipal.
335 Ibídem.
336 Ministerio de Deporte y Juventud.
337 Ley 16095, artículo 10.
338 Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.
339 Panel de discusión.
340 Ley para la Integración de Personas Incapacitadas, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nro. 4623 Extraordinario, Año CXX, Mes XII, art. 2, 3, septiembre de 1993. 
341 Atención Integral a Personas con Discapacidad.
342 Alcira Carnero (Asesora legal del INE), entrevistada por el autor, Caracas, 18 de julio de 2003. 
343 Abogado Herbert Corona (Defensoría del Pueblo), entrevistado por el autor, Caracas, 4 de agosto de 2003.
344 INE, Censo: Población y Vivienda 2001, 2001.
345 Alcira Carnero.
346 Prof. Lenín Molina (Presidente del Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas), entrevistado por el autor, octubre de 2003.
347 Juan José Seitz (Coordinador del Programa de Inserción Social del Discapacitado de la Alcaldía del Municipio Chacao), entrevistado por el autor, octubre de 2003. Intensas precipitaciones produjeron el desbordamiento de varios afluentes con 200 damnificados en dicha región en diciembre de 1999. 
348 OEA, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=E&sLink=http://www.oas.org/OASpage/humanrights.htm.
349 "Celebra RIICOTEC en México su VII conferencia", Disability World 20, (Septiembre-Octubre de 2003), http://www.disabilityworld.org/09-10_03/spanish/noticias/riicotec.shtml.
350 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
351 Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, Gaceta Oficial Nro. 5266, 2 de octubre de 1998.
352 Reglamento Nro. 2733, Normas COVENIN, Construcción y Adaptación de edificaciones de uso público accesibles a personas con impedimentos físicos, 1990.
353 Panel de discusión realizado con dirigentes de organizaciones de y para personas con discapacidad, facilitado por el autor.
354 Dirección de Educación Especial, "¿Qué es la imprenta Braille y el libro hablado", Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 1 y 2.
355 Prof. Nancy González (Departamento de Estudiantes con Discapacidades de la Universidad Central de Venezuela), entrevistada por el autor, 11 de diciembre de 2003.
356 Dra. Linda Gotilla (2° Defensora de la Dirección General de Servicios Jurídicos, Defensoría del Pueblo de Caracas), entrevistada por el autor, Caracas, 16 de octubre de 2003; Pedro Poleo (Presidente de Federación Venezolana de Sordos), entrevistado por el autor, Caracas, 11 de septiembre de 2003.
357 Magali Silva (Asistente a la Gerencia de Bienestar Social, Oficina Principal del Instituto Postal Telegráfico), entrevistada por el autor, Caracas, 23 de enero de 2004.
358 Alcalde Olivo Pinto (Municipio Los Guayos), entrevistado por el autor, Estado de Carabobo, 25 de noviembre de 2003.
359 Ley para la Igualdad y Protección de las Personas con Discapacidad del Estado Yaracuy, cap. II, art. 17. FEVENSOR está planificando cursos de LSV, pero el IDRM no pudo determinar si ya se ha dictado alguno.
360 Teresa Fajardo (Trabajadora Social, Coordinadora a nivel Nacional del Programa de Dificultades de Aprendizaje, Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación), entrevistada por el autor, Caracas, 8 de julio de 2003.
361 Directorio Nacional de Planteles y Servicios de Educación Especial, Biblioteca de Educación Especial del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, septiembre de 2002,
 http://www.defensoria.gov.ve/lista.asp?sec=190502educacionarchivos-especial.xls. 
362 Prof. Lenin Molina.
363 Dirección de Currículo y Planificación Educativa de la Dirección General de Niveles y Modalidades del Ministerio de Educación (reunión realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo, 17 de diciembre de 2003).
364 Nelly Goncalves (Directora Docente de ASODECO), entrevistada por el autor, Caracas, 16 de enero de 2004.
365 Teresa Fajardo; Edith Rojas y Sandra Julio Flores (Coordinadoras de Bienestar Social), entrevistadas por el autor, octubre y noviembre de 2003.
366 Convenio de cooperación entre el INCE, el MECD y la Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial sobre escolaridad e integración sociolaboral de las personas con necesidades educativas especiales.
367 Teresa Fajardo.  
368 Prof. Nancy González.
369 Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad, http://www.ucv.ve/discapacidad/. 
370 Fundación Mevorah Florentin, "Directorio de las principales organizaciones de y para ciegos", Boletín de noticias VI, nro. 3, junio de 2003, 17.
371 Salomé Barreto (Directora del CERPIC), entrevistada por el autor, octubre de 2003.
372 Ley Orgánica del Trabajo, Gaceta Oficial Nro. 36.538, 14 de septiembre de 1998 y Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.152, 19 de junio de 1997.
373 Herbert Corona.
374 Los entes que poseen algunos empleados con discapacidad son: el Ministerio de Educación, el Centro para la Rehabilitación de Personas Incapacitadas (CERPIC), el Consejo Nacional para la Integración de Personas Incapacitadas y algunas alcaldías municipales y entidades públicas.
375 Herbert Corona.
376 Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, artículo 90, preámbulo 8, Gaceta Oficial, Número 37.600, 30 de diciembre de 2002.
377 Salomé Barreto.
378 Nelly Goncalves (Directora Docente de la Asociación para la Educación Especial Complementaria), entrevistada por el autor, 16 de enero de 2004.
379 Ibídem.
380 Seilín Marin (Titular del Autolavado Integración), entrevistada por el autor, 20 de enero de 2004.
381 Katy Chesneau D'Amato (Consultora jurídica del Ministerio de Salud y Desarrollo Social), entrevistada por el autor, septiembre de 2003.
382 Dr. Rafael Rojas (Director del Centro Nacional de Rehabilitación), entrevistado por el autor, Caracas, 22 de octubre de 2003; Lenin Molina.
383 Aliana González, "El milagro de Bernardette: El Instituto Nacional de Rehabilitación funciona, una mezcla de autogestión y mística lo hace posible", Periódico Tal Cual, julio de 2003, sec. La Nación, 416.
384 Maribela Núñez, "Pacientes crónicos protestaron a las puertas de la OPS", Periódico El Nacional, 27 de noviembre de 2003, Sección B.
385 Carlos Alvarado (Director Nacional de Rehabilitación y Director de Medicina del Trabajo), respuesta al cuestionario del CIR, 18 de noviembre de 2003. El proyecto de Ley Orgánica de Atención Integral para las Personas con Discapacidad fue presentado por Lenin Molina Penaloza. 
386 Carlos Alvarado.
387 Dr. Rafael Rojas.
388 Carlos Alvarado. 
389 El otro laboratorio está ubicado en Brasil.
390 Ley de Asistencia e Integración de personas con discapacidad del Estado Mérida, Gaceta Oficial Nro. 659, Art.21, 3.
391 Ordenanza sobre normas, derechos y protección a personas con discapacidad, Gaceta Municipal Mérida, (11 de agosto de 2003), Deposito legal Nro.79-0151, Extraordinaria Nro.98, Año IV, artículo 88, preámbulo 3, 22.
392 Rafael Rojas.
393 Visita a esta institución realizada el 9 de diciembre de 2003. 
394 José Miguel Marin, "Gracias a INAGER de Caricuao, 400 ancianos viven felices", Periódico ASI ES, 22 de marzo de 2002.
395 Marlene Rizk, "Esquizofrenia Controlada", Periódico El Nacional, (6 de febrero de 2002), cuerpo Salud, 1.
396 Asia Villegas (Defensora Especial en Salud y Seguridad Social), entrevistada por el autor, Caracas, 19 de enero de 2004.
397 Hebert Corona.
398 Plan de Trabajo de FONTUR, citado por José Rafael Velásquez (Ingeniero de la Gerencia de Inversiones Locales de FONTUR), entrevistado por el autor, Caracas, 2 de septiembre de 2003; Herbert Corona, (presentación, UCV, 3 de diciembre de 2003).
399 Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad, http://www.fondonorma.org.ve/index2.htm. 
400 Magali Silva.
401 Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad.
402 Miguel Yaber (Vicepresidente del Consejo Regional para la Integración de las Personas Incapacitadas del Estado Zulia), respuesta enviada por correo electrónico, 25 de enero de 2004.
403 Eduardo Luque (División de Arquitectura del Metro de Caracas), entrevistado por el autor, Caracas, 9 de septiembre de 2003.
404 José Rafael Velásquez (Ingeniero de la Gerencia de Inversiones Locales de FONTUR), entrevistado por el autor, Caracas, 2 de septiembre de 2003.
405 Pablo Mota (Relaciones Públicas Metro de Caracas), entrevistado por el autor, septiembre de 2003.
406 Emilio González (División de Arquitectura), entrevistado por el autor, 18 de septiembre de 2003.
407 Alcalde Olivo Pinto.
408 Mercedes Clemente (Urbanista, Fondo de Transporte Urbano), entrevistada por el autor, septiembre de 2003.
409 Puede consultarse información adicional sobre los servicios del aeropuerto para personas con discapacidad en el sitio Web: ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
410 Ley para la Integración de Personas Incapacitadas.
411 Luis Cabezas (Jefe de la División de Programas de Proyecto Social), entrevistado por el autor, Alcaldía del Municipio Chacao, octubre de 2003

412 http://www.un.org/documents/ga/res/48/ares48-96s.htm (fecha de consulta: 28 de septiembre de 2004).
413 http://www.oas.org/Assembly2001/assembly/esp/aprobada1608.htm (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2004).